Lo que a esta altura ya es titulado como el “Capital Humano gate” suma nuevas controversias tras las requisas policiales en Tafí Viejo y Villa Martelli. En las últimas horas, la titular de la cartera denunció que su ex funcionario desvió fondos a través de convenios firmados para financiar la compra de nuevos alimentos.
Por si la radiografía de dos allanamientos en simultáneo a galpones de Capital Humano no bastaran para detonar el escándalo de una administración que no reparte alimentos desde que asumió hace seis meses, ahora, desde esa cartera, denuncian que el funcionario despedido y acusado como “origen de todos los males”, el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Pablo De la Torre, cometió irregularidades con fondos pedidos desde esa dirección a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Existen por lo menos dos curiosidades dentro del escándalo que terminó de estallar tras la decisión inquebrantable del Gobierno nacional de no repartir alimentos a ningún comedor desde su asunción con la excusa de que desde allí se “cometen irregularidades”. La primera es que, pese a no hacerlo, la misma cartera denuncia hoy irregularidades de sus propios funcionarios. La segunda es que, el principal señalado (De la Torre) señala estar orgulloso de haber trabajado con Pettovello (quien lo denuncia) frente a “la mafia kirchnerista”. Además del desvío de fondos, parece que otra habilidad dentro de la gestión libertaria es el desvío de culpas.
La rueda del escándalo que hoy envuelve a la cartera de Capital Humano comenzó con la decisión orgánica de no repartir alimentos con la excusa de preparar una nueva metodología que reemplace a la que se realizaba hasta el momento con la gestión gubernamental anterior. Como en todos los campos donde recortó el oficialismo, la entrega se desactivó y el nuevo plan jamás llegó. Como ello constituye una grave falta en el cumplimiento de las responsabilidades que el Poder Ejecutivo firma con el pueblo argentino al jurar ante la Constitución, las investigaciones y denuncias no tardarían en llegar.
El primer intento de intervención llegó de parte de Marisa Graham, titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien tras relevar en 800 comedores en el mes de enero que no se habían recibido alimentos de parte de la gestión libertaria, presentó ante el juez contencioso Federal Esteban Furnari una medida de “prohibición de innovar”, que garantice la entrega de alimentos hasta en tanto y en cuanto exista el nuevo modelo prometido por la cartera social. Furnani inició el caso el 2 de febrero, pero inmediatamente se declaró incompetente y elevó el expediente a la Cámara de Seguridad Social quien lo rechazó y se lo devolvió. De esa manera esa investigación se “cajoneó”.
A esa causa, el propio De la Torre agregó la información que fue denunciada por el ministerio como “desvío de fondos”. Aseguró que habían llamado a una licitación de compra con la OEI, lo cual figura en la denuncia hecha por Pettovello. En ese marco, según fuentes cercanas al ministerio en cuestión, De la Torre habría querido renunciar en dos oportunidades previo a que la situación estallara.
Estos datos que contrastan información con lo obtenido por el juez federal Sebastián Casanello, son lo que finalmente empujaron a que se realicen los allanamientos en los dos depósitos, ya que además en ambas causas existen diferencias entre los inventarios detallados, es decir, entre lo último detallado por Capital Humano, y entre lo que había declarado hace semanas De la Torre, aún en función.
Casanello había decretado una orden con un plazo de 72 horas para que el ministerio entregue los alimentos guardados en ambos depósitos. Esta rama del caso surgió en paralelo al pedido de Graham, tras un pedido de información del periodista Ari Lijalad al gobierno, el cual no pudo ocultar dichos datos y tuvo que revelarlos. Tras esto, el dirigente social Juan Grabois realizó una denuncia que finalizó en este pedido de entrega. Al contrastarse ambas, lejos de atar cabos, se encontraron aún mas irregularidades que derivaron en los allanamientos de este domingo.
Tras este cambalache de información y datos cruzados, Pettovello, en nombre de la cartera, asegura que la responsabilidad es de De la Torre, ya que bajo su gestión, el director general de la administración, Federico Fernández, diseñó el programa de licitación con la OEI, el cual requería la contratación de un personal que, según fue detallado a distintos medios por la subsecretaria legal del Ministerio, Leila Gian, funcionaban como factureros de “sobresueldos”. Todo esto lo hace pese a que este pedido de licitación llevó su firma.
Sin lugar a dudas, ante la inminente crisis política -y de presunta corrupción- que estalló dentro del ministerio de Capital Humano, el gobierno eligió estallar como fusil a De la Torre, quien, pese a que su ex jefa dentro de la cartera lo denuncie y lo haga cargo de estos crímenes, eligió mostrarse en unidad con la misma y sacar a lucir única carta que le quedó como manotazo de ahogado: culpar al “kirchnerismo”. Así mismo aseguró que Gianni es una “infiltrada kirchnerista” que opera desde adentro del gobierno para realizar operaciones que lo debiliten.
