Luego de la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública en todo el país, la Cámara de Diputados iba a debatir este miércoles el financiamiento de las universidades y el FONID. La instancia, impulsada por Unión por la Patria, se vio truncada por el faltazo de seis legisladores lo que imposibilitó el tratamiento en el recinto. La Libertad Avanza y sus socios brillaron por su ausencia.
Este miércoles, la Cámara de Diputados tenía como objetivo debatir el financiamiento de las universidades públicas y el Fondo de Incentivo Docente (FONID), dado de baja por el Gobierno Nacional. La sesión fue pedida por el bloque de Unión por la Patria (UxP). Sin embargo, pese a la histórica marcha universitaria del día de ayer, en las bancas de la Cámara Baja se sentaron 124 de los 129 necesarios para tratar la iniciativa, por lo que sesión se cayó, aunque hubo pedido de habilitar una prórroga para intentar que más legisladores se sentaran en sus asientos, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo rechazó.
La sesión de carácter especial había conseguido el dictamen en el último encuentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y esperaba ser debatida hoy a las 11 horas. Los diputados de Unión por la Patria también pidieron que se trate el Régimen de Financiamiento de Universidades Nacionales, la declaración de la emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente por un plazo de cinco años.
Además de UxP, los bloques que respaldaron el tratamiento de ese tema y de un aumento a las jubilaciones y pensiones fueron: el bloque Por Santa Cruz y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. A ellos se le sumaron 15 diputados radicales no alineados con el oficialismo y seis de Hacemos Coalición Federal.
El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, había planteado: “Contundente y masiva manifestación popular en defensa de la Universidad Pública en todo el país. El próximo paso es que los diputados y diputadas que se pronunciaron a favor den quórum para garantizar el financiamiento universitario”. Tras la fallida sesión sostuvo: “Algunos diputados están escondidos detrás de las cortinas para no debatir”.
La diputada Cecilia Moreau remarcó que el compromiso de la coalición opositora fue llevar al recinto un proyecto que esté en sintonía con la demanda de ayer. “Este es nuestro compromiso, representarlos en nuestras bancas y acompañarlos en la calle”, dijo y exhortó al Congreso “a abrirse no sólo para tratar los proyectos del presidente Milei”. A su turno, el diputado Leandro Santoro mencionó: “Hoy había sesión para aumentar el presupuesto universitario. La oposición dialoguista no bajó a dar quórum. Vamos a insistir hasta resolver este tema”.
De la oposición dialoguista, solo los diputados que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes confirmaron su asistencia. El resto, aun habiendo participado de las movilizaciones, hasta última hora mantenían la decisión de no bajar al recinto.
Con respecto al debate por el financiamiento y las auditorías, la oposición se enfocaría en el ajuste presupuestario y trataría de conseguir el quórum para tratar el tema en el recinto. Según un posteo compartido por Sergio Massa, la ejecución presupuestaria del Programa Desarrollo de la Educación Superior cayó del 0,73% del PBI en 2023, al 0,22% en 2024, sumando en el cálculo de este año la actualización anunciada del 70% de la partida de asistencia financiera para gastos de funcionamiento y el PIB nominal proyectado.
Mientras tanto el oficialismo correría el eje y pondría la mira en la necesidad de realizar auditorías. En principio el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró el recorte del 70% que el Gobierno nacional hizo sobre el presupuesto universitario cuando ya empezaba a gestarse la marcha a favor de las universidades y tomaba fuerza el reclamo de los rectores. Luego de un tiempo, y con el objetivo de desactivar la movilización, el Ministerio de Capital Humano anunció un supuesto aumento del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumó al mismo porcentaje otorgado en abril.
Además, sostuvieron que había sido acordado con las universidades, sin embargo, rápidamente los dirigentes de los entes universitarios salieron a desmentir y a aclarar que ese incremento sólo alcanzaba a los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% de los gastos totales.
En este sentido, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, detalló que el anuncio tiene el objetivo de “subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades”, que “representan solo el 10% del presupuesto universitario”, mientras que “el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación”.
El lunes de la corriente semana, el Estado nacional anunció que hizo las transferencias con los aumentos anunciados e intentó dar por saldado el tema, sin embargo la respuesta de todo el sector educativo fue una movilización multitudinaria a lo largo y ancho del país.
Mientras tanto el oficialismo busca dirigir el debate a la resistencia de las autoridades de las casas de altos estudios a ser auditadas. En este sentido, el diputado (y ahora oficialista), José Luis Espert señaló: “Nadie en el gobierno cuestiona ni la educación pública superior, ni su financiamiento. Sólo se quiere auditar, controlar, chequear si los impuestazos que pagan los laburantes realmente van a la educación o es parte del curro de la política”.
Incluso, en el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni volvió a reclamar este miércoles que se auditen los fondos universitarios y señaló: “Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia; la pagan los argentinos”. “Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos”, planteó Adorni.
Cabe destacar, que la Auditoría General de la Nación (AGN) será la encargada de auditar las universidades. Tras el intento del Estado nacional de encargarse de revisar los números, la AGN advirtió que es “el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales”.
Finalmente, la Cámara Baja iba a debatir en comisiones otros tres proyectos más: la reforma laboral, modificaciones en el Código Penal y Procesal Penal, una nueva fórmula de movilidad para jubilados, y la declaración de emergencia en universidades públicas.
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