El Gobierno nacional determinó que sí hay plata, y ahora, aquellos que encabezan las Secretarías General, la Legal y Técnica, y de Prensa, tendrán el rango de ministros. Casualmente esta semana se conoció el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como secretario de Estado, lo que representa una suma exponencial a sus sueldos.
Este viernes, el Gobierno nacional oficializó el ascenso de rango y jerarquía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, y del secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quienes ahora serán considerados ministros. La medida fue confirmada a través del DNU 337/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el cual modifica nuevamente la Ley de Ministerios considerando que “la medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno”.
Casualmente, esta semana se conoció que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue ascendido a secretario de Estado, cuestión que le representará un mayor ingreso en su bolsillo. Además, el jueves de la corriente semana, se desató una fuerte polémica luego de que los senadores votaran un importante aumento de sus ingresos. Estas decisiones demuestran que la “licuadora” y la “motosierra” del ajuste de las que tanto habló Milei no alcanza a sus funcionarios y fortuitamente su hermana, una de las personas de mayor confianza del Jefe de Estado y principal armadora política de La Libertad Avanza a nivel nacional.
La norma que lleva la firma del presidente Javier Milei y así como también de los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Sandra Pettovello, presenta una modificación a la Ley N° 22.520, específicamente en el artículo 10°, el cual queda redactado de la siguiente manera: “El Presidente de la Nación determinará las funciones específicas de cada Secretaría y organismo presidencial. Las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, tendrán rango y jerarquía de Ministro”.
Es decir, que pese a este nuevo nombramiento, las tres áreas nombradas en el Decreto seguirán siendo secretarías y trabajarán bajo la órbita del jefe de Estado y si bien no formarán parte de la Jefatura de Gabinete, sí se les reconocerá el rango equivalente al de los ministros.
Entre sus argumentos, el documento oficial señala que “resulta necesario adecuar el rango y la jerarquía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación”, por lo que ahora el periodista de televisión y radio, Serenellini, se suma a la lista de funcionarios que ven una mejora de sus salarios en medio del fuerte proceso de recorte de ingresos que sufre gran parte de la población.
Cabe recordar que el secretario asumió el cargo durante los primeros días de enero en reemplazo de Belén Stettler, quien abandonó antes de que se cumpla el mes de gestión de Milei. Poco antes de dar el salto a la función, el ahora integrante de la Administración Nacional, fue protagonista de una gran polémica al sostener en el noticiero que conducía que ante la necesidad del ajuste algunos argentinos debían aceptar comer solo una vez al día.
“Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá ‘no lo uso más’, y otro, y ese es el que está grave, dirá ‘no hay desayuno o no hay almuerzo’, obviamente, una comida por día. O sea, en distintos niveles todos estamos recortando”, expresó Serenelli al aire.
Por otra parte, el Decreto resuelve un incremento de 35 mil URS (Unidades Retributivas) Adicionales, equivalentes a una suma de $22.214.500 por mes. De esta manera Karina Milei, se adjudicó de un solo revés una parte del presupuesto que correspondía a la jefatura de Gabinete, y además, duplicó los recursos para su cartera.
Finalmente con este ascenso al rango de ministros, tanto Serenellini, como Herrara Bravo y Karina Milei cobran un sueldo bruto de poco más de $3.5 millones de pesos, que también cobraron en enero y que no pudieron actualizar porque Milei determinó que los sueldos tenían que quedar “congelados” como parte de una política de contención a los gastos en el Estado.
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