Cuatro son los pacientes que murieron por cáncer ante el corte de la entrega de medicamentos oncológicos -valuados en un gasto mensual de 17 millones de pesos- por parte del gobierno de Javier Milei. En simultáneo, bajo la misma excusa de “encontrar irregularidades”, se corta todo tipo de asistencia a personas con discapacidad, pacientes con síndrome de down y diversas patologías.
La semana pasada falleció la cuarta paciente con cáncer que trataba la enfermedad gracias a los medicamentos entregados por el Estado, los cuales fueron cortados desde el inicio de la presidencia de Javier Milei. El slogan de “no hay plata” no diferencia ni diversifica situaciones, y el adjetivo de “ñoqui” o “gasto inútil” le cabe a cualquier hecho. No importa, evidentemente, la vida de ningún ciudadano. El suceso brinda argumentos de sobra para la instancia de juicio político, más allá de que no suceden solo en el área de medicamentos oncológicos los abandonos por parte del Estado.
“Nos dieron de baja la pensión y en Anses nos informaron que era por falta de certificado médico, cuando nosotros ya tenemos todos los papeles hechos, no nos falta nada”, explicó para el Multimedio Trinchera Jose Luis Oberts, padre que sufrió la quita de la pensión por discapacidad a su hija con síndrome de Down. La motosierra es azarosa, pero certera y constante. En el caso de Oberts, dicha pensión fue tramitada en 1994.
“Los chicos de Anses nos dijeron que son todos excusas, que todos los días van 10 o 15 personas a reclamar, y que aunque le traigan nuevos papeles no tienen autoridades a quien entregárselas, las están cortando porque la orden es cortar tres de cada cuatro, y todo esto porque el DNU está vigente”, contó el entrevistado, quien entiende que se trata de una decisión puramente política. La problemática crece si imaginamos escenarios estrictamente de vida y muerte.
Es el caso de María Teresa Troiano, que trató con un cáncer durante 16 años, hasta que el medicamento fue cortado desde principios de diciembre, señaló que desde la droguería “habían decidido pagar la multa que se paga cuando no se cumple, porque ante los anuncios de liberación de mercado y las nuevas medidas económicas preferían pagar la multa y no entregar la medicación”, explicó al medio Tiempo Argentino el esposo de la víctima, Eduardo Castaño, quien, según relatos de Débora Bosco, de la Fundación Solidaridad Cáncer (FUSOCA), estaba desesperado, “hizo todo lo posible por su esposa”. Esta organización acompaña a familias en la difusión y lucha para que el gobierno vuelva a entregar los medicamentos oncológicos.
La muerte de Topiano se suma a la de Aldo Javier Pinto, de 45 años, Camila Giménez, de 25 años y Alfredo González. Todas debidas al recorte de la entrega de los medicamentos, según informó FUSOCA. Está de más aclarar que la compra de los mismos por parte de cualquier trabajador de ingresos bajos a medianos es una imposibilidad. En el caso de Topiano, utilizaba mensualmente Dabrafenib y Trametinib, valuados en 11 y 6 millones respectivamente en su dosis mensual. Sobrevivir se convierte en una utopía, y el sueño de muchos se hace realidad, ya que finalmente compartimos similitudes con Estados Unidos: los pacientes mueren por no poder pagar la medicina, abandonados.
Ante este escenario, revuelve las tripas pensar que la decisión recae sobre tres o cuatro funcionarios del oficialismo y el presidente, quienes deducen que se trata de un gasto más, que hay que reducirlo a cualquier costo. Ejemplo de ello es la cita que realizó Oberts al referirse a su situación, cuando vio reducida la pensión de su hija: “El propio presidente dijo que quienes tienen síndrome de Down son iguales a los demás y tienen que trabajar, nunca me imaginé que mi hija con síndrome de Down iba a ser la casta; o que un jubilado con una pensión era la casta”.
