El conflicto de intereses fronterizos que protagonizan Argentina y Paraguay en torno a la construcción de la hidrovía comercial dio un giro ante el memorándum firmado esta semana por el Gobierno nacional argentino. Mientras que Paraguay había dado vía libre hace tiempo a los anglosajones, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires intervino y pidió explicaciones al Gobierno nacional.
Tras el acuerdo entre ambas partes firmado bajo un memorándum por los encargados pertinentes de Estados Unidos y Argentina, que le dio vía libre a las fuerzas militares del país del norte a patrullar la zona fluviomarítima que se encuentra entre Argentina y Paraguay, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, reclamó explicaciones sobre lo firmado por ser un “golpe a la soberanía”.
Resulta que entre el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, representado por Adriel McConnell, y por el Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; y la Administración General de Puertos de la Nación (AGP), representada por su interventor, Gastón Benvenuto, y el Secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio Gonzalez Botto; se firmó el documento de entendimiento que el país norteamericano necesitaba para asegurar su presencia en la frontera marítima que comparten Argentina y Paraguay. Esta situación está directamente vinculada a la construcción de la hidrovía que controlaría las fronteras acuáticas de ambos países, y a la perspectiva que cada Nación quiera encarar políticamente.
Según diversos analistas de la geopolítica, al país del norte lo pone nervioso hace años la avanzada de China en distintos acuerdos de inversión en infraestructura, y desde el año pasado se interesó con una mayor atención en la hidrovía a construir entre los dos países nombrados, a fin de “marcar el territorio” a los asiáticos. El problema aquí es la mirada nacionalista que pueda tener cada país en su industria, y si bien desde Paraguay los estadounidense ya tenían el visto bueno, el gobierno de Alberto Fernández lejos estaba de darlo. Sin embargo, todo cambió con el ingreso del ya conocido gobierno anarco capitalista de Javier Milei, que no cree en la patria o en el Estado.
Por lo mismo, esta semana el Gobierno nacional dio luz verde a que Estados Unidos continúe adelante con su propósito, pero el gobierno de la Provincia de Buenos Aires intervino en el asunto a través de un documento que exige información sobre los pasos que sucedieron a la firma del memorándum, a fin de revisar si están tramitados los pasos formales que requiere otorgar dicho permiso.
Está claro que al Gobierno provincial -que opera de manera proteccionista para los intereses nacionales-, estén o no bien hechos los pasos para tramitar dicho proceso, le preocupa principalmente que la acción de por si representa la entrega del control de un punto geográfico clave para el ejercicio de la soberanía argentina. Además, conforma el Consejo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable junto a las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Por esta razón, el ministro de gobierno de la provincia, Carlos Bianco, presentó el documento como un intento de freno a la avanzada del gobierno de La Libertad Avanza con Estados Unidos y Paraguay.
Por su parte, el oficialismo explicó que se trata de una acción que busca “profundizar el intercambio de información entre ambas gestiones para mejorar la eficiencia y el mantenimiento en la navegación, además de aportar al equilibrio ambiental y al desarrollo de infraestructura”. Sin embargo, este argumento por lejos no cierra en la oposición.
Asimismo, el diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, realizó el pedido de información de manera púbica y advirtió que “se están produciendo una serie de hechos consumados que ponen el jaque a nuestra soberanía”, y que “es una realidad que debemos revertir reuniendo a todos los sectores decididos a defender el interés nacional de los argentinos”. Es importante recordar en ese sentido, que hace algunos días Inglaterra se auto entregó 166 mil kilómetros de territorio marítimo que rodea a las Islas Malvinas, extendiendo su territorio en perjuicio del argentino, y que ante esto no existió reclamo alguno de la Cancillería argentina, a cargo de Diana Mondino.
