Ante el fracaso de su primera edición, y sumado al revés que sufrió el aún vigente DNU 70/23 este jueves en el Senado, LLA prepara una reedición de su ambicioso proyecto reformista. Con una pronunciada bajada de tono, el oficialismo apunta a un documento que sea mas “aprobable”.
Si hay un punto chocante entre el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y el resto del arco político, son las formas mediante las cuales esta coalición gobernante intenta llevar adelante las reformas que creen necesarias. “Estoy de acuerdo con que la Argentina necesita reformas, pero tenemos que discutirlas una por una”, es una frase muy consensuada, tanto en la tratativa de la Ley “Bases”, ya rechazada hace varias semanas, como durante la sesión que se llevó adelante este jueves en el Senado donde se rechazó el DNU 70/23, pilar estructural del gobierno, que pese a que sigue vigente, pareciera tener los días contados.
Evidentemente, más allá de que para el afuera el presidente Javier Milei se muestre intolerante, hay algo que por necesidad, y porque -por suerte- el sistema republicano funcionaría, LLA debió cambiar. El sistema político hizo lo suyo y es evidente que Milei deberá aprender a consensuar y arreglar si no quiere colapsar. Es la demanda básica de los máximos dirigentes, como así se lo han dicho desde aliados hasta opositores (entre ellos varios gobernadores).
“Por supuesto que este (DNU 70/23) es un manual con un montón de agujeros jurídicos horribles, que deberían mejorar la técnica legislativa, por supuesto que es así, pero que le estamos pidiendo a una gente que nuca hizo política”, argumentó el senador Luis Juez, en un intento de defender o restarle culpabilidad a la ejecución del DNU por parte de LLA. Independientemente de las intenciones, las palabras de un senador que pese a lo dicho, votó a favor de que el DNU siga vigente, sintetizan la demanda básica que el resto de la política le hace a Milei.
Por esto mismo, la nueva Ley Ómnibus, sin dejar de ser ambiciosa, conectaría alguna demanda actual y se limitaría tanto en su cantidad de artículos, como en el fino de cada uno. Un ejemplo de ello es el capítulo de privatizaciones, en donde las aspiraciones pasarían de 41 empresas a 12. Algunas de las empresas que se encontrarían listadas en el anexo primero son Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina.
Al mismo tiempo, el nuevo texto aclararía: “Las empresas listadas en el Anexo II sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. En esa lista estarían: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio YCRT, Corredores Viales y Ferrocarriles Sofse, Nucleoeléctrica Argentina SA (Atucha I y II), Banco Nación y Arsat.
Pese a que aún la información difundida no es precisa sobre cuáles son las empresas que entrarían en una categoría y otra, se difundió que el Banco Nación estaría en el anexo, debido a que el oficialismo “comprendió” la negativa social a que esta entidad sea privatizada, así como sucedió con YPF, que ya funciona en el sistema híbrido público-privado, y que no solo no figura ahora, sino que tampoco figuraba en la primera edición de Bases.
Por otra parte, ante el faltazo que pegó el oficialismo para discutir una nueva ley de movilidad jubilatoria, el texto propondría que los aumentos que perciba el sector más longevo de la sociedad este atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un 10% de sobrecargo. Sin embargo, esto no resolvería la verdadera problemáticas de fondo que es el poder adquisitivo. Tanto el sector jubilatorio como los trabajadores, y básicamente toda la población argentina, necesita una subida salarial por encima de la inflación, ya que el poder adquisitivo se redujo bruscamente con las medidas económicas tomadas desde el día tres de gobierno por el ministro de Economía, Luis Caputo. Todas ellas, hasta la última inclusive (destrucción de tazas en los plazos fijos), están orientadas a licuar el peso argentino y el poder adquisitivo.
El texto también comprendería una nueva moratoria impositiva, la modificación a los impuestos internos al tabaco y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Pese a que LLA se jacta de pretender “aliviar la presión impositiva”, más allá de la eliminación del último impuesto nombrado, un artículo pretendería que vuelva el impuesto a las ganancias, lo que significaría un nuevo golpe a la clase media. Allí se aclara que se valorará la progresividad en torno a la alícuota que cada contribuyente facture. Restará ver que criterios serán propuestos en ese sentido.
Aumenta todo, menos el salario
Como ya se nombró, muchas de las cuestiones planteadas suenan agradables al oído, pero de no existir una verdadera recomposición salarial que le devuelva a los argentinos el poder adquisitivo perdido en los últimos tres meses (igual al perdido en los últimos diez años), lo único que se acentuará será una pobreza estructural que hoy toca al 60% de la población. En ese sentido, se pretende el aumento del monotributo, con una base de 13 mil pesos para las categorías A, B y C. Las demás categorías quedarían de la siguiente forma: Categoría D 16.400; Categoría E $19.000; Categoría F $22.000; Categoría G $25.000; Categoría H $29.000; Categoría I $33.000; Categoría J $38.000; Categoría K $44.000.
