Luego de los argumentos expuestos por referentes de la cultura, enmarcados por protestas y manifestaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, la Ley Bases volvió a ser rechazada.
El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), además de otros puntos integrados en el capítulo que apunta a la cultura. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que se “rediseñó protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva”.
Enmarcados por protestas y movilizaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, diferentes referentes del ámbito expusieron por la Ley Bases en el plenario de comisiones de Diputados . De esta manera, la norma ingresó al Congreso con varias reformas: una “nueva versión” que “ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión”, en la que “la diferencia no es solo cuantitativa (se pasa de un proyecto con 664 artículos a uno de 523) sino cualitativa”, detalla la introducción del texto.
El nuevo escrito incorpora gran parte del debate público pero “mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario” y “fortalecimiento de la educación y la cultura”. Además, plantea que el FNA pase a funcionar con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos; que se reforme la categorización de filmes nacionales, restricciones financieras para el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip).
“Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado (…) es sano escuchar, corregir, aprender”, dice el documento, que incorpora medidas específicas para garantizar que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) promocione al cine nacional y mantenga intactos los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.
Con respecto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONABIP, “en pos de una gestión más eficiente”, el documento establece restricciones de gastos para ambas instituciones. También limita los egresos al 20% de los ingresos de estos entes que busca garantizar una utilización eficaz de los recursos disponibles, y así evita excesos administrativos y prioriza el respaldo directo a la música y las bibliotecas populares.
En tanto al INT, el proyecto propone la absorción de las funciones del organismo por la Secretaría de Cultura, que señala un enfoque en la eficiencia administrativa. Cabe destacar, que esta decisión también abre la posibilidad de que el Instituto quede más supeditado a los vaivenes políticos, planteando desafíos adicionales para su funcionamiento futuro.
Las nuevas modificaciones al proyecto de ley reflejan una estrategia más cautelosa, en la que se buscan reformas significativas sin descuidar la protección de instituciones fundamentales, pese a ello, mantiene el espíritu de achicar el Estado. La propuesta se adapta a la complejidad del sector cultural argentino, y reconoce la necesidad de cambios, pero busca asegurar que estos no comprometan la estabilidad y la misión esencial de las instituciones culturales del país.
En el orden preciso de los cambios, el proyecto redefine la categorización de películas nacionales, ya que ahora, se considerarán aquellas producidas por ciudadanos argentinos o con domicilio legal en el país, con participación predominante de equipos locales. Además, se introducen definiciones específicas para películas de corto y largo metraje, lo que trata de brindar claridad a la industria.
Además, se impone la obligatoriedad de obtener un certificado de exhibición del INCAA para todas las películas que deseen proyectarse, independientemente de su origen. Esta medida, acompañada por la exigencia de un certificado de libre deuda, refuerza los controles administrativos.
El cambio significativo de derogar un inciso en particular busca promover apertura y diversidad en la producción cinematográfica. Se establece un límite del 20% para los gastos internos del INCAA, equilibrando la eficiencia administrativa con la necesidad de recursos para el desarrollo del sector.
El compromiso del INCAA de subsidiar tanto películas de largometraje nacional como coproducciones se detalla con lineamientos específicos. Se incorpora un artículo que establece normas para reconocer la inversión al coproductor argentino en coproducciones internacionales, fomentando la colaboración global. Numerosos artículos de la Ley N° 17.741 (escrito ordenado 2001) son derogados, marcando un cambio profundo en la regulación de la cinematografía argentina.
Múltiples leyes y artículos de la Ley N° 26.522 son derogados, marcando un enfoque más restrictivo en los gastos de CONABIP y una transformación significativa en la regulación de los medios audiovisuales. Además, el proyecto suma ajustes para salvaguardar recursos y adaptarse a la realidad política. Se reducen las modificaciones propuestas para el INCAA, manteniendo la asignación específica y preservando los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.
Estos cambios en el proyecto mantienen el espíritu inicial de la propuesta, con algunas concesiones a raíz de las resistencias de los sectores de la cultura. La propuesta intenta tranquilizar al sector, reconociendo la necesidad de cambios, pero asegurando que estos no afecten la misión esencial de la Ley de Bases, conocida como Ley Ómnibus orquestada por el Gobierno de Milei.
