La jornada del 20 de diciembre tomó otro tono en el 2023: luego de un día de movilizaciones en memoria del Argentinazo del 2001 y del show de Patricia Bullrich con su “Protocolo Antipiquete”, el día finalizó con el anuncio del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del flamante presidente Javier Milei.
El DNU deroga muchas leyes y modifica otras tantas. Si bien la firma del presidente corona el documento, hay muchas lapiceras por detrás que no escriben en español y que esbozaron artículos que ponen en venta al territorio argentino. Los soldados de las “Fuerzas del Cielo” abrieron las arcas y le dieron la bienvenida a la profundización de un proceso de extranjerización sobre las tierras y los recursos del país.
Ley de Tierras ¡Afuera!
El Artículo 154 del DNU deroga la Ley 26.737 de Tierras Rurales (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales), sancionada y promulgada en diciembre de 2011. Fue una ley impulsada por el Ejecutivo, en ese entonces bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el espíritu de “proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra”, en palabras de ella misma. Su aprobación se consolidó en la Cámara baja con 153 votos afirmativos, una abstención y 26 votos negativos del radicalismo, mientras que el PRO decidió ausentarse; la alianza política comenzaba a dibujarse y, desde afuera, los ojos extranjeros daban el visto bueno.
La normativa no nace de un repollo, nace de la historia de un país que siempre estuvo demográficamente repartido entre unos pocos apellidos de la oligarquía argentina y sus pares extranjeros con caras que nunca conocimos ni conoceremos. Los individuos y/o sociedades extranjeras desembarcan en el país no justamente con inversiones en monedas extranjeras -argumento que se utiliza para respaldar estas medidas-, sino que lo hacen sin dejar rédito en la región: bajo la apropiación de territorios extensos generan riquezas de forma ilícita con actividades productivas de todo tipo y/o construyendo bases de operaciones estratégicas-políticas para negociar. Tal vez resuenan los nombres del británico Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro, y el del italiano Luciano Benetton en Chubut.
En este sentido, la Ley determinaba que los extranjeros no podían tener más del 15% del territorio del país, de una provincia o de un municipio y que el límite por titular extranjero era de 1000 hectáreas en la “zona agrícola núcleo”. Las Tierras Rurales que contempla la ley son “todas las que están fuera de las zonas urbanas, sin que importe el destino que se les da”. Como parte del mecanismo de control se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se estableció el sistema de compraventa de acciones vía testaferros, es decir, a través de un certificado de habilitación.
Pero como en todo cuento de monarquías, reinos y propiedades privadas y también de plebeyos que buscan repartir la riqueza equitativamente, tarde o temprano, aparece el mandamás del rey para imponer orden. A través del DNU 820/2016, Mauricio Macri modificó la Ley y eliminó el certificado de habilitación por lo que la transferencia de acciones a extranjeros no necesitaba autorización del Estado: si el dueño de una tierra le vendía acciones a un extranjero ya no debía ser informado ni avalado por el Registro Nacional, perdiendo así todo control sobre la apropiación de los territorios. Al mismo tiempo, dentro del trámite de certificación se eliminó el requisito donde se debía declarar la existencia o no de cuerpos de agua para ser autenticado por la autoridad provincial. Un verdadero regalo de Macri a sus amigos, como lo es Joe Lewis, con quien forjó un fuerte vínculo y se lo ha visto compartiendo encuentros en su castillo, en Lago Escondido.
“¿Por qué si no las tuvieron hasta ahora (las tierras), las van a querer mañana?”, se preguntó una periodista de La Nación+ al aire al otro día del anuncio. “Y porque estaba legislado”, le respondió su compañera. Luego hicieron alusión a una supuesta inutilidad de la ley ya que “el límite es del 15% y en la Argentina solo se llega al 5%”. Esto es una “falacia”, diría Milei. En el último relevamiento del ministerio de Justicia realizado en el 2022, provincias como Salta, Misiones y San Juan tienen un porcentaje mayor al 10% de tierras en manos extranjeras. Si bien no superan al 15% establecido en la ley, los datos utilizados son los declarados, luego de la modificación de Macri, hay mucho territorio que no está censado por el Estado.
En este contexto, el presidente actual decide eliminar la ley desguazada y así toda garantía -por más mínima que fuera- de control y defensa del territorio argentino de las garras extranjeras. Estamos hablando de la pérdida de soberanía más fuerte y explícita en términos políticos, económicos, culturales y sociales. Se le da vía libre al saqueo voraz y a la entrega sin restricciones.
Ley de Manejo de Fuego ¿Afuera?
Como si fuera poco, el presidente también anunció la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, que si bien fue parte del discurso, generó sorpresas al no encontrar mención alguna en el decreto. La duda que dejó fue si finalmente se dio marcha atrás o si se trata de lo que aún falta anunciar, ya que luego de la publicación en el Boletín Oficial, el presidente declaró: “Les aviso que hay más”.
La Ley 26.815 de Manejo de Fuego fue sancionada en 2012 y promulgada en 2013. En 2020 se promulgó la Ley 27.604 que modificó el artículo 22 bis de la ley original. La normativa busca proteger a territorios de incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de tierras incendiadas durante el plazo de entre 30 y 60 años.
¿Por qué? Para evitar las especulaciones de dos grandes negocios que manejan el tráfico de hectáreas en el país: el negocio inmobiliario y el negocio agropecuario. ¿Cómo funcionan? Una vez que las tierras sufren incendios, su valor baja por lo que resulta más beneficioso comprarlas, además los terrenos quedan “limpios” de vegetación. En el caso del negocio agropecuario acelera el proceso de siembra del monocultivo sojero y en el caso inmobiliario acelera la edificación de countries y barrios privados. Pero ahora con las modificaciones del mega DNU se le agrega un nuevo -o no tanto- especulador: las sociedades extranjeras.
Argentina, tierra entregada
Solo queda esperar -mientras se presenta resistencia- para saber si efectivamente el DNU va a ser validado en la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Mientras tanto, algo sí queda claro: cada modificación, cada movimiento, completa la hoja de ruta que comenzó Mauricio Macri cuando el pueblo pagaba con hambre y él ofrecía decretos como vuelto. Hoy Milei logra retomar ese mecanismo y lo lleva a cabo en su forma más obscena, con una gran alianza política que ampara los contenidos, tal vez no tanto las formas, pero que al fin y al cabo, construyeron durante años el camino de la entrega total de la soberanía argentina.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también
