A través de la Dirección Legal y Contencioso Penal se dio lugar a un archivo expedido en 2016, el cual busca que las filmaciones se utilicen efectivamente en beneficio de la seguridad de quienes habitan las cárceles, y no en perjuicio de su intimidad.
La Cámara Federal de La Plata atendió esta semana un pedido firmado por distintos carcelarios que denuncian hace años violencia en las cárceles. El Habeas Corpus tiene un carácter federal para la cárcel de Ezeiza y comprende a grandes rasgos una necesidad básica para poder garantizar un nivel de seguridad más alto que el actual: un acceso a las cámaras de seguridad más regular por parte de los organismos que controlan los derechos en las cárceles.
Según el documento ratificado por los camaristas César Álvarez y Jorge Di Lorenzo, hoy las grabaciones captadas dentro de las cárceles se borran aproximadamente en 15 días, y para que las organizaciones que regulan la violencia carcelaria accedan a ella necesitan una orden judicial. Por lo mismo, la Procuración Penitenciaria presentó en 2016 un documento que releva distintos testimonios de quienes habitan las cárceles, a través de la Dirección Legal y Contencioso Penal, que está a cargo del abogado Rodrigo Borda, el cual exige que “se tomen medidas para instrumentar los recaudos necesarios a los fines de reducir el nivel de violencia institucional y entre internos o internas en las unidades penitenciarias”.
Por lo mismo, el documento pretende regular toda actividad en torno a las cámaras de seguridad, tanto en su mantenimiento como en la gestión de los archivos, que deberán permanecer “al menos seis meses sin ser borrados”. Quienes podrán acceder a estas filmaciones en cualquier momento sin ningún tipo de orden serán todos los órganos de control que forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en las unidades penales de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. “No se requiere orden judicial previa para que la Procuración Penitenciaria y los demás organismos de control integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT), que lo requieran puedan acceder a las videofilmaciones del sistema de videovigilancia”, asegura el documento.
Quizá el dato más curioso de este caso es que este archivo fue presentado en 2016 y fue cajoneado hasta el año corriente, habiéndosele pedido al Servicio Penitenciario Federal (SPF) en 2017 un informe que detalle si estaban preparadas las cámaras para abarcar el pedido del habeas corpus, a lo que se respondió afirmativamente. Sin embargo, las cámaras no fueron utilizadas con la regularidad pactada y una de las actividades más registradas fueron los registros de audio y video de conversaciones de ex funcionarios políticos con sus familiares y abogados. Por lo mismo, el archivo revisado recientemente también exige “el debido resguardo del derecho de intimidad de las personas detenidas, de conformidad a la presente”.
Revista Trinchera dialogó con Anibal Hnatiuk, Presidente del Patronato de Liberados Bonaerense, quien comentó que previo a este hecho se ejecutaron algunos engranajes en la provincia de Buenos Aires: “Se instrumentó un mecanismo de resolución de conflictos que redujo la violencia, mediante intervenciones y mediaciones que hicieron que mucho conflictos de violencia se redujeron de que finalicen en la situación más dramática”. Y añadió que de la actividad “participan detenidos involucrados en los conflictos”, y que se trata de “una experiencia muy interesante”.
