Tras la aprobación en Diputados, con los votos de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores, el Senado debatirá el proyecto un día antes de lo previsto. Los cambios favorecen a los propietarios y perjudican a los inquilinos.
Un plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó a debatir, un día antes de lo previsto, el proyecto de reforma a la “Ley de Alquileres” que la semana pasada aprobó la Cámara de Diputados. Al respecto, el presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina, Enrique Abatti, advirtió que “las modificaciones propuestas a la actual ley de alquileres no afectarán los contratos en curso”.
En el Senado, la Comisión de Legislación General, que es la cabecera en el tratamiento del proyecto, fue convocada para el miércoles a las 11, sin embargo, se reunió este martes a las 17 horas para, inicialmente, elegir a sus autoridades y a quiénes la conformarán. En tanto, el plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce Ricardo Guerra, se juntó para debatir el proyecto sobre alquileres a las 18 horas.
En este sentido, el directivo recalcó que “la nueva ley, de promulgarse, se aplicará a los contratos que se firmen después de su sanción”. Además, aclaró: “como sucedió cuando se sancionó la ley de alquileres vigente, los contratos que estaban en curso mantuvieron sus condiciones hasta su finalización, ahora los mismos van a seguir vigentes”.
El cambio propuesto establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
De todas formas, “a los contratos vigentes se le podrían aplicar cuestiones que se contemplan en la nueva ley: si debe intervenir un juez en un caso de reparaciones, por ejemplo, usará el criterio de arreglo urgente que diga la nueva ley”, detalló Mariano Esper, profesor de posgrado UBA, especializado en temas inmobiliarios y empresariales.
Sin embargo se tendrá que considerar “la multa por rescisión anticipada en los contratos temporarios”, que plantea el proyecto, advirtió el especialista. Esto significa que en los contratos por plazo menor al mínimo legal (dos años, según el nuevo proyecto), se aclare que la multa al locatario por la rescisión anticipada (de dos meses de alquiler, como en la actualidad) y se calcule sobre el precio locativo del mes en que se restituye el inmueble, es decir, el último mes de alquiler.
Por otro lado, Radio Trinchera diálogo con la integrante de Red de Inquilinos Bonaerenses y Movimiento Inquilino Nacional, Natalia Ranzuglia, y mencionó: “Por un lado hay mucha intranquilidad porque la Ley, que está vigente, no se viene cumpliendo pero el hecho de que esté nuevamente en los medios y en tratamiento en las Cámaras la hace parecer que no esté vigente y acá el hecho es que a ese incumplimiento sistemático se le suma cuestiones que están por fuera incluso de las modificaciones propuestas y eso genera un clima complicadísimo”.
Con respecto al cambio de precios cada cuatro meses que se quiere establecer, Ranzuglia mencionó: “Lo peligroso es que los plazos muchas veces son incumplidos más que nada si se apunta el piso a la baja. Además, esta modificación ya no habla solo de ajuste sino que habla más de subas, es decir, no se piensa que cada cuatro meses se revise y si hay que bajar el precio, se pueda bajar, pero no se puede hacer cada menos tiempo y lo que pasaría a darse con este ajuste es que se de cada dos meses pero en caso de hacerlo anual también se podría. Esto sucede porque se agarran del piso como si fuera techo”.
La integrante de Inquilinos sostuvo: “Es necesario una discusión de fondos para el acceso a la vivienda, que no incluya únicamente la ley de alquileres y que implica reconocer la emergencia habitacional en la estamos en este momento, es muy difícil legislar en una situación de emergencia y más si no hay voluntad política de hacerla cumplir. Esta ley tiene como principal problema que nunca ha tenido posibilidad de aplicación, por lo tanto nunca se sancionó a los incumplidores”.
Finalmente, Ranzuglia detalló que “los puntos que se quieren modificar ahora son los que perjudican a las inmobiliarias, ni siquiera a los propietarios, entonces se habla de reducir el tiempo de duración de los contratos. Imagínense que hoy el desfase exorbitante de precio se da cada tres años, imaginense que va a pasar cuando se de cada dos años, se va hacer una actualización por fuera del mismo marco de regulación, porque hoy se habla de un 120% y cuando se renueva un contrato se habla de un 250%, algo que estaría muy por encima de lo que sería el ajuste anual de un alquiler si estuviese vigente”.
La iniciativa fue considerada por la Cámara de Diputados el último miércoles, en el marco de una sesión especial que duró cerca de cuatro horas. Fue aprobado por 125 votos aportados por la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción de la Izquierda y de los legisladores libertarios. En paralelo fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FdT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FDT).
