El juicio por la explosión de la escuela N°49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno ocurrida en 2018 será en los tribunales de la localidad de Mercedes. Un electricista y dos consejeros serán juzgados. No hay responsables políticos, uno de los reclamos de los familiares.
Este lunes comenzó el juicio por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar, respectivamente, de la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” de la localidad de Moreno. Ambos trabajadores murieron el 2 de agosto de 2018 como consecuencia de una explosión causada por una pérdida de gas dentro del edificio, que ocurrió 25 minutos antes del ingreso de los alumnos. En la causa serán juzgados un electricista y dos consejeros.
En el banquillo estarán el gasista Cristian Ricobene, imputado por “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”, el interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian, que responden por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto los familiares de Sandra como los de Rubén participaran como particulares damnificados del debate oral que comenzó este lunes 28 de agosto a las 10 en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes encabezado por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel. El juicio se extenderá hasta el 22 de septiembre y habrá audiencias todos los lunes, miércoles y viernes. El veredicto se conocerá, según lo previsto, en octubre.
Al respecto, la secretaria de formación político sindical de Suteba que en 2018 era secretaria general de ese gremio en Moreno, Mariana Cattaneo, sostuvo en Télam que “la tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan”.
“Fue un antes y un después pero también en el sentido que ese 2 de agosto se rompió esa tranquilidad que existía dentro de nuestras comunidades, de que cuando dejas a tu hijo o a tu hija en la escuela y te vas a trabajar, queda seguro. Esta idea tremenda de que se puede morir en la escuela no la teníamos en nuestra cabeza”, agregó la gremialista. Por ello la comunidad educativa pide “justicia para Sandra y Rubén” pero también “escuelas dignas y seguras”.
En este sentido, Cattaneo y los familiares de las víctimas, lamentaron que hayan quedado afuera del expediente los “responsables políticos” de la tragedia: el exdirector provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario, el exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.
Al respecto, la abogada de las familias de Sandra y Rubén, Rosa Merlo, declaró: “Más allá de quienes están imputados, vamos a ir por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela a pesar de los ‘Carpetazos Educativos’ previos realizados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde se reclamaba por los problemas de infraestructura y se denunciaban los incumplimientos del Estado”.
Cabe recordar que el 31 de mayo de 2018, dos meses antes del trágico episodio, el Frente conformado por Suteba y otros cuatro gremios realizaron una manifestación denominada “Carpetazo Educativo” ante la Dirección General de Cultura y Educación, que concluyó con la entrega de carpetas que revelaban deficiencias en diversos temas. Allí figuraba la escuela Nº49 de Moreno, por problemas de infraestructura.
Por otro parte, desde ese establecimiento se notificó al Consejo Escolar sobre el persistente olor a gas al menos cinco veces desde principios del ciclo lectivo 2018 y el día anterior estuvo en el establecimiento el gasista imputado para arreglar la fuga, enviado por las autoridades provinciales.
“Los docentes se pusieron al hombro los problemas de infraestructura pero a los funcionarios no les importó nada. Ese abandono, ese no oír lo que se les estaba diciendo era ‘una crónica de una muerte anunciada’. La consecuencia fue la muerte de Sandra y Rubén y tampoco les importó porque se quiso tapar todo y estos funcionarios siguieron trabajando como si nada, no fueron separados de sus cargos ni siquiera para investigarlos”, aseveró Merlo.
Cattaneo recordó que el Consejo Escolar de Moreno estuvo intervenido desde 2017, por lo que las autoridades provinciales de aquel entonces “estaban mirando directamente el distrito; no pueden decir que no sabían cuál era la situación” en un contexto en el que “Vidal, desde su asunción, había paralizado las obras de construcción de nuevas escuelas y dejado de dar respuesta a los problemas de infraestructura”.
Finalmente, la abogada de las familias concluyó: “Después de la muerte de Sandra y Rubén se paralizan las clases en todo Moreno y los gasistas matriculados que Vidal mandó para recorrer las escuelas y revisar las instalaciones, encontraron que más del 80% de los edificios tenían pérdidas. Eso aumentó el nivel de indignación: ¿por qué no se hizo antes?”.
