Diferentes organizaciones sociales y políticas repudiaron la escalada represiva que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. Varias de ellas participarán el jueves en la “Marcha del Apagón”. Además, este lunes la justicia jujeña resolvió liberar a nueve detenidos en los incidentes en la Legislatura.
Ante la escalada represiva que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, la ONG Amnistía Internacional, la Corriente Nuestra Patria, la CTA Autónoma, entre otras organizaciones decidieron repudiar y alertar por la situación que se vive en la provincia comandada por el precandidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC).
El viernes en San Salvador de Jujuy hubo audiencia para determinar la situación de los nueve detenidos, que desde el jueves se encontraban en el penal de Alto Comedero. Pese a que la fiscalía solicitó la prisión preventiva por 40 días, el juez Rodolfo Fernández resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el día de hoy para resolver. Finalmente, se decidió liberar a las personas arrestadas.
Ante el contexto actual, el viernes pasado se realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación con organismos de Derechos Humanos junto a legisladores, dirigentes sindicales y de movimientos sociales, quienes solicitaron a los tres poderes del Estado su intervención para frenar la escalada represiva del gobernador Morales.
En este sentido, la CTA Autónoma exigió, mediante un comunicado, que se libere a los detenidos, y que cese la cacería puerta a puerta y el revoleo de imputaciones sobre los militantes en Jujuy. Además, el documento asegura que “esta semana, una comitiva de la Central viajará a Jujuy para acompañar todas las actividades que se lleven adelante y participará de la “Marcha del Apagón”.
Por su parte, la Amnistía Internacional (AI) puso el foco en la detención del abogado de Derechos Humanos Alberto Nallar, detenido el 13 de julio y acusado del delito de sedición, el cual podría llevarlo a pasar varios años en la cárcel si se cumplen los deseos de Morales, que amenazó con penas de 25 años de prisión para toda persona que participe de las protestas.
La Amnistía también detalló en su carta pública: “En el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional”.
Además, la ONG de presencia mundial recalcó que “Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente Global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy”.
Cabe destacar que una Acción Urgente de Amnistía Internacional es una estrategia de solidaridad impulsada por esta ONG por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. “Cuando AI tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”, agregaron.
También se dio a conocer que la AI presentó junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy. El documento señala que su “presentación se realizó debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas”.
Por su parte, la organización política Corriente Nuestra Patria (CNP) en su comunicado sostuvo que “desde la llegada de Morales a la gobernación de Jujuy, la criminalización de la protesta social ha sido moneda corriente. Su aliado, el Poder Judicial de la provincia, la semana pasada solicitó la detención de 22 personas que participaron en una marcha celebrada el 30 de junio en Humahuaca y pidió el allanamiento de sus domicilios. Algunos de ellos fueron llevados a San Salvador de Jujuy y sus familias desconocen su paradero”.
El lunes de la semana pasada, con total impunidad, Morales había amenazado en una entrevista televisiva a los empleados de la Universidad por “incentivar el corte de ruta en Tilcara”, asegurando que los tenía identificados y advirtiendo que podría expropiar las instalaciones universitarias. Al respecto, la CNP habló sobre la denuncia de la Universidad Nacional de Jujuy por el ingreso de Policía de la provincia al predio universitario, y lo destacó como “un acto que violenta la autonomía y la autarquía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y recuerda las épocas más oscuras de la Argentina”.
Las comunidades originarias siguen firmes hace más de un mes con cortes en la puna y quebrada jujeña. Continúan con los reclamos en torno a la quita de derechos y denuncian que se permite el acceso a empresas privadas que avanzan sobre sus tierras ancestrales. En este sentido, la CNP exigió “el fin de la persecución política y la represión”, y se solidarizaron con “quienes continúan en las calles poniendo el cuerpo contra la reforma y por la dignidad de todo el pueblo jujeño”.
Con respecto a las personas detenidas, diferentes organizaciones denunciaron junto a sus abogados que la fiscalía usa fotos para imputar delitos pese a no sostenerlos ante los planteos contundentes en relación a la no existencia de pruebas. Lo que temen los abogados defensores es si se las situaciones se sostendrán atenuándose al derecho o si se seguirán manejando como hasta ahora. Dependerá de que el juez quiera hacer algo distinto de lo que pretende el gobernador Gerardo Morales.
Los detenidos liberados en San Salvador de Jujuy son : Martín Antonio Abad, José Darío Donaire (Corriente Clasista y Combativa); José Iván Blacut (Izquierda Socialista); Cruz Gabino (Consejo de Pueblos Originarios LLankaj Maki, CTA Autónoma), Gerónimo, Héctor Luis; Puca Walter Armando (Corriente Clasista y Combativa / Comunidad Wajcha Wawa); Mamani Mayuk Nasib; Santiago Zamora (CCC – PTP); Liborio Dan Leonel (de Padres Solidarios); y el Dr. Alberto Nallar (abogado FESPROSA, CTA Autónoma) a quien le dictaron 20 días de prisión domiciliaria.
Por otro lado, los detenidos que se encuentran bajo prisión preventiva por 30 días en la ciudad de Humahuaca, son: Franco Zamboni (trabajador municipal / SEOM); Ronaldo Tapia (estudiante del IES, CEDEMS); Renzo Laguna (trabajador municipal – ATE, CTA Autónoma).
Finalmente, se dio a conocer que este próximo jueves 20 de Julio, al cumplirse 47 años de la serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, conocida como “La noche del Apagón“, organizaciones sociales y políticas movilizaran junto al pueblo jujeño. Ese día muchos de los secuestros fueron realizados con vehículos del ingenio Ledesma que tuvieron lugar en los días sucesivos al 20 de julio de 1976, en el marco de cortes del suministro eléctrico que facilitaron la maniobra y accionar militar. Fueron secuestradas más de 400 personas, 33 aún continúan desaparecidas.
