Edesur: el Gobierno anunció un plan de inversión por $7000 millones

Edesur: el Gobierno anunció un plan de inversión por $7000 millones

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Así lo dio a conocer el Ministro de Economía, que además declaró que se realizarán 278 obras en 12 partidos del conurbano y en CABA. Los trabajos en la red se llevarán a cabo durante los próximos 180 días y serán beneficiados alrededor de 600 mil usuarios.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer un plan de obras de energía eléctrica por unos $7000 millones que la distribuidora eléctrica Edesur tendrá que realizar en 12 partidos del conurbano bonaerense. El objetivo principal será resolver los cortes de suministros en amplios sectores de la población de la zona sur del área metropolitana ante los picos de demanda durante el invierno y el verano.

El plan de infraestructura consiste en 278 obras en los municipios de Florencio Varela, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Quilmes, Cañuelas, Avellaneda, Lomas de Zamora, Berazategui, Lanús y Almirante Brown. Además, los trabajos en la red se llevarán a cabo durante los próximos 180 días, beneficiarán a unos 600 mil usuarios, es decir un total estimado de 2.4 millones de personas, y serán financiados con parte de los ingresos por facturación que recibe Edesur, explicó Massa al encabezar la firma de un acta de compromiso esta tarde en el CCK.

Acompañaron al jefe de la cartera de Economía: la secretaría de Energía, Flavia Royón; el Interventor de Edesur, Jorge Ferraresi; su par del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello. Al principio del acto, Massa detalló que lo que se pretende “es completar el plan invierno y llevar adelante las obras del plan verano dentro de 180 días”, y agregó que “para la empresa, es un hecho desgraciado en el que le tocó pagar multas por incumplir el contrato, pero para el Estado es la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones”.

En este sentido, el ministro de Economía sostuvo que esta labor “tendrá un criterio social y no comercial”, y precisó que el financiamiento de las obras anunciadas se realizará mediante el porcentaje determinado en la resolución de incremento tarifario para el 2023, por lo que la distribuidora “deberá destinar el 37% de su facturación al plan que se desarrollará en los próximos 180 días”.

Además, anunció que en 30 días el Gobierno Nacional dará a conocer el Plan Quinquenal que priorizará las obras a realizar en los próximos cinco años en la ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano. De esta manera, luego de nueve años se reactivan las obras en estaciones transformadoras, subestaciones y de tendido eléctrico.

Cabe destacar que el ENRE le aplicó la semana pasada una sanción económica a Edesur por un valor de $132.665 millones, que irán directamente como resarcimiento a los usuarios por los cortes de luz ocurridos en este último tiempo. Asimismo, desde el ente regulador dejaron en claro que se trata del primero de un conjunto de resarcimientos que la empresa de distribución eléctrica tendrá que abonar a los clientes por lo acontecido durante los meses de verano.

Por su parte, Royón recordó que en marzo pasado hubo picos de demanda de energía eléctrica y destacó: “El sector de generación respondió como debía y no hubo inconvenientes en la generación”. En sentido, la secretaria reconoció “el trabajo que realizó la compañía mayorista Cammesa, ya que pudimos afrontar este tipo de demanda en Argentina sin inconvenientes, con picos de temperaturas inusuales”.

Luego, en dialogó con Telam, Royón afirmó que el Plan de Inversión anunciado para Edesur “busca una solución definitiva a los problemas de servicio” mediante la realización de “obras a mediano y largo plazo”, y detalló que habrá “una auditoría de control” compuesta por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) e intendentes que garantizaran el cumplimiento de los compromisos. De esta manera concluyó que en el equipo de la Secretaría de Energía son “conscientes de que estas obras tenían pendientes muchísimo tiempo”, y reafirmó que se busca “una solución de fondo”.

Por su parte, Ferraresi remarcó que “los intendentes venían sufriendo este problema hace 10 años” y remarcó que se trabajó para poner “en valor todo lo que había que hacer en el territorio, recorriendo todos los municipios”. Además, el interventor de Edesur destacó la participación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como fiscalizador de las obras e hizo hincapié en el seguimiento que harán los intendentes del plan de infraestructura.

En el marco del acto, Massa también confirmó que se comenzará a desarrollar la nueva Subestación Eléctrica MITRE de 220/132 kV y vinculaciones, que una vez finalizada la obra, la zona sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) incorporará 1055 MVA. La obra en CABA que contará con una inversión de USD 145 millones y finalizará en un plazo de 42 meses, incorporará una potencia de 1.055 MVA.

Además, generará un ahorro anual estimado de US $5,5 millones. La inversión beneficiará a 3.8 millones de vecinxs de CABA mediante la mejora en la calidad de servicio en los picos de demanda del invierno y el verano. Cabe destacar que los distritos más afectados por los cortes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron: Almagro, Balvanera, Boedo, Caballito, Flores, La Boca, Monte Castro, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Recoleta; San Cristóbal, Versalles y Villa Crespo.

Asimismo, las localidades bonaerenses más perjudicadas por los cortes eléctricos de marzo pasado fueron Avellaneda, Gerli, Lanús, Lomas de Zamora, Monte Chingolo, Monte Grande, Remedios de Escalada, Sarandí, Temperley y Wilde. 

Estuvieron presentes en el acto los intendentes Blanca Cantero (Pte. Perón); Juan José Mussi (Berazategui); Marina Lesci (Lomas de Zamora); Andrés Watson (Florencio Varela); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Juan José Fabiani (Almirante Brown); Mayra Mendoza (Quilmes); Alejandro Granados (Ezeiza); Marisa Fassi (Cañuelas); Diego Kravetz (Lanús); Fernando Gray (Esteban Echeverria); y el ministro de Desarrollo Económico de CABA, José Luis Giusti. Cabe señalar que el único cabecilla de los distritos que faltó fue Horacio Rodríguez Larreta (CABA).

Denuncia penal contra el Gobierno porteño por el usufructo de datos biométricos

Denuncia penal contra el Gobierno porteño por el usufructo de datos biométricos

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas realizo la denuncia por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presunta utilización de este tipo de datos sin una “justificación racional”. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno porteño, que conduce Juntos por el Cambio (JxC), por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”. Además, desde el sector que conduce Horacio Rodríguez Larreta se solicitaron los datos de distintos dirigentes y figuras opositoras.

La investigación la realizó el fiscal Sergio Rodríguez, que resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal. En este sentido, el artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

En los procedimientos previos, el fiscal remitió que tomó conocimiento mediante notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, que renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.

En el marco del convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper proporcionaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”. Sin embargo, en el mismo acuerdo se ordenó que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.

Con respecto a la violación de secretos, en otro pasaje del documento, al que accedió el medio Télam, Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.

En este sentido, se advirtió que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificarlos de ilegales”.

Cabe destacar que el reconocimiento facial se incorporó en CABA en 2019, dicho Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). En este sentido, el fiscal advirtió que “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”.

Asimismo, mediante la investigación de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”. Además, el fiscal detalló que “tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.

Para el fiscal lo interesante es que hasta 2020 el Conarc tenía 40 mil registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.

De esta manera, Rodriguez inició “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales; y efectuar la denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Cabe señalar que la causa ya fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que investigue los hechos.

Por otra parte, entre las personas espiadas y por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran: el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

Además, el informe detalla que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 dictámenes). Además, se constató que hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; entre otros.

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