Por Miranda Cerdá Campano*
Las modificaciones a la Ley 7722 (Ley de Prohibición de Sustancias Químicas), sancionada por el Poder Legislativo de Mendoza en junio de 2007, volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre el fracking y la megaminería en un país que, en más de una ocasión, ha visto a su pueblo levantar la voz en favor del agua, la vida, la justicia ambiental y social.
¿Por qué el pueblo se organiza y realiza un reclamo generalizado de rechazo en torno a la minería metalífera a gran escala? En los argumentos que repiten funcionarios y las compañías mineras, la respuesta podría ser que las grandes transnacionales no logran transmitir correctamente las “oportunidades” y “ventajas” del modelo extractivista o que la población no se encuentra adecuadamente informada sobre el impacto que en términos de “desarrollo” tendría la megaminería.
Sin embargo, los motivos de oposición social a los grandes emprendimientos mineros, hay que buscarlos en las consecuencias sociales y ambientales que traen aparejadas. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el turismo. En este sentido y dada la envergadura de los emprendimientos, estos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes.
En otras palabras, se profundiza una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y se producen nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Según la socióloga argentina, Maristella Svampa, entre los elementos comunes de esta dinámica “podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva”[1].
¿Decir minería es decir desarrollo y trabajo?
Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar la megaminería con la creación de puestos de trabajo. Lo que suele ocultarse es que los grandes proyectos mineros generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo cual crea la ilusión de trabajo permanente. Sin embargo, la minería a gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas, es decir, que utiliza más capital que otros factores de producción (en relación con otras actividades productivas).
Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se genera, y menor es la participación del salario de les trabajadores en el valor agregado total que elles produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital. Según una revista semanal sobre minería, cada US$ 1,2 millones invertido en los grandes emprendimientos mineros, se crea apenas un empleo directo[2].
El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Cuando arrancó, en 1997, Minera Alumbrera auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción sólo se crearon 4 mil según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y de acuerdo con la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1800 empleados, de los cuales 800 se encuentran en planta permanente.
Asimismo, la historia mostró que la mina no mejoró los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario. La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación: los índices industriales y de la construcción cayeron, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo altísimos (cinco puntos más que la media nacional según el último informe del INDEC), y la tasa de desocupación aumentó visiblemente.
Mendoza y Chubut discuten la lógica extractivista empresarial
La instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por los pueblos como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. Los daños sociales y ambientales no pueden justificarse con la creación de algunos empleos, ni tampoco con el crecimiento económico cuando la mayor parte de las ganancias de la actividad minera son giradas al exterior.
Así lo entendieron en 2003 los vecinos autoconvocados de Esquel, que se plantaron ante la instalación de la minera canadiense Meridian Gold. La empresa había comenzado a explotar un yacimiento de oro a seis kilómetros del centro de la ciudad y los vecinos organizaron un plebiscito en el que el 82% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica. Ningún emprendimiento minero pudo instalarse en Chubut desde entonces.
Se trató de un caso emblemático que puso en agenda las implicancias que tiene para las comunidades locales el desarrollo de la industria minera y que promovió la sanción de la Ley 5001 (que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera).
Que la megaminería vuelva a ser tema de discusión en Chubut fue uno de los objetivos del ex presidente Mauricio Macri. En el verano de 2018, el ex ministro de Energía y Minería y ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, visitó la Provincia y brindó un discurso donde resaltó la necesidad de explotar el yacimiento de plata que quiere Pan American Silver. De la mano, va la extracción de uranio para exportación y abastecimiento de las centrales nucleares y la explotación del yacimiento de oro denominado Suyai.
Cuando Mariano Arcioni asumió la gobernación de Chubut, luego de la muerte de Mario Das Neves (uno de los principales obstáculos del gobierno nacional para la instalación de la megaminería), mandó a la legislatura un proyecto de ley para la modificación de los ministerios provinciales. Ahí se creo el de Minería e Hidrocarburos, a cargo de Martín Cerdá. El lunes, el ministro se reunió con Alberto Hensel, secretario de Minería de la Nación, y tras el encuentro insistió en “dar la discusión” sobre la reforma de la Ley 5001.
Este jueves, después de muchos años en los que se pensó que Chubut no tendría que volver a salir a las calles en rechazo a la megaminería, hubo movilizaciones masivas en distintos puntos de la provincia, y una vigilia en Rawson a la espera de la sesión extraordinaria del viernes en la Legislatura chubutense. Si bien la megaminería no se encontraba en el temario de la sesión, los chubutenses estaban alarmados de que el tema pudiese entrar por la puerta trasera y aprobarse de forma fugaz, como en Mendoza.
Como en Chubut, en Mendoza las grandes movilizaciones populares fueron las que lograron una legislación que protegiera el medio ambiente de la amenaza voraz de los grandes emprendimientos mineros. Y sin embargo, el viernes 20 de diciembre, en una sesión express se aprobaron modificaciones a la Ley 7722, que prohibía algunas sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Antes de que se vote, Alberto Fernández había dado su visto bueno en un almuerzo que mantuvo con la Asociación Empresaria Argentina[3] Dos días después, el bloque justicialista apoyaba a la UCR en la modificación de la Ley.
En los días posteriores, las movilizaciones del pueblo mendocino en rechazo a las reformulaciones de la Ley, fueron multitudinarias. En seguida, los principales referentes del partido justicialista de Mendoza mostraron su arrepentimiento por haber votado a favor de la modificación de la 7722 y repudiaron la represión desatada por el gobierno provincial contra las personas que se movilizaban en rechazo a un modelo extractivista que daña y nada tiene para ofrecerle al pueblo mendocino.
Fueron días de movilización incesante y el gobernador Rodolfo Suárez terminó por confirmar que no reglamentaría la ley, al mismo tiempo que informó que convocaría una mesa de diálogo para obtener “consenso social”. Aunque esta instancia parecía más una maniobra dilatoria que otra cosa. En este sentido, el Frente de Todos de Mendoza lanzó un comunicado luego de la conferencia de Suárez, en el que le pedían que derogue la norma y avance con el diálogo social “desde foja cero”. La presión de las movilizaciones populares y los reclamos de la oposición, terminaron obligando al gobernador a enviar a la Legislatura la derogación de la Ley Minera.
Habrá que ver qué sucede en la Argentina de Todes. El 10 de diciembre, ante la multitud que bancó el calor en la Plaza de Mayo, Alberto Fernández pidió que si se equivocaba, el pueblo habitara las calles para reclamárselo y así fue en estos días. Lo cierto es que estamos ante la emergencia de una nueva valoración del territorio asociada a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio. Con megaminería, no hay patria justa, ni libre, ni soberana.
*Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
Bibliografía:
[1] https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/6451/CONICET_Digital_Nro.6853_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[2] Cálculo sobre datos de Minera Alumbrera, Veladero, Potasio Río Colorado y otras. HERNÁNDEZ, S.: Sistemas Legales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería, en Panorama Minero.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=9-0ueapMgRk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hBNTvfeO8rYPmSE9fVqLH0ek0hbV4zVpOm7rcMIsch47gbstdozQDsKc
