Durante el contexto de la crisis económica, política y social del año 2001, la Casa fue “recuperada”, aunque legalmente se consideraba y se considera ocupada. Esta situación generó la apertura de la causa por ocupación, y una serie de intentos de desalojo por parte del estado de la provincia de Buenos Aires.
Desarrollo del Conflicto:
La abogada del Centro por los Derecho Humanos Hermanos Zaragoza, Carolina Vilchez, plantea que esta es una causa vieja con once años de trámite y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires es quien la inicia el primero de marzo del año 2005 caratulada como FISCO DE LA PROV. DE BS.AS. C/CENTRO HERMANOS ZARAGOZA S/ DESALOJO POR VIA SUMARISIMA y lleva por número 16676. La abogada afirma que “Ahí mismo –durante el inicio de la causa- rápidamente comienza a ponerse en marcha la acción de desalojo del lugar. En ese momento el juez era (Eduardo Esteban) Briasco (el Juzgado Civil y Comercial 8 es el mismo que maneja la causa desde aquel momento, pero ahora está Alfredo Aníbal Villata como Juez Subrogante en lugar de Briasco). Apenas iniciada la causa, Briasco ordena la acción y en el medio que se va a realizar el desalojo, interviene el abogado Claudio Ábalos (abogado de Derechos Humanos) contestando la demanda por casa Zaragoza. Entonces la casa contesta con una demanda con este abogado y se paraliza gracias a toda la presión, gracias al acompañamiento de todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y se evita el desalojo efectivo”. Queda expresa en ésta declaración que con la presión de la comunidad en apoyo al Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza y la presentación del abogado Ábalos la disputa judicial se diluye a los pocos meses. (C, Vilchez, comunicación personal, junio 2016).
En esta misma línea, el secretario del Centro, Adolfo Ruiz, también afirma que “en su momento el doctor Ábalos presentó un escrito con el cual paralizó el desalojo. Nosotros pensábamos que eso había quedado totalmente paralizado…” (A, Ruiz, comunicación personal, junio 2016).
El 22 de diciembre de 2005 la orden se paraliza y, el 30 de julio de 2010, es archivada hasta el 28 de febrero de 2016, donde la Fiscalía de la Provincia reabre el la causa para el desalojo con los mismos argumentos que había utilizado más de una década atrás. Es decir, en once años se presenta el mismo argumento inicial sin tener en cuenta lo que ocurrió para que la acción de desalojo no se llevara a cabo. Vilchez asevera que el escrito que solicita la reapertura de la causa carece de argumentos – como también la demanda inicial – y, además de no reconocer las sucesivas presentaciones por parte de la defensa en el inicio del litigio. Tampoco reconoce las “…charlas (…) relacionadas con Derechos Humanos, (…) de historia y dimos un taller sobre esclavitud, (…) trabajos con la memoria de los desaparecidos, era un registro histórico, que estaban unas cuantas fotos y se trabajó en coordinación con Madres de Plaza de Mayo, con otros países, me acuerdo de unos compañeros de España…”(A, Ruiz, comunicación personal, junio 2016).
Además de estas actividades, el Gobierno de la Provincia tampoco reconoce los documentos que presentaron organismos de Derechos Humanos que comprueban el rol social del lugar para la comunidad, como por ejemplo el informe presentado por Nora Ungaro, Doctora en Derechos Humanos, quien era directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata en el año 2005. La doctora Ungaro al ser consultada, plantea que ese informe en lo concreto era sobre las actividades que desarrollaban ya que ese espacio hacía mucho trabajo desde lo social y recuerda: “tal es así que en ese momento, precisamente el 2005-2006 yo tuve la entrada a un barrio que era muy carenciado donde falleció una nena y entre porque ellos trabajaban en ese barrio, o sea fui con ellos. Y de esa manera pude estar con la familia y todo lo demás, el centro de derechos humanos desarrollo siempre una actividad importante, tanto social como cultural”. Es extraño que habiendo un informe tan importante en la causa, e incluso siendo este uno de los factores que ayudó a paralizar el desalojo, no esté tomado en cuenta en esta nueva apertura que se hace y nueva acción de desalojo. (N, Ungaro, comunicación personal, junio 2016).
Tanto Maia Jait, sobrina de los homenajeados hermanos “Chilo” y “Neco” Zaragoza, como Lucía García, militante de H.I.J.O.S. La Plata, coinciden en que esta “desatención” de las actividades que se realizan desde hace quince años y el reflote injustificado del desalojo se deben exclusivamente a una intensión del Estado en realizar con el inmueble de calle 53 un negocio inmobiliario. Jait declara: “…también tiene que ver con cuestiones inmobiliarias o quién sabe qué más. Por lo que sé, La Plata tiene todo un negocio inmobiliario y supongo que ese lugar geográfico tiene gran valor.”. En tanto García expresa que “…claramente no les va a interesar sostener espacios como la casa Hermanos Zaragoza, deben estar mirando y evaluando como un negocio inmobiliario a futuro y no van a hacer nada para sostenerlo”.
La defensa jurídica del Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza plantea que “básicamente lo que ellos evalúan es que la casa pertenece al Estado y eso en los papeles es así digamos, inicialmente porque la casa es de una donación que hace un médico en el año 1927, y la donación se la da al Estado” y agrega: “este médico lo que hace es darla en donación con ‘cargo’, esto significa que se la da al estado, pero para que el estado realice alguna actividad referida a lactantes y/o políticas de niñez”. Además afirma que “el estado nunca cumplió con ese ‘cargo’ -porque de hecho esto surge en el mismo expediente- donde dice que, el Estado las pocas veces que le dio uso a la casa fue para hacer una secretaría de deportes y turismo que lejos estaba de tener el fin de cumplir con el ‘cargo’, y luego la dejó en abandono”. (C, Vilchez, comunicación personal, junio 2016).
En este punto es donde se detienen mucho más los representantes y referentes del Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, como por ejemplo lo hace el referente del centro Oscar Yomha al plantear que desde 1927 a la actualidad hay muchísimos años en que el estado no hizo absolutamente nada, ni para reconstruirla, ni para mejorarla, ni para conservarla. En ese trayecto el Zaragoza ingresa a la casa, y esto fue hace 15 años. (O. Yomha, comunicación personal, junio 2016)
Entonces, entre los principales argumentos de la defensa del centro, se encuentra el planteo de que el contrato entre el propietario original y la gobernación quedó nulo porque jamás fue empleado como un hogar infantil ni mucho menos. Argumentando que el espacio Zaragoza es el que le dio uso, el que se enfocó hacia la educación alternativa, la contención social, y la lucha por los Derechos Humanos.
ENTREVISTA A OSCAR YOHMA, UNO DE LOS FUNDADORES DEL CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOSA.
“Actualmente el “Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza” se encuentra en un proceso de recuperación, reconstrucción y re-inserción” Oscar Yohmha.
A partir de esta nueva reapertura de la causa en febrero, no hubo en ningún momento iniciativa del gobierno de la provincia para dialogar. Tampoco hubo un pedido de reunión por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -quien reclama el inmueble- para con la estructura organizacional del Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza.
Al ser interrogada la abogada Carolina Vilchez dijo: “No, no hubo comunicación y ningún intento, el único intento que está lejos del diálogo, es la orden del desalojo. No solo le dicen eso, le dicen ‘queremos que nos devuelvan la tenencia que teníamos, y que ordene el desalojo de los intrusos que están en la casa’, o sea que diálogo en esos términos no sería posible pero por fuera tampoco hay. Como desconociendo la existencia del Zaragoza y las actividades que ahí se realizan”. (C, Vilchez, comunicación personal, junio 2016).
El lunes 13 de junio de 2016, desde el Centro de Derechos Humanos se realizó una presentación judicial, debido a que cuando la fiscalía reabre la causa la casa Zaragoza no estaba notificada. Varios de los integrantes de la organización del Centro de Derechos Humanos aseguran que enteraron de casualidad. La defensa del Zaragoza sostiene: “es más, cuando fuimos a ver el expediente, vimos que el oficial notificador había intentado notificar varias veces. Y eso es lo que argumentan como un elemento que para ellos hace que le tengan que devolver la tenencia de la propiedad. Dicen que la casa estaba cerrada con candado cuando fueron a verla, por lo cual ellos señalan que la casa estaba en abandono”. Luego de estos hechos y presentar una apelación, ellos efectivamente entran a la casa en plena actividad y notifican el funcionamiento. A raíz de esta acción se pudo frenar -al menos por unos días- la orden de desalojo aunque se espera que el juez responda rápidamente para agilizar la acción de desalojo. Actualmente la situación es que el juez tiene que resolver si levanta la suspensión que había ordenado en un momento o decide proseguir con la acción de desalojar. Al respecto Vilchez plantea: “lo que nosotros estamos contestando es todo, lo accesorio y el fondo de la cuestión, lo que gráficamente argumentamos es que han pasado 15 años de posesión del Zaragoza de la casa, once de la causa y el Zaragoza es dueño del lugar” y agrega: “el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza es el único que ha cumplido el ‘cargo’ que el donante realizó en el año 1927, nunca lo hizo el estado, se cumplió en manos del Centro de Derechos Humanos y no del estado”.(C, Vilchez, comunicación personal, junio 2016).
La actuación del Estado
El estado en esta causa acarrea un doble discurso. Por un lado el planteo de la municipalidad de la Ciudad de La Plata que por medio de la Gestora en Centros Culturales de la Secretaría de Cultura, Natalia Landoni, se plantea poder mejorar la ordenanza municipal para la habilitación de centros culturales, donde se integra al Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Pero por el otro el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a partir del Juez Briasco –con su reemplazante Villata- reabren una causa sin argumentación seria y piden el desalojo del lugar.
La causa es elevada y la reabre el estado provincial, entonces no es el municipal. Pero no sería coherente dejarlo solo ahí, solo en este punto. Más allá de esto, no se puede desconocer que el estado es uno. Incluso no se puede pasar por alto que hasta el día de hoy no hay ninguna reacción del municipio por más que los miembros del Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, hayan pedido un informe de reconocimiento de las actividades del lugar. Muchas instituciones del propio estado han avalado las actividades del Zaragoza a través del plan fines por ejemplo. También inspectores de la municipalidad han colaborado en algunas actividades de Zaragoza. Por ello se puede decir que lejos están de desconocer el funcionamiento del espacio.
Se refuerza más la idea de una intencionalidad del estado en desconocer el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, más allá de las pruebas anteriores que existen. Como por ejemplo lo que asegura la ex directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Plata, Nora Ungaro, que presentó un informe y que este se encuentra archivado desde el 2005 -cuando se contesta la demanda para aquel desalojo- en el expediente está esa nota acreditando, avalando y certificando todas las actividades del Zaragoza como un centro de promoción de derechos humanos, eso está incorporado pero el juez nunca lo valoro. (N, Ungaro, comunicación personal, junio 2016).
Analizando el desarrollo anterior de la causa queda a la vista que la justicia tuvo un rol pasivo y ayudó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que el juez no resolvió absolutamente ningún punto de los que se pedía innovar. Inclusive desde la defensa se incorporó prueba y el juez no resolvió absolutamente nada. La justicia paralizó en el 2005 la causa más la orden de desalojo y la reabrió en febrero de este año como si lo anterior no hubiese existido.
Teniendo en cuenta lo más grave en incoherencias, que el expediente es el mismo y se vuelve a intentar que se realice el desalojo. Un desalojo que la defensa del Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, está contestando por segunda vez a fojas anteriores ya que han pasado 11 años y nunca se respondieron las apelaciones viejas. (C, Vilchez, comunicación personal, junio 2016).
En sus 15 años de vida la casa Hermanos Zaragoza ha dado innumerables demostraciones de lo que es capaz la organización popular y horizontal destinada a las luchas por los eternos oprimidos, retomando las banderas y nombres de aquellos que dignificaron con compromiso estas tierras. Llegando donde el Estado, por incapacidad u omisión, no llega, para contribuir a esta comunidad valores esenciales como son la memoria, la verdad, la justicia, la autogestión, la solidaridad, la alegría, la educación y el hecho de generar un espacio de encuentro, de comunión, donde con otros y entre otros se generan prácticas y conocimientos diferentes. Vastas actividades desde aquel 9 de junio de 2001 en que “el Zaragoza” abrió sus puertas dan sobradas evidencias a una justicia que, por anacrónica e incapaz de comprender, no ve lo que todos en este tiempo sí ven.
Fotos de la documentación con el pedido de desalojo:
El edificio de calle 53 fue donado al Estado provincial hace casi un siglo con fines sociales, pero esta condición sólo fue cumplida cuando un grupo de militantes nombraron al inmueble “Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza” y pusieron a funcionar allí las más diversas actividades educacionales, políticas, artísticas, culturales y, lógicamente, de derechos humanos. Por enumerar sólo algunas podemos nombrar al Bachillerato Popular con Orientación en Ciencias Sociales, título oficial avalado por el Plan Fines; la Escuela de Circo; la Feria del Libro Independiente y Autogestiva de La Plata (FLIA LP); la Murga uruguaya “La Verdulera”; el Taller de danzas peruanas “Perú Tusuy”; el Taller de Folklore “Nuevo Tiempo”; el Taller de Periodismo; el Taller de Tango; el Taller de Teatro del Hospital Alejandro Korn “Desheredados de la Razón”; las Peñas Folclóricas; funcionan también la Agrupación Agustín Tosco, la Agrupación Descentralizarte, la Agrupación Falcone, el Colectivo “Justicia Ya”, el Foro de Centros Culturales de La Plata, el Grupo Huerta Grande, la Juventud Unida que Lucha, la Mesa de Escrache Popular, el Movimiento Zeitgeist, la Multisectorial contra el Golpe de Estado y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada; son algunas de las actividades que se han desarrollado o se desarrollan en el Centro y que la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires no tiene en cuenta y emite una orden de desalojo contra el único movimiento político que cumplió con el pedido del donante de la casa.
