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Los datos fueron registrados por el Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento.

Según el informe del Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), en los últimos dos años, entre junio de 2021 y junio de 2023, se atendieron 24.119 personas (más de mil por mes) y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento. La secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Josefina Kelly Neila, recalcó en diálogo con Télam que “impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo”.

Asimismo, las provincias que presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género en base al total de su población fueron Santiago del Estero, con la mayor cantidad de personas asistidas por el Programa Acercar Derechos (PAD), con un total de 2.827 (un 11,7% del total), seguida por Mendoza con 2.486; Misiones con 2.209; y la provincia de Buenos Aires con 2.075 personas. Sin embargo, las que registraron el porcentaje más bajo fueron Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde se asistieron a 1.312 personas, lo que equivale al 0,04% de su población.

En ese aspecto, Kelly explicó que las diferencias en la cantidad de asistencias por provincia “viene dada por la institucionalidad de género, por el vínculo con los municipios y con la provincia”, y explicó: “Argentina es muy diversa y eso hace que cada provincia tenga su forma de trabajar. En Santiago del Estero se trabajó en poder relevar fuertemente los municipios del interior de la provincia. La realidad territorial de género en cada una de las provincias y municipios hace a la variación de números”.

Los datos del SICVG están disponibles para consultarse de manera abierta en un tablero interactivo que recoge las situaciones de violencia por motivos de género atendidas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD). El tablero cuenta con la información diferenciada por provincias y por fecha de personas asistidas, las características principales de las situaciones de violencia y de los agresores, como así también del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas.

En esta línea la secretaria compartió, que si bien una de las características del PAD es tener oficinas como espacios de referencia y consulta, su impronta es “recorrer haciendo operativos en espacios públicos y también con organizaciones”.

Con respecto a los datos, estos muestran que el 28,6% de las víctimas presentaron un “nivel de riesgo altísimo” al momento de la asistencia, y el 96,6% fueron mujeres de entre 18 y 59 años. En este sentido, el 23,7% de las personas agresoras tenían antecedentes de violación de medidas de restricción, mientras el 14,2% contaba con acceso a armas de fuego. En paralelo, las características de los agresores, el 95,1% fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.

Además, el informe señala que la violencia doméstica fue el registro más frecuente (94,8%), frente a la institucional (2,2%) y la laboral (1,7%). Mientras que la conducta violenta más repetida fue la violencia psicológica (88,9%), seguida de la física (82,2%), económica y patrimonial (62,3%), simbólica (37,2%), ambiental (32,2%)-que es cuando la agresión se dirige a elementos del ambiente como golpear una mesa o una pared y no directamente a las personas- y sexual (23,4%).

En este sentido, Neila recalcó: “A partir de la línea de fortalecimiento de acceso a la justicia del PAD tenemos al cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencias por motivos de género. Lo que nos sorprende es que la mayor demanda que ingresa es por alimentos”.

Pese a ello, advirtió que, según un relevamiento sobre acceso a la justicia en los abordajes del PAD, en el 76% de los casos que acompañan “las sentencias de cumplimiento de cuota alimentaria no se respetan”. Además, en los casos de violencia física, “el tiempo promedio para que se otorguen las medidas de protección es de más de 24 horas en el 66% de los casos, cuando debería ser inmediata”, destacó.

El informe tambien resalta que 8,8% del total de víctimas (2.122 personas) nacieron en otro país, mientras 554 eran indígenas, 337 tenían discapacidad, 313 eran refugiadas, 192 se encontraban en conflicto con la ley penal, 144 estaban en situación de trata y 72 eran afrodescendientes, mientras el 1,2% era lesbiana, 1,1% gay y 0,9% bisexual.

En relación a su situación económica, lo que está relacionado con la posibilidad de salir o no de una situación de violencia, solo un 41% residía en una vivienda prestada o cedida, mientras el 38% declaró actividad remunerada, y el 8,4% en una alquilada con de la persona agresora. “La violencia de género es una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto, independientemente de su situación económica”, detalló Kelly.

Para dar respuesta a la vulnerabilidad económica de las personas afectadas, se ofrece el Programa Acompañar, que brinda un apoyo económico por seis meses a quienes estén en situación de violencia de género, y el Fomentar Empleo, que busca facilitar la inserción laboral. En este sentido, Kelly sostuvo que “es una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto, independientemente de su situación económica”, por eso es necesario “trabajar la prevención de las violencias en todos los ámbitos”.

Del total de personas asistidas, el 30,6% recibió medidas de protección, como prohibición de acercamiento (49,4%), exclusión del agresor de la residencia común (21,6%), botón antipánico (15,7%), medidas de seguridad en el domicilio (7,6%), restitución de bienes y efectos personales (3,5%) y secuestro de armas en poder del agresor (2,5%). A su vez, fueron asistidas con intervención judicial (55,5%), seguida de la policial (50,1%), la estatal un (45,6%), centros de salud (27,4%) y dispositivos territoriales de protección (4,7%).

Finalmente se dio a conocer que, desde que las abogadas del PAD acompañan los procesos, en el 100% de los casos hay una mayor comprensión en las distintas etapas del proceso judicial, que muchas veces es muy complejo. Pese a que debería realizarlo el Poder Judicial, pero en la mayoría de los casos no sucede.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género:

Por llamada gratuita las 24 hs: Línea 144

Por WhatsApp: 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar