La Corte Electoral, hasta el momento, validó 416.362 firmas contra la LUC. El porcentaje de rechazo no alcanza el 10%. La recolección de firmas arañó las 800.000 y para activar el referéndum se precisan 650.000. Entonces estamos en condiciones de afirmar que el año próximo habrá referéndum.
La cantidad de firmas recolectada, y que seguían llegando desde el exterior y distintos puntos del país posfecha final, dejaba un margen más que considerable para aventurar que el referéndum ya estaba encaminado. Pero siempre la confirmación oficial despeja cualquier duda, y la tendencia no permite otra conclusión.
Además de los números, también están los hechos. El oficialismo ya empezó a hacer campaña en defensa de la LUC. Desde el propio presidente que lo ha hecho en cuánta entrevista ha podido como en la última que le hicieran en el American Forum Business en Punta del Este. Legisladores, ministros y toda la plana dirigencial de los partidos gobernantes están en campaña.
Incluso la propia Ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa, del Partido Nacional, calificó a la campaña contra la LUC de “mentirosa”. Por su investidura está vetada por constitución de manifestarse políticamente con carácter electoral. Piñeyrúa señaló que quienes impulsan la anulación de 135 artículos de la LUC son canallas que tratan de engañar a la ciudadanía.
Los primeros en recorrer el país fueron los senadores y líderes del partido de ultraderechas Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech. Ni lerdos ni perezosos y con poca difusión en las redes, empezaron una recorrida por varios departamentos del interior de Uruguay. Tarea que es pro LUC pero también muy redituable en cuanto al deseo de esta fuerza política de posicionar a su líder, el general Guido Manini Ríos, como presidenciable de cara a 2024.
Los escenarios posibles son dos: que gane o que pierda el oficialismo. La diferencia de votos también será otro factor importante, como por ejemplo sucedió en el plebiscito de 1992 que perdiera el entonces mandatario, Lacalle Herrera, padre del actual presidente, por 72 a 28 por ciento.
En caso de ganar, Lacalle Pou y su gobierno obtendrán un espaldarazo importante, que más allá de las razones del voto, el oficialismo lo va a traducir como un cheque en blanco para el ajuste y el saqueo. En caso de perder, el oficialismo se topará con un dique popular que pondrá en pausa las pretensiones totales de la oligarquía nacional encarnada en el gobierno en su proyecto de transferencia de recursos de abajo hacia arriba.
La cuestión es que la derecha en todas sus expresiones nunca descansa y las fuerzas populares, en caso de vencer y en medio del festejo, deben de mirar por el rabillo del ojo cuál será la próxima medida del gobierno para revertir su imagen. Pero según el semanario Búsqueda, más allá de los frentramplistas, 20% de los votantes del Partido Colorado, 10% del Partido Nacional y 7% de Cabildo Abierto votarán contra la LUC.
Una posible victoria del campo popular no es una victoria definitiva ni significa una caída del gobierno. No será un Rubicón ni mucho menos. La correlación de fuerzas cambiará y más bien será un paliativo de un programa de ajuste casi que inexorable. El referéndum será recién a dos años de la campaña electoral de 2024 y mucha agua pasará por esos ríos hasta entonces.
Ante este panorama, el oficialismo y sobre todo desde la Torre Ejecutiva, la oficina presidencial, se nutre de apoyos de cámaras empresariales, la Federación Rural y demás poderes fácticos.
Están apostando a llevar adelante la mayor cantidad de reformas posibles antes del referéndum. Por ejemplo, una reforma de la seguridad social, donde los borradores ya adelantan aumento de los aportes, de la edad jubilatoria y de reducción de lo que percibirán jubilados y pensionistas.
Rindiendo cuentas al capital
Esta semana se está votando en el Parlamento la rendición de cuentas del gobierno. La senadora oficialista Carmen Asiaín fue la encargada de presentar el informe ante el Senado, donde resaltó el accionar durante la pandemia, las medidas tomadas y el “exitoso proceso de vacunación». Declaró que «no hubo un ajuste fiscal» sino que hubo un «afloje fiscal» y un «cumplimiento de las metas fiscales por primera vez». «Hubo eficiencia y conducta, no ahorro”, dijo.
El senador Oscar Andrade, del centroizquierdista Frente Amplio, fue quien tomó la palabra de parte de la oposición y argumentó por qué su fuerza política votará en contra de la Rendición de Cuentas.
«Tenemos una diferencia en el punto de partida. Se ha intentado construir una narrativa para el debate no así cuando se presenta a Uruguay en el mundo. Una narrativa como que se desperdició los 15 años anteriores y está difícil», planteó. Andrade dijo que se está «enfrentando una política económica que profundiza la desigualdad económica» y criticó que «la política salarial del actual gobierno, es la de la rebaja»
Paralelamente Lacalle Pou insiste con la flexibilización del Mercado Común del Sur, el Mercosur. En un país donde el desarrollo industrial es apenas testimonial, que contiene una burguesía nacional casi en extinción, cooptada por capitales extranjeros; los agroexportadores, los latifundistas y el sector servicios son los puntos de apoyo en los que se sostiene el presidente y allí carga sus baterías.
En medio de la negociación por bajar el Arancel Externo Común, Lacalle Pou aprovecha para que avalen su Tratado de Libre Comercio con China. Los cancilleres de Argentina y Brasil, Santiago Cafiero y Carlos França respectivamente, anunciaron en Brasilia que llegaron a un acuerdo para ir en conjunto a buscar el apoyo de Paraguay y Uruguay y poder bajar un 10% el Arancel Externo Común.
Uruguay no está en contra de bajar el arancel, pero quiere algo a cambio. “Lo que hemos dicho más de una vez a todos los presidentes y cancilleres en reuniones bilaterales o del Mercosur es que al mismo tiempo de la baja del arancel debería presentarse la flexibilización del bloque. Tenemos claro que es de la mano, las dos cosas al mismo tiempo”, declaró el presidente Luis Lacalle Pou.
Subrepticiamente, en el llano, los delitos y la violencia aumentan día a día y la cobertura mediática de la crónica roja no tiene el mismo tenor que en 15 años de gobiernos frenteamplistas. ¿La lógica sería punitivismo sobre punitivismo? No, tampoco. Lo denunciable es que ante los mismos hechos, o incluso peores en ciertos casos, corren valoraciones y magnitudes distintas de difusión en los medios.
En las rondas de Consejos de Salarios donde no hubo acuerdo en un 85% de las mesas, el Poder Ejecutivo votó siempre las propuestas de los empresarios para la política salarial.
Mientras las exportaciones en algunos rubros han sido récord a pesar de la pandemia y las commodities vuelven a topes más que interesantes para los exportadores; en el otro Uruguay crece el desempleo en el interior y la pobreza infantil se agiganta. La tasa de natalidad se reduce cada vez más y los suicidios aumentan.
Otra semana más, donde las ollas populares, sostenidas por vecinos y vecinas anónimas y solidarias, salen a las calles a protestar por un Estado ausente. Es que no está ausente, está gobernando para otros: los dueños del Uruguay.
