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Trinchera habló con el ‘transformador social obligado por la persecución estatal a ingresar a las FARC-EP’, según reza su bio en tw, y actual integrante del Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Granda, sobre la alarmante situación en una Colombia cuyo presidente, Iván Duque, es a todas luces un títere de Álvaro Uribe Vélez. El ex-alias Ricardo Téllez, negociador de la Paz, analiza en esta primera entrega (1/2) la no implementación de los puntos del Acuerdo por la Paz firmados hace casi tres años en La Habana, y explica lo sucedido con Jesús Santrich en estas últimas semanas.

¿Cuál es el balance que hacen de la implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó recientemente con Jesús Santrich?

El Acuerdo de La Habana es muy extenso. Tiene que ver con los 6 puntos que ya se aprobaron: la Reforma Agraria Integral, la Participación Política, el problema siempre presente de las Víctimas, el de sustitución de cultivos ilícitos y el de verificación para que todo esto se vaya refrendando. Y el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Eso siempre fue un pulso muy grande.

En Colombia la Reforma Agraria es un punto nodal de la situación del país, que dio origen a la guerra de guerrillas que hemos vivido. Ese problema no fue resuelto. Aquí los latifundistas y terratenientes tienen 40 millones de hectáreas de 114 de millones de hectáreas que tenemos en el país. El 87% de la tierra le pertenece al 4% de los propietarios. En el Acuerdo de La Habana estaba que se iba a repartir 3 millones de hectáreas de tierra para los campesinos sin tierra o muy poca. Íbamos a legalizar, formalizar, 7 millones de hectáreas de terreno para los campesinos que las tienen sin ninguna cuestión de escritura. Pero, además, con eso venía el resto de situaciones para mejorar la vida digna en el campo.

También contemplaba la cuestión de la salud, la educación, la vivienda, el agua potable, la telefonía, internet, centros de acopio, la sustentación de los precios, los distritos de riego, la atención técnica con la cuestión de los pesticidas, los abonos, las vías carreteables, los silos para preservar sus productos, seguro de cosecha, en fin, la regularización laboral en el campo, que no existe, y desde luego es necesario en la tierra colombiana. Eso no se ha podido implementar. En su lugar se dio una ley de reforma agraria pequeña, recortada, mezquina que, hasta este momento, no se les ha asignado una sola hectárea de terreno para trabajar a los guerrilleros que pasaron a ser campesinos comunes y corrientes. Por eso, también, en estos territorios donde están los antiguos guerrilleros, es más por autogestión que se pudo incrementar la cuestión de la implementación.

Con la Participación Política es igual. Nosotros habíamos propuesto 16 curules para que la gente más afectada por la violencia pudiera tener la representación en la Cámara de Representantes. Sobre todo las víctimas, esa Colombia profunda que jamás ha tenido voz en el parlamento colombiano. Y ahí se vieron los intentos del gobierno actual por tratar de ahogar esta representación tan importante que originaría indudablemente la democracia en Colombia. Está pendiente una reforma política y una electoral. Tampoco se ejecutaron. Lo único que se logró es el estatuto de la oposición. Para la Participación Política lo fundamental son las garantías de respeto a la vida, y eso no es posible en este momento en Colombia.

En el mismo sentido, las garantías jurídicas, económicas y sociales de los ex-combatientes no se cumplen hasta el día de hoy. En la noche de ayer fueron muertos, en situaciones todavía confusas, dos compañeros y hay dos accidentados por un incidente en uno de los retenes que pone el ejército.

Entonces, hasta este momento tenemos 134 muertos, asesinados, tanto de los antiguos ex-guerrilleros como familiares de ellos, que son 34 asesinados aparte; y milicianos del conjunto de los defensores de Derechos Humanos, de líderes y lideresas que están tratando de retornar a sus áreas después del desplazamiento, que van 150 desde que se firmó el Proceso de Paz en el 2016. Tenemos, además, 370 prisioneros, hombres y mujeres en las cárceles del régimen.

Incrementaron mucho los grupos paramilitares en las regiones donde se movían las antiguas FARC, con ellos volvieron las amenazas, el desplazamiento, los falsos positivos.

El New York Times sacó un artículo demostrando cómo había directrices del alto mando militar colombiano para que incrementaran las acciones punitivas y se presentaran resultados. Esos resultados dan pena porque son muy crudos, son como se decía en la época del fascismo: ‘a mí no me traiga cuento, tráigame orejas’. Esa es la forma con que el fascismo trata de llevar las cosas y con todos los puntos estamos en la misma cuestión.

Lo de Santrich fue una provocación muy grande, planteada desde la embajada norteamericana en Bogotá, auspiciado por el antiguo fiscal nacional, Néstor Humberto Martínez, que no renuncia por no estar de acuerdo con la liberación de Santrich, sino que renuncia porque es un hombre comprometido en toda la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Este hombre es un defensor de las trasnacionales y del grupo económico de Sarmiento Angulo, el grupo petrolero más grande del país.

Está pendiente la ley que normatizara la cuestión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se presentó un choque de trenes entre la justicia punitiva, la justicia ordinaria y la restaurativa, que es la nueva que están haciendo en la JEP, donde la finalidad no es la cárcel, sino la sanción con medidas de mejoramiento dentro de las comunidades y de reparación de integrar a las víctimas del conflicto.

Así está la situación. Pero en este panorama que yo te pinto no es todo catastrófico, porque no llegó el tsunami que barrió con el Proceso de Paz en Colombia, todavía es un campo en disputa. Los amigos de la Paz crecen cada vez más, está el movimiento Defendamos la Paz, están los antiguos negociadores en La Habana, una bancada de parlamentarios de todas las corrientes de opinión, están periodistas, las iglesias, los sindicatos, la juventud, las mujeres, la negritud, representantes de los barrios, del campesinado, es decir, estamos en la Paz y somos optimistas de que podemos frenar a la extrema derecha y poder comenzar la construcción de la paz estable y duradera en el país.

El gobierno, por lo menos, en algunas situaciones, en cuanto es el encargado de prestar ciertas medidas de seguridad a antiguos compañeros, más o menos funcionó. Hubo también algunos adelantos en mejora de la cuestión de vivienda con algunas inversiones, pocas, que favorecen únicamente, por ahora, a menos del 4% de los compañeros que están en reincorporación. Al grueso de los antiguos guerrilleros estos beneficios no llegaron. A lo que se le suma la incertidumbre, porque para el mes de septiembre se terminarían los espacios, se acabaría con la renta básica, que es menos de un salario mínimo con lo que están viviendo actualmente los ex-guerrilleros y guerrilleras.

¿Cómo están viviendo los ex-combatienteos que se encuentran en los antiguos espacios veredales, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación? El caso de Dilmar Torres se da en un contexto de montajes judiciales cada vez mayores, de recrudecimiento de los falsos positivos. ¿Hay, también, posibilidades de que se repita con alguno de los exguerrilleros o, incluso, de los negociadores de La Habana?

Cierto es que ellos han intentado sembrar el terror, nuevamente, como en la época nefasta –que todavía no pasa pero sí ha ido disipándose– de las presidencias del señor Álvaro Uribe Vélez. Ahí actuaban con plena y total impunidad. En este momento, la situación es adversa. Anteriormente, lo de Dilmar Torres era una cuestión permanente. El asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento quedaban en la impunidad.

RESISTENCIAS
"en el país hay unas reservas democráticas enormes que pueden acorralar a estos sectores de la extrema derecha, frenarlos y hacerlos retroceder"

El New York Times saca, a partir de información que les hizo llegar a sus oficinas otros altos mandos militares, lo que está ocurriendo al interior de la Fuerza Armada. Eso es un cambio que parece menor pero tiene una trascendencia enorme, porque ya hay militares de honor que no comparten la vuelta a esa época bárbara y mucho menos se van a prestar para un genocidio político, como el ocurrido en la década del 80 contra la Unión Patriótica donde fueron muertos más de 5 mil integrantes del partido.

Por eso, nosotros decimos que en el país hay unas reservas democráticas enormes que pueden acorralar a estos sectores de la extrema derecha, frenarlos y hacerlos retroceder. Cada vez queda más en evidencia que el presidente nominal, el señor Iván Duque, no controla las riendas del poder. Eso lo ejerce desde las sombras el señor Álvaro Uribe Vélez.

En el caso de Jesús Santrich quisieron imponer un fujimorazo, es decir, un golpe de Estado a partir de decretar el estado de conmoción interna, cerrar el parlamento colombiano, extraditar por vía administrativa al compañero Jesús Santrich, y citar a una Asamblea Nacional Constituyente de bolsillo. Eso se les abortó.

Las situaciones cambiaron y hay una corriente de opinión que se viene expresando. Primero en las elecciones pasadas con los 8 millones de votos por el señor Petro, y luego en el referendo donde 12 millones de colombianos se expresaron por la cuestión anti-corrupción. Ese fenómeno no hubiese sido posible sin el Acuerdo de La Habana. Otra cuestión es que, si se sale de Bogotá o de las grandes ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla y se va al campo, la gente no quiere que vuelva la violencia a sus territorios.

Los detentadores del poder pensaban que podían ganar la guerra y quedar en la impunidad, y ahora se comienza a saber cómo realizaron sus crímenes, quiénes ordenaban. Hay cada vez más militares que se presentan a la JEP a contar la verdad, y entonces ellos, los detentadores del poder que cometieron crímenes en un Estado terrorista, como el que ha habido en Colombia, se asustan y comienzan a tratar de tapar sus felonías.