La política de saqueo, escudada bajo el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, busca fomentar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio. Pese al respaldo del CEO de YPF, Horacio Marín, más de 50 organizaciones ambientales y diferentes políticos denunciaron la inconstitucionalidad de la norma. También el proyecto de ley GNL aparece como una variante ¿De qué se trata?
La aprobación del RIGI dentro del proyecto de Ley Bases, que se debate en el Senado, significaría una reversión del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1.993 (Ley N° 24.196). Según su escritura, busca incentivar inversiones a cambio de beneficios fiscales y garantías para las grandes empresas, pero la iniciativa tiene un objetivo específico: dar vía libre a los capitales extranjeros para entrar al país, explotar los recursos naturales y llevarse las ganancias, con beneficios fiscales y sin la obligación de generar trabajo local.
Asimismo, en la megaley libertaria, se especifica que el Régimen está destinado a la industria agropecuaria, forestal, minera, de gas y de petróleo, además de infraestructura, energía y tecnología. Entre sus beneficios más importantes están la reducción del impuesto a las ganancias en un 10%, retenciones cero a las exportaciones de las empresas inversoras, sin impuesto por la libre importación de maquinarias nuevas y usadas, y bienes de capital, no estarían obligadas ni a contratar proveedores locales ni mano de obra local, ningún requisito de compre nacional, sin requisitos para liquidación de divisas en el tercer año de la inversión.
Tales beneficios lo transforman en uno de los puntos más peligrosos de todo el paquete de leyes de la Ley Bases, ya que modificara mínimamente por 30 años el ADN de la Argentina, dejando a la soberanía de la Nación comprometida al especificar que cualquier norma y ley local o nacional es completamente nula.
Cabe destacar que hay dos artículos especialmente problemáticos: en el caso del artículo 163, que incluso el secretario de Energía admitió en el Senado que la redacción era “poco feliz”, el RIGI permite que el Gobierno nacional pueda imponer y llevar a la Justicia cualquier normativa contraria al régimen. Las provincias tienen normas específicas de control que no podrán ser aplicadas.
El segundo artículo problemático es el 219, ya que ante controversias entre el Estado nacional y el inversor, Argentina cede soberanía jurídica y accede a que la controversia se dirima en un tribunal internacional y no en los tribunales argentinos, lo que significaría renunciar a la soberanía jurídica en pos de una instancia internacional como el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Por otra parte, las empresas no estarían obligadas a dejar las ganancias en Argentina, ni a comprar o vender en el mercado local. Además, una vez sancionada, ningún gobierno o legislación podrá derogarla, tal régimen está claro que beneficia a las empresas multinacionales.
Pese al riesgo que representa el Régimen a la Soberanía, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, defendió el RIGI y enfatizó que “tiene que aprobarse” en el Senado para que pueda avanzar el megaproyecto para construir una planta de Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglas en inglés). El integrante del Grupo Techint también advirtió que “sin RIGI no vamos a exportar 30 mil millones de dólares por año entre toda la industria” y aclaró que YPF podría alcanzar el 40% de esas exportaciones.
El posicionamiento de Marin no es casual, ya que va en línea con la idea del Gobierno nacional de dejar todo en mano de los extranjeros, incluso sostuvo, desde la ciudad de Nueva York donde le contó el Plan 4×4 de YPF a más de 100 inversores: “Hay que avanzar con este proyecto porque va a ser muy difícil conseguir capital”. Y agregó: “Necesitamos que vengan capitales”.
Frente a los dichos del CEO de YPF, el senador nacional Oscar Parrilli, señaló: “Lo que hacen con el RIGI es regalar Vaca Muerta. Es una privatización encubierta de YPF ¿Qué tiene que decir Nación sobre las concesiones provinciales?”. En tanto, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, sostuvo: “El RIGI es un esquema de coloniaje: da incentivos fiscales, beneficios cambiarios y no tiene en cuenta generar valor agregado nacional. Combinados, implican un enorme beneficio para los sectores extractivistas a costa del laburo y desarrollo argentino”.
El RIGI una herramienta de destrucción ambiental
Otra de las aristas que se desprende del Régimen es que aumentarían los proyectos extractivistas en la Argentina. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, Asamblea Pucará, el Instituto de Salud Socioambiental, Fundación Cauce, Greenpeace, Fundeps, Capibara y Consciente Colectivo, entre otros, redactaron una carta que sostiene el peligro que representa tal medida.
“El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva”, detalla la carta presentada por las organizaciones ambientales.
Al respecto, el diputado nacional por Salta de Unión por la Patria (UxP) y exministro de Economía provincial, Emiliano Estrada, mencionó: “Para qué queremos una inversión en litio si al tercer año no están obligados a liquidar y no pagan retenciones. No va a dejar dólares en el país y va en contra de toda la cadena de valor porque no habrá aranceles de importación”.
“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un país sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, declaró el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA), Enrique Viale.
Además, el RIGI va en detrimento de la sanción futura de nuevas leyes ambientales. Por ejemplo, si Río Negro en un futuro decide dar marcha atrás con la ley que ahora habilita la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías (que era un área protegida hasta que se modificó la ley provincial), el Gobierno nacional puede decir que esa marcha atrás va contra el RIGI y puede llevar a la provincia rionegrina frente a la Justicia.
Proyecto de ley del Régimen de Gas Natural Licuado (GNL): una alternativa que se asoma en el horizonte
Gran parte del peronismo en el Senado rechazará el RIGI y no buscarán hacerle modificaciones. Si bien se le podrían incluir modificaciones, como agregado de valor, desarrollo de proveedores, exigencias de I+D, o menores beneficios tributarios y cambiarios. Lo cierto es que eso hará que el proyecto vuelva a Diputados y al ser la Cámara Baja la originaria del proyecto, podrían decidir mantenerlo tal cual está, eso decantaría, para el campo nacional y popular, “la vuelta a un colonialismo del siglo XXI”, según definió la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Bien se sabe que el rechazo no pasa por promocionar inversiones, sino porque el régimen no tiene ningún artículo de agregado de valor nacional. De esta manera, propondrán reflotar el proyecto de ley el régimen de promoción del GNL, para seguir adelante con el mega acuerdo de YPF y Petronas, la petrolera estatal de Malasia y darle el puntapié inicial a la industria del gas natural licuado en Argentina, allí, las inversiones podrían llegar a los U$S 30 mil millones.
En consonancia, el senador de UxP, Mariano Recalde aseveró: “Estamos más para un rechazo del RIGI que para un régimen de incentivo distinto”. En declaraciones a Futurock, agregó: “Nosotros proponemos volver a tratar la ley con beneficios para el GNL, que ya tuvo media sanción”.
Cabe recordar que en el lapso del gobierno del Frente de Todos (FdT) hubo propuestas de regímenes con beneficios sectoriales tales como: la ley de hidrocarburos, que llegó al Congreso y nunca se trató; la ley de litio apenas llegó a ser un borrador; y finalmente la ley de promoción del GNL, que en octubre del 2023 obtuvo media sanción de Diputados, le falta media sanción del Senado y mantiene estado parlamentario.
Esta iniciativa que busca ser reflotada, tiene como objetivo la licuefacción de gas natural con destino a la exportación a fin de aprovechar el recurso de Vaca Muerta e incrementar las inversiones. Además, tiene como meta incrementar la producción de GNL a gran escala, promoviendo la competitividad de su oferta y alentando su expansión, incentivando al desarrollo de toda la cadena de valor del GNL, así como la industria de bienes de capital asociada a ella, con el fin de fomentar el establecimiento de polos productivos y la generación de empleo nacional.
La ley GNL también tiene beneficios para grandes inversiones, pero sólo para este sector, y desde un mínimo de U$S 1000 millones, no U$S 200 millones como el RIGI. Además, sus retenciones no son de cero, sino móviles, según el precio internacional del GNL. No tiene acceso total al dólar, sino hasta el 50% de las divisas. Y tiene un artículo específico de integración nacional.
Esta es sin dudas una de las salidas o alternativas para generar inversiones del exterior sin avasallar nuestra soberanía. Además, es un plan que podría copiarse o amoldarse (con ciertas modificaciones), a las diferentes industrias de la Nación siendo un motor clave para el crecimiento del país, teniendo también en cuenta la protección ambiental y no avasallando las facultades de los gobiernos provinciales y locales.
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Eduard Paz
Proveniente del sur, me instalé en la ciudad de las diagonales. Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano. Siempre me vas a tener al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.
