Cierre de la AFIP: el gremio del sector criticó la decisión y hará medidas de fuerza contra Milei

Cierre de la AFIP: el gremio del sector criticó la decisión y hará medidas de fuerza contra Milei

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos y blanqueó que “se van a reducir 45% las autoridades superiores” por ser “casta política”. El titular de AEFIP, Pablo Flores señaló: “No hay margen para evitar un plan de lucha”, y alertó que los trabajadores en riesgo están en condiciones de realizar medidas de fuerza contra el Gobierno nacional.

En el marco del feroz recorte estatal que lleva adelante el Gobierno nacional, este comienzo de semana se anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la cual será reemplazada por otra estructura con la misma titular, Florencia Misrahi. También habrá un nuevo organigrama que dejará afuera a más de tres mil trabajadores, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la organización gremial del organismo en vías de extinción.

Tal medida se dio a conocer, en una conferencia de prensa en la que el vocero presidencial, Manuel Adorni (que no dio lugar a preguntas), se limitó a decir que “se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos”.

“Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los $6.400.000 al año”, alegó el vocero presidencial.

En consonancia, Adorni confirmó que en lugar de la AFIP se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con menos costos y burocracia, que estará a cargo de Florencia Misrahi, acompañada del regreso triunfal de la Dirección General Impositiva (DGI), encabezada por Andrés Vázquez, y de la Dirección General de Aduanas (DGA), con José Andrés Vélis de titular. Estos últimos estarán a cargo del proceso de reducción del nuevo organismo.

Esta medida tomada por el gobierno libertario no es algo casual o innovador, sino todo lo contrario, es el retorno al viejo esquema institucional de los años 90 y 2000. En aquel entonces Fernando de la Rúa decidió que la AFIP pase de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Economía (encabezado por Cavallo en aquel entonces).

Por otro lado, la Unión del Personal Superior de la AFIP afirmaron: “Luego de la conferencia de prensa del Vocero Presidencial Manual Adorni y del comunicado oficial de la oficina del presidente de la Nación, Javier Milei, esta Comisión Directiva manifiesta que no dejaremos se vulneren los derechos de ningún trabajador de la Casa representado por nuestro gremio, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional”.

“Esperando el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) necesario para hacer posibles los anuncios, no tenemos objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos -que se llaman altos cargos en el comunicado- entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales. Esa es una facultad del Poder Ejecutivo”, señalaron en virtud de lo anunciado.

“No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme. De igual manera no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo”, afirmaron en el mensaje firmado por el secretario general de UPSAFIP, Julio Enrique Estévez.

Por último, el sindicato que representa a empleados de la AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), definirá en las próximas horas medidas de fuerza en rechazo a la disolución del organismo que anunció el Gobierno.

En este sentido el titular del gremio que nuclea al sector Pablo Flores, resaltó: “No hay margen para evitar un plan de lucha” y agregó: “Vamos a sacar el estado de alerta general, vamos a hacer movilizaciones y haremos más medidas en cuanto conozcamos los detalles. Lo más preocupante son los 3.100 puestos de trabajo de compañeros”.

“Si ellos evalúan que hay mucha gente en el Estado, la verdad es que en todas las áreas hay reclamos de falta de personal”, concluyó Flores. De esta manera, se espera una nueva disputa entre trabajadores y el Gobierno nacional, desde donde sostienen que con su esquema será más eficiente y menos costoso.


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Sector Publico: El Gobierno facilitó las privatizaciones y avanzó con reformas en la CNV

Sector Publico: El Gobierno facilitó las privatizaciones y avanzó con reformas en la CNV

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Este jueves la Comisión Nacional de Valores habilitó un régimen especial para facilitar, de manera transitoria, el ingreso de las empresas públicas al régimen de oferta pública ¿Que empresas se podrían privatizar?

En el marco de una fuerte avanzada en contra de las empresas públicas, el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei decidió acelerar las reformas para facilitar su privatización. En ese camino, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio este jueves un paso clave para permitir la integración de las compañías sujetas a privatización al mercado de capitales.

Tal iniciativa quedó plasmada en la Resolución General 1024/24 publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente de la Comisión, Roberto E. Silva; la vicepresidenta, Patricia N. Boedo; y la vocal del directorio, Sonia F. Salvatierra.

Con estas resoluciones, el organismo nacional puso en marcha un régimen especial para las empresas sujetas a privatización. Según comunicó ayer la CNV, la medida busca facilitar el ingreso de estas entidades al régimen de oferta pública, ajustándose a los principios de transparencia.

Se trata de una administración contable especial y transitoria de dos años, en el cual las entidades deben presentar sus estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y cumplir con requisitos simplificados de información intermedia.

Esta flexibilización tiene como objetivo apoyar el proceso de privatización, facilitando el cumplimiento de los requisitos financieros, especialmente para entidades estatales que enfrentan dificultades en la presentación de balances.

Claves de la reforma impulsada por la CNV:

La Resolución General 1024/24 establece un régimen contable transitorio, el cual se trata de un período de dos años durante el cual las empresas en proceso de privatización pueden presentar estados financieros bajo un régimen contable simplificado, lo que les permite adaptarse gradualmente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Otro punto que aborda la normativa es la flexibilización a la hora de hacer la presentación de información, ya que se destaca que durante el período de transición las empresas solo deberán presentar una reseña informativa simple y sintética por los períodos intermedios, lo que reduce la carga administrativa.

De esta manera, con tal avance se busca que el alcance sea amplio, ya que la resolución se aplica a diversas empresas y sociedades estatales, tanto a las ya incluidas en programas de privatización como a aquellas que puedan ser incluidas en el futuro.

Tras anunciar la medida, el jefe del organismo nacional subrayó que la normativa está diseñada para acompañar las medidas del gobierno y facilitar la integración de las empresas públicas al mercado de capitales.

¿Qué empresas se podrán privatizar?

Las empresas que están en el ojo de la tormenta y que están en condiciones de privatizarse, luego de la aprobación de la Ley Bases, son ocho y se trata de: AYSA, Energía Argentina, Intercargo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Cabe señalar que a pesar de que el Gobierno trató de incluir también a la lista a Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, acordaron con los legisladores dejar fuera del debate esas empresas estatales.

Sin embargo, el Gobierno avanzó con la declaración por decreto de la Aerolínea de bandera, como una empresa sujeta a privatización. Mientras tanto, avanzan en el Congreso algunos proyectos para proceder con su venta. En paralelo, como ya lo anticipó esta Revista, la agencia inició el camino hacia la privatización de las represas de Comahue.


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Trabajadores de la administración pública comienzan con la presencialidad plena

Trabajadores de la administración pública comienzan con la presencialidad plena

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Lo establece un decreto del Gobierno Nacional que pone como fecha límite para la virtualidad al primero de mayo. La decisión fue tomada tras haber superado la etapa crítica de la pandemia de coronavirus.

Les trabajadores de la administración pública retomarán la presencialidad plena, después de que el ejecutivo Nacional estableciera como fecha límite este primero de mayo para la modalidad de trabajo remoto. La medida fue adoptada tras haberse superado la etapa crítica de la pandemia de coronavirus y deja sin efecto los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado.

La Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, mediante la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial, determinó que “cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (…) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios“.

Cabe destacar que a mediados de agosto del año pasado se dio un primer paso, en el que los empleados estatales empezaron a retornar la actividad en sus puestos de trabajo, aunque bajo un esquema mixto que combinó tareas remotas y “presencialidad programada”. En aquel momento, la norma dictada por el Gobierno señalaba que “los trabajadores que hubieran recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid-19“, autorizadas en la Argentina, luego de 14 días posteriores a la vacunación.

La norma fue dictada a partir de tener la certeza de que se había registrado un “descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones” gracias a las “altas coberturas de vacunación con una dosis“. De esta manera, el Estado reacondicionó sus sedes, de acuerdo con parámetros establecidos por las autoridades sanitarias, con el fin de mantener los cuidados que, además del uso de barbijo y la sanitización, obligó a espaciar el número de personas en un mismo espacio.

Asimismo, los trabajadores deberán continuar respetando recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y de otras enfermedades respiratorias. De acuerdo con la resolución firmada el mes pasado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, los organismos estatales deberán solicitar los certificados de vacunación a sus trabajadores.

En los caso de aquellas personas que hayan desistido de vacunarse contra el coronavirus deberán “firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten”. A su vez estarán comprometidos a “tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran“.

Con respecto a las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos seguirán “exceptuadas”. En paralelo, Castellani explicó que “solamente hoy siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos cinco y seis de la última resolución de Salud, una situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial“.

Dentro del grupo de exceptuados a prestar servicios de manera presencial están: las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del estatus) y pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis. También figuran los pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

Según los parámetros del Ministerio de Salud, “aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta“. Asimismo, la resolución advierte que aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable.

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