La jornada de protesta de miles de hinchas, autoconvocadxs, organizaciones sociales, políticas y sindicales que fueron a acompañar a los jubilados y jubiladas terminó en una sangrienta represión de las fuerzas de seguridad.
La marcha, reforzada por los sectores nombrados tras más de un año de represión a los jubilados, no llegó a nacer: mientras que se esperaba que inicie a las 17 horas, la represión policial, con gases lacrimógenos y disparos comenzó alrededor de las 16:20.
Tras esto, y como no podía ser de otra manera, el gobierno derivó las culpas en la reacción de los manifestantes, utilizando de chivo expiatorio cualquier categoría que desvíe el foco central: los jubilados, no solo ajustados, si no reprimidos desde hace más de un año.
Foto: Martin Nievas
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Foto: Vanesa Roma
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Foto: Juan Hincapie
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En paralelo a la cruda imagen de represión a los jubilados, el Indec confirmó que la inflación de agosto fue del 4,2%. El objetivo de perforar los cuatro puntos se aleja para un Gobierno nacional que ha demostrado ser capaz de recortar cualquier área a fuerza de palos para conseguir un número al que no llega, mientras en el camino vende las divisas obtenidas.
En la misma jornada en la que el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la recomposición del 8% propuesta por Unión por la Patria y aprobada por ⅔ del Congreso, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que la inflación del mes de agosto fue del 4,2%. Mientras tanto, afuera del recinto, el protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirma una vez más que el oficialismo está dispuesto a recortar a cualquier sector vulnerable a fuerza de represión, en pos de un número que no logra conseguir.
Desde el inicio de la nueva gestión nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, centró su plan en generar dos números “fiables” para atraer inversiones extranjeras: el superávit fiscal y la reducción del dígito inflacionario. Si bien el primero lo logra desde enero, aún no llega la promesa de dinero extranjero, mientras que la segunda choca una y otra vez contra su propia inconsistencia.
Para lograr este superávit financiero, el titular de la cartera económica dispuso una mega devaluación al son de una liberación de precios y un congelamiento de los salarios que “enfríe” la economía, ya que el nivel de compra general se retrajo, lo cual, en sus planes, bajaría la inflación rápidamente. De manera penosa, lo único que bajó fue la propia inflación generada por estas medidas, pero la barrera de cuatro puntos, impuesta como meta por el propio Caputo hace ya dos meses, no logra ser superada.
El dato repartido por el Indec es incluso peor que el del mes pasado, no solo porque por segundo mes consecutivo se resiste al objetivo oficialista, sino porque además mostró un rebote de 0,2, todo esto aún con la contención del tipo de cambio oficial, atrasado tanto para el sector agroexportador como para el Fondo Monetario Internacional. Esta actualización podría ser lapidaria, ya que Caputo esperaba el ingreso de divisas por inversiones antes de tener que llegar a esta instancia.
Sin embargo, las inversiones no llegan ante la legible fragilidad de un plan sostenido a ajuste y represión, tal y como se vio nuevamente este miércoles cuando jubilados y jubiladas se expresaron ante la negativa de una mínima recomposición para el sector sobre el que más se sostiene el ajuste. A su vez, las divisas que el gobierno había logrado comprar durante el primer trimestre con este recorte presupuestario sobre el Producto Bruto Interno, fueron vendidas durante los meses posteriores para intervenir precisamente el tipo de cambio Blue, que se disparó ante el atraso del oficial. En este punto se vio cómo el gobierno realizó un “manotazo de ahogado” para que las benditas inversiones lleguen.
Si bien ahora un caudal de inversiones podrían llegar mediante las estrategias de liquidación del gobierno como lo son el blanqueo de capitales, el Régimen a las Grandes Inversiones o la misma venta de empresas públicas, la situación financiera del gobierno pende de de un hilo desde hace meses, cuando el blue se separó por su cuenta como señal de que el plan se había agotado. Solo un fuerte ingreso mediante una de las tres vertientes nombradas anteriormente pueden llegar a rescatar dicho plan antes de que alguna de las variables liquidadas haga estallar un nuevo proceso inflacionario o, lo que puede ser aún peor, una nueva intervención sobre las reservas de cajas de ahorro.
“Todo esto debe tener un costo político; las reservas cada vez bajan más, puede haber algún ingreso mediante el RIGI, o de las privatizaciones, pero tiene un lapso corto, a Cavallo en los 90 le duraron dos años”, explicó al respecto la economista y docente, Clara Razu, en comunicación con Radio Trinchera.
Este panorama mencionado demuestra lo en vano que son las imágenes vistas este miércoles en las calles de Buenos Aires, o el miércoles anterior, o en ocasiones anteriores como la represión ante la Ley Bases. La variable de ajuste del gobierno, es decir los trabajadores y jubilados, son reprimidos constantemente (como nunca debería suceder), pero a su vez, a costa de un plan financiero totalmente inconsistente.
“Parece que el piso de la inflación es cuatro, y mientras que en los primeros nueve meses de Milei la variación de precios fue del 144%, mientras que en la misma comparación con Alberto Fernandez y Massa te da 23% y 119% respectivamente”, aseguró por otro lado Razu, sobre el informe publicado el mismo miércoles por el economista Alfredo Serrano Mancilla, y reiteró: “Hay algo que no está funcionando porque los dólares no llegan, y evidentemente el déficit fiscal no es el problema, pero de eso se encargará el presidente el domingo cuando presente el presupuesto”.
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El sector jubilatorio es uno de los más recortados en la búsqueda de sostener el superávit fiscal del gobierno nacional desde que asumió. La promesa de “ajustar a la casta” se convirtió rápidamente en ajustar, entre otro, a uno de los sectores más vulnerables. Ante las protestas, la respuesta no fue nueva: palos y represión.
Todos los miércoles, un conglomerado de jubilados se reúne en la vereda de Avenida Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires para reclamar aumentos sobre sus asignaciones. Según diversos estudios, se trata del sector fundamental en el cuál se sostiene el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre prometiendo que tal ajuste recaería sobre los sectores privilegiados a los cuales quiso llamar “la casta”. Ocho meses después, el resultado es el mismo que se experimentó durante la década de los ’90 y principios de los 2000, con rechazos a ajustes mezquinos y represión sobre el sector cuando reclama.
El encuentro de este miércoles del sector jubilatorio estuvo trazado por un nuevo golpe directo hacia su bolsillo: el presidente vetó el pobre aumentó de 8% que distintos sectores de la oposición habían logrado otorgar a través del parlamento en sus ambas cámaras. La propuesta había surgido desde Unión por la Patria, y obtuvo ⅔ de los votos en ambas sesiones. Por si esto fuese poco, dicha movilización finalizó con una feroz represión de la policía a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a la de CABA, a través de golpes con palos y lanzamientos de gases lacrimógenos.
Al igual que en el año 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa sostenía un tipo de cambio atrasado de un peso al valor de un dólar, y la por entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich recortó un 13% del salario al sector jubilatorio seguido de represión, hoy el gobierno nacional sostiene un tipo de cambio de 1000 pesos al valor de un dólar a través de la reducción casi total y deshumanizante del financiamiento en distintos sectores como el mencionado, y los vuelve a reprimir.
Si bien algunas voces dentro de la opinión pública intentan titular que el sector jubilatorio se moviliza por un escaso porcentaje de aumento, está a la vista de quien quiera investigar que estos, así como el sector trabajador en general, vieron como desde que asumió La Libertad Avanza sus ingresos fueron triturados por las medidas de liberación de precios ejecutadas a través del DNU 70/23, junto al congelamiento del salario mínimo y los haberes jubilatorios. Mientras que los primeros, en el menor de los casos, pudieron haber recibido algunos aumentos que intenten recomponer esta pérdida, los segundos dependen totalmente de decisiones tomadas a través del poder ejecutivo, o, eventualmente, del legislativo.
De esta manera, durante el mes de enero, cuando las altas inflaciones de diciembre (25%) y enero (20%) se trasladaron a precios, el gobierno nacional recortó las jubilaciones en un 43,2% en términos reales, según la consultora Analytica. A partir de allí, las mismas quedaron congeladas con aumentos leves casi a la par de los siguientes dígitos inflacionarios, pero sin poder recuperar el daño significativo de diciembre y enero, y que además ya venían sufriendo -en menor escala- años anteriores.
Además de esto, es fundamental añadir los recortes paralelos que denigran aún más la vida de los jubilados, como lo es la quita de cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en medicamentos a partir del primero de septiembre. Mientras que hasta el momento cubría una base de medicamentos al 100%, a partir del comienzo del próximo mes, el organismo reintegrará montos desde 40 a 70%, lo cual se estima que dejará sin medicamentos a un gran grueso de jubilados.
De yapa, al oficialismo no le tembló el pulso y ordenó reprimir al sector vapuleado, ante lo cual distintos dirigentes se han expresado. “Hoy hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles”, aseguró Germán Martinez, jefe del bloque de diputados de UxP. “Reprimieron con tal saña que dejaron sin vista a varios manifestantes y a trabajadores de los medios que cubrían el reclamo”, añadió por su parte la diputada Viviana Blasi.
También se pronunció al respecto Amnistía Internacional Argentina: “Las imágenes muestran a personas mayores heridas y siendo golpeadas por la policía. ¿Por qué reclaman? Por una vida digna y contra el veto de Milei, que se niega a darles un aumento de apenas el 8,1%. Hoy la jubilación mínima está por debajo de la línea de pobreza. Más de 3 millones de jubilados cobran menos de lo que cuesta la canasta básica”.
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Tras la conferencia de prensa realizada en las puertas del SERPAJ por familiares de detenidos y detenidas durante la manifestación por la Ley Bases, se destaparon narraciones que nos recuerdan a los días más oscuros de nuestra historia: el Gobierno nacional aplicó la tortura y el terror para suprimir el derecho a la protesta.
La alarma que comenzó el miércoles pasado en Plaza de los Dos Congresos, en el marco del tratamiento de la Ley Bases, cuando el operativo de seguridad del Gobierno nacional, a cargo de Patricia Bullrich, barrió con una feroz represión a las multitudes que se habían acercado a ejercer su derecho de protesta, la medida se extendió durante los días posteriores cuando quienes fueron detenidos azarosamente durante la jornada continuaron privados de su libertad. Pasada una semana de este hecho, aún son 5 de los 33 detenidos quienes siguen presos.
El Gobierno nacional decidió enmarcar la aprobación de su ley de saqueo, blanqueo de capitales mega millonarios y poderes monárquicos al presidente, Javier Milei, con otro capítulo oscuro más para la historia de nuestro país: hubo represión, negación al derecho a huelga, presos políticos, y el acto mas perverso como final: la utilización de la tortura y el terror psicológico como método para imponer un régimen que no escucha las quejas del pueblo. Los testimonios que comprueban dicha situación fueron narrados tanto por familiares como por algunos de los detenidos que fueron liberados.
Desde la misma noche en la que las fuerzas policiales barrieron la protesta a fuerza de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, un comunicado oficial de la Oficina del Presidente enmarcó una narrativa que preparó el terreno para las prácticas anteriormente nombradas: trató de terroristas a los manifestantes y de intento de golpe de Estado a la movilización en contra de la ley que se discutía ese día en el Senado.
Tras el correr de los días, los detenidos se convirtieron en presos políticos a quienes se acusó de distintos cargos totalmente alejados de las funciones que cada uno cumplía allí. Ante esto, este lunes diferentes organizaciones sociales y por los Derechos Humanos (DDHH) como también familiares de las personas detenidas se manifestaron y convocaron a una conferencia de prensa con movilización y protesta por la “libertad inmediata” de las y los detenidos en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). A partir de aquella instancia que inició al mediodía, surgieron tanto de boca de familiares como de quienes fueron liberados los relatos de tortura.
Una de las narraciones que más trascendió fue la de Matías Ramirez, quien si quiera fue al Congreso en carácter de protestante, si no que vendía choripanes.
“Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos? Ese tipo de cosas. Uno del grupo contestó que sólo peleaba contra la aprobación de la ley, y le metieron un cachetazo. A mí también. Después nos metieron en un pabellón con presos que ya llevan tiempo ahí”, contó el propio Ramirez a Página 12. Fue detenido cuando comenzó la feroz represión policial, alrededor de las 16:30, cuando juntaba sus pertenencias en su auto para retirarse.
Otro testimonio que sorprendió y resonó fue el de Remigio Ocampo, quien tampoco participaba de manera activa, si no que vendía empanadas: “Hasta el chofer del camión que nos trasladaba nos interrogaba: ‘¿De qué organización sos?’, ‘¿En qué partido político estás?’ En cada fichaje volvían con lo mismo”, contó también para Página 12 .”En Marcos Paz lo mismo, y ahí uno me encaró y me quiso asustar diciéndome ‘mirá que soy malo’. Cuando nos estaban por soltar, nos gritaban que éramos unos ‘tirapiedras’, agregó.
Además, el hombre de 64 años explicó que llegó a comprender que, cuando se le explicaron los cargos en su contra, le dijeron “algo así como atentar contra el Estado, buscar un golpe de Estado”. “Cuando me preguntaron dije la verdad: no había ido a manifestarme, y si hubiera ido a eso tampoco hubiera cometido desmanes. Stornelli faltó a la justicia”, advirtió, y agregó ademas que “alguien comentó que había llamado Karina Milei” para “pedir que no nos largaran”.
En simultáneo, tanto en relatos del mismo medio como otros que circularon en distintos medios de comunicación añaden un sinfín de situaciones de violencia y terror aplicado por las fuerzas policiales, que no califican como ejemplo ante el anonimato, pero que si comprueban una coherencia y cohesión en el accionar de las fuerzas a cargo del Gobierno nacional y de Patricia Bullrich.
Cabe destacar además, que el accionar judicial de la jueza María Servini y el Fiscal Carlos Stornelli fueron garantes de dichos crímenes. Mientras que la primera deliberó azarosamente a quienes liberar, el segundo pretende apelar contra 14 de los primeros 17 que salieron en esta condición.
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La medida, dispuesta para este lunes por la tarde en la entrada del Servicio de Paz y Justicia, fue convocada por una multiplicidad de organizaciones democráticas. Allí, se exigió la liberación de los detenidos durante la brutal represión llevada a cabo en las afueras del Congreso, cuando se sesionó el Proyecto en Senadores.
Diferentes organizaciones sociales y por los Derechos Humanos (DDHH) como también familiares de las personas detenidas se manifestaron este lunes y exigieron la “libertad inmediata” de los detenidos durante la represión de la Ley Bases el miércoles pasado cerca del Congreso de la Nación. La instancia comenzó a las 11:30 y el punto de encuentro fue en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Según constató Trinchera, las agrupaciones propusieron dicho punto de encuentro, ya que se trata de una organización social que forma parte del movimiento por la paz y los DDHH desde la No Violencia Activa (NOVA). Además, los organizadores informaron que la movilización buscó la liberación inmediata de todos los presos y su desprocesamiento, como así también impulsar una campaña unificada amplia a nivel nacional e internacional. También se mencionó una posible marcha a la Plaza de Mayo el martes 18 a las 17 hs.
Con respecto a los detenidos, en diálogo con Radio Trinchera, el referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Facundo Merlán Rey, sostuvo: “Que de forma bastante arbitraria y argumentos pocos claros, la jueza María Servini del Juzgado Federal Nro.1, definió brindar la excarcelación de 17 de los detenidos y dejar a 16 todavía detenidos, por lo que se sabe hasta mañana. La jueza no brindó más información de la continuidad de la investigación”.
“También hubo un pedido del fiscal Stornelli de revocar la excarcelación de 14 de los 17 que fueron liberados pero todavía la Cámara no resolvió sobre eso. Ahora los 16 detenidos están distribuidos en el penal de Ezeiza, de Devoto y de Marcos Paz”, sostuvo Merlán Rey y agregó: “El discurso que hay por parte del Gobierno es el de la criminzalizacion de la protesta e intentar crear un relato del terrorismo y golpe de estado”. Por último, el referente de la CORREPI señaló que con estas medidas “el Gobierno busca generar una sensación de amedrentamiento y de terror en el pueblo para que no se movilice.“
Por su parte, La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) es una de las organizaciones que se suma a la autoconvocatoria, la cual expresó “el más profundo repudio al accionar que, en connivencia, están llevando a cabo las Fuerzas de Seguridad, la Justicia, y el Gobierno” del presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.
En un comunicado, UTE denunció que “trataron de inventar causas ilegítimas de los detenidos arbitrariamente en el ejercicio del derecho a la protesta, en la feroz caza llevada a cabo en la marcha convocada para defender la Patria contra quienes, a través de la ley bases, quieren entregarla”.
Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la Ley Bases y la represión desplegada por el Gobierno. Además, señaló que la medida “agrede a la producción, el trabajo y los derechos” y consideró “inadmisible” que el Gobierno califique las manifestaciones como “golpe de Estado o terrorismo”.
En diálogo con la radio AM 750 recalcó: “No tiene un artículo a favor de los derechos de los sectores medios. Es una ley de entrega de los recursos naturales y el patrimonio natural; le da superpoderes al Presidente, que gobierna por decreto. Legaliza un modelo económico y un modo de gobierno”.
En paralelo, el mandatario bonaerense se refirió a la brutal represión desplegada en las inmediaciones del Congreso y dijo que “es inadmisible que el gobierno hable de golpe de Estado o terrorismo. Que haya presos por manifestarse en democracia es un espanto”. “Venimos de una etapa de marchas multitudinarias y todas fueron pacíficas y democráticas. Fue una manifestación a la que asistieron muchísimos sectores, mucha gente movilizada espontáneamente. No sé de qué están hablando. Es una aberración caracterizarlo de esa manera”, prosiguió Kicillof.
El gobernador aprovechó para pedir la “inmediata libertad” de los detenidos y aseveró: “Es muy evidente que están intentando convertir una posición democrática en una victimización que no ocurrió ni existió. Quieren plantear fantasmas, es muy feo y muy triste ver a un gobierno denunciar golpe de Estado y terrorismo en una marcha pacífica”.
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El dinero que podría destinarse para la garantía de condiciones básicas de vida, termina en el financiamiento de operativos represores. Para los más necesitados no hay comida, pero sí hay bala.
La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), informó que, luego de recibir un balazo de goma direccionado al rostro, un manifestante perteneciente a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) perdió la vista en uno de sus ojos, en el marco de la movilización realizada el miércoles pasado que se realizó para pedir que se reanude el envío de alimentos a los comedores populares de todo el país, además de reclamar por la intervención destructiva y azarosa del Gobierno nacional a distintas cooperativas de trabajo.
Tras la brutal represión aplicada por el operativo de represión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en coordinación con la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintas imágenes develaron la crueldad aplicada. Desde un joven con el rostro ensangrentado hasta detenciones ilegales; desde un periodista del Multimedio Crónica baleado a camiones hidrantes que lanzaron agua con toxinas. El operativo policial se encargó de dar una clara respuesta ante el mínimo pedido humano que puede expresar una sociedad, que es la entrega de alimentos. No hay dinero para comida, pero sí para reprimir.
Tras varios días, el caso que aún trasciende es el del joven militante que perdió la vista de uno de sus ojos luego de que le dispararon a quemarropa, lo que rememora a la situación vivida meses atrás en Jujuy, cuando el gobernador Gerardo Morales llevó adelante un operativo de represión similar ante las protestas por la reforma constitucional provincial, o a lo acontecido en Chile en 2019, donde los policías carabineros realizaron maniobras similares ante reclamos de estudiantes y trabajadores.
“Este hecho ya es sistemático”, aseguró para Radio Trinchera Fernanda Pereyra, Secretaria de Relaciones Internacionales de UTEP y coordinadora de la CTD Anibal Verón, quien también aseguró que con ACVI llevarán a cabo “una denuncia contra la violencia institucional en la justicia nacional, planteando que se identifique al policía que efectivizó el disparo, pero también con el objetivo de saber cuales son las órdenes que se le están dando a las fuerzas de seguridad para estas manifestaciones, porque van a continuar”.
Así mismo, recordó que en el marco de la movilización de rechazo a la Ley Ómnibus, “policías motorizados le dispararon a un abogado, que a día de hoy se encuentra en la misma circunstancia que el compañero este, que fue herido y reprimido este miércoles”, y reforzó nuevamente que este accionar ya es costumbre.
Con respecto al joven perteneciente a UTEP atacado este miércoles, detalló: “Le dispararon a corto plazo, a la cara, como dispararon en general en todo ese día. La herida fue en el tabique, esta se trasladó al párpado, y cuando fue a la guardia le dijeron que tome una medicación y que vuelva. Cuando volvió le transmitieron que perdió la visión en ese ojo, y ahora tiene que continuar un tratamiento para salvar el ojo ocular”.
En perspectiva, Pereyra recordó que estas prácticas fueron llevadas a cabo también durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en los años 2017 y 2018 -lo más caldeados socialmente- “casualmente cuando la ministra de Seguridad era la misma que ahora”. “Quieren dejar un mensaje claro, que es que por ir a reclamar alimentos terminas con la pérdida de un ojo”, concluyó.
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El pedido de condiciones dignas de vida ante la inminente crisis alimentaria, pobreza ascendente y la desarticulación a adrede hacia las cooperativas de trabajo finalizó con golpes y detenciones ilegales hacia los manifestantes. El protocolo de represión de la ministra Bullrich hizo su aparición una vez mas.
Ante la inminente crisis alimentaria profundizada con el recorte nacional en alimentos para los comedores sociales a lo largo y ancho del país, en un marco de licuación del poder adquisitivo que llevó a la pobreza al 60%, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otras organizaciones sociales por fuera del sindicato, realizaron este miércoles una nueva instancia del plan de lucha y emergencia social que se lleva a cabo desde hace meses.
La desestabilización del programa de contraprestación Potenciar Trabajo y la desarticulación de varias cooperativas a través de la baja de las potestades legales fueron un cimbronazo para millones de trabajadores cooperarios que vieron como, en una elección azarosa, su construcción burocrática que visibiliza su trabajo fue dada de baja de un momento para el otro. “Ellos piensan que sacándonos los alimentos o salarios y cortando la posibilidad de coordinar, organizar o ser parte de un colectivo nos van a dejar fuera de juego, y eso es un error”, aseguró en diálogo con Radio Trinchera la Coordinadora Nacional de la CTD Aníbal Verón y referenta de la Corriente NuestraPatria, Fernanda Pereyra.
Pereyra, de larga trayectoria en la construcción de las organizaciones sociales y el trabajo cooperativo como salida a los altos niveles de desempleo y pobreza percibidos en la década del 90 y a principios de los 2000, explicó que justamente estos sectores de la economía nacieron en la lucha por los programas que hoy el gobierno de La Libertad Avanza pretende desarticular. “Las organizaciones nacimos todas sin esos beneficios que justamente logramos en lucha, y no, no vamos a dejar de existir porque ellos decidan sacarnos la potestad de las unidades de gestión y certificación”, rememoró, y además afirmó: “Enfrentamos a un gobierno que tiene como objetivo la eliminación y la desarticulación de los movimientos populares y organizaciones sociales, con medidas despiadadas como faltantes de mercadería desde que asumieron el 10 de diciembre”.
Para variar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el operativo nacional dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrentó la movilización mediante una brutal represión de efectivos policiales, con golpes y detenciones ilegales, además de la utilización de gas pimienta y chorros de agua de camiones hidrantes, hecho celebrado por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien a esta altura de las circunstancias ya se convirtió en un digno represor de procederes dictatoriales.
Mientras el plan del Gobierno nacional de miseria planificada funciona a la perfección, con la desregulación de precios a las grandes empresas de cada rubro de este país (en las últimas dos semanas se dieron de baja la yerba mate, harinas y ahora los de cable, internet y celular) la inflación no cesa y los salarios cada vez se pulverizan más, acrecentando una brecha de pobreza cada vez mayor. Como si esto fuese poco, el paso siguiente de este malévolo proceder son situaciones como las narradas previamente, con un aparato represivo que promete golpear y detener a quienes reclaman condiciones dignas de vida.
Más allá de ello, las organizaciones sociales nacieron de este barro, y bien saben lo que significan este tipo de situaciones. “Nosotros vamos a seguir organizando, vamos a seguir laburando el territorio, porque somos los que lo caminamos, y cada compañero decidirá cuál será su destino, pero ante más complejidad se necesita más organización, no funciona como el gobierno cree”, concluyó Pereyra.
La última manifestación en Villa Mascardi, se realizó con el objetivo de sacar a las comunidades indígenas de la provincia. Sin embargo, las familias mapuches-tehuelches reclamaron que se trató de un hecho con intereses económicos y políticos, que sucede desde hace muchos años.
En el marco de la marcha que encabezo Patricia Bullrich para desalojar al Lof Lafken Winkul Mapu de la localidad de Villa Mascardi (en la provincia de Río Negro), el vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche, Orlando Carriqueo, repudió “la discriminación y persecución” que sufre pueblo originario en la Patagonia argentina.
De acuerdo a Carriqueo, la exclusión de las familias del territorio es algo que sucede desde hace cien años. Al respecto resaltó que el desplazamiento policial, en este caso, fue de la “manera más cruel e insensible”. Sin embargo, también aseguró que la construcción de la violencia hacia los indígenas sucede hace mucho: “Para la Campaña del Desierto, el argumento fue que éramos Araucanos, que éramos chilenos, que había que matarnos… Los argumentos para generar un clima, un enemigo, son necesarios para después el avance indiscriminado con todas las familias”.
Con respecto a la marcha, el vocero señaló: “El Pro tiene una agenda especial, ya que Bullrich fue quien impulsó primero el informe al RAM; a partir de ahí nace la idea de que existe una organización extremista armada” Además agregó que “la soberanía de la Patagonia está en juego porque han extranjerizado la tierra”.
Asimismo, Carriqueo remarcó que otro problema es que la derecha busca desestabilizar la democracia y que es algo que las comunidades están advirtiendo hace al menos dos años. “Hay un trasfondo político de la desestabilización de la democracia donde el Pro no solo está financiado, sino que está llevando adelante un discurso de violencia que, insisto, es antidemocrático, y tiene clara relación con lo que pasa en Buenos Aires; la desestabilización de la democracia busca crear escenarios para que la violencia sea posible”, afirmó el referente.
El vocero de la comunidad Mapuche además enfatizó en que “se han dicho cantidades de mentiras, que tenemos recursos de las FARC, de distintos lugares del mundo, que estarían financiando las operaciones, toda una sarta de mentiras que nos tiene acostumbrados la gente de la derecha que justifica sus posiciones que son racistas, que son fascistas, que son violentas, que son antidemocráticas”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que habló con la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, y que “en líneas generales” ambos estuvieron de acuerdo en el análisis. También señaló que “hubo un posicionamiento fuerte de la provincia a través de la gobernadora Carreras” para terminar con la toma. “Esta situación no guarda relación con las comunidades originarias, sino que tiene que ver con una usurpación en el marco de un delito que debía cesar. En eso debemos seguir trabajando”, dijo el ministro.
Sobre las detenciones durante el operativo, Fernández sostuvo que todos “fueron trasladados, salvo una señora embarazada, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Sin embargo el Lof, señaló que la policía destruyó el rewe, espacio ceremonial del pueblo Mapuche. Atacaron con balas de plomo y gases lacrimógenos y maltrataron, golpearon y detuvieron a la Machi Betiana Colhuan, autoridad espiritual; más dos pacientes que requerían tratamiento medicinal; otras lamngen (hermanas), una de ellas embarazada de 40 semanas; madres con bebés de meses; pu wentru (hombres) y 13 menores.
Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, remarcaron en sus redes sociales que “algunes niñes estaban en estado de shock frente a la represión y huyeron escondiéndose en el bosque. Se mantuvieron durante más de 12 horas con frío y hambre. Mientras tanto sus abuelas reclamaban ingresar al territorio para encontrarse con sus nietos y llevarlos a un lugar seguro pero no se lo permitieron”.
“A la media mañana ingresaron al predio efectivos en motos, con armas largas que disparaban contra niñes y jóvenes del Lof. Las madres de algunos de estos niñes permanecen detenidas por la policía de seguridad aeroportuaria. Dentro del número de heridos se encuentra un niñe de tan solo 12 años y un joven desaparecido”, remarcaron desde la organización.
Desde diferentes espacios también manifestaron su repudio y exigieron “la inmediata liberación de las hermanas y hermanos, el retorno al territorio de todos los pu lamngen – hermanes del Lof Lafken Winkul Mapu y el compromiso de la integridad física de pu pichikeche – niñes y pu lamngen – hermanas. ¡Liberación inmediata a la Machi Betiana Colhuan máxima autoridad espiritual!”.
El Parlamento Mapuche-Tehuelche tiene como responsabilidad la representación de entre 150 y 160 comunidades en esa provincia patagónica. Según se planteó, este es el más visible pero no el único conflicto con las comunidades indígenas en Río Negro y en el país. “Tenemos más de cien denuncias en la Fiscalía de Estado hace más o menos diez años; el relevamiento territorial de la Ley 26.160 de hace diez años está sin terminar porque el Gobierno se niega a firmar el convenio”, manifestó Carriqueo.
En diálogo con el programa Doblan las Campanas, el periodista chileno Antonio Canales, analizó la asunción del presidente chileno Gabriel Boric y el escenario político del país en el marco del nuevo gobierno.
Hace dos semanas Gabriel Boric asumió como presidente de la República de Chile. En el marco del nuevo gobierno el periodista chileno, Antonio Canales, dialogó con Doblan las Campanas sobre el escenario político del país. En ese sentido, sostuvo que “hay expectativa considerando la poca aprobación al gobierno de derecha de Sebastián Piñeda, y porque paralelamente se esta llevando a cabo el desarrolló de la Convención Constitucional que es el cambio de la constitución que sigue vigente desde la dictadura“.
En relación a la manifestación llevada a cabo a pocos días del inicio de la gestión, en la que carabineros reprimieron a estudiantes que protestaban por el aumento de las becas alimentarias, Canales afirmó: “los estudiantes son subvencionados durante su trayectoria para que se alimenten, y ese monto no ha variado en 10 años y tenemos una inflación tremenda; no es un tema menor que haya sido reprimida porque Boric el año pasado dijo que una de las prioridades del nuevo gobierno que asumiera debía ser refundar Carabineros“.
Además, el analista destacó que “el tema de las policías es una demanda urgente de la izquierda pero también de gente que vivió la represión brutal durante el estallido social, hay una demanda y una deuda que tiene este gobierno y que esta siendo medida con sus propias palabras“.
Respecto a las revueltas sociales de 2019 Canales afirmó que si bien el gobierno nunca ha ofrecido la libertad, hay expectativas y promesas. “Quitaron las querellas por Ley de Seguridad del Estado, también hubo un gesto para la discusión de una ley para la liberación de los presos políticos que actualmente se esta desarrollando en el Congreso”, destacó al tiempo que resaltó que muchos de los chicos llevan años en prisión preventiva, sin pruebas en su contra, lo que demuestra que hay “justicia para ricos y justicia para pobres“.
“Hace unos años Boric sale increpando a Piñera como dirigente estudiantil, y ahora es el presidente más joven y más votado en la historia electoral del país, y eso tiene mucho que ver con quien estaba al frente, José Antonio Kast, que representaba una ultra derecha y un discurso filofascista peligroso y eso hizo que mucha gente salga a votar contra él“.
Antonio Canales
En relación a la orden que envió Boric para poner fin a la militarización de los territorios Mapuche en la Araucanía y el Biobio, Canales sostuvo que el presidente “anunció que no iba a extender el estado de excepción porque eso hace que el conflicto se agudice; la reivindicación de los mapuches ha chocado con intereses forestales y de industrias en las zonas y eso ha ido militarizando cada más vez, dos de los generales que estuvieron en esa zona terminaron siendo directores generales de carabineros“
Por ultimo, el analista arrojó algunos de los desafió que le deparan al nuevo gobierno. “Lo más prioritario es solucionar el conflicto con el Wallmapu, otro tiene que ver con los presos políticos del estallido social y finalmente políticas en materia social“, destacó.
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