Xavi Oca: “El Estado español, por su carácter autoritario y oligárquico será siempre incapaz de dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos”

Xavi Oca: “El Estado español, por su carácter autoritario y oligárquico será siempre incapaz de dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos”

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Revista Trinchera dialogó con el Secretario Nacional de la organización catalana Poble Lliure, Xavier Oca, quien analizó la particular situación que vive el pueblo catalán ante la pandemia del COVID-19 y el accionar del Gobierno del Reino de España.


¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?

La situación vienen condicionada desde hace años por una crisis sistémica del régimen español (en términos de corrupción, involución autoritaria y aumento de las desigualdades sociales) y por el conflicto entre las reivindicaciones democráticas del pueblo catalán y la represión del Estado español: movilizaciones, presos políticos, persecuciones, intoxicación mediática, etc. Económicamente se intuía una nueva crisis, ya que lejos de apostar por un tejido productivo propio, el gobierno español solo defiende los intereses de la oligarquía financiera, especuladores, constructores y gran patronal de turismo. A nivel de salud pública la situación ya era precaria debido a los recortes y privatizaciones de la crisis anterior, que no han sido revertidos.

¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?

La del gobierno del Estado ha sido una respuesta en términos ideológicos de ultranacionalismo español que demuestran la involución fascistoide del Estado: recentralización competencial, llamadas a la unidad nacional, estado de alarma, discurso de guerra, despliegue del ejército, abusos policiales… y, en contraste, ni una sola medida de protección social. Se pasaron la primera semana haciendo promesas (renta mínima, prohibición de despidos, protección a los autónomos, suspensión de alquileres…) y no han cumplido ni una sola de ellas.

El gobierno catalán, con muchas de sus competencias intervenidas, ha tenido escaso margen de maniobra, y a pesar de articular un discurso más favorable a la protección de la salud pública y los derechos sociales, en la práctica tampoco ha hecho una gestión a favor de las clases populares.

¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?

A su total supeditación a los poderes fácticos del Estado: por una parte una oligarquía y una patronal que aprietan contra las medidas sociales y de protección de la salud pública, y a favor de seguir con la políticas neoliberales; por otro lado el deep state (alto funcionariado, el ejército y, especialmente, la judicatura, plagada de fascistas) que ha forzado un verdadero golpe de estado contra el sistema autonómico, contra las libertades civiles y, especialmente, contra las reivindicaciones del pueblo catalán.

¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?

Con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes de todo el planeta, puede afirmarse que la gestión ha sido un desastre en lo referente a salud; lo mismo está pasando a nivel social, con centenares de miles de personas que han de recurrir a la beneficencia para alimentarse; y a nivel de libertades, mientras se prohíben movilizaciones obreras o independentistas, se toleran las manifestaciones de la extrema derecha de los barrios altos, promovidas por el mismo tramado mediático del régimen.

¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?

El llamado “gobierno de progreso” ha hecho una gestión tan a la derecha de la crisis, que la oposición no ha tenido más remedio que, o darle apoyo, o situarse en planos extraterrestres con discursos a lo Trump, Bolsonaro, etc.

¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?

En Catalunya, dónde todavía existe un cierto tejido productivo de pequeñas y medianas empresas, autónomos, etc., la cosa va camino del desastre, ya que son estos sectores, junto a la gran masa de trabajadores, los que están siendo más perjudicados. Por contra, todo parece indicar que la banca, las grandes constructoras y las multinacionales van a seguir imponiendo su ley y aumentar beneficios a costa de más explotación y menos impuestos y protección social.

Por otra parte, parece que el comercio online y el teletrabajo han llegado para quedarse, y esto requerirá tanto de un apoyo a los productores y al comercio local para adaptarse a esta situación, cómo de unas estrictas regulaciones laborales que impidan la sobreexpotación o la precarización vía teletrabajo.

¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?

Como ya comenté, la situación de los trabajadores más precarizados es dramática, con problemas para mantener la vivienda y alimentarse. El cierre de escuelas, las restricciones al movimiento y a las relaciones humanas están suponiendo también un trastorno en una sociedad mediterránea como la nuestra, donde las relaciones sociales, la afectividad, el uso compartido del espacio público, etc. forman parte esencial de nuestra idiosincrasia.

¿Cuál es la percepción en las calles tanto de las medidas como de la situación cotidiana?

Hay una mezcla de conformismo ante lo que se vende como catástrofe natural, de indignación ante la incompetencia de los gobernantes (y la corrupción de políticos y de la casa real española), y de escepticismo respecto el futuro más inmediato. Aún no hay la conciencia social suficiente de que será necesario luchar muy fuerte por los derechos sociales y las libertades en los próximos meses. En Catalunya la situación es algo diferente en este sentido, ya que la red asociativa y el movimiento republicano están organizados desde la base y ya durante esta semanas se han puesto en marcha programas de solidaridad, de protección social y apoyo mutuo, etc.

¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?

En Catalunya, ejercer de lo que son: un ejército de ocupación, lucir armamento ante la población y recordar que están aquí para impedir que ejerzamos el derecho a la autodeterminación.

Más allá de las medidas oficiales ¿Cómo está haciendo el pueblo en general para sobrellevar esta situación?

Como decía, en Catalunya se han organizado talleres para la elaboración y distribución de mascarillas, batas y otros materiales de protección, voluntarios que llevan la comida a las personas vulnerables, etc. Incluso centros de investigación y pequeñas empresas se han puesto a disposición de las necesidades más urgentes. Pero el problema es estructural: la precariedad del sistema sanitario público y de sus trabajadores, la falta de inversión en investigación, el desastre de las residencias privadas para personas mayores, etc…

¿Cuál es la actitud de los empresarios?

Podemos distinguir entre el tejido empresarial enraizado en el pueblo, que en términos generales ha adoptado una actitud entre comprensiva e incluso colaborativa, y los grandes empresarios y oligarcas, que además de mostrar su total desprecio por la vida de los trabajadores, están de nuevo aprovechando la situación para exigir medidas antisociales que garanticen sus beneficios a costa de la salud y las condiciones de vida de la mayoría.

Del mismo modo, ¿Cómo están actuando los medios de comunicación?

Los observatorios internacionales de prensa hace años que denuncian la prensa española como la menos fiable de todos los países de la OCDE. En la práctica, los medio propiedad del Estado y de las dos grandes corporaciones mediáticas actúan o repitiendo los mantras del discurso oficial, o haciéndose eco del discurso de la extrema derecha. Nacionalismo español, falso buenismo social combinado con defensa de políticas neoliberales, sino fobia… Ni una sola crítica por la izquierda a la gestión del gobierno, ni una sola voz que defienda una salida a la crisis basada en derechos sociales, soberanía popular y libertades democráticas.

¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?

El Estado español, por su carácter autoritario y oligárquico será siempre incapaz de dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y de los pueblos que sufrimos su existencia. Un Estado al servicio de las necesidades populares, y pensando desde Catalunya, debería recortar drásticamente los presupuestos de defensa e interior y establecer una taxa (impuesto) a las grandes fortunas y a las transacciones financieras, para garantizar una renta básica de ciudadanía y nacionalizar y poner al día toda la red sanitaria y asistencial. Suspender el pago de alquileres mientras dure el confinamiento y regularlos para siempre. Suspender también durante este período las cuotas de autónomos. Nacionalizar o poner bajo control público agua y energía para garantizar la calidad y universalidad de los servicios. Restituir los derechos civiles perseguidos desde la Ley Mordaza…

Todo esto, en el caso del Estado español, implica necesariamente un proceso de ruptura democrática respecto a los poderes que hoy, cómo desde el franquismo, lo controlan; y en el caso concreto de Catalunya, por el fin de la represión y la ocupación y la finalización del proceso de autodeterminación.

Henry Boisrolin: “Desde 2018 hasta ahora, el país vive bajo un estado insurreccional”

Henry Boisrolin: “Desde 2018 hasta ahora, el país vive bajo un estado insurreccional”

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Revista Trinchera dialogó con el Coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolin, quien analizó la situación que vive el pueblo haitiano ante la aparición de la pandemia del COVID-19.


¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?

La situación de Haití antes de la aparición de la pandemia estaba caracterizada por una crisis ininterrumpida de inestabilidad política. Prácticamente, desde 2018 hasta ahora, el país vive bajo un estado insurreccional. Las numerosas movilizaciones populares de centenares de miles de personas en casi todos los departamentos exigen la renuncia del actual presidente, Jovenel Moïse, y la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Estas movilizaciones siempre fueron -y son- reprimidas ferozmente. Todo en medio de una crisis económica donde la inmensa mayoría está viviendo en condiciones inhumanas. Por ejemplo, el 70% de la población activa no tiene trabajo. La esperanza de vida no supera los 50 años. El país sobrevive de la limosna internacional y de las remesas enviadas por la diáspora haitiana, sobre todo la que se encuentra en los EE.UU. Para permanecer en el poder, Moïse, un presidente acusado con pruebas contundentes de malversaciones de fondos públicos, tiene el apoyo del imperialismo yanqui y utiliza, además de la Policía Haitiana, a bandas armadas que siembran el terror en distintos barrios populares.

El sistema educativo padece de una profunda crisis, y el sanitario totalmente derrumbado. Los centros hospitalarios, sobre todo los estatales, son simplemente depósitos sin insumos y con un personal que no recibe durante meses sus salarios.

¿Cuál es la actitud adoptada por el gobierno ante la pandemia COVID-19?

La actitud del gobierno es de una escandalosa irresponsabilidad e incompetencia. Trató de imitar, sin tener en cuenta las condiciones de extrema pobreza, etc., las medidas adoptadas en otras partes. Exigió, por ejemplo: confinamiento, lavado de manos, medidas imposibles de ser cumplidas en Haití cuando el 80% de la población no tiene acceso al agua potable. Hasta declaró un toque de queda. También anunció la compra por 18 millones de dólares de distintos materiales para hacer frente a la pandemia. Pero, como el pueblo considera a Moïse como mentiroso y ladrón, sigue con algunas movilizaciones. Pues, sabe que el dinero aportado por distintas entidades internacionales para combatir la pandemia tendrá el mismo destino que el de los fondos de Petrocaribe, o sea el robo o despilfarro de 4.200 millones de dólares.

¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?

Actúa siempre como instrumento al servicio de los intereses de los imperialistas y de la oligarquía haitiana. Y como es esencialmente corrupto e incompetente, recurre una vez más a los engaños, a las medidas demagógicas, a falsas promesas o promesas insuficientes para paliar la crisis. Así, distribuyeron algunos baldes porque saben que la población no tiene acceso al agua potable, como ya mencioné. Y como el hambre es insostenible, distribuyeron también en algunas zonas botellas de aceite y bolsas de arroz. Prometieron la entrega de 3.000 Gourdes (menos de 30 dólares) a un millón y medio de familias.

¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?

No tendrán y no podrán tener alguna efectividad. Es imposible, porque son dirigentes no creíbles, incompetentes y ladrones. No gozan de ningún tipo de apoyo popular. Y esto se ve claramente en la indiferencia popular hacia el gobierno, como así también con el desarrollo de algunas manifestaciones en su contra a través de las calles de la capital, a pesar de la pandemia. Inclusive, una de las consignas más coreadas sigue siendo la exigencia de la renuncia de Moïse como presidente.

¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?

La oposición no es homogénea. Sin embargo, cada sector intenta, ante la inoperancia del gobierno y la gravedad de la situación, aportar algún tipo de apoyo en función de sus posibilidades. Tampoco puede desconocer el clamor popular, porque sabe que hay otro coronavirus en el país que es el propio gobierno. Por lo menos, la mayoría lo entiende así. Con o sin coronavirus, la lucha ha de seguir para derrocar a Moïse.

¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?

Agravó mucho más la grave crisis económica que ya hace varias décadas demostraba el derrumbe del sistema neocolonial prevaleciente en Haití desde la primera ocupación militar norteamericana (1915-1934). Si antes de la pandemia los economistas y otros especialistas afirmaban que había 4 millones de haitianos en situación de hambruna severa, ahora afirman que esa cantidad llegará a los 6 millones. Esos datos ilustran claramente la tragedia que afecta a los haitianos en los 10 departamentos geográficos del país.

¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?

Hay un sector bastante numeroso que no cree (descree) que la pandemia ya esté en Haití, simplemente porque el anuncio lo hizo Moïse. Otro sector, sí sabe que está circulando en distintas zonas, pero no le queda otra que salir todos los días para buscar algo para sobrevivir. Para ese grupo, quedarse en sus casas sería morirse de hambre, así sale a enfrentar al coronavirus.

¿Cuál es la percepción en las calles tanto de las medidas como de la situación cotidiana?

La percepción es que apareció un nuevo elemento que afecta aún más la vida de los explotados. Hay una toma de conciencia generalizada acerca de la importancia y la necesidad de un cambio radical en Haití. Pues las medidas decretadas no tienen efectos positivos y son percibidas, fundamentalmente, como maniobras demagógicas para organizar pronto elecciones fraudulentas a favor del actual equipo del partido PHTK en el poder.

¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?

No hay FFAA en Haití desde 1995. Existe solamente la PNH (Policía Nacional de Haití). En su seno, hay inconformidad de todo tipo, divisiones, etc. Hasta surgió -hace más o menos un mes- un sindicato policial SPNH (Sindicato de la Policía Nacional de Haití) que pretende encontrar respuestas a sus reivindicaciones. También apareció un grupo de policías denominados “Fantasma 509” que ya protagonizó manifestaciones muy violentas en las calles y atacando a ciertas dependencias ministeriales.

Más allá de las medidas oficiales ¿Cómo está haciendo el pueblo en general para sobrellevar esta situación?

Sigue con sus actividades para sobrevivir, y varios tratan de usar barbijos, guardar cierta distancia física, pero, fundamentalmente, de aumentar su inmunidad recurriendo a la medicina tradicional.

¿Cuál es la actitud de los empresarios?

La de siempre porque Haití es un país donde los empresarios hacen lo que quieren; así, abrieron sus empresas sin adoptar prácticamente las medidas de seguridad aconsejadas. Lo importante para ellos, es seguir produciendo para enriquecerse. Una actitud similar o tan criminal como la del gobierno.

Del mismo modo, ¿Cómo están actuando los medios de comunicación?

La mayoría ha demostrado una cierta sensibilidad social, señala la gravedad de la situación y hace un buen trabajo de educación de la población.

¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?

Me resulta difícil responder a esta pregunta, porque se trata de un gobierno ilegítimo, impopular, asesino, dependiente del imperialismo norteamericano. Lo digo de esta manera, porque existe un gobierno totalmente incapaz de reunir a todas las fuerzas vivas del país, de formar un buen Comité con científicos responsables, especialistas de diversos campos del saber popular, para elaborar un verdadero Plan de Acción a nivel nacional para enfrentar la crisis.

Protestas en Chile: un gobierno ciego, sordo, inepto e incompetente

Protestas en Chile: un gobierno ciego, sordo, inepto e incompetente

TIEMPO DE LECTURA: 11 min.

Por Pablo Jofré Leal*

La crónica tozudez del presidente chileno Sebastián Piñera, su escasa pericia política y el divorcio absoluto del conglomerado de partidos que lo apoya – pero también la gran parte de la oposición – respecto a dar solución a las reivindicaciones sociales, tienen hoy sumido en crisis al sistema político del país austral.

La peor crisis desde el inicio del proceso democrático tras la derrota de la dictadura militar y que se acrecienta con un gobierno soberbio, inepto e incompetente como el de Piñera, que muestra conductas propias de personas con discapacidad visual y auditiva, pero no mudez. Y cuando esa falta de silencio vocal se propaga con su incontinencia verbal, exhibida y criticada por su propio sector, le suele jugar en contra al sostener que está en guerra contra millones de chilenos que están en la calle. Sumado al coro de ministros, voceros y parlamentarios, que tratan infructuosamente de defender una obra inexistente, una empresa que jamás se ha concretado, sólo parafernalia.

La Juventud señala el camino

Estas semanas han sido la muestra absoluta del divorcio y agotamiento de una forma de hacer política bajo una práctica instalada por todos los partidos, que han sido parte de los diversos gobiernos del duopolio instalado en el país desde el año 1990. Un duopolio que ha creído que el país era una empresa y bastaba el ejercicio del directorio para que las medidas que se tomaban se llevaran a cabo por una población servil, una sociedad de borregos que agachaba el lomo en forma indigna.Una sociedad que soportaba burla tras burla de ministros que creen que los ciudadanos son empleados de algunas de sus empresas. Una sociedad, que de la mano de la clásica y sana rebeldía y coraje de la juventud le dijo ¡no más! al gobierno cuando quiso alzar las tarifas del metro de Santiago (el ferrocarril subterráneo con una de las tarifas más caras del mundo) que es utilizado por cerca de tres millones de chilenos cada día.

Una respuesta lógica cuando el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine señaló ante esta subida “El que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. No contento con ello el Ministro de Hacienda Felipe Larraín sostuvo, ante las críticas al aumento de los precios de bienes y servicios básicos ““Para los románticos (…) que las flores han tenido un descenso en su precio: Así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,6%”.

Esa juventud, principalmente estudiantes secundarios comenzaron a evadir el pago de este medio de transporte generando una ola de imitaciones a lo largo de todas las líneas del metro, sacando a la policía militarizada a la calle, con declaraciones del gobierno tratando de delincuentes a esta juventud y definiendo, finalmente, el jueves 17 de octubre cerrar las estaciones del metro dejando a decenas de miles de personas sin forma de llegar a sus casas, que comenzó a exteriorizar lo que estaba latente: rabia, indignación, impotencia que explotó en millones de gritos.

Fue el comienzo de una jornada que lleva ya cinco días de manifestaciones, de irritación, de indignación que se acrecentó con el nuevo desatino del gobierno de decretar primero: ley de seguridad interior del Estado, el viernes 18 Estado de Excepción y el sábado 19 de octubre declara Toque de Queda, como no se había vivido desde la dictadura militar. Es decir, 30 años en la cual el país vivió sin tener presente esta medida extrema y lógicamente con una juventud nacida posterior a ella, que increpa a los uniformados porque se trata de una juventud nacida en democracia, con todas sus imperfecciones y que exige su derecho a manifestarse a denunciar lo que considera abusos por parte de la autoridad y que les toca directamente como es el tema de la educación. Una juventud que visualiza en sus propias casas los efectos de un “milagro económico” chileno que sólo ha dado bienestar a una parte pequeña de la población. Jóvenes que perciben un futuro gris. Según el último Informe llamado Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% con más ingresos en el país posee el 26,5%, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país

El gobierno del presidente Sebastián Piñera Echeñique ha hecho oídos sordos al clamor ciudadano, que va más allá de terminar con el alza del transporte, sino que se adentra en reivindicaciones destinadas a cambiar la estructura del modelo: reforma tributaria que deje de favorecer a los más ricos del país, trabajar por un sistema de pensiones que no deje a la capitalización individual la jubilación de los chilenos y chilenas. Una educación donde la equidad sea el fundamento y no aquella donde siga privilegiando a un sector mínimo de la población. Un sector de salud donde no exista un servicio para ricos y una para pobres donde sólo el año 2018 han muerto 26.700 mil chilenos y chilenas por no poder concretar una operación. Millones que no tienen acceso a especialistas, a fármacos, a un tratamiento completo que mejoren sus expectativas de vida.

Las manifestaciones que se están dando, unida a acciones de saqueos y delincuencia en múltiples ciudades del país austral, es la muestra del ocaso de un modelo político-económico que ya no da ancho, que se ha agotado, que no tiene bases, no hay sustento ideológico, moral ni político para seguir manteniendo en pie este arquetipo denominado neoliberal. Realidad reconocida incluso por personeros de la propia derecha como el Ex Alcalde de Puente Alto y ex candidato presidencial Manuel José Ossandón quien llama a crear una “derecha social” e incluso formar un gobierno de consenso “Mí sector está tomando esto como un tema solo de delincuencia, un tema de violencia, es de violencia y hay delincuencia, pero esto tiene causas, y si no queremos reconocer las causas esto no se va arreglar. Hay demandas sociales que hay que atender”. Bien sabe esa derecha más “liberal” que es posible que pierda el enorme botín que significa el Estado.

Piñera y su incompetencia

Piñera no quiere reconocer las causas, el multimillonario empresario devenido por segunda vez presidente de Chile sostuvo,el día domingo 20 de octubre, en un punto de prensa en la Guarnición Militar de Santiago, la capital chilena “ “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” la pregunta que surge es ¿Quién es ese enemigo poderoso e implacable del cual habla Piñera, que no respeta a nadie ni a nada? ¿Será acaso que el próximo paso sea acusar públicamente a Venezuela y su presidente Nicolás Maduro? O tal vez a Cuba, a Evo Morales? Aunque parezca risible, dichas teorías han salido de las huestes más radicales de la derecha en las reuniones sostenidas por este conglomerado para tratar de contrarrestar las movilizaciones que tienen a su gobierno contra las cuerdas.El único resultado del mensaje de Piñera fue asimilar sus palabras a las pronunciadas por el fallecido Dictador Augusto Pinochet.

Lo señalado muestra la rotunda discrepancia, la escasa noción de realidad que tiene el gobierno frente a lo que sucede en el país. El segundo mandato de la derecha y la ultraderecha en Chile ha mostrado que las frases huecas, sin fondo social, alejada de aquellas preocupaciones y necesidades de la población son su respuesta frente a las demandas ciudadanas. Y se ha mantenido así durante 29 años de democracia formal hasta que la sociedad dice ¡basta!  Y explota indignada y sale a las calles a exigir sus derechos a exhibir la vergüenza propia escondida tras el velo del consumo, del letargo político avalado por una casta política, en común unión con empresarios, grupos económicos y medios de información, que han gozado de todas las prebendas que un sistema como el que rige Chile puede proporcionar.

Una casta política que en estas protestas ha sido dejada a la vera del camino, imposibilitada de asumir un papel de liderazgo porque la población, mayoritariamente no confía en ella. No deposita su confianza en parlamentarios, en empresarios, grupos económicos, ministros, instituciones del estado como aquellas, que hasta hace poco tiempo representaban el escalón más alto en el aprecio ciudadano y la confianza en ellos, específicamente carabineros de chileno. Cuerpo militarizado, que a la luz de una enorme corrupción interna, sobre todo de sus altos mandos minó esa confianza hasta convertirla en un remedo de protección ciudadana.

La población nos les perdona el robo, los miles de millones de pesos esquilmados el Estado para enriquecer a la alta oficialidad mientras el cuerpo de suboficiales y rangos menores debe salir a la calle y recibir el desprecio ciudadano. Esa institución requiere ser cambiada estructuralmente. Misma impresión que se tiene respecto al Ejército de Chile involucrado en multimillonarios escándalos de corrupción vinculado a facturas duplicadas, robo de recursos por parte de algunos Comandantes en Jefe y pago de comisiones fraudulentas en la compra de material militar. Es este Ejército el que saca a sus miembros a la calle a apoyar el trabajo de vigilancia de la policía uniformada.

El país vive situaciones que debilitan la convivencia social, que afectan la vida diaria, que implican la muerte de personas, ya sea a manos de agentes del Estado, que han salido a controlar estas movilizaciones como también muertes debidos a acciones de saqueo que han terminado con incendios de los establecimientos sujetos a esos actos delictivos. Según las autoridades se contabilizaron 15 muertos hasta el lunes 21 de octubre – cuatro de las cuales atribuidas a la acción de patrullas militares – . La destrucción y daños de decenas de estaciones del metro de Santiago, seis trenes, cuantificado en una cifra superior a los 200 millones de dólares. Destrucción de mobiliario público: semáforos, plazas, paraderos del sistema de transporte, rejas, calles, luminarias.

El gobierno responde con fuerte represión a las demandas de la población, aquella que se manifiesta mayoritaria y pacíficamente en función de sus reivindicaciones pero, actúa en forma hasta benevolente con aquellos que han saqueado comercios, grandes, pequeños, cadenas de supermercados, tiendas de ropa, electrodomésticos en las principales ciudades del país. Es una dicotomía peligrosa pues se reprime la manifestación por mejores condiciones de vida y se hizo vista gorda, por varios días, a la represión de los elementos que claramente ocasionan daños. La pregunta que surge frente a esto. ¿Por qué? ¿Por qué se pretende exacerbar el clima de peligro, enfrentar a chilenos contra chilenos? Esto, porque estamos siendo testigos que parte de la población armadas de palos y objetos contundentes defiende lo que denomina sus bienes e incluso aquellos, que no siendo suyos, consideran son parte de sus derechos como ciudadanos: acceso a comprar sin tener impedimentos e incluso limitar el tránsito por el entorno donde habitan.

Da la impresión que la derecha más belicista dentro del gobierno de Sebastián Piñera quiere entrar en una dinámica de guerra, de levantar un enemigo interno, incluso asignar responsabilidad en los hechos de violencia que se han dado a la influencia del gobierno de Venezuela o “poderoso enemigos” repetido hasta el hartazgo por la derecha chilena sin dar prueba alguna de esto, hace sospechar que ciertas mentes termocéfalas, al interior del grupo gobernante,quiere concretar un golpe blando. Idea nada descabellada si siguen los días manifestaciones, saqueos e incertidumbre ¿Piñera habla de un nuevo pacto social pero con quién? ¿Con los mismos que nos han llevado a este sistema inequitativo? No hay posibilidad de cambio en el país si se sigue pensando que el cambio es el gatopardismo frustrante y traicionero, el lampedusiano “el cambiar todo para que nade cambie”.

Es por esto, que las movilizaciones que sacuden Chile han pasado de la lógica etapa reivindicativa de no más alzas en los servicios de transporte a un político y concreto ¡Fuera Piñera ¡generando con ello un efecto político de envergadura, que no se saldará con el hecho que Piñera lance al altar del sacrificio a algún ministro o un funcionario de alto nivel. O que llame a un consenso social con quienes generan desconfianza en la sociedad. Piñera ha quedado en el viejo régimen de creer que todo se soluciona entre el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, el presidente de la corte Suprema y la figura presidencial. Eso es parte de la vieja política, la que ha muerto en los fuegos de las múltiples fogatas que se han encendido en Chile.

Las palabras de Piñera al país en la noche del lunes 21 de octubre mostraron que las esperanzas de cambio serán vanas. Nuevamente centró sus palabras en el tema de la violencia. Acusando a desconocidas organizaciones de ser responsables de la violencia con medios y recursos gigantescos. La referencia de Piñera al dolor que le causaba los hechos de violencia en Chile es meramente económica. No hay en sus palabras ideas de futuro, de cómo aumentar nuestras expectativas, como ser más competitivos como país en correlación con un cambio socioeconómico que permita pensar en remuneraciones justas, en acceso a servicios que son derechos básicos, a pensar en nuestras jubilaciones como lo que su palabra indica “júbilo”. A soñar por un país más justo, competitivo, con alta productividad pero con una población mayoritariamente satisfecha de su nivel de vida. Nada de eso hay en las palabras de Piñera.

Nada de eso hay en las próximas conversaciones entre la casta política. Quiere avanzar hacia un acuerdo social para encontrar mejores soluciones pero el temor, en base a 29 años de experiencias políticas traumáticas, es que todo quede en meras promesas y la triada entre políticos-grupos económicos y el sostén ideológico comunicacional haga estéril todo esfuerzo de mejora. Ello, hasta volver a salir a la calle pero ahora sin freno alguno. Las palabras finales de Piñera en sus palabras al país recordaron un referente que no puede ser emulado, signando la incompetencia y la ineptitud de un gobierno que debe encomendarse a la divinidad. Piñera se despidió del país afirmando el “Dios bendiga a Chile” rogativa que Piñera y su gobierno tendrán que repetir como un mantra, frente a los próximos eventos internacionales a celebrarse en el país: la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP 25) a fines de noviembre próximo y la Cumbre de la APEC cuya Cumbre de Líderes se efectuará los días 16 y 17 de noviembre.


Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
El oasis y la sequía

El oasis y la sequía

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Por José Miguel Urzua*

Estudiantes chilenos movilizados contra las medidas de ajuste de Sebastián Piñeira

Recientemente en el periódico británico Financial Times (17-10-19), el presidente de Chile, Sebastián Piñera afirmó que el país era un oasis sudamericano respecto de la situación de otros estados del vecindario sumidos en lo que definió como populismo, demagogia y crisis política. Afirmó que en Chile había democracia estable, empleo, mejora creciente en los salarios y equilibrio macroeconómico. Concluyó con la disposición de “hacer todo” para evitar que ocurriera lo que está pasando con los países vecinos.

Por otro lado, el país sufre la peor crisis hídrica, con el invierno más seco (comúnmente lluvioso) desde hace 60 años. Esta situación ha llevado al gobierno a declarar emergencia agrícola en varias regiones y 17 comunas de la Región Metropolitana. Diferentes luchadores/as de organizaciones de defensa del agua, han declarado que esta crisis se amplifica a partir del carácter mercantil de la transacción de la propiedad del agua, consignado en el código de aguas de 1981 (promulgado en dictadura), el cual es defendido férreamente por las patronales agrícolas y forestales. Según datos de CNN para 2030, el 57% del consumo de agua estará destinado a la industria forestal y el 37% para la agricultura. Solamente el 2% para agua potable.

Este 18 de octubre ocurrieron diversos hechos espontáneos de manifestación social, convocados un día antes en las redes sociales, impulsados por los/as estudiantes, orientados a evasiones masivas en el pago del metro, y que continuaron durante el día con la destrucción de varias estaciones de este medio de transporte, saqueos, barricadas y cacerolazos en distintos puntos de la capital.

La convocatoria tuvo eco en la población a partir del alza del pasaje del metro, sin embargo, podría atribuirse al encadenamiento de diversos hechos que encolerizan a la población: la impunidad de varios ejecutivos de empresas involucrados en evasión de impuestos, corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, perdonazos tributarios a grandes empresas, las pingües ganancias de las administradoras privadas de las pensiones (AFP`s) y la salud (Isapres), colusiones empresariales para la fijación de precios  en mercancías de consumo básico,  represión policial al pueblo mapuche, zonas de sacrificio ambiental, crisis sanitaria en el sistema público de hospitales, la desidia y altos emolumentos de los/as parlamentarios/as, abandono de la educación pública, innecesario involucramiento gubernamental en la crisis política de otros países sudamericanos, alto endeudamiento de la personas, bajos salarios, desigualdad social, alzas en el pago de la luz eléctrica y la impericia política del presidente y sus ministros/as respecto de declaraciones inoportunas hechas para suavizar los hechos descritos, logrando un efecto contrario al esperado.

La interpretación que hacen las autoridades es errónea pues conciben a estos hechos como meramente delictuales, invocando la Ley de Seguridad Interior y el Estado de Emergencia. Mediante estas medidas son los militares lo que controlan el orden público en una circunstancia no provocada por un fenómeno de origen natural como los terremotos, algo inédito en este período postdictatorial. 

El primer recuento después de las protestas en Santiago son 41 estaciones de Metro quemadas y/o destruidas y 308 personas detenidas. Hay también, 56 policías heridos, 49 vehículos policiales con daños y 11 civiles constataron daños.

Sin duda, estos hechos dan cuenta que el oasis tiene una crisis no solamente hídrica, sino social, política, económica e institucional.


* Dr. en Antropología chileno
Perú en llamas: Vizcarra reprime y persigue a opositores de izquierda

Perú en llamas: Vizcarra reprime y persigue a opositores de izquierda

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Dialogamos con el periodista peruano de Radio Cielo y conductor del programa Prensa Alternativa, Carlos Romainville, quien analizó la situación política del país, la persecución a líderes de izquierda en Perú y la relación con el proyecto minero Tía María.


¿Cuál sería tu primera lectura sobre lo que está viviendo el Perú hoy en día?

Creo que hay que partir por comprender que el Perú es un país que viene siendo gobernado por más de 27 años por un modelo económico impuesto a través de una dictadura y una constitución y el modelo neoliberal que nos dejó como herencia.

Esto ha llevado que el país haya ingresado en estos tiempos en una etapa de conflictividad que se calienta mucho más a medida de que el gobierno de Vizcarra no solamente avanza con concesiones a empresas privadas (transnacionales), sino que pretende imponer un proyecto que viene siendo rechazado desde hace años como lo es Tía María.

El conflicto contra el proyecto ya lleva más de 10 años y hoy se recrudece, nuevamente, por la determinación de Vizcarra de querer imponerlo sin tener la licencia social. Esto ha llevado a un malestar de toda la población del Valle de Tambo que inclusive ha contado la solidaridad de casi todo el Perú.

A Arequipa han viajado hermanos de todo el sur a solidarizarse con los campesinos del Valle de Tambo y esto por supuesto ha generado enfrentamientos con la policía porque justamente una de las medidas que ha tomado Vizcarra ha sido reprimir y militarizar la zona. Hubo heridos entre policías y campesinos y se ha impulsado un paro que lleva más de 25 días. A medida que se iba efectivizando la medida de fuerza, se iban sumando otras regiones anunciando nuevos paros. Ante esta situación, el gobierno de Vizcarra tomó la decisión de suspender (no de dar marcha atrás) momentáneamente la aplicación del proyecto.

En paralelo se da la judicialización de ciertos líderes sociales y de izquierda en el país, parte de una estrategia que se está aplicando contra personajes, en primer lugar, que buscan unir a las fuerzas de izquierda en el país y que levantan proyectos antineoliberales y plantean una asamblea constituyente para una nueva constitución.

Vladimir Cerrón, uno de los perseguidos, es el líder de un partido nuevo de izquierda que se llama Perú Libre y de los pocos que tienen inscripción para participar en las próximas elecciones. Junto a Cerrón,  también aparece Walter Aduviri, líder aymara y gobernador de Puno, perseguido desde hace años por un levantamiento que hubo contra un proyecto minero en Santa Ana y que hoy se encuentra en la clandestinidad porque recaer sobre él un pedido de captura y una sentencia de seis años de prisión. Todos los gobernadores de la región sur se han pronunciado en contra de la sentencia, aludiendo a la idea de persecución política. Además se acaba de amenazar con una posibilidad de enjuiciamiento al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, que ha participado de las protestas y se ha pronunciado a favor de los campesinos y en contra del proyecto Tía María.

Dado el panorama que comentás ¿Cuáles eran las posibilidades de Cerrón de ganar las elecciones en caso de adelantarse para el año que viene?

Veo muy difícil el adelanto de las elecciones porque parece que las bancadas que controlan el congreso (en este caso el APRA y el fujimorismo) se han opuesto tajantemente a esa decisión; y si es que se da, no creo que los sectores populares y de izquierda, nos beneficiemos con esta medida porque pese a los esfuerzos de Cerrón, aún no se ha conformado un frente de unidad lo suficientemente amplio.

Las posibilidades de ganar con una izquierda dividida es imposible. Creo que las medidas que se están tomando son para detener ese avance que se estaba teniendo de confluir en un frente que podría llevar a cabo algún acuerdo programático, que sería lo ideal para que en nuestro país se pueda impulsar un proyecto progresista y de izquierda que genere expectativas en la población.


Sin embargo, el descontento hacia el gobierno de Vizcarra es muy grande

Estamos ante un gobierno que hace todos los esfuerzos por mantenerse luego de un descontento social producto de las privatizaciones, el desempleo, problemas en salud y el abandono de sectores importantes de la población. En realidad los resultados son propios de las recetas del Fondo Monetario Internacional.

Hay una realidad que es que tenemos un congreso donde hay una mayoría fujimorista y aprista que se puede decir oposición al gobierno, pero que no cuestiona el modelo económico, hay intereses más de grupos que discusiones ideológicas. Buscan protagonismo y aprovechar el poder que aún ostentan.

Y así es como Vizcarra continúa con la implementación de políticas neoliberales, contrarias a las promesas que había hecho cuando era gobernador de Moquegua. Ha anunciado medidas y reformas que afectan a la clase trabajadora: flexibilización laboral, medidas que van a atentar contra los jubilados, y otros recortes de derechos que solamente van a favorecer a la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), que es el sindicato de los grandes empresarios de nuestro país, los que controlan y dominan de verdad a los gobiernos a través de las presiones que hacen constantemente.

Hablás de las grandes presiones de los grandes grupos empresarios, y la empresa Southern Copper, que es la que tenía la licencia para la explotación minera amenazó con denunciar a las autoridades de Perú ¿Crees que esto puede tener peso sobre futuras decisiones de Vizcarra al respecto?

Creo que no es sólo la Corporation, son todos los grupos de poder y las transnacionales, si hablamos de los intereses que tienen en el país. Perú es un país estratégico para sus intereses y estos sendos intentos por conformar un frente de unidad de la izquierda, no sólo preocupa al gobierno, sino a la CONFIEP -principalmente-, que se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana en el país. Una opción como ellos les quitaría la posibilidad de seguir manteniendo este modelo económico que los ha beneficiado tremendamente.

El tema es bastante álgido en los interiores del país, con regiones donde hay índices de desnutrición y de anemia escandalosas en nuestra niñez que en algunos casos supera el 70%.

Lo que pueda hacer Vizcarra va a ser muy poco. Lo que más le interesa es tratar de cuidar su imagen y es por eso que ha planteado el tema del adelanto de las elecciones.

Lo que ha pasado en Argentina (por el resultado de las PASO), aunque algunos crean que es algo muy lejano, de una u otra manera va a influir en la región. Ha sido saludado de una manera especial por los sectores progresistas de nuestro país y también va a alimentar el espíritu de aquellos que creen es necesario unir todas las fuerzas para poder hacer algo y cambiar este modelo económico e iniciar un proceso que nos garantice el bienestar a todos los peruanos. Ojalá que los líderes de izquierda y las organizaciones progresistas sepan leer este momento y aprovechar esta coyuntura para poder impulsar algo que sea en beneficio de todos los peruanos y no se siga manteniendo un modelo económico que de verdad ha fracasado, que nos ha llevado a una situación verdaderamente vergonzosa.

Son 27 años de neoliberalismo y la situación creo que ya no da para más. Por lo tanto y dado que la derecha no tiene propuestas, sino simplemente aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, creemos que esta es la posibilidad de que los sectores progresistas y de izquierda, en base a un proyecto unitario, nos podamos unificar y de esa manera llevar una propuesta que reúna el sentir de la gran mayoría de los peruanos.

Bastones largos y patas cortas

Bastones largos y patas cortas

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Sol Castillo*

El 29 de julio se cumplieron 53 años de la Noche de los Bastones Largos y como todo acontecimiento histórico, este trágico suceso sigue siendo fundamental para comprender los proyectos educativos que se encuentran en pugna y que responden ni más ni menos que a disputas de proyectos de país antagónicos.

***

A partir del Decreto Nº 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios[1], firmado por el presidente Juan Domingo Perón en 1949, las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas, abriendo las puertas a aquellos sectores que veían como irreal acceder a la educación superior. Convertirla en un derecho universal, implicó un gran aumento de las matrículas. La concepción democratizadora de la enseñanza, puede marcarse como un punto de partida clave para situar lo que se llamó la “Época de Oro” de las Universidades.

Más tarde, el golpe del ‘55 autodenominado “Revolución Libertadora”, dio comienzo a la proscripción del peronismo y en diciembre de ese año dictó el Decreto-Ley 6.403 de “Organización de las Universidades Nacionales“[2]. Éste abrió las puertas para la creación de universidades privadas con la potestad de otorgar títulos de igual validez que las públicas. La disposición generó una gran resistencia en amplios sectores de la sociedad.

El movimiento estudiantil se encontraba marcado por el espíritu heredado de la Reforma Universitaria del año 1918, y por la fuerte concepción adquirida a partir de la Ley 1.420 que concibió a la educación de forma pública, gratuita y laica en nuestro país.

La confrontación que giró en torno a la enseñanza Laica o Libre, alcanzó grandes dimensiones pero no fue hasta el año 1958, con la asunción de Arturo Frondizi, que se reglamentó el artículo Nº 28: “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. Pese a tratarse en ese momento de instituciones confesionales, esta legislación también funcionó de amparo a todas aquellas universidades de marcada matriz mercantil y empresarial.

Las universidades resistieron el convulsionado contexto y atravesaron un proceso de modernización con la formación de centros de investigación, la renovación de planes de enseñanza, la creación de las carreras de Psicología y Sociología, la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto de Cálculo -pionero en computación con la máquina “Clementina”-, el nacimiento de EUDEBA[3], la editorial de la UBA que llegó a editar casi 12 millones de libros a precios populares.

La coyuntura mundial estaba atravesada por la Guerra Fría. Fueron años donde diversas experiencias de luchas por la liberación, resultaron triunfantes haciendo frente a proyectos colonizadores e imperialistas. Los grandes poderes económicos comenzaron a ver peligrar sus planes de sometimiento para esta región y desde de los EEUU se volvieron a digitar planes injerencistas con el objetivo de agotar cualquier posibilidad de otra “Cuba”.

En nuestro país, con Illia llegando a la presidencia con el 25% de los votos y el peronismo aún proscripto, se dan grandes manifestaciones callejeras que tuvieron como protagonistas -principalmente- a sectores obreros y estudiantiles, profundamente interpelados por los ideales revolucionarios.

El clima de confrontación con las fuerzas represivas del Estado alcanzó niveles más altos con la llegada de Onganía al poder mediante un golpe (junio de 1966). Éste ordenó inmediatamente la disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, intervino las provincias y empezó una despiadada persecución a toda forma de organización política que fuese sospechosa de ser una “amenaza roja”. En este sentido, las universidades y los elevados grados de organización y movilización estudiantil, eran un blanco a atacar para “neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo”. En línea con la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Washington para Nuestra América, buscaron eliminar a ese enemigo interno que construyeron.

El Ministerio de Educación pasó a ser una Secretaría dependiente del Ministerio del Interior y a partir del Decreto-Ley 16.912 se puso fin a la autonomía universitaria y se convocó a rectores y decanos a ser interventores del gobierno. Varios renunciaron, otros pocos acataron la orden. En las facultades de la UBA donde se intentaron organizar medidas de fuerza para mostrar el rechazo, el gobierno de facto ordenó el ingreso de la Policía Federal. En Filosofía y Letras, Arquitectura y en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, descargaron sus palos y gases lacrimógenos contra estudiantes y profesores, y se encargaron de destruir laboratorios y bibliotecas. La represión terminó con 400 detenidxs.

Este episodio dejó profundas consecuencias para la educación argentina y para el desarrollo del país. Las universidades públicas fueron vaciadas: alrededor de 1.500 investigadores y docentes fueron despedidxs o renunciaron a sus cargos. Cientxs de ellxs se exiliaron. El proyecto de una Universidad como usina de pensamiento crítico y al servicio del pueblo, fue brutalmente interrumpido.

La Memoria no se acalla a fuerza de palos

El plan detrás de “La Noche de los Bastones Largos” parece ser re-editado, esta vez de la mano de la Alianza Cambiemos. A veces recurriendo a su brazo represor como sucedió en la Jujuy de Gerardo Morales (UCR)[4], o asestando golpes a maestrxs que se manifestaban en defensa de la escuela pública y un salario digno[5], por nombrar sólo algunos.

En general, la educación pública -en todos sus niveles- ha sido blanco de ataque. Frases manifestadas por el presidente Mauricio Macri como “¿qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura” o “los que tienen que caer en la escuela pública”; o la de la gobernadora María Eugenia Vidal que dijo que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”; o el reciente y lamentable discurso en defensa del Servicio Cívico Voluntario de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que afirmó que “Gendarmería es la institución más valorada, mucho más que la educación pública”. Una clara expresión de cómo conciben este derecho de millones de argentinxs.

Cabría preguntarnos cómo piensa el futuro, un gobierno que retira al Estado como garante de los derechos fundamentales del pueblo argentino; que subsume sus políticas a los lineamientos del FMI; que aboga por un modelo agroexportador y por ende desindustrializado, donde no hay lugar para investigadorxs ni científicxs; que concibe a la educación como un negocio; que ofrece a lxs jóvenes instruirse con la Gendarmería o lxs empuja a un mercado laboral profundamente precarizado; que responde con represión en las calles cuando se denuncian sus atropellos.

Ejercitar la memoria es una de las principales herramientas para reconocer en el presente quiénes son los continuadores de un proyecto que se encuentra en las antípodas de las conquistas heredadas por generaciones que defendieron el derecho a una educación pública, gratuita, de calidad, y una ciencia soberana, en vistas a forjar una Universidad verdaderamente popular.


* Comunicadora social, columnista del programa La Marea (Radio Futura – FM 90.5), editora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.

Bibliografía:
[1] http://gratuidaduniversitaria.cin.edu.ar/attachments/article/15/decreto%2029337-1949.pdf
[2] http://www.coneau.gob.ar/archivos/567.pdf
[3] http://zonda.sanjuan.edu.ar:8081/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/EUDEBA.html
[4] http://www.infonews.com/nota/307105/bastones-largos-en-jujuy-la-policia-entro
[5] https://www.pagina12.com.ar/30838-represion-para-impedir-otra-carpa-blanca

Tonfa, bala y reja como política de estado

Tonfa, bala y reja como política de estado

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Adrian Berrozpe*

Durante lo que va del gobierno de Mauricio Macri, el Pro (o la que hoy se conoce como la alianza “Juntos Por el Cambio”) se ha construido de dos enemigos públicos, el primero la masa de trabajadores (ocupados o desocupados) organizados, a los que no ha dudado en reprimir cada vez que quiso y el segundo son las juventudes de las clases populares.

Como es sabido prácticamente desde que empezó en aquel triste y caluroso diciembre el gobierno no ha dudado en marcar como eje el “Orden” cueste lo que cueste y así se dio que prácticamente toda manifestación del movimiento obrero ah sido reprimida, recordemos que estas se dan por las olas de miles y miles de despidos que ha habido tanto en el estado como en el sector privado Indirecta o directamente, ósea por que ha permitido a las empresas flexibilizar o por que las políticas económicas han arrasado con cuanta pyme se cruzaran.

El segundo gran enemigo (y a la que haremos especialmente referencia) son las juventudes de las clases populares, estas diferentes juventudes, con diferente bagajes y recorridos de acumulación cultural, se han visto golpeadas brutalmente, primero por las políticas económicas y segundo por las políticas sociales que la buscan estigmatizar.

Lo primero que nos toca relatar es sobre la doble cara del progresismo de centro, o la centro derecha con buenos modales, que habla de aborto y fuma porro, aquella que busca correr el eje de la verdadera discusión sobre una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, diciendo que cualquier ley de la democracia es mejor que la de la dictadura, bueno debemos decir que no, no es así, la ley que pretende impulsar el Pro (Alianza-Cambiemos) es bastante-mucho peor.

¿Por qué? (es fácil le dejamos los 4 puntos del posicionamiento de la campaña de la “Red Argentina No Baja”)

1-En base al Decreto actual de Videla (Ley 22.278), la edad de punibilidad fue fijada en 16 años, por este motivo, bajar la misma a 15 años es un retroceso en materia constitucional y de derechos humanos; va en contra de los estándares internacionales vigentes. Por eso sostenemos que este Proyecto de Ley es peor que la Ley de Videla, ya que refuerza un Estado tutelar.

2-La discusión propuesta girada en torno al discurso de la seguridad y la reparación hacia las víctimas de delitos supuestamente cometidos por adolescentes se cae fuertemente ya que los delitos cometidos por personas menores de 16 años representan porcentajes bajísimos y más aún aquellos tipificados como graves por el Código Penal.

3-Asimismo, la propuesta de sanción de penas más duras que se observa en el proyecto de Garavano y Bullrich, no respetan los principios de la Convención de los Derechos del Niño en su Observación Número 10, entre otras. Y con argumentos falaces y garantistas promueve el encierro punitivo en situaciones que deben ser acompañadas por los organismos de protección pertinentes y no por Juzgados penales.

4-El proyecto de Garavano y Bullrich promueve una lógica de demagogia punitiva mientras que desde el Gobierno Nacional se lleva adelante una política económica cuyas primeras víctimas son, entre otras, los niños, niñas y adolescentes; al mismo tiempo que vacían el Sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cabe destacar por otro lado que cuando se convoco a diferentes organismos y organizaciones, nacionales e internacionales, no hubo consenso, si no mas bien repudio al ante proyecto de ley.

Sobre la grave situación de la Niñez y la adolescencia se habla poco y nada en los medios de comunicación hegemónicos.

En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, no se llega al digito del presupuesto para destinar en políticas de niñez, en cambio se festeja con bombos y platillos un nuevo presidio “modelo” (para poder contener a jóvenes revoltosos) y de paso poder poner en venta propiedades que se encuentran, muy bien valuadas, en barrios como Palermo o el microcentro porteño.

Mientras la ministra Patricia Bullrich sale a promocionar 8 como si fuera una colonia de vacaciones) el “servicio cívico voluntario en valores” y sosteniendo con ligereza que gendarmería tenia mas prestigio que la escuela pública, en provincia de Buenos Aires se agrava cada vez mas la emergencia educacional y en C.A.B.A las organizaciones de los trabajadores de la educación denuncian que no hay vacantes para mas de 25 mil pibes y pibas de la ciudad.

Los datos oficiales (los que da el propio gobierno) da que solo el 0,8% de los delitos son cometidos por menores de edad y de ese universo son contados con la mano los que tienen desenlaces fatales.

El ultimo censo sobre personas en situación de calle dio como resultado que en la ciudad se encuentran 7251 personas en esta situación, el 50% no tiene mas de un año en la misma (ósea que se duplico esta población, producto de la política económica) de ese total 857 son niños, niñas y adolescentes menores de 18años.

A la situación de la violencia institucional (policial) en los barrios mas pobres, donde se ha trasladado las palizas de las comisarias, a las garitas de los pasillos, se le suman los fusilamientos a jóvenes por parte de las fuerzas de ¿seguridad?, lo que paso con los 4 chicos de Monte se le suma las brutales represiones a las barriadas mas humildes, como la que se dio en Villa Caraza en Lanús, el pasado miércoles 3 de este mes.

Hay una saña desmesurada contra jóvenes y laburantes, pero peor aun es que se usa de manera publicitaria, ¿será que como sociedad cambiamos derechos por castigo?, será que la tonfa vale mas que el libro? o será simplemente que es mas barata la bala que pibes comiendo en su casa?


* Productor periodístico del programa de radio "Cabezas de Radio" que se emite los sábados de 9 a 12 hs en radio Ahijuna (FM 94.7). Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA
La otra cara de la economía

La otra cara de la economía

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

por nasim iusef venturini*

Al ritmo que se destruyen empleos, empresas y fábricas que cierran. La incertidumbre que se manifiesta en no tener que comer, un Estado que aparece en forma de balas y represión por parte de las Fuerzas de Seguridad sobre los sectores populares; tarifazos y aumentos de precios que empobrecen. Ante este escenario surgen estrategias para ver cómo llevar algo para comer y poder sobrevivir a la casa.

Así de crudo se manifiesta el neoliberalismo impulsado por la Alianza Cambiemos, que en 4 años de gestión destruyó una parte importante del tejido industrial y social del país. Utilizando un discurso de odio entre las personas, permite la brutal concentración de la riqueza, al tiempo que se expande la miseria, se desguazan las funciones sociales del Estado y se rifa la soberanía económica a los designios imperiales.

Estas estrategias de supervivencia, se basan en comerciar/trocar lo que se tiene, lo que sobra, buscar más trabajo en un contexto adverso, donde más de un tercio de la población vive bajo la línea de la pobreza y donde cada día hay más gente que no puede afrontar los gastos básicos de vivienda y recurre al abrigo de la calle.

En lo que va de gestión macrista, según un estudio del Centro de Estudio Económicos de Política Argentina (CEPA) las ferias populares aumentaron Gran Buenos Aires, mostrando la grave situación a la que se enfrentan miles de argentinas (porque en mayoría son mujeres) a la hora de conseguir el pan para sus hijos.

El día 22 de julio en la Ciudad de La Plata, nuevamente la respuesta fue represión. Represión a la voluntad de salir a feriar para parar la olla, detenciones a quienes se manifestaban en contra de tal aberración. Porque que la policía impida desarrollar estrategias de supervivencia como lo es feriar, para conseguir un mango para comer, es aberrante. La policía impidiendo que las personas se ganen el mango respondiendo a los intereses del poder, que día a día deja a miles excluidos es la cruda cara del neoliberalismo a la que estamos expuestos.

Ante esta desesperación y la urgencia surge lo que ellos llaman inseguridad, que se llama desamparo, desesperanza y violencia sobre sectores populares que se transforma en más violencia, no contra el régimen sino contra lo próximo.

El localcito de doña Rosa, la casa de les jubilades que terminan cagados a palos. Porque hay que decir todo, pese a que este gobierno se vanaglorió de combatir la “inseguridad”, en el año 2018 en Provincia de Buenos Aires, aumentaron 63% los robos, 55,4% las estafas y 50% los secuestros.

Será que, como dice la Comisión Provincial de la Memoria “las políticas represivas son altamente inefectivas para combatir el delito” y que la estrategia de la represión sólo permite instaurar un régimen injusto, que es violento contra las personas y construye la inseguridad de no tener que llevar a comer a tu casa.

La mejor forma de construir una sociedad sin violencia e inseguridad, es garantizando la seguridad de tener educación, salud y dignidad, cosas que el neoliberalismo del siglo XXI nos intenta arrebatar y ante eso no queda más que juntarse y reforzar la solidaridad, arma fundamental que tenemos les de este lado para construir una sociedad más justa.


* Lic en Economía, integrante del colectivo "Economía a pata", Co-conductor de “Promocionando la Salud” (Radio Futura - FM 90.5), Redactor de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Trinchera.
Aquí tiene un espejo, señor Piñera

Aquí tiene un espejo, señor Piñera

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO*

Sebastián Piñera volvió a arremeter contra la República Bolivariana de Venezuela. Dijo, entre otras cosas, que Maduro “tiene los días contados” y que “no hay democracia, ni libertad de expresión; hay presos políticos y no hay respeto por los derechos humanos”. Si se hace un análisis de los 15 meses de gobierno del actual mandatario chileno, se observa con bastante claridad la hipocresía con la que se maneja la derecha en Nuestra América.

Quizás a Piñera se le olvidó el informe que le enviaron desde Amnistía Internacional hace algunos días. El documento se titula “El presidente Piñera nos debe” y en la introducción se señala que durante este año de gestión “el gobierno ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda en derechos humanos ha crecido en lugar de disminuir”.

En materia de género, el informe indica que no se ha asegurado una apropiada aplicación de la ley que despenalizó el aborto y tampoco se ha avanzado en la implementación de una educación sexual integral desde las etapas más tempranas de la vida escolar. Además, el gobierno eliminó la promoción de la igualdad de derechos en materia de matrimonio y, en la misma línea, restringió la ley de identidad de género que facilita la posibilidad de cambio de nombre y sexo registral para menores de entre 14 y 18 años.

Piñera, que pareciera ser todo un promotor de los derechos humanos cuando habla de Venezuela, ha sido muy cuestionado por su política migratoria. La migración es un derecho humano y, sin embargo, a través de decretos de urgencia, el gobierno dispuso un proceso de regularización masiva (muy engorroso para los migrantes), además de impulsar la entrega de visas en los consulados de los países de origen con criterios que los expertos califican de discriminatorios, selectivos, y limitados. Por otra parte, el gobierno rechazó el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, del cual Chile había sido un gestor destacado.

El conjunto de estas políticas proviene de la necesidad que tienen muchos gobiernos de derecha de usar la migración como un instrumento político: culpar a los extranjeros del crimen, la desigualdad y todos los males sociales es una vieja táctica para exculpar a los verdaderos culpables de las crisis.

Otro de los puntos cuestionados en el informe es la consulta indígena a través de la cual se pretende modificar la Ley Indígena (Ley 19.253) y que solo apunta a justificar una mayor penetración del capital extractivo a territorio mapuche. El gobierno, con la clase empresaria en el poder, busca mediante engaños, mentiras y fraudes, que los empresarios capitalistas puedan ingresar al wallmapu. El proceso fue criticado por el relator de ONU sobre Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero como siempre, se utiliza el aparato comunicacional en manos de los grandes grupos económicos, para tratar de hacer creer al resto de la población chilena que es un grupo minoritario el que se opone a la consulta indígena, a pesar del enorme rechazo que hay en las comunidades de todo el wallmapu.

Por último, el documento sostiene que el gobierno de Sebastián Piñera también ha detenido el proyecto de reforma constitucional que busca declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad, aparte de haber debilitado la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de tortura política.

La impunidad que supone esta serie de medidas, sólo permite que los delitos de lesa humanidad se repitan, al mismo tiempo que habilita el uso excesivo de la fuerza de Carabineros en su actuar. La represión ejercida en contra de estudiantes, organizaciones sociales y el pueblo mapuche se ha vuelto moneda corriente durante el gobierno de Piñera.

El sistema educativo también se orienta bajo los principios neoliberales. La Ley de Aula Segura que habilita a funcionarios policiales a requisar a lxs estudiantes antes de ingresar a clases cada día y otras políticas similares, han llevado a la totalidad de la comunidad educativa a las calles en las principales capitales del país. Lxs estudiantes se han movilizado con una creciente energía desde finales de abril. Como si no fuera suficiente el clima de persecución, el gobierno se ha sumado a una propuesta realizada por un organismo consultor para quitarle la condición de obligatoria a las asignaturas de Historia y Educación Física. Algo similar había ocurrido años atrás con Filosofía, propuestas o decisiones que expresan el fuerte interés de las elites por moldear una futura masa laboral con bajo nivel reflexivo y cultura histórica, social y, especialmente, política.

La agenda del gobierno de Piñera no pasa por el fortalecimiento de los sistemas públicos, ni en salud, educación o vivienda, y donde puede intenta introducir al sector privado. Es lo que está sucediendo con la Educación Pública y así lo entienden lxs maestrxs que llevan más de tres semanas de paro y protestan contra esta reforma que se pretende introducir en el plan de estudios. Además exigen el pago de un bono para lxs docentes de la educación diferencial y enumeran 11 puntos entre los que se destacan el desconocimiento por parte del Estado chileno del reajuste salarial que desde 1981 deberían haber recibido lxs profesores, el agobio laboral, la titularidad de las horas de extensión y el fin al doble proceso de evaluación docente.

“El gobierno tiene que escuchar que estamos defendiendo la Educación Pública, totalmente abandonada por un gobierno que quiere que se siga deteriorando para que los amigos privados arremetan con sus negocios”, dijo, a modo de consigna ante una marcha de colegas en Valparaíso, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores.

El abandono de la educación pública esconde una serie de efectos que van desde las extensas jornadas de trabajo y aspectos salariales a una completa falta de inversiones en infraestructura. Una suma que ha deteriorado los niveles de la educación pública chilena y que deja entrever la enorme brecha entre los rendimientos de la educación pública y la privada. Un proceso de decadencia que también se expresa en las enormes desigualdades de la sociedad chilena.

Con un gobierno en retroceso y sin respuestas, es posible que estemos en las puertas de un interesante proceso de acumulación de fuerzas por parte de la ciudadanía y sus organizaciones. El retroceso de Piñera y la falta de respuestas por parte de su gobierno, junto con procesos similares desarrollándose en el resto de Nuestra América, ponen en evidencia la crisis del ascenso político conservador que comenzó hace pocos años. Bolsonaro enfrenta una ofensiva desde varios flancos que prácticamente lo han dejado inmóvil y sin respuestas, Macri ha llevado a la economía argentina al desastre, Moreno en Ecuador se encuentra al borde de la caída de su silla presidencial, y Duque ha sido desenmascarado por sus relaciones con el paramilitarismo y el propio narcotráfico.

En contrapartida se anuncian los vientos de recuperación de los proyectos nacionales, populares y progresistas: la recuperación del diálogo en Venezuela, la línea independiente y latinoamericanista de López Obrador en México, la firmeza de Evo Morales en Bolivia, las iniciativas electorales del peronismo en Argentina y la revelaciones de la conspiración ilegal contra Lula en Brasil abren una compás de esperanza para un nuevo impulso de los procesos emancipadores en la región.

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