El Ejecutivo habilitó, mediante un decreto, el concurso público nacional e internacional, de los paquetes accionarios mayoritarios de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Mientras tanto, sigue vigente la prórroga de las concesiones por las cuatro centrales hidroeléctricas ¿Como será el proceso?
Tal como había anticipado Revista Trinchera, el Gobierno Nacional tomó la decisión de avanzar en la privatización de cuatro represas ubicadas sobre los cauces del río Limay y del río Neuquén. Esto se da en el marco del plan oficial de achicamiento del estado. Las centrales hidroeléctricas en venta son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Según lo establecido en el decreto 895/2024, publicado este jueves, en el Boletín Oficial, las plantas energéticas ahora podrán ser vendidas mediante un concurso público nacional e internacional. El documento nacional lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo.
Cabe destacar que las represas estaban siendo operadas con prórrogas transitorias, y ahora están sujetas a reprivatización. Además, se encuentran en manos de empresas privadas, pero los contratos de concesión están vencidos.
Las cuatro centrales hidroeléctricas enmarcadas en el Decreto son: El Chocón (que incluye su regulador, Arroyito) está en manos de la italiana Enel. La concesión original venció en 2022; Cerros Colorados, en manos de la argentina Aconcagua, también tiene vencido el contrato desde hace dos años.
Alicurá está concesionada a la estadounidense AES, con los mismos plazos que las anteriores; y Piedra del Águila está manejada por Central Puerto. Su concesión venció en 2023.
La privatización de estas centrales hidroeléctricas forma parte del plan de transformación de empresas públicas, y será llevada a adelante por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la secretaría de Energía. El objetivo es la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades operadoras, en un proceso que se extenderá por 180 días.
¿Cómo es el proceso de privatización de represas?
En principio, durante este período, los actuales concesionarios seguirán operando las plantas hasta que se concrete la transferencia al sector privado. Se estableció que el proceso de oferta del paquete accionario mayoritario deberá incluir diversos anexos, como el contrato de concesión, inventarios, normas de manejo de aguas y la protección ambiental, entre otros.
Además, la normativa oficial faculta a la secretaría de Energía para gestionar las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos, asegurando la continuidad del funcionamiento de las plantas.
Hasta el momento, el paquete accionario de estas cuatro empresas está en manos de Enarsa (con el 98% de las acciones) y NASA (con el 2%), de forma «transitoria», hasta que se complete la privatización.
“Facúltase a la secretaría de Energía, en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ambas del Ministerio de Economía, a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo”, resalta la nrmativa.
Privatizadas por el menemismo
Es necesario resaltar que a partir de 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, las represas hidroeléctricas fueron concesionadas por un período de 30 años. Como el plazo se cumplió el año pasado, en medio del proceso electoral. el ex ministro de Economía, Sergio Massa, dispuso sucesivas prórrogas, que se iban actualizando cada 60 días.
El objetivo del peronismo, si ganaba las elecciones, era finalizar las concesiones y que las represas volvieran a ser estatizadas, con un acuerdo para gestionarlas con los gobiernos provinciales, algo por lo cual presionaban los gobernadores. Sin embargo, el triunfo de Javier Milei cambió todos los planes.
Menciones del Decreto 895/2024
El llamado a concurso público de las represas se da en el marco de la Ley Bases, cuyo título pertinente es reglamentado a través del decreto 695/2024. El mismo establece las normativas para las privatizaciones. Cada empresa o sociedad a privatizar debe presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, procedimientos, modalidades y plazos. Este informe también es enviado a la Comisión Bicameral del Congreso para su revisión.
Finalmente, el Gobierno deberá convocar ofertas del sector privado, tras la autorización del Ejecutivo. La normativa aclara que, antes de formalizar los contratos, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación deben revisar los documentos pertinentes. En caso de observaciones, se requerirá un nuevo informe antes de proceder.
Esta medida marca un hito en el plan de privatizaciones del actual Gobierno, orientado a agilizar la transferencia de activos al sector privado y el achicamiento del estado. Desde el Ejecutivo se señala que el objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas, en este caso de las centrales hidroeléctricas.
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