El presidente electo, Javier Milei, comenzó la previa de su gobierno afirmando que privatizará distintas empresas estatales entre las que se encuentran los medios públicos. La receta, aplicada por última vez durante el menemismo, arrojó un saldo de despidos altísimos que derivó en un desempleo que escaló hasta el 18%, el mas alto de la democracia. Ante el inminente peligro, los implicados comienzan a defenderse.
“Terminó la campaña del miedo, y comenzó el miedo”, esbozaron varios analistas como continuación a esa frase que el libertinaje utilizó durante toda la campaña electoral para separar el marco teórico de las propuestas de Javier Milei de su supuesta praxis. Tras ser electo presidente, el libertario amaneció encendido al otro día en el intento de acercar sus ideas a un campo más cercano a su realización, y confirmó la privatización de YPF y de los medios públicos: Agencia Télam, Televisión Pública y Radio Nacional. Quien nos lee constantemente sabe que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en su modelo híbrido público-privado, (que garantiza un brazo de acción nacional a la hora del desarrollo de recursos), es una de nuestras banderas, así como lógicamente lo son los medios públicos, por derecho a la información, por pluralidad de voces y por democracia en las ideas. De igual manera, pese a que la literatura hoy permita configurar la idea de que “terminó la campaña y comenzó el miedo”, de nada servirá entrar en una hipérbole de terror. “Los pueblos deprimidos no vencen”, decía el pensador de FORJA, Arturo Jauretche. Acción, acción y más acción es lo que el presente y mediano futuro nos demandará, y ejemplo de ello es el pronunciamiento instantáneo de estos medios, en defensa de lo suyo.
“Una de las primeras declaraciones del presidente electo Javier Milei fue reafirmar su decisión de privatizar los medios públicos”, comienza el comunicado emitido y firmado por Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, Bernarda Llorente, presidenta de Télam, Jésica Tritten, Gerenta General de Medios Públicos, Osvaldo Santoro, vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, Claudio Martínez, Director Ejecutivo de Televisión Pública y Alejandro Pont Lezica, Director Ejecutivo de Radio Nacional. Luego, el mismo asegura que “esta posición genera un enorme rechazo y preocupación ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática”.
“La información como un derecho y no como una mercancía”, “el diálogo con ciudadanos y no con consumidores”, “el mandato de servicio público establecido por las leyes vigentes”, “la pluralidad, diversidad e inclusión de contenidos”, “”cobertura en todo el territorio nacional”, y “la difusión de Argentina hacia el mundo”, son algunas de las consignas que con más fuerza retoman y que refrescan una vez más el modelo que considera a los medios de comunicación como uno de los poderes que el Estado debe brindar a toda la ciudadanía.
Bajo la lógica del “cuarto poder”, los Estado-Nación concebidos en el mundo occidental durante el siglo 19 consideran que luego de la división de los tres poderes fundamentales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la información como derecho debe aglomerarse en una lógica donde el periodismo y/o comunicación sean el poder siguiente, garantizado para todos y todas, por el Estado mismo. Es importante recordar que este modelo fue puesto en práctica a partir de la primera Constitución en 1853, y profundizado por referentes que la propia militancia de la Libertad Avanza reivindica como lo son Julio Argentino Roca o Juan Bautista Alberdi.
Los días de transición entre propuestas tan antagónicas se tiñen de una incertidumbre flagrante, y en ella, los distintos espacios que se verían maleficiados por las medidas que el presidente electo promete, comienzan a vociferar que no se resignarán fácilmente, sobre todo porque ello supone una inmediata suba del nivel de desempleo, así como sucedió durante la última horda de privatizaciones durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando se privatizaron a mansalva empresas como YPF. Mientras que hoy, pese a los graves problemas salariales e inflacionarios, la desocupación se encuentra en el nivel más bajo desde la democracia, la década de privatizaciones llevó la desocupación de un 8% (fin del gobierno de Raúl Alfonsín) a un 18% en 1995. Esta se mantuvo hasta el fin del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, recomponiéndose luego durante el la gestión de Néstor Kirchner (finalizó en 2007 con un 7%). Todo esto fue recabado del informe realizado por “Chequeado”.
