A 10 años del primer “Ni Una Menos”

A 10 años del primer “Ni Una Menos”

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Hace diez años, el grito colectivo de Ni Una Menos marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Desde aquella primera movilización un 3 de junio, el movimiento ha transformado conciencias, ha impulsado cambios legislativos y fortalecido redes de apoyo. A una década de este hito, es momento de reflexionar sobre los avances logrados, los desafíos pendientes y el impacto de la consigna que sigue resonando con fuerza. 

“Si tocan a una,
respondemos todas”
Canción sin miedo

Ni Una Menos es una consigna que dio nombre al movimiento feminista surgido en Argentina en 2015, que posteriormente se expandiría a gran escala en varios países de Hispanoamérica y otras regiones del mundo. 

Esta movilización se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en ochenta ciudades de Argentina, en un contexto en donde en el país no se conocían cifras oficiales sobre femicidios ni violencia de género. Actualmente el relevamiento más importante, (por ser de carácter nacional), es realizado por el Observatorio de Femicidios de Argentina, creado en 2009. 

El acontecimiento, considerado por muchos como el impulsor del movimiento, es el asesinato de Chiara Páez, de 14 años, el 9 de mayo de 2015. Páez estaba embarazada y había decidido decirle al padre, Manuel Mansilla, de 16 años, que quería quedarse con el bebé. 

Al día siguiente fue encontrado el cuerpo de Chiara Páez, quien había sido asesinada por su novio. Este hecho movió a las organizaciones a realizar una convocatoria, está vez una concentración frente al Congreso, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Al principio fue pensada como una convocatoria local, pero luego, a través de redes sociales tomó trascendencia internacional. Numerosas figuras públicas se adhirieron, incluyendo jugadores de fútbol, actores, artistas, periodistas, deportistas, dirigentes políticos, ONG y sindicatos. 

A partir de esto, se determinó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la jueza Elena Highton de Nolasco que se establecería un registro de los feminicidios. 

¿Cuáles fueron los avances? 

La última cuarta ola

Si bien cada ola del feminismo avanzó en particular sobre el cuestionamiento general del patriarcado y convierte lo privado en público unificando los problemas; la cuarta ola es la que más avanzó sobre el concepto de consentimiento, aun en relaciones estables. Por otro lado el desarrollo del #MeToo en otras partes del mundo tocó a personalidades incuestionables hasta el momento. Por eso esta última ola es muy profunda y cuestiona como ninguna los valores patriarcales del sistema capitalista. 

En el país se expresó con la ola verde: miles de calles exigiendo el aborto legal como derecho, con un eje enfocado en la frase “mi cuerpo, mi decisión”. Impulsada por el movimiento “Ni Una Menos”, esta etapa se caracterizó por la lucha contra la violencia sexual y la explotación económica, así como la defensa de los derechos reproductivos y la igualdad de género.

Ley Micaela (27.499)

A partir del asesinato de Micaela García, una militante del Movimiento Evita que fue además abusada sexualmente previo a este hecho, sucedido a la salida de una discoteca en Gualeguay (Entre Ríos) en 2017, se impulsó la conocida ley. El autor del crimen fue Sebastián Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por el abuso sexual de dos mujeres. A Wagner se le había otorgado la libertad condicional por 9 meses antes del femicidio, a pesar de que el informe criminológico había sido negativo y recomendaba no otorgarle la libertad.

Luego de siete días de intensa búsqueda, en abril de 2017, la noticia del crimen generó una fuerte conmoción en todo el país. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años. 

La ley fue sancionada el 19 de diciembre de 2018, en Diputados, con 171 votos a favor y uno en contra, entrando en vigor el 10 de enero de 2019, y Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública, abarcando los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial.

Línea 144

En Argentina es el número asignado para la atención, contención psicológica y asesoramiento legal en situaciones de violencia de género, además de brindar asesoramiento en articulación de organismos del Estado. La línea fue creada en virtud del artículo 9 de la Ley 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”, sancionada en el año 2009. La ley comenzó a ser operativa en el año 2013, bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social por abogados, psicólogos y/o trabajadores sociales desde Buenos Aires. 

Después de haber permanecido una década abierta, y haber pasado por distintos modelos de gobierno, Javier Milei, en su “batalla cultural contra la ideología de género”, desfinanció y desmanteló de manera masiva el centro de atención del 144, como el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género.

Ley Brisa (27.452)

Establece un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, principalmente para aquellos cuyos progenitores han sido condenados por el homicidio de sus madres. Fue inspirada a partir del caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años, cuya madre fue asesinada a golpes por su marido. Cuando Daiana Barrionuevo desapareció, su ex pareja le dijo a la policía que se había ido con un amante, lo que motivó una búsqueda de 20 días, tras la cual se descubrió su cuerpo, que había sido arrojado a un río. 

El cuerpo de Daiana apareció el 10 de enero de 2014. Tres años después – en 2017- Iván Adalberto Rodrigues, el padre de los niños y de Brisa, fue condenado a prisión perpetua. La ley establece como requisito para acceder a la prestación ser hijo/a de la progenitora fallecida, ser menor de 21 años y residir en la Ciudad de Buenos Aires. Ante un femicidio, el Estado deberá garantizar a los hijos de la progenitora fallecida una prestación mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo.

Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

Establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce inclusive, manteniendo la vigencia del derecho en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin limite de tiempo. 

El proyecto fue presentado por el entonces presidente en ejercicio, Alberto Fernández (2019 – 2023) del Frente de Todos. Fue aprobado por la Cámara de Diputados por 131 votos afirmativos y 117 votos negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra. Finalmente en diciembre de 2020 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Desde su aprobación, la ley ha sido objeto de debate y ha enfrentado desafíos en su implementación. Recientemente, organizaciones feministas y Amnistía Internacional han alertado sobre dificultades en el acceso al aborto bajo el gobierno de Javier Milei, señalando recortes en la distribución de insumos esenciales y métodos anticonceptivos. 

La lucha continúa

Organizaciones feministas, sindicales y sociales vuelven a manifestarse este miércoles 4 de junio desde las 16 en Plaza Congreso. La convocatoria busca visibilizar el impacto de las políticas de ajustes del Gobierno nacional, adhiriéndose a la tradicional marcha de jubilados de los miércoles. Se suman además trabajadores del sistema científico y tecnológico y profesionales de la salud. 

Aunque la fecha original es el 3 de junio, las asambleas feministas que organizaron la manifestación decidieron trasladarla al miércoles 4 para apoyar el reclamo de las y los jubilados, que todos las semanas se concentran frente al Congreso de la Nación para exigirle al Gobierno una mejora en sus pauperizados salarios. 

Bajo el lema “la deuda es con nosotras”, el colectivo llamó a apropiarse del espacio público para denunciar la violencia de género, la pérdida de derechos y la crueldad institucional contra mujeres y diversidades. 

“En lo que va del 2025 hubo al menos 94 femicidios en nuestro país. Lo que representa un aumento significativo en relación en casos relevados para el mismo periodo del 2024 (78). A estos casos se suman 143 intentos de femicidios, el número más alto desde 2021. A 10 años del primer #NiUnaMenos advertimos el recrudecimiento de la violencia machista en Argentina promovida por los discursos de odio y negacionistas arengados por el gobierno nacional”, señala el observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

Las movilizaciones de estos días reflejan la necesidad de sostener la resistencia en las calles. Como siempre, este 10° #NiUnaMenos es un recordatorio de que la batalla por la igualdad y la justicia no ha terminado.

Milagros López Mancilla

Periodista gráfica a la que le interesa la literatura. Desde mí lugar intento reinvindicar la lucha de las travestis, las disidencias y los feminismos

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Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Un informe publicado por la Federación Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023, firmado por Milei, en el mercado de alquileres en el país, que en su mayoría están atados a la inflación. Además, señaló que el impacto a los ingresos de una familia tipo es brutal, sumada a la situación habitacional crítica.

La Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2024, realizada en conjunto por Inquilinos Agrupados y el colectivo Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023 (que deroga la Ley de Alquileres, y permite, a los dueños de departamentos y las inmobiliarias, especular sobre los costos) en el mercado de alquileres en la Argentina. En este sentido, el informe sostuvo que el valor promedio de los alquileres, en los principales centros urbanos del país, en marzo fue entre un 25% y hasta 43% más caro que el de enero pasado.

El estudio consultó a más de cuatro mil personas que alquilan en todo el país, y los resultados esbozados pusieron de manifiesto la creciente tensión económica y habitacional que enfrentan los inquilinos desde la implementación del decreto. También indaga en los distintos aspectos de los hogares inquilinos: desde los ingresos, el monto del alquiler y las expensas, el acuerdo por mes sobre la cantidad de ambientes y por provincia.

En este sentido, el informe sostiene que “el 91,5% de los contratos se actualizan en seis meses o menos”, con aumentos trimestrales (acordes a la inflación y que no contemplan los aumentos de salario). Además, la Federación resaltó que el 41% de los contratos firmados post DNU tienen una duración menor a un año.

Asimismo, el escrito destaca que para pagar el alquiler y las expensas, los inquilinos debieron destinar en promedio el 34,6% de sus ingresos, y esto, sin incluir los impuestos y las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, esta cifra sube al 42,1% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigor del Decreto 70/2023. Estos cambios generaron una situación de endeudamiento para muchas familias que luchan por costear sus viviendas.

Con respecto a los plazos, en el caso de los contratos de tres años, en los más nuevos, se presenta solamente en el 16% del total analizado en el mes de marzo, mientras que en enero, era del 24,8%. En paralelo, los contratos de menos de un año representan el 33% de los casos, mientras que los que superan los dos años son los más frecuentes, alcanzando el 42,2%.

Según se corroboró en la Encuesta Nacional Inquilina el 60,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo, siendo los bancos emisores de tarjetas de crédito la entidad acreedora predominante en un 42,2% de los casos ya que la gente recurre a préstamos. Estas deudas son para cubrir gastos básicos como el alquiler, alimentos o urgencias médicas.

Por otra parte, Inquilinos Agrupados informó que los precios de los alquileres, subieron considerablemente desde la entrada en vigor del Mega-DNU impuesto por el gobierno libertario, sufriendo las actualizaciones de precios con más frecuencia y atados principalmente a la inflación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un departamento familiar de tres ambientes pasó de costar $245.467 a $344.291. En la provincia de Buenos Aires, el precio subió de $156.637 a $254.270, y en Santa Fe, de $140.461 a $191.742.

Sin dudas, los resultados del relevamiento reflejan un empeoramiento continuo de la situación habitacional que sufre todo el pueblo argentino desde la derogación del marco regulatorio en noviembre de 2023 llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei, exacerbando la vulnerabilidad financiera y habitacional de miles de familias en todo el país, pese a que los casos más severos según la encuesta se encuentran en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Santa Fe.

También demuestra que la eliminación del marco regulatorio para los alquileres generó que los inquilinos vuelvan a negociar sus condiciones con los propietarios, firmando contratos insostenibles e incluso en moneda extranjera. Además, al desamparo creado por el Gobierno nacional, se le suma el creciente estrés financiero y una fuerte precarización en cuanto al derecho a la vivienda, todo esto hace las condiciones de vida que tiene la población argentina, en lo que respecta a vivienda, cada vez sea peor.


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#NiUnaMenosJujuy: un grito contra la violencia patriarcal

#NiUnaMenosJujuy: un grito contra la violencia patriarcal

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

El 29 de agosto, Cesia Nicole Reynaga de 20 años, salió de su casa en Abra Pampa y nunca más regresó. Después de buscarla durante diez días, encontraron su cuerpo luego de un llamado anónimo. En septiembre, también, desaparecieron en la localidad de Palpalá, Iara Sabrina Rueda y Gabriela Abigail Cruz. Mientras las movilizaciones se multiplicaban en toda la provincia, se conoció la noticia de la muerte de Roxana Mazala, estrangulada por su ex pareja, quien luego se quitó la vida. Detrás de cada nombre se pueden entrever distintas historias que muestran la compleja trama de violencias que devienen de este sistema patriarcal. No hay nada que no se haya escuchado antes. 

Cuando fueron a denunciar la desaparición de Cesia, la respuesta fue que había que esperar pese a que se sabe que cada minuto cuenta. El principal sospechoso tiene 14 años; su padre y abuelo están detenidos por encubrimiento. Se encuentra interviniendo la justicia federal porque se cree que hay una estrecha vinculación con las redes de trata. 

Iara Rueda tenía 16 años. El miércoles 23 de septiembre salió de su casa por la tarde y ante su ausencia durante varias horas, sus xadres se dirigieron a hacer la denuncia. Según relató su familia, la policía que debía llevar adelante la búsqueda, insinuó en reiteradas ocasiones la posibilidad de que Iara se haya ido con un “noviecito”. Mientras tanto, la familia junto a la comunidad de Palpalá, organizaron sus propios rastrillajes ante la desidia institucional. El lunes por la mañana, la policía dio con el cuerpo de la joven: estaba en un descampado que anteriormente ya había sido rastrillado por les vecines. No solo eso, sino que se denunció que durante la noche del domingo anterior existieron cortes de luz y movimientos de patrulleros por la misma zona. 

Gabriela Cruz, tenía 23 años, era madre de dos niñes de 4 y 7 años. También desapareció en Palpalá al día siguiente de la desaparición de Iara. Después de varios días de búsqueda, se encontró su cuerpo el 1 de octubre. La autopsia reveló que murió a causa de golpes recibidos por su ex pareja, Matias Figueroa, quien se encuentra detenido tras confesar que fue quien la mató.

Agencia Télam

En distintos puntos de la provincia se organizaron movilizaciones en pedido de justicia y levantando una vez más la consigna Ni Una Menos. De una de esas marchas participó Roxana Mazala, una mujer de 31 años, madre de tres niñes, trabajadora rural y militante del MTE. La hallaron sin vida junto al cuerpo de su femicida, su ex pareja, Fabián Barraza. Roxana había roto el silencio y realizado una denuncia por violencia de género. Sin embargo, el Ministro de Seguridad jujeño, Ekey Meyer, intentó cargar la culpa en ella desconociendo las denuncias previas y responsabilizándola de haber dejado entrar “voluntariamente” a su agresor a su vivienda.  

Aunque Morales se vista de violeta…

Según datos del Observatorio Ahora que si nos ven, de los 327 femicidios registrados durante todo el 2019, 3 de ellos sucedieron en Jujuy. Este año, según el Registro Nacional que lleva adelante el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá, Jujuy se convirtió en la provincia con la tasa de femicidios más alta del país: 2 cada 100.000 mujeres. En lo que va del 2020 ya se cuentan 11 femicidios.

Es evidente que la situación de crisis que deviene de la pandemia, recrudeció la violencia de género en todo el país. De hecho desde el principio del ASPO, se alertó sobre el incremento de estos casos ya que se sabe que muchas de las mujeres que se encuentran atravesando una situación de violencia de género, conviven con sus agresores. Mientras desde el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se buscó construir, delinear y reforzar canales para abordar estas problemáticas, el gobierno de Gerardo Morales una vez más dio muestra de su desidia. 

En todo Jujuy se alzaron miles de jujeñes. En algunas localidades las convocatorias concluyeron con represión. Pero además de los gases y balas de gomas, Morales tuvo que salir a dar otras respuestas ante la masividad del reclamo. El primero de octubre, presentó el proyecto de ley para crear el Comité Interministerial Permanente de Actuación ante Desapariciones y Extravíos de Mujeres y Niñas y Personas de la Diversidad. En su anuncio comentó que su tratamiento legislativo sería inmediato y así lo fue. El oficialismo acompañó, mientras que desde la oposición sucedió lo contrario porque básicamente estas medidas fueron lanzadas sin participación de esos bloques y sobretodo a espaldas de las organizaciones y redes feministas que diariamente construyen las herramientas que el Estado les niega.

Mientras el gobernador radical se ufanaba de su supuesto compromiso con la bandera del Ni Una Menos, desde diversos espacios de distintos puntos del país firmaron un comunicado en conjunto que rechaza rotundamente la Ley Provincial 6.185. 

Tal como señalan en el escrito, en el 2017 el Ministerio de Seguridad ya había aprobado un Protocolo General para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas (3), en donde también se prevé la conformación de un Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas Consideradas de Alto Riesgo, integrando las áreas de Seguridad, Seguridad Vial, Emergencia, Género y Salud. La Resolución 51/2017 establece los criterios que, por ejemplo en el caso de Iara, nunca se siguieron. 

Otro de los señalamientos fue dirigido a quien encabeza el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Alejandra Martinez. Resulta que dentro de su gabinete sostiene a al abogado Martín Guerrero, quien está denunciado por violencia de género. Cuando se tomó conocimiento de esta situación, fue apartado dos semanas y luego fue reincorporado al mismo cargo. Que se entienda: un varón que ejerció violencia machista asesora a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. 

Todavía hay más. En diciembre de 2019 desde el Consejo de la Mujer se firmó un convenio con el Titular del Ministerio Público de Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien también  tiene denuncias por violencia de género, además de otras más por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, abandono de persona, encubrimiento, etc. Es necesario remarcar que Lello Sanchez sería quien encabezaría ese Comité que propone Gerardo Morales. Este personaje también es uno de los ejecutores de la persecución que se desató desde el comienzo del gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015, sobre Milagro Sala y su organización, la Tupac Amaru. 

En la misma conferencia de prensa en la que presentó las medidas, el gobernador se refirió a que esto se trata de “un capítulo trágico de la violencia de género que es un tema cultural”, en un intento -muy erróneo- de dar con las causantes de estos femicidios. Incluso si todo se redujera a eso, la batalla cultural a la que se refiere, lejos estuvo todo este tiempo de ser una de las prioridades de su gobierno. El mismo Consejo Provincial de la Mujer carece de un presupuesto necesario para desarrollar líneas de acción.

En la batalla en la que si aboca todas sus fuerzas, es en la constante criminalización que hace de las organizaciones sociales que movilizan y luchan por lograr justicia, por conservar derechos que su gestión quita. Este discurso estigmatizante y poco responsable, le valió una denuncia ante el INADI(2) al tratar de “delincuentes que cabalgan sobre la tragedia” a quienes marcharon durante estas semanas. 

Jujuy ha sido un laboratorio del proyecto conservador y neoliberal que encabezó Mauricio Macri y compañía. Todavía Milagro Sala, mujer pobre y originaria, es una presa política junto a otres compañeres de su organización. Hoy en medio de la crisis que desató la pandemia del Covid-19, la situación empeoró considerablemente a raíz de su mala gestión y las nulas políticas de contención social. Aún así se continúa resistiendo y los feminismos están allí alzándose para recordar que nunca más tendrán el privilegio de nuestro silencio.


Fuentes:

  1. https://storage.googleapis.com/observatorio-api-content/201912_Registro_Femicidios_AQSNV_74ca2cf2a4/201912-RegistroFemicidios-AQSNV_201912_Registro_Femicidios_AQSNV_74ca2cf2a4.pdf
  2. https://www.eldestapeweb.com/politica/jujuy/denunciaron-a-gerardo-morales-ante-el-inadi-por-atacar-una-marcha-contra-femicidios-202010618220
  3. https://rpdnoticias.com/mujeres-que-desaparecen-en-jujuy-por-gabriela-tijman/
Sol Castillo
Sol Castillo

De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Mi inconstancia en la entrega de notas, es mi constante; pero cómo se sabe le que abandona no tiene premio y suelo ser bastante obstinada. No reniego de eso porque en definitiva, esta apuesta es colectiva.

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