Cinco asociaciones del barrio Belgrano presentaron una denuncia ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por la concesión que llevó adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La catalogan como “fraude”.
Luego del análisis de más de mil documentos que hizo el grupo de organizaciones vecinales se llegó a la conclusión que debería darse de baja la adjudicación por 30 años. La misma es por el usufructo del equivalente a cinco manzanas ubicadas en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires.
La concesión se realizó en 2019 después de que Macri le cediera tierras fiscales del Estado nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La operación fue instrumentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en ese momento presidía Ramón Lanús.
La SIGEN deberá investigar el caso que apunta contra el destino de 53.728 m2 que se adjudicaron para su provecho al empresario surcoreano Sang Hak Choe, registrado como trabajador autónomo en la AFIP.
Enrique Banfia líder de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, una de las cinco personas que acudió a la SIGEN, declaró a Pagina12 que “esto es más grave que la venta de La Rural y la diferencia es que la podemos parar. Hubo falsificación de planos, la oferta ganadora debió ser rechazada porque no presentó el último balance, es un dibujo lo que hicieron”.
Las organizaciones Vecinos del Bajo Belgrano, Patrimonio de Belgrano, la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y el Centro de Comerciantes de Belgrano, más otras dos de Palermo y Núñez, esperan que se dicte la anulabilidad del contrato firmado con la UTE Vía-Viva que formó Sang Hak Choe junto a Horacio Sbrolla, ex ejecutivo de Arcos Dorados-Mc Donalds, la constructora y el estudio de Arquitectura InArch.
El argumento técnico-jurídico para que se revoque la adjudicación es que “el concesionario aceptó la cláusula que permite la rescisión unilateral por parte de la Agencia en cualquier momento, sin condiciones otras que una resolución fundada en términos de conveniencia”.
El grupo de organizaciones barriales sostiene que “se deberían iniciar acciones legales por defraudación, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, falsificación de documentos y otras figuras contempladas en el Código Penal”.
La obra del viaducto en las vías del Mitre (Ramal Tigre) tuvo el apoyo general de los vecinos porque eliminaría barreras de los pasos a nivel que saturaba el tránsito en el barrio. Pero según indica el documento terminó siendo uno de los más escandalosos negociados de la historia de la Ciudad, afectando tierras nacionales y al erario público.
Esta mañana, el Bloque de Concejales del Frente de Todos en La Plata llevó adelante una conferencia de prensa en la Municipalidad para denunciar nuevamente el blindaje que mantiene impune al intendente Julio Garro.
En diciembre del pasado año salieron a la luz videos de una reunión realizada en junio de 2017 en la sede porteña de Banco Provincia, en la que participó el intendente Julio Garro junto a empresarios de la construcción y ex funcionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal: Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo); Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura); Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia de PBA); y Juan Pablo Allan (actual senador provincial).
Desde que se tomó conocimiento de la existencia de esta mesa judicial-empresarial, el bloque de Concejales del Frente de Todos en La Plata exigió la creación de una Comisión Investigadora, la interpelación al intendente Julio Garro y se presentaron pedidos de informes al Departamento Ejecutivo, que buscaban ser tratados en una sesión extraordinaria que se realizaría en 31 de diciembre. Esa sesión no contó con el quórum necesario por la ausencia del bloque oficialista. Este año se volvió a retomar la iniciativa, pero las maniobras del intendente Garro y el bloque de Juntos lograron suspender la convocatoria de esta mañana.
La conferencia de prensa comenzó con las palabras de la presidenta del Bloque del FdT, Yanina Lamberti, que aseguró que “la sociedad necesita que los concejales y concejalas tengamos la necesaria responsabilidad para tratar los temas que le importan a la gente, que les interesan a las y los platenses. Por eso nosotros creemos de extrema urgencia y de interés público que nos sentemos a discutir qué es lo que pasó con la participación de Julio Garro en esa mesa judicial-empresarial, que claramente ha sido una mesa ilegal, clandestina, para no solamente perseguir a personas, sino también en convivencia con el poder empresarial”.
Por su parte el concejal Guillermo “Nano” Cara, hizo alusión a la cita judicial que le espera al intendente platense: “Está citado a declaración indagatoria para el día 23 de marzo el intendente de la ciudad de La Plata. Sin embargo, pretende no dar ningún tipo de explicaciones, por supuesto, quebrajando todo tipo de normas. Acallaron una sesión extraordinaria que lo único que busca es que se lleve adelante una comisión investigadora para echar luz donde el intendente Garro está tratando de sostener oscuridad e impunidad”.
En alusión al perfil bajo que sostiene Garro luego del conocimiento de los vídeos, Paula Lambertini comentó que “hace 55 días estamos esperando (desde el 31 de diciembre de 2021) que el intendente de explicaciones de esa reunión que fue de público de conocimiento, 55 días donde el intendente no hizo declaraciones públicas, ni fue a actividades de gestión”.
La concejala Ana Negrete también fue contundente con sus declaraciones: “Romper las reglas de la institucionalidad lesiona la democracia, y para nosotros y nosotras eso es un fundamento absolutamente importante y absolutamente urgente”. Estas palabras hicieron referencia a la denuncia que también trasmitieron como bloque sobre el incumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio legislativo del Concejo Deliberante. En este sentido Guillermo Escudero agregó: “La convocatoria a sesión extraordinaria de acuerdo a lo que establece el Reglamento es con la firma de ocho concejales, un tercio del cuerpo. En ese objetivo nosotros pedimos una sesión extraordinaria que por el plazo por el que fue presentada la nota se debía haber llamado en el día de ayer, y no se hizo”.
La concejala Cintia Mansilla apuntó en esa dirección: “Nos encontramos con el atropello el 31 de diciembre de esa sesión que también fue pedida por nuestro bloque, extraordinaria, para poder dilucidar lo que sucedía. Vimos un día antes cómo allanaban el municipio y las oficinas de Julio Garro. No hubo respuestas, ningún comunicado del intendente por lo menos hacia nosotros y la sociedad. Y el agravante general es que llegaron a violar de lleno la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo”. Sobre la suspensión de la sesión que había sido programada para hoy comentó: “No sabíamos hasta ayer a la noche lo que iba a pasar con la sesión extraordinaria, y en una reunión de Darío Ganduglia con Julio Garro, se termina definiendo a las nueve de la noche”.
El ex juez y actual concejal Luis Arias, enmarcó este hecho en otro de los escándalos en los que se vieron envueltos Macri y compañía: “Tuvimos conocimiento de esta mesa judicial a través de un delito, que fue el espionaje ilegal hecho por Cambiemos, que documentó otro hecho ilegal que es el armado de la mesa judicial, al cual después siguieron otros delitos cómo el falso testimonio de Garro, que dijo no conocer a nadie y después aparece en la foto”.
Finalizando la conferencia, tomó la palabra el Diputado Provincial Ariel Archanco, quien exhortó a una parte de la coalición oficialista a tomar postura: “También este es un llamado para que concejales de la Unión Cívica Radical, una fuerza que históricamente representó a la democracia en nuestro país y se encuadró en las mejores banderas democráticas, también tomen esa responsabilidad histórica que le han dado sus afiliados y su construcción histórica, para que la hagan valer en este momento y aporten a la claridad democrática que se les está pidiendo”.
Eran tiempos de régimen macrista en Argentina. La ola represiva estaba a flor de piel bajo las huestes del magnate ignorante Macri y la pistolera Patricia Bullrich. En el sur de Argentina, la lucha histórica de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales. Las multinacionales de siempre saqueando y con sus guardias pretorianas cazando militantes. La gendarmería como fuerza de escuadrón de la muerte. El joven artesano Santiago Maldonado desapareció durante una violenta represión llevada a cabo por parte de esa gendarmería en el noroeste de Chubut el 1° de agosto de 2017, y su cuerpo sin vida fue hallado luego de 78 días.
Santiago Maldonado participaba en una protesta que la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen realizaba cerca de la localidad de Esquel con un corte de la Ruta 40 que se había levantado el día anterior, en el marco de un conflicto de tierras que esa comunidad mantenía con el grupo empresarial de Luciano Benetton, amigo del presidente Macri.
Ese día, la gendarmería realizó un operativo represivo para desalojar la ruta pero además ingresó al predio del Pu Lof con el pretexto de la figura de flagrancia para perseguir a los manifestantes hasta las orillas del río Chubut, y en medio de ese accionar Santiago desapareció.
Esa misma tarde comenzó el reclamo de aparición con vida del joven de ideas anarquistas Santiago. El caso se transformó en una crisis profunda para el régimen de Macri y amenazó con cargarse a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, una combinación de avanzada represiva con pacto político-judicial-mediático logró instalar una enorme mentira, sostenida con recursos públicos, se terminaba imponiendo en la agenda. El poder sentenciaba que “Maldonado se ahogó y la gendarmería no tuvo nada que ver”.
La militancia del campo popular acompañó a los Maldonado en su reclamo, que identificaba a la gestión de Cambiemos como ejecutora de crímenes atroces y se movilizaba en las calles. Se salió a reclamar la aparición de Santiago. La Plaza de Mayo se llenó varias veces de decenas de miles de personas que escucharon a su hermano Sergio Maldonado en su reclamo de verdad y justicia. El gobierno de Macri se vio cuestionado hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la noticia se desparramaba por el mundo a través de la BBC Mundo y otras agencias de Europa.
El cuerpo sin vida del joven artesano fue encontrado el 17 de octubre de 2017, en las gélidas aguas de ese río, en un lugar donde la familia denuncia que “se rastrilló tres veces antes” sin que se hubieran producido hallazgos.
La represión que la gendarmería ejecutó sobre los integrantes del Pu Lof fue ordenada por las autoridades del Ministerio de Seguridad, que por esos días encabezaba por Patricia Bullrich, hoy titular de Propuesta Republicana (PRO).
La actual titular de esa cartera, Sabina Frederic, denunció ante la justicia penal al ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión del régimen macrista, Pablo Noceti; al ex director de gendarmería, Gerardo Otero, y al ex subdirector de la fuerza, Ernesto Robino, por supuestos delitos cometidos durante el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40.
Todavía la familia Maldonado exige justicia y la militancia del campo popular acompaña ese grito. No quedará impune el régimen macrista. ¡Santiago Maldonado, siempre presente!
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