La administración de Javier Milei, avanzó un paso más y ordenó la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil por 180 días, luego de que Nación decretara la desregulación de la actividad aerocomercial. La intromisión mantendrá al ente como un organismo descentralizado, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte ¿Cuáles son las consecuencias?
Este viernes se confirmó que la Secretaría de Transporte dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por un periodo de 180 días. El objetivo de la medida es “elevar los estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos, y auditar los últimos años de gestión del organismo”. Tras la resolución, el ente funcionará de manera descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.
Tal intervención fue oficializada a través del decreto 606/2024 publicado en el Boletín Oficial este 12 de julio. Además, el Gobierno resolvió que el período de intromisión, en el ente responsable de regular las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino, “podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”.
En este sentido, desde el Gobierno denunciaron que “en los últimos años, fueron realizadas auditorías externas cuyas últimas inspecciones han identificado más de 80 hallazgos que afectan áreas como capacitación del personal técnico, información relativa a la seguridad operacional, otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones, obligaciones de vigilancia o resoluciones de seguridad operacional”.
Además, el oficialismo libertario considera que “es necesario generar una reestructuración con plazos y procedimientos de excepción, por lo que la intervención resulta el instrumento más idóneo y adecuado para esa tarea”.
La interventora del organismo será María Julia Cordero, quien ya era parte de la cartera de Transporte, y tendrá las siguientes funciones: elaborar y elevar a la Secretaria de Transporte un informe del estado de situación del organismo; relevar la actual estructura del organismos y determinar una reorganización funcional y operativa; evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo; implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.
¿Cuáles son las consecuencias?
Con este último decreto, el Gobierno encabezado por el mandatario liberal, le abrió las puertas a la profundización de la política de cielos abiertos, ya que modificó el Código Aeronáutico y limitó la capacidad del Estado para otorgar rutas, espacios aéreos.
De esta manera, se reducen los requisitos para el otorgamiento de rutas aéreas y se legitima el ingreso de nuevos operadores. En paralelo, se desregula el servicio de rampas y permite que aeronaves pequeñas puedan volar de una ciudad a otra y de provincia a provincia con menos requisitos y controles.
Asimismo, se termina por desregular el control y las tarifas, lo cual habilita a las compañías aéreas privadas a ofrecer su propio servicio de rampa y viajar más barato, aunque con menos controles. Por lo que estas medidas suponen un fuerte revés para Aerolíneas Argentinas, ya que le quita la exclusividad de rutas, frecuencias y servicios.
Al respecto, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, acusó: “Primero se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, luego hacen quebrar (a las compañías que no pueden igualar los precios) y después ellos suben los precios a las nubes y toman de rehenes a los municipios, provincias, cámaras hoteleras y gastronómicas” que más utilizan esos vuelos. En materia de seguridad se “transforma la gestión y el control (aerocomercial) en un sello de goma”, concluyó Biró.
Finalmente, el Gobierno nacional termina de orquestar una jugada que deja en manos del mercado aerocomercial la posibilidad de acceder a rutas sin la necesidad de audiencias públicas. Además permitirá que se cierren rutas no tan rentables en términos turísticos pero que hasta ahora siguen en pie por su carácter estratégico de conexión del país.
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