Tras desregular el mercado, el Gobierno interviene la ANAC por la “degradación” de la aviación

Tras desregular el mercado, el Gobierno interviene la ANAC por la “degradación” de la aviación

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La administración de Javier Milei, avanzó un paso más y ordenó la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil por 180 días, luego de que Nación decretara la desregulación de la actividad aerocomercial. La intromisión mantendrá al ente como un organismo descentralizado, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte ¿Cuáles son las consecuencias?

Este viernes se confirmó que la Secretaría de Transporte dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por un periodo de 180 días. El objetivo de la medida es “elevar los estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos, y auditar los últimos años de gestión del organismo”. Tras la resolución, el ente funcionará de manera descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Tal intervención fue oficializada a través del decreto 606/2024 publicado en el Boletín Oficial este 12 de julio. Además, el Gobierno resolvió que el período de intromisión, en el ente responsable de regular las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino, “podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”.

En este sentido, desde el Gobierno denunciaron que “en los últimos años, fueron realizadas auditorías externas cuyas últimas inspecciones han identificado más de 80 hallazgos que afectan áreas como capacitación del personal técnico, información relativa a la seguridad operacional, otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones, obligaciones de vigilancia o resoluciones de seguridad operacional”.

Además, el oficialismo libertario considera que “es necesario generar una reestructuración con plazos y procedimientos de excepción, por lo que la intervención resulta el instrumento más idóneo y adecuado para esa tarea”.

La interventora del organismo será María Julia Cordero, quien ya era parte de la cartera de Transporte, y tendrá las siguientes funciones: elaborar y elevar a la Secretaria de Transporte un informe del estado de situación del organismo; relevar la actual estructura del organismos y determinar una reorganización funcional y operativa; evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo; implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Con este último decreto, el Gobierno encabezado por el mandatario liberal, le abrió las puertas a la profundización de la política de cielos abiertos, ya que modificó el Código Aeronáutico y limitó la capacidad del Estado para otorgar rutas, espacios aéreos.

De esta manera, se reducen los requisitos para el otorgamiento de rutas aéreas y se legitima el ingreso de nuevos operadores. En paralelo, se desregula el servicio de rampas y permite que aeronaves pequeñas puedan volar de una ciudad a otra y de provincia a provincia con menos requisitos y controles.

Asimismo, se termina por desregular el control y las tarifas, lo cual habilita a las compañías aéreas privadas a ofrecer su propio servicio de rampa y viajar más barato, aunque con menos controles. Por lo que estas medidas suponen un fuerte revés para Aerolíneas Argentinas, ya que le quita la exclusividad de rutas, frecuencias y servicios. 

Al respecto, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, acusó: “Primero se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, luego hacen quebrar (a las compañías que no pueden igualar los precios) y después ellos suben los precios a las nubes y toman de rehenes a los municipios, provincias, cámaras hoteleras y gastronómicas” que más utilizan esos vuelos. En materia de seguridad se “transforma la gestión y el control (aerocomercial) en un sello de goma”, concluyó Biró.

Finalmente, el Gobierno nacional termina de orquestar una jugada que deja en manos del mercado aerocomercial la posibilidad de acceder a rutas sin la necesidad de audiencias públicas. Además permitirá que se cierren rutas no tan rentables en términos turísticos pero que hasta ahora siguen en pie por su carácter estratégico de conexión del país.


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El Gobierno oficializó la intervención del Enacom: ¿Quién estará a cargo?

El Gobierno oficializó la intervención del Enacom: ¿Quién estará a cargo?

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Se prevé que el proceso dure seis meses y tiene como objetivo el “reordenamiento” del Ente Nacional de Comunicaciones. El designado para la tarea será Juan Martín Ozores. En este sentido, el secretario general de ATE alertó que “la verdadera finalidad es fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras”.

Este lunes, el Gobierno nacional oficializó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea al licenciado, consultor y ex empleado de Movistar, Juan Martín Ozores. El organismo es el encargado de regular los servicios de comunicación en el país y en la actualidad está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En tanto desde ATE alertan que “no hay motivos” que justifiquen la decisión, al mismo tiempo resaltaron que “la verdadera finalidad es fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras”.

En este sentido, el decreto 89/2024 del Boletín Oficial detalla que “se establece que el ENACOM actuará como Autoridad de Aplicación de las Leyes N°26.522 y N°27.078 y sus normas modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado”. Según precisa el informe, los interventores adjuntos que acompañan a Ozores son la abogada Patricia Zulema Roldan, con 30 años de carrera en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, ex interventor del ENACOM en la gestión del presidente Mauricio Macri.

Uno de los argumentos para dicha intromisión es que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.

En concreto, se realizará una auditoría de la gestión durante el gobierno de Mauricio Macri y se revisarán las acciones realizadas durante la presidencia de Alberto Fernández. Desde la Jefatura de Gabinete detallaron que el proceso durará seis meses, aunque dicho plazo podría ser menor “si se concluyen las tareas previstas” con mayor rapidez, las cuales incluyen un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas emitidas por el organismo en los últimos cuatro años y su estructura operativa.

De esta manera, el ENACOM pasará a ser un “ente autárquico y descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos”, remarca el decreto oficial.

También se explica en los considerandos que la acción fue tomada “en consonancia con los lineamientos” del DNU 70/23, dictado por la actual administración “para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”. “En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, señala el decreto que lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”. En ese marco, añade el texto del articulado, “deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello”.

Entre las tareas asignadas a los interventores se recalca que “deberán informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia” del Ente. También, tendrán que realizar “un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa” del Enacom “a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa”, “procurando fomentar su profesionalización y eficiencia”.

Además “deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”, prosigue el escrito.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, mediante Twitter, afirmó “que no hay motivos” para la intervención y aseguró que el organismo cumple “un rol esencial a la hora de garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales”.

Puntapié para un inmediato ingreso de nuevas compañías

La medida de intervención al Ente Nacional de Comunicaciones se produjo casi 40 días después de que Javier Milei, durante el anuncio del mega DNU, señalará la “desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, el servicio de conectividad satelital de Elon Musk.

Desde el Gobierno argumentaron que “el funcionamiento del ENACOM hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país”. Asimismo, el oficialismo afirmó que el ENACOM está “sobredimensionado” y que “la intervención tiene el objetivo de evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizar y profesionalizar al servicio de los argentinos”.

Tras la finalización del proceso, confirmaron que el organismo “continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado”.

El Gobierno informó la intervención de Edesur por 180 días

El Gobierno informó la intervención de Edesur por 180 días

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El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de la distribuidora de energía eléctrica y el interventor será Jorge Ferraresi. Además, el Estado bonificará el pago de la factura a los miles y miles de usuarios afectados.

Tras los reiterados y prolongados cortes de luz en el suministro de dos tercios de la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que hubo en el verano en medio de una escalada de olas de calor, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención por 180 días de la distribuidora de energía eléctrica Edesur para controlar la realización de obras que mejoren su prestación.

En ese marco, el ministro anunció: “Hemos instruido al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la intervención por 180 días para la fiscalización de las obras y de las mejoras en el servicio”. Massa estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal; y el interventor en el ENRE, Walter Martello.

En la primera quincena de marzo hubo dos récords de demanda de energía a nivel nacional por una histórica ola de calor. Según fuentes del mercado, solamente en los primeros días de este mes se consumió un 60% más que en todo marzo de 2022.

Además, el titular del Palacio de Hacienda informó que el intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, “será el encargado de fiscalizar y controlar” las obras que se llevarán adelante para mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, no participará en las operaciones técnicas de la empresa.

“Situaciones como las que le han tocado vivir a miles de argentinos no se pueden volver a repetir”, resaltó Massa en referencia a los prolongados cortes de energía que sufrieron miles de usuarios en la zona de concesión de Edesur, en el sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en las dos últimas semanas.

Asimismo, el ministro adelantó que a los usuarios se les bonificará el pago de la factura con el uso de los $2.700 millones que el Estado le impuso de multa a la empresa por diversos incumplimientos de contrato. También, en su mensaje, Massa se encargó de dejar en claro que la decisión de intervenir “no afecta el contrato de concesión” que tiene la compañía Enel.

El jefe de la cartera económica anticipó que pedirán a la Justicia que los directores de Edesur no puedan salir del país o deban pedir permisos temporarios, de manera preventiva, tras la denuncia penal por abandono de persona, malversación de fondos y fraude.

Cabe destacar que los dueños italianos de la distribuidora, Enel, dejaron en venta a Edesur, en un proceso que comenzará en los próximos días. Se realizará mediante el Banco Santander y tiene como principales interesados a empresarios nacionales. Asimismo, la empresa madre anunció que se llevaba los activos del país y que es algo que estaba programado. Algo que no solamente está ocurriendo aquí, sino que también en otros países de Latinoamérica.

Desde YPF, la empresa estatal que conduce Pablo González, un directivo cercano a Cristina Fernández, se preparan para avanzar con la compra de una de las dos centrales que genera energía y que estaba en manos de Enel y se puso en venta a fines de 2020. De esta manera, se hará uso de lo que se llamaba el derecho preferencial para quedarse con parte de este negocio a través de una subsidiaria eléctrica que se llama YPF Luz. De este modo, YPF obliga a su socia, porque Enel lo es, a vender la central Dock Sud en vez de hacerlo a central Puerto.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Personal Superior de Energía (APSEE), Carlos Minucci, exigió que el Estado intervenga Edesur, luego de los cortes de electricidad. Además, advirtió que Nación debe tomar el control antes de que se produzca la venta la venta de la empresa y señaló que “no podemos estar diez días sin luz”.

“Una empresa que avisa que vende sus activos la tengo que intervenir, porque ahí está la riqueza de la Argentina y se la están llevando”, remarcó el dirigente. Sin embargo, el Gobierno Nacional aclaró que no estatizará la empresa energética. Sobre la propuesta de municipalizar el servicio, evaluó que “son buenos intendentes, pero de energía no entienden nada. imagínense la red nuestra, que es un desastre, tercerizada en municipios y sin capital”.

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