El ejecutivo nacional intimó al consejo directivo del organismo que impulsa al sector agropecuario a realizar la venta de 27 mil hectáreas, junto al despido de más de 1000 trabajadores. Detrás de esto, varios vínculos directos de funcionarios con privados del rubro o del mercado inmobiliario, despiertan más de una duda.
Durante la semana pasada, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en conjunto con sindicatos afines, se desplegaron en diversos puntos del país a modo de protesta ante el plan de “modernización” presentado por el gobierno nacional para el organismo. Se trata de una reducción de aproximadamente 1300 puestos de trabajo, sumado a la venta de tierras que son patrimonio del instituto.
Como ya es costumbre, una vez más la palabra “modernización” pone en alerta a los trabajadores de un determinado sector, y también a todo aquel que no crea a rajatabla la máxima libertaria de la “motosierra”. En este caso, la palabra que el gobierno libertario utiliza como un botón para activar un plan de desguace sobre diversos sectores puso en alerta incluso a la rama productiva del sector agroexportador. Y no es para menos.
El INTA funciona desde 1956 en la Argentina como un motor para las producciones agrícolas, hortícolas, ganaderas, acompañando el trabajo de la tierra con aportes en tecnología, ciencia e innovación. Sin embargo, hoy en día, el gobierno nacional considera que, de las 116 mil hectáreas que pertenecen al organismo, aproximadamente 70 mil están en desuso, y por ende deben ser rematadas a negocios inmobiliarios. Así mismo, considera que más de 1000 trabajadores sobre una totalidad de 6900 deben ser recortados.
“Hay un desconocimiento absoluto de lo que hace el INTA, hablamos de un organismo que aporta a la matriz productiva acompañando a los productores a lo largo y ancho del país, y a las economías regionales”, explicó en comunicación con Radio Trinchera Miranda Cerdá Campano, trabajadora del organismo.
“El INTA ha sido pionero en un montón de cuestiones vinculadas a la salud del ganado, ha fortalecido un montón de islas de innovación de tecnología con vacunas para la sanidad animal, pero también fue pionero en cuestiones que tienen que ver con biotecnología como el mejoramiento genético de especies, y muchos hitos que le devuelven todo lo que el Estado invierte”, añadió la entrevistada.
La consideración del gobierno nacional sobre el rumbo que (en principio) debe tomar el INTA, se tradujo en la renuncia de Juan Cruz Molina, presidente de la entidad desde enero hasta octubre. Según el ex funcionario, los motivos fueron por “desacuerdos” o “visiones distintas” sobre cómo proceder en el organismo.
A partir de este hecho, fue nombrado presidente Nicolas Bronzovich, quien junto a la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, pertenecen a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). En ese sentido, Cerdá destacó: “Nosotros vemos que este desguace tiene que ver con un negocio que involucra a AAPRESID, una asociación privada que tiene una función similar al INTA y entendemos que busca delegar las funciones allí”.
En ese mismo sentido, Multimedio Trinchera también dialogó con Héctor Mario Espina, ex director del INTA, quien explicó que la nueva dirección “debe estar recibiendo presiones por parte del gobierno para actuar”, ya que, no solo vincula la desarticulación del INTA para que sus funciones sean parcialmente reemplazadas por AAPRESID, sino que además destaca que “detrás de la venta de terrenos, se encuentran negocios privados con el sector inmobiliario”.
“Se circuló un proyecto con la venta inmediata de dos propiedades: un campo de Cerrillos, Salta, y un edificio muy valioso ubicado en Palermo Chico. A su vez, debemos recordar que la AABE (Agencia de Bienes del Estado) la maneja una persona de IRSA”, mencionó Espina, haciendo referencia a la empresa inmobiliaria de Eduardo Elzstain, uno de los principales financistas de la campaña del actual presidente, Javier Milei.
En otras palabras, el entrevistado resumió que la venta de edificios y terrenos públicos del Estado está a cargo de un hombre de confianza de quien financió la campaña del presidente, por lo cual, no es ilógico pensar que detrás de esta intención de incluir territorios en el sector público, puede encontrarse un vuelto político.
No obstante, la venta directa de estos edificios sin pasar por el consejo directivo del INTA es ilegal, por lo que gran parte de la movilización de la semana anterior buscó que este consejo no apruebe lo presentado por el gobierno, que consta de la venta de más de 27 mil hectáreas junto a los despidos ya mencionados. Si bien finalmente la sesión no sucedió por falta de quorum, el gobierno amenaza con intervenir el organismo si este no se alinea a los pedidos.
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