Lo que hasta el momento crecía como una reivindicación de los peores días de nuestra historia, esta semana trasvasó el relato: Beatriz Montoya, ex pareja de un militante desaparecido y madre de un militante de DDHH, fue hallada sin vida en su domicilio. El hecho sucedió tras meses de amenazas constantes que persistieron incluso tras el asesinato.
Este viernes, el militante por los derechos humanos Fernando Albareda, encontró a su madre Susana Beatríz Montoya sin vida en el patio de su casa, ubicada en Córdoba Capital. La autopsia confirmó que se trataba de un asesinato, lo que inmediatamente alertó y preocupó a toda la comunidad y organismos de derechos humanos, quienes vincularon el crimen con las constantes amenazas e intimidaciones que desde hace tiempo, tanto Susana como sus hijos, recibían por su militancia y la participación de Fernando en la organización HIJOS. De confirmarse este móvil, el crimen representaría el cruce de uno de los umbrales más temidos durante los últimos tiempos en relación al negacionismo creciente en nuestro país sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nacional durante la última dictadura cívico eclesiástica militar.
Ricardo Albareda era subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y fue secuestrado en el año 1979, en manos de sus propios compañeros de las fuerzas de seguridad. Se sabe que estuvo detenido en el centro clandestino conocido como El Embudo, y que allí fue torturado y asesinado. Su hijo, Fernando, llevó adelante su militancia como hijo de desaparecido justamente en HIJOS Córdoba, y luchó para que se haga justicia por la memoria de su padre. Sin embargo, desde hace un tiempo ha comenzado a denunciar el envío de amenazas e intimidaciones que generaron preocupación tanto en él como en su familia.
Ahora, este viernes, el propio Fernando encontró sin vida a su madre luego de saltar por la pared de un vecino tras advertir que Susana no contestaba. La vivienda se hallaba en condiciones poco habituales, con las persianas bajas y la televisión prendida con el volumen alto. Las condiciones en las que se encontró a Montoya aún son parte del expediente privado en el que está trabajando el personal de peritaje junto al fiscal Juan Pablo Klinger, pero sí se destacó que el crimen fue hecho con alevosía. Por si fuese poco, dejaron un cartel que asegura: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
En diciembre, tras la asunción de La Libertad Avanza al gobierno nacional, se encontraron carteles con amenazas de gravedad similar, que iban de lleno contra Albareda: “Se te terminaron los amigos en la Policía”, y “te vamos a juntar con tu papito”, además de “vas a morir”, junto a cruces esvásticas y seis balas calibre 22 que acompañaban el mensaje denunciado por la familia. En ese sentido, Klinger estudia una custodia policial cercana que “no vio ni escuchó nada”.
Como se denuncia desde hace varios meses, tanto en este como otros medios, los discursos negacionistas enarbolados por el actual oficialismo surten efecto y no pueden ser despegados de un espacio político que sin dudas da vía libre al envalentonamiento de prácticas similares a las de los genocidas condenados tras el gobierno de facto. Albareda no es el único militante que ha sido amenazado desde la asunción de la Libertad Avanza, y es responsabilidad del Estado nacional garantizar el cuidado y la tranquilidad de todos sus ciudadanos. Para nada menor, es el dato de la reciente visita de un grupo de diputados a Alfredo Astiz, genocida condenado por múltiples crímenes cometidos durante la dictadura.
Así mismo, el militante de HIJOS aseguró que en las últimas semanas su madre se encontraba preocupada, ya que estaba próxima a cobrar un dinero como reparación por la desaparición de su esposo, y en los últimos días, había visto difundirse el monto de manera pública. Esto profundiza la desconfianza y las dudas de la familia, respecto sobre todo del personal que debía custodiarlos: “Desde el advenimiento de la democracia para acá, al no haberse depurado las fuerzas policiales, sospecho de todos”.
Por su parte, organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, exigieron el inmediato esclarecimiento del caso, justicia ante ello y la protección tanto a Albareda como al resto de su familia y otros militantes amenazados.
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