Juicio por Johana Ramallo: los rostros de la impunidad y la organización criminal

Juicio por Johana Ramallo: los rostros de la impunidad y la organización criminal

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

Fotografías: Martín Nievas

El viernes 16 de mayo inició el primer juicio vinculado con el narcofemicidio de Johana Ramallo. En este proceso judicial se juzgará por los delitos de comercio de estupefacientes, facilitación y promoción de la prostitución ajena, explotación económica de la prostitución, encubrimiento y falso testimonio. Los ocho imputados son Carlos “Cabezón” Rodríguez, Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Paola Erika Barraza y Celia Giménez. El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N°2, integrado por los jueces Germán Castelli (presidente), Andrés Basso y Nelson Jarazo.

Este juicio es uno de los dos que abordan la causa Johana Ramallo. En el Juzgado Federal N° 1 de La Plata se sigue investigando la causa principal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y posterior femicidio de Johana.

 

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Johana Ramallo, “Yoa” para su familia y sus amigos, nació el 25 de noviembre de 1993, la primera de siete hermanos. Su madre, Marta Ramallo, tenía 14 años cuando dio a luz. Johana también fue madre joven, tuvo a su única hija a los 16. Nació el 2 de noviembre de 2010 y tenía seis años cuando su madre desapareció.

Johana fue parte del programa “Ellas hacen”, destinado a mujeres víctimas de violencia de género y orientado a la formación y el trabajo de las mujeres como forma integral de abordaje a las situaciones de vulnerabilidad. También se encontraba terminando sus estudios secundarios en el programa “FinEs”. Era hincha del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, su perra se llamaba “Loba”.

Era una chica a la que le gustaba estar “arreglada” pero hubo un tiempo antes de su desaparición donde “ya no se maquillaba ni se peinaba ni se ponía aritos ni collares”, según relata la familia en una crónica del medio Perycia. En ese momento ya no se encontraba en pareja con el padre de su hija, Santiago, y tenía una relación con un hombre casi 30 años mayor que había conocido en 2013, con el que estuvieron juntos un año, hasta 2014. En ese lapso de tiempo, Johana comenzó a adelgazar rápidamente, a consumir drogas y se alejó de su familia. Dejó su casa de Villa Elvira y se mudó con él a El Mondongo. Las visitas familiares no eran recurrentes, y cuando aparecía intentaba ocultar los moretones de su cuerpo. En 2014 cuando lo dejó, volvió a ser pareja de Santiago y su familia volvió a sentirse cerca. Pero en mayo de 2017, su ex novio, treinta años mayor, volvió junto a sus adicciones.

El 25 de julio Johana se fue de su casa a las cinco de la tarde, prometió volver a las ocho para cocinar sopa de puchero con su madre, pero no lo hizo. Esa noche fue ingresada al Hospital San Martín por una descompensación. Al otro día, temprano, se fue del hospital sin el alta médica, el personal avisó a la policía la fuga de una mujer joven “NN” pero no se investigó. Cuando volvió a su casa le dijo a su madre que había perdido el celular, le contó de la descompensación y se acostó a dormir. A las cinco de la tarde volvió a irse con la misma promesa de volver a las ocho pero no sucedió.

El 26 de julio de 2017 fue vista por última vez en la estación de servicio de la intersección de las calles 1 y 63 en el barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata. Marta sabía que frecuentaba la zona roja, no sabía que se encontraba en situación de prostitución pero sí que se relacionaba con “gente de la noche”. 

En agosto de 2018 encontraron sus restos en Palo Blanco, costa de la ciudad de Berisso. Un año más tarde se confirmó su identidad y el dato de que habría sido asesinada entre septiembre de 2017 y 2018. 

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Llovía, al igual que el día que desapareció Johana. Siendo las 8:40 de la mañana del viernes 16 de mayo de 2025, un grupo de personas esperaba bajo el techo del Juzgado Federal en 8 y 50 a que inicie la primera audiencia del juicio vinculado con el narcofemicidio de Johana Ramallo.

“Cuanta prensa, cuanta gente”, le comentaba un policía a otro sin levantar la mirada mientras autorizaba la entrada de quienes deseaban ingresar al establecimiento. 

La sala estaba colapsada, en las primeras bancas apoyando a Marta y a la familia Ramallo estaban sentadas madres de mujeres víctimas de femicidios y de causas relacionadas a muertes y asesinatos abandonadas por el Poder Judicial. Todas con las imágenes o insignias de sus hijas asesinadas junto a los carteles con la cara de Johana. Emilia Uscamayta Curi, Lucía Perez, Natalia Melmann, Nicol Ruiz, entre decenas de nombres más. Las puertas abiertas escondían detrás siete bancos más con un público ansioso, aguantando el aire denso de la humedad de la sala pero sin poder abrir ninguna ventana por la tormenta que empeoraba afuera.

Esa imagen se reflejaba en la mirada de los imputados pálidos, incómodos por las esposas en sus manos. La mayoría de ellos cumplen prisión preventiva. Desfilaron escoltados por funcionarios de seguridad a quienes también se les escapaba el asombro una vez que pasaban la puerta de ingreso a la sala. Una vez acomodados en las sillas detrás de sus representantes legales parecía que la tensión se les disipaba, los rostros de la impunidad reían y compartían charlas entre susurros. Uno de ellos, Hernán Rubén García, parecía tranquilizarse después de ver a su familia y tirarles un beso, luego giró la cabeza para cobijarse en el grupo de imputados.

Minutos pasados de las 10 de la mañana inició la audiencia con la primera petición de la querella: que Marta Ramallo presenciara la lectura de la elevación a juicio del juez del caso y la de la querella. Al ser testigo de la causa, por normas del Poder Judicial, no debía presenciar la audiencia pero el Juzgado accedió al pedido. Con pasos firmes y acompañada por su familia, Marta ingresó a la sala que cortó con el silencio para romper a los gritos de: “Marta escucha, tu lucha es nuestra lucha”. La palidez de las caras de los imputados comenzó a ponerse más a tono con la jornada que se estaba viviendo.

En los textos se hablaba de organización criminal y la coordinación en los roles de los imputados.

Los “8/40” ejercían la vigilancia sobre las mujeres con la excusa de protegerlas. Retenían su dinero y también eran parte del negocio de la venta de drogas. Ellos son: Carlos Rodriguez, apodado “El Cabezón” (apuntado como uno de los principales líderes de la organización), Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio. Los últimos dos se encargaban principalmente del comercio de estupefacientes.

“Las viejas” es el grupo de las tres mujeres imputadas: Celia Benítez, apodada “La Negra” o “La Misionera”; Paola Erika Barraza, conocida como “Tormenta”; y Celia Giménez. Pisaban fuerte en la zona roja recorriendo las esquinas y “cobrando la parada”. Están acusadas por explotar económicamente a mujeres en situación de prostitución.

“El Cabezón” además está imputado por falso testimonio y encubrimiento. Días después de la desaparición de Johana intentó meter pistas falsas en la investigación. Entre las pruebas que lo comprometen se mencionó que usaba la red social Facebook para promocionar la venta de mujeres a través de fotografías, entre ellas, Johana. “Si le puede sacar una moneda a las pibas se las saca, y si puede, también se las coge”, declaró un testigo con identidad reservada sobre “El Cabezón”.

Se hacía énfasis en la inacción y la complicidad policial para garantizar una “zona liberada” para los delitos mencionados. Se menciona específicamente a la DDI que se encuentra en 1 y 60, a pocos metros de donde sucedían los hechos, y a la Comisaría Novena, a quien correspondía accionar sobre esa jurisdicción.

Se reconoció el aprovechamiento de los imputados sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres cis, las mujeres trans, migrantes y con adicciones y que se encuentran en situación de prostitución en la zona. “Ingerían cocaína para tolerar el cuerpo en el marco del trabajo sexual”, esgrimía el texto. Se habló de “campos de concentración a cielo abierto”, por el control y la tortura constante en plena calle.

Una vez terminada la lectura de los textos, Marta Ramallo se retiró de la sala aplaudida y ovacionada por todo el público. Se escucharon de fondo los gritos de la planta baja recitando: “Johana Ramallo ¡presente!”. 

Antes de comenzar las indagatorias a los imputados, sus defensores legales hicieron una petición al Juzgado: que no se tomen imágenes de los imputados mientras declaraban. Luego de varios minutos de debate, el Juzgado accedió al pedido pero de todas formas aclaró que la transmisión en vivo por YouTube continuaría al ser un juicio oral y público.

Uno por uno, los imputados fueron llamados a prestar declaración y a hacer uso de su derecho de defensa. Ninguno accedió a declarar, solo fueron interrogados sobre temas personales: nombres y apodos, edad, conformación de su familia, ocupación. Celia Gimenez perdió la seriedad al sentarse y compartir sonrisas con Carlos Alberto Espinoza Linares.

A las 13:39 finalizó la primera audiencia.

***

La próxima jornada será en 15 días de forma presencial e iniciará con el testimonio de Marta Ramallo. Lo hará acompañada de su psicóloga, como establece el marco legal vigente, para que no haya revictimización. Desde la familia, amigos y las personas que acompañan la causa aseguran que este es el primer paso para saber qué sucedió con Johana:

“Necesitamos la VERDAD para que haya JUSTICIA y necesitamos MEMORIA para no olvidar lo que le hicieron y que no haya más víctimas de explotación sexual y narcofemicidios”.


Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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Tiempos violentos

Tiempos violentos

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Las mujeres y las disidencias se encuentran en una encrucijada hace años, pero que se recrudeció al asumir Javier Milei como presidente junto a un gabinete de funcionarios que deslegitima, criminaliza y excluye a estos sectores desde el cierre de organismos de prevención de violencia de género hasta en declarar que las personas gays son pedófilas. 

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, devenido también en Día de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, encuentra a estos grupos inmersos en el juego del “vale todo” propuesto por el oficialismo, por fuera de los llamados “consensos democráticos”, y que una parte de la sociedad pareciera avalar.

¿Cómo se llega al 8M? ¿Cómo se da vuelta el rumbo de esta sociedad que pareciera buscar la destrucción del otro/otra/otrx? ¿Se puede llamar “batalla cultural” a la persecución y hostigamiento desde las arcas del Estado contra grupos históricamente vulnerabilizados? ¿Cómo construir una resistencia sin ser cautivo de sus espejitos de colores?

 

El feminismo, enemigo del gobierno

Desde el primer día del gobierno de La Libertad Avanza en alianza con el PRO y sectores de la UCR, el feminismo y la militancia LGBTQ+ han sido declaradas enemigas. 

Se cerró la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, luego de reducir la categoría de Ministerio en primera instancia, que implicaba mucho más que el abordaje de las violencias de género. Es la primera vez en 37 años que el país no cuenta con un organismo especializado en la temática. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pretende eliminar del código penal como agravante el término femicidio. 

El programa AcompañAr que otorga ayuda económica a víctimas de violencia de género fue reducido en un 98,63%. La línea 144 perdió el 28% de su presupuesto y el 42% de su personal. El 93,9% del presupuesto para programas de prevención del embarazo adolescente se redujo. 

Se eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Programa Acercar Derechos que facilitaba el acceso a la justicia y el acompañamiento psicológico.

El presupuesto nacional en programas de salud sexual y reproductiva es el más bajo en nueve años: no hubo entregas de medicamentos para las interrupciones voluntarias de embarazos ni fue correcto el abastecimiento y distribución de métodos anticonceptivos.

Podemos continuar en la enumeración de políticas desguazadas del Estado, pero también resulta esencial ver el plano discursivo-ideológico para profundizar en el tema.

Más allá del ataque directo que sufrieron las mujeres y las disidencias en el discurso de Milei en Davos y que despertó una gran movilización histórica antifascista y antirracista el 1 de febrero en todos los rincones del país, la erosión de los vínculos de respeto hacia las mujeres y diversidades y sus reivindicaciones históricas también radica en la destrucción en términos generales y masivos del tejido social, de las redes comunitarias de contención. Leer el ataque y la avanzada de violencia hacia los sectores mencionados solo desde los lenguajes y discursos burdos de un presidente espectacularizado podría ser un error.

 

La violencia 

El intelectual italiano Franco “Bifo” Berardi explica que el caso argentino como el resto de casos de extremas derechas a nivel global “no son elegidas a pesar de la violencia, sino por esa violencia que pregonan”, según una nota del medio feminista LATFEM. Allí se desglosa cómo desde la campaña, Javier Milei esgrime su motosierra haciéndola pública y explícita, toma la destrucción violenta como bastión de su plataforma política, haciendo gala de “la violencia al estilo gore”.

¿Quién apareció primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Milei y su motosierra o una sociedad apropiada de las reglas de la violencia?

Para librar la batalla cultural, la Libertad Avanza pone sus armas sobre la mesa, agrede a las mujeres y las diversidades sexuales sin tapujos y reafirma su promesa electoral con sus fieles seguidores. Si bien no hay que desconocer que su agresividad hizo replantearse su voto a una parte de su electorado, no es la gran mayoría: la pérdida de su imagen positiva fue en una parte por sus medidas económicas y/o por el escándalo de la estafa cripto

La violencia se esparció ya no solo en los lugares donde no llegaba el Estado y que los espacios comunitarios, las organizaciones sociales y las instituciones intentaban contener, sino que también se apropió de las herramientas del Estado para destruir a los espacios comunitarios, las organizaciones sociales y las instituciones. ¿El resultado? Una sociedad atravesada por la violencia y los lazos comunitarios destruidos sin capacidad de contención.

En su nota de El Cohete a La Luna, Esteban Rodriguez Alzueta explica que algunos funcionarios “se olvidan que la comunidad no es un organismo natural sino una construcción política. Le corresponde también al Estado vigorizar la trama comunitaria, y le conviene que sea así porque las instituciones comunitarias pueden llegar donde las agencias estatales no llegan o tardan en llegar. En vez de organizar a la comunidad se dedicaron a ‘desintermediarla’”.

Los números hablan por sí solos. En los primeros dos meses del 2025 hubo un femicidio cada 29 horas según el Observatorio Nacional MuMaLá, 48 en total. Otro dato a tener en cuenta es que hubo 182 intentos de femicidios, es decir, uno cada ocho horas. No solo la violencia de género se acrecentó, sino que las herramientas estatales y las redes de contención y acción comunitaria no dan abasto para prevenir las agresiones.

Entre la última semana de enero y la primera de febrero hubo por lo menos cuatro ataques a lesbianas que mostraban abiertamente su orientación sexual. Un hombre prendió fuego la casa de una pareja de lesbianas y su familia, ellas habían decidido irse porque el hombre las venía hostigando hace tiempo. Una pareja que caminaba de la mano a plena luz del día en el barrio porteño de Recoleta fue golpeada por un hombre después de que les preguntará: “¿Por qué se visten como hombres si son mujeres?”. En La Plata, una mujer fue perseguida por un hombre luego de haber participado de la Asamblea Antifascista, el mismo hombre había apuñalado a una mujer de 63 años en la vía pública momentos antes. Una militante reconocida de la comunidad LGBTIQ+ en Orán (Salta) fue agredida en su propia casa por un hombre que intentó asfixiarla mientras dormía y luego intentó asesinarla con siete puñaladas.

Lo discursivo traspasa lo plano y toma otra dimensión material gracias al aval presidencial.

 

¿Y ahora qué?

Como mencionamos, Milei puso sus armas sobre la mesa: ¿qué acciones vamos a desenfundar para resistir pero también avanzar desde el movimiento feminista?

La pregunta radica en si vale la pena obnubilarse con los discursos provocadores del presidente, cuyo objetivo es reafirmar las ideas de su electorado o si somos capaces de salir de esa espectacularización de la imagen de Milei y sus aliados. Ojo, no quiero decir que hay que obviar ni minimizar las agresiones, hay que mencionarlas para denunciarlas pero tal vez, acompañadas de acciones que permitan salir de la “calle online” al verdadero escenario de disputa: las calles reales, los espacios de encuentro, las denuncias y los reclamos colectivos, la organización de la resistencia.

El gobierno ubica a quienes agredió en un lugar de pasividad, y no sólo a los movimientos feministas y de la comunidad LGBTIQ+, sino también a jubilados y jubiladas, a estudiantes, a trabajadores y trabajadoras. Todos estos sectores se encuentran amenazados directa o indirectamente porque también son parte de un colectivo u otro, se entrelazan. Es así que la transversalidad de la lucha también es fundamental para hacer frente a la desintegración social.

En este 8M cabe preguntarse ¿Cuál es el siguiente paso?

Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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Femicidios: la Justicia registró 251 durante 2021

Femicidios: la Justicia registró 251 durante 2021

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El informe elaborado por la Oficina de la Mujeres de Corte Suprema de Justicia reveló que hubo un femicidio cada 35 horas.

De cara a la próxima movilización de Ni Una Menos, el viernes 3 de junio, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió la actualización del Registro Nacional de Femicidios correspondiente al 2021. El informe, registra 251 víctimas letales de violencia de género, un promedio de un femicidio cada 35 horas. De ellas, 231 fueron víctimas directas y, al menos, 20 fueron vinculadas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, desde el año 2015. Para impulsar esta tarea la OM contó con la colaboración de todas las jurisdicciones del país, quienes desde entonces aportan la información relativa a las causas, las víctimas y los sujetos activos, información que sirve como base para la elaboración de políticas públicas.

Con respecto a los hechos, el 81% de los femicidios directos fueron en un contexto de violencia doméstica. Mientras que el 75% de las víctimas directas de femicidio fue asesinada en viviendas: 39% en la que compartía con el sujeto activo, 25% en su propia vivienda, ocho por ciento en la vivienda del sujeto activo y tres por ciento en otras viviendas. Además, en el 31% de los casos totales, se usó un arma blanca para cometer el femicidio, en el 25% armas de fuego y en el 24% fuerza física. En algunos casos, se empleó más de un medio.

La mayor cantidad de femicidios fueron durante los fines de semana extendidos (de viernes a la noche a lunes a la madrugada). A su vez la edad de la mayor cantidad de víctimas directas de femicidios estuvo entre la franja de los 25 y los 44 años, con un total de 116 casos. Mientras que entre los 18 y los 24 años se registraron 36 víctimas, y de más de 60 años, 32. La edad promedio de las víctimas directas de femicidio fue de 37 años.

En este sentido al menos 22 se encontraban desaparecidas o extraviadas antes de confirmarse el femicidio, 12 eran migrantes internacionales, siete estaban en situación de prostitución, seis estaban embarazadas, cinco estaban en situación de calle y Cuatro de las víctimas eran personas con discapacidad. En el 88% de los casos, la víctima conocía al sujeto activo, y en el 39% convivía con él y en el 62% de los casos eran pareja o expareja. Cabe destacar que el total de las víctimas, tenían a su cargo 182 niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo con los datos relevados, el promedio de edad de los victimarios activos de femicidio directo fue de 40,4 años. Al menos 25 pertenecían a alguna fuerza de seguridad, y 19 de ellos estaban en actividad al momento del hecho. Además, al menos el 20% tenía algún tipo de consumo problemático de sustancias, ya sea de manera habitual o al momento del hecho. Se destaca el alcohol entre las sustancias consumidas, pero también la cocaína y la marihuana y 11 sujetos activos tenían antecedentes psiquiátricos.

El 93% de los femicidas fueron identificados. A su vez de ellos al 31 de diciembre de 2021 el 66% estaba privado de la libertad con causas en trámite o condena; el 19% se había suicidado, mientras que el uno por ciento falleció por otras causas; el 7% restante permanecía sin identificar a la fecha de corte; el 4% se encontraba en libertad; el 3% estaba en otras situaciones o no se contaba con datos al respecto.

Casi un femicidio por día en el primer cuatrimestre del 2022

Casi un femicidio por día en el primer cuatrimestre del 2022

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Los datos se desprenden del relevamiento del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. Desde enero la entidad documentó 110 femicidios y tres trans-travesticidios.

Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que coordina la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, durante el primer cuatrimestre del año hubo al menos 110 femicidios y tres trans-travesticidios: casi un asesinato por día por cuestiones de género.

Cabe destacar que, durante los primeros cuatro meses de 2022, cuatro observatorios sobre femicidios y travesticidios confeccionaron un recuento sobre los crímenes con el fin de visibilizar la violencia de género, ante la demora del cálculo de las cifras oficiales anuales a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que realiza el cálculo en base a los expedientes judiciales.

De esta forma, el Observatorio Lucía Pérez, MuMaLá -Mujeres de la Matria Latinoamericana-, La Casa del Encuentro y Ahora Que Sí Nos Ven (AQSNV) elaboraron sus propias estadísticas, que difieren entre sí, ya que utilizan distintos protocolos a la hora de obtener la información. En este sentido el Observatorio Lucía Pérez, que tiene en su sitio web los datos actualizados minuto a minuto sobre la cantidad de femicidios en Argentina, entre enero y abril de este año registró un total de 116 hechos, lo que provocó que 92 niñes se queden sin su madre.

Asimismo, la entidad que lleva su nombre en homenaje a la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata hace seis años, contabilizó hasta el último día de abril 88 tentativas de femicidios y 117 marchas “en contra la violencia patriarcal”. Mientras que AQSNV computó 104 femicidios en lo que va de 2022; y MuMaLá señaló 88 asesinatos de ese tipo hasta el pasado 29 de abril.

El informe elaborado por La Casa del Encuentro (que va del 1 de enero y el 30 de abril) registró 113 femicidios y trans-travesticidios, de los cuales el 65% de los casos (73) se dieron en el domicilio de la víctima y el 58% (66) las mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Si se tiene en cuenta la modalidad del hecho, se les arrebato la vida a 30 mujeres con un arma de fuego, 25 fueron apuñaladas y 18 golpeadas, mientras que en siete ocasiones se pudo advertir indicios de abuso sexual sobre las víctimas.

En lo que refiere al rango etario, dentro de las características principales de las 113 víctimas, 64 tenían entre 19 y 50 años, 34 tenían más de 51 años, y 12 no superaron la mayoría de edad. Un dato no menor es que en 26 oportunidades la víctima realizó una denuncia previa contra su agresor, en los que cuatro femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención. Además, ocho de las víctimas eran migrantes, cuatro estaban embarazadas y otras cuatro pertenecían a pueblos originarios.

Por otro lado, el informe de La Casa del Encuentro también señala que, como consecuencia directa de los femicidios, 123 hijos e hijas se quedaron sin su madre, de los cuales el 65% son menores de edad. Con respecto a los femicidas, el informe reveló que 7 formaban parte de una fuerza de seguridad, mientras que 12 de los autores se suicidaron luego de cometer el hecho.

Al respecto con los trans-travesticidios, durante los primeros 120 días del año, La Casa del Encuentro registró tres casos: el último fue el de Fernanda López, una mujer travesti que murió apuñalada el 30 de marzo en la localidad entrerriana de Concordia.

Otro de los asesinatos fue el de Aldana Lorens, una mujer trans que falleció luego de estar internada durante 10 días en un hospital de la ciudad de Santa Fe tras recibir un golpe en la cabeza, por el cual los investigadores señalan a uno de sus hermanos como el responsable. El otro caso ocurrió el 14 de enero en Beccar, una mujer trans de 46 años de apellido Giacobbi fue hallada en su domicilio asesinada de dos puñaladas.

En cifras: Entre enero y abril hubo un total de 116 femicidios, según los datos del Observatorio Lucía Pérez que además contabilizó otras 88 tentativas de homicidios. Cabe destacar que de acuerdo con un reporte elaborado por la agencia Télam en base a los hechos dados a conocer por fuentes judiciales y policiales, en lo que va de mayo se cometieron al menos cinco femicidios a nivel nacional.

En cinco años hubo 1343 femicidios y transfemicidio

En cinco años hubo 1343 femicidios y transfemicidio

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

El observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana presentó un informe en el que relevaron datos sobre femicidios y tranfemicidios cometidos en los últimos cinco años.

El observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) realizó un informe titulado “5 años de femicidios, femicidios vinculados y trans travesticidios”, en el que analizaron los crímenes cometidos entre los años 2017 y 2021. 

El informe se construyó a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, como también buscadores, sistemas de alerta, seguimiento de organizaciones, portales especializados en materia de género, feminismos, derechos humanos y policiales/forense.  

El organismo dio a conocer que en el últimos lustro se contabilizaron 1343 femicidios, de los cuales destacaron que 1162 fueron directos, 152 se enmarcan dentro de lo que se denomina femicidio vinculado, y 29 fueron cometidos sobre miembres del colectivo travesti-trans.

El relevamiento evidenció que la edad promedio de las víctimas es de 36 años. Asimismo, concluyeron que en el 67% de los casos el femicidio fue cometido por la pareja o ex pareja de la víctima, en tanto el 27% de ellos fueron perpetrados por familiares o conocidos. 

En relación al lugar en el que se cometieron se destaca que el 64% de los femicidios tuvieron lugar en la residencia de la víctima. De igual modo, precisaron que “en nuestro país, los femicidios son centralmente domésticos y perpetrados por personas del círculo íntimo de las víctimas“. 

Desde MuMaLá pusieron especial atención a los femicidas: contabilizaron 1160 autores de los homicidios, de los cuales 56 fueron femicidas múltiples, mientras que otros 55 actuaron en complicidad de otra persona al momento de cometer los asesinatos.  Del total, el 10% tenía antecedentes penales, en tanto el 21% se suicidó luego de consumar el delito. 

Por último, el documento señala que durante el 2021 se registró la menor cantidad de femicidios en todo el país en relación a los años anteriores. Según afirman el descenso de casos está vinculado con el “fuerte activismo feminista con un alto impacto en los medios de comunicación”. Discriminado anualmente se registraron 304 femicidios en 2017, 260 en 2018, 287 en 2019 y 270 en 2020; números que sustituyen los nombres de mujeres, travestis y trans con historias, sueños y familias que hoy no les pueden abrazar. 

Como pájaros, cazadas en su vuelo

Como pájaros, cazadas en su vuelo

TIEMPO DE LECTURA: 12 min.

“Los políticos sólo se sientan a mirar mientras las mujeres son cazadas como pájaros”, denuncia la asociación y plataforma feminista turca Kadin Cinayetlerini Durduracagiz (“Paremos los femicidios”) en un informe sobre la situación de las violencias de género en su país.

Esto sucede en Turquía, hoy, hace semanas, y hace años. Lo que realmente tiene lugar en las casas, en las calles, en los medios y en las instituciones estatales, y que quedó opacado detrás de una imagen en blanco y negro publicada en Instagram.

Probablemente en las últimas semanas hayas encontrado circulando en tus redes sociales fotos de mujeres (generalmente selfies, sonriendo o posando) en blanco y negro acompañadas de frases promoviendo el amor propio, expresiones de sororidad e invitando a quien recibía el mensaje a publicar una imagen en el mismo sentido, junto al hashtag #DesafíoAceptado. “Te elegí por ser increíble, inteligente, admirable, valiente, capaz, ingeniosa, simpática y buena amiga”, concluía la iniciativa.

Alrededor de 5 millones de mujeres en todo el mundo aceptaron el desafío y se unieron a esta difusión masiva que parecía tener como único fin el “empoderamiento femenino”.

Se dio a conocer días después, y gracias a la información que viralizó a nivel global un grupo de activistas feministas turcas, que detrás de esas fotografías había miles de historias de dolor y sufrimiento que se remontaban a Turquía, y que allí ese “desafío” tenía un sentido simbólico, político y cultural muchísimo más denso del que pudo llegar a este lado del océano.

Fuente POUSTA

En su origen estaba el objetivo de dar visibilidad y crear conciencia social sobre las crecientes tasas de feminicidios en el país humanizando las cifras: dar a conocer los rostros de las víctimas asesinadas en manos de hombres o violentadas por ellos. Decir “mirá, esta podrías haber sido vos, o tu hermana, o tu amiga, o tu hija”. La mujer o niña de la foto en blanco y negro, esa que ahora ves en las redes sociales, en la televisión, en el diario, en las revistas; esa es una de las 164 que fueron asesinadas en lo que va del 2020 en Turquía, una de las 36 que murieron sólo en julio de este año o de las 11 que aparecieron “sospechosamente muertas” en ese mismo mes.  

Un desafío que sobrepasa las redes

En las últimas semanas, y con mayor intensidad desde agosto, las calles y plazas de distintas ciudades de Turquía, con principal foco en Estambul, se colmaron de miles de mujeres exhibiendo sus carteles y símbolos de color violeta. Presentes en nombre de agrupaciones feministas o como autoconvocadas, las mujeres turcas dejaron de lado sus diferencias políticas, étnicas o religiosas para defender una misma causa y enviar al gobierno un mensaje de unidad: el Convenio de Estambul no se toca. O como rezaban algunas pancartas: “El Convenio da vida”

Este mensaje de protesta se desprende como respuesta política hacia el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan que, con la presión y el respaldo de los sectores ultraconservadores, puso en debate la retirada de Turquía del Convenio de Estambul.

¿Qué importancia tiene esto? Este documento internacional, llamado específicamente “Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” brinda a las mujeres y niñas un marco jurídico de protección legal detallada, con el objetivo de frenar y prevenir todas las formas de violencia de género y fortalecer la igualdad, acompañar y dar apoyo a las víctimas. Insta a los gobiernos que lo firman y ratifican, como lo hizo Turquía en 2011 y 2014 respectivamente (siendo así el primer país), a que concreten medidas y políticas integrales para combatir la violencia contra las mujeres y la desigualdad, y que enjuicien y castiguen efectivamente a los femicidas y perpetradores. Exige la tipificación como delito de las diferentes formas de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia psicológica, y la imposición de sanciones legales. También propone la formulación de datos y análisis para conocer estadísticas oficiales y exactas, y actuar a partir de ellas.     

Toda una normativa compleja e integral que reconoce a las mujeres y niñas como parte de un entramado de desigualdades estructurales y violencias, y que sería increíblemente útil… si se implementara eficazmente.

El conflicto resurge ahora por el Convenio de Estambul, pero las mujeres también se están movilizando por el pleno y correcto funcionamiento de la Ley 6284, la cual reconoció en el ámbito nacional muchos derechos de las mujeres, apuntando a la protección y prevención de la violencia, “desde el empoderamiento financiero hasta el cambio de su información de identidad” asegura la Plataforma “Paremos los Femicidios”. Y que fue posible gracias a la adhesión al Convenio de Estambul, y que se construyó como resultado de la lucha y con la cooperación de las organizaciones de mujeres.

Según un informe de esta misma asociación, fue evidente la reducción de los femicidios en el año de la sanción de estas normativas, ya que la postura decidida en contra de la violencia contra las mujeres repercutió directamente en las estadísticas. Aunque esto comenzó a cambiar, para mal, con el relajamiento de los castigos y la naturalización de las violencias y femicidios por parte de los mismos encargados de combatirla.

Fuente: Plataforma Kadın Cinayetlerini Durduracağız

Números de guerra

Desde hace años el movimiento feminista viene reclamando que el Estado no dedica los recursos necesarios para aplicar estas normativas, no apoya a las víctimas con espacios de acogida, no facilita las denuncias en comisarías, ni busca desterrar el machismo desde la educación y la cultura. Los femicidios, la violencia doméstica, los abusos sexuales, el acoso, la discriminación, la impunidad, son moneda corriente en el país. Y lo dejan en claro los números: más de 3.000 mujeres y niñas fueron asesinadas desde 2010, según la plataforma “Paremos los Femicidios”, y 474 víctimas durante el 2019, lo cual significó la tasa más alta en una década.

“El número dramático de femicidios registrados en Turquía en 2019 es un número de tiempos de guerra“, aseguró a ANF News la activista Esra Can, y agregó que el número de casos no reportados probablemente sea aún mayor.

Además, un informe de un grupo de expertos en género del Consejo de Europa realizado en 2016, registró que 55.757 mujeres solicitaron protección estatal después de enfrentar violencia doméstica, pero sólo 9.429 recibieron refugio.

Lo que es aún peor, fueron las organizaciones feministas las que debieron ponerse al hombro la tarea de identificar y recopilar los datos reales de casos de feminicidios y violencias de género, a partir de informes de noticias y de testimonios de familiares de las víctimas, luego de que el mismo gobierno admitiera que no mantenía registros oficiales, sumado a que muchas veces las cifras existentes difieren entre los diversos Departamentos del Estado. En 2015, la periodista turca Ceyda Ulukaya realizó un proyecto de recopilación de datos muy detallado. Las estadísticas gubernamentales no son confiables y se torna indispensable conocer la dimensión del monstruo al que se enfrentan cada día las mujeres en Turquía.

Avanzar, retroceder, avanzar

En este contexto, al gobierno actual le parece una gran idea dar marcha atrás con el tratado y dejar a las mujeres y niñas totalmente desamparadas y desprotegidas, a la merced de los violentos y criminales.

¿Con qué argumentos? Porque promueve la homosexualidad, impacta negativamente en la “estructura familiar”, va en contra de los “valores nacionales”; “rechaza la oportunidad de llevar paz a una familia que está a punto de ser destruida por la violencia doméstica”, expresa un comunicado de Türkiye Düsünce Platformu, la primera asociación en proponer la salida del Convenio.

El presidente turco dice estar dispuesto a derogarlo “si el pueblo quiere”. Qué argumento tan original, ¿no? El tema es que el pueblo no quiere. Según una encuesta realizada por Metropol Research, el 63,6% de la sociedad no considera correcto retirarse de la Convención, y sólo un 26% está de acuerdo. Aunque, debe aclararse, el valor de este tipo de encuestas puede resultar dudoso ya que otro sondeo muestra que más del 50 % de la población no sabe de qué trata el Convenio de Estambul y lo confunde con un tratado marítimo. La desinformación e ignorancia como herramienta de vulnerar derechos, siempre.

Fuente: Kurdistán América Latina

Pero no se la dejarán tan fácil. La ola de manifestaciones se volvió una vorágine ruidosa y avasallante imposible de omitir, y que está acorralando a los sectores de poder, que dejaron en vilo la cuestión o incluso se arrepintieron de haber abierto el debate, como la asociación recién citada que dijo arrepentirse por haberse metido en un “área minada”. Arrugaron.

Asimismo, salieron a la luz fracciones al interior de los grupos políticos. En el propio AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) hay diferencias de opiniones que incluso dividen la propia familia del presidente. Su segundo hijo forma parte de una asociación juvenil islamista (TÜGVA) que propone derogar el Convenio por “ineficaz” e “impopular”. Mientras que su hija menor, a través de un comunicado de la agrupación KADEM (de la cual es vicepresidenta) deja en claro su defensa al Convenio y lo declara útil e importante. 

La lucha continua y la batalla no está saldada. Se acercan tiempos complejos. La lucha feminista turca no parece poder avanzar, ya que tras años de pedir por la implementación completa y efectiva del Convenio, ahora deben manifestarse por, al menos, mantenerlo.

El mero debate en torno a la legitimidad de este Convenio y la responsabilidad del Estado en las cuestiones de género está teniendo enormes repercusiones negativas, dando rienda suelta a la impunidad. Los asesinos se envalentonan con el discurso nacional en el que los líderes discuten, como quien no quiere la cosa, la eliminación de las protecciones para las mujeres. “Cuando hablamos de estos derechos, los hombres se animan a matar mujeres. Vemos que cuando están atacando los derechos de las mujeres, hay un número creciente de feminicidios”, señaló Melek Onder, la portavoz de “Paremos los Femicidios”.

Por Pinar, por todas

No sólo la oposición a la retirada del Convenio de Estambul y el reclamo por la plena implementación de la Ley 6284 llevó a las mujeres a rebelarse y hacer suyos los espacios públicos, sino también el aumento vertiginoso de los femicidios y los casos de violencia doméstica. Y en particular, el brutal asesinato de Pinar Gultekin, el cual impulsó el comienzo de la campaña digital de las imágenes en blanco y negro.

Pinar era una estudiante de 27 años que desapareció en la provincia de Mugla, Turquía, el 16 de julio de 2020. Los equipos de gendarmería comenzaron a buscarla tras la denuncia de su hermana y su madre, y la encontraron muerta 6 días después en un bosque. Cuando su cuerpo fue exhumado, había sido golpeada, estrangulada y enterrada en un barril con cemento.

El femicida fue su ex novio Cemal Metin Avcı (32 años), quien fue reconocido gracias a cámaras de seguridad y que negó el crimen en primera instancia, pero que luego confesó. Según su declaración, Pinar había descubierto que él tenía esposa y quería contarle del engaño, y en un ataque de ira la mató e intentó ocultar el cuerpo. La policía dice que el asesino actuó así por celos. Como si de algún modo los argumentos justificaran el crimen. Muchas activistas temen que sea liberado pronto o que reciba una sentencia leve, como suele suceder.

La ferocidad de este asesinato y el hartazgo de las mujeres frente a la perdida constante de sus amigas, compañeras, vecinas, hermanas, hijas, madres, en manos de novios, maridos, ex parejas, padres, hijos, desconocidos, con absoluta impunidad, fueron la gota que rebalsó el vaso. Y a las mujeres nadie las para, lo sabemos. “Las mujeres no se detendrán hasta que consigan su libertad, su igualdad, sus vidas”, expresaban las manifestantes en una declaración. Entienden quién es el responsable principal del aumento de las cifras: el Estado. “El femicidio es un asesinato político”, señalaban algunas las pancartas.

Pinar Gultekin es una, y es muchas. En ella se refleja el rostro de todas y cada una de estas mujeres y niñas asesinadas. En su nombre, el nombre de miles. En su memoria, el recuerdo de cada una de las que terminamos olvidando por la magnitud y la frecuencia de los femicidios. En la necesidad de justicia por su muerte, la intolerancia a la impunidad que perpetra el sistema y que legitima el presidente Erdogan con sus dichos misóginos. 

Más libres, más muertas

El aumento de casos en Turquía se da también en el marco de la avanzada del movimiento feminista, que centra su lucha en la emancipación y libertad de las mujeres. La mayoría de los pretextos de los femicidas y violentos se relacionan con separaciones propuestas por las mujeres, divorcios, o la negativa de ellas a reconciliarse. Situación que se ve agravada por el confinamiento impuesto a partir de la pandemia del coronavirus, que obliga a las mujeres a permanecer en sus casas con los mismos que las violentan.

Además, hay un aumento serio en el número de “muertes sospechosas” de mujeres, según la Plataforma KCDP, presentadas como suicidio o muerte natural pero que es necesario revelar si las mujeres fueron asesinadas, si se suicidaron o si fueron empujadas al suicidio.

Y volviendo a la responsabilidad del gobierno de turno, fue el partido de Erdogan (AKP) el que a principio de este año, luego de ser rechazado en 2016 debido al repudio social, presentó en el Parlamento un proyecto de Ley (ya existente en otros países) que le permitiría a los hombres acusados de tener relaciones sexuales con menores de 18 años evitar una pena de cárcel si se casaban con sus víctimas, legitimando los abusos sexuales infantiles y asegurando amnistía a los violadores. Las mujeres lo denominaron “Casate con tu violador” y los repudiaron durante días en las calles.

Buena apariencia, impunidad asegurada

El problema de la impunidad atraviesa a Turquía como a tantos países del mundo, pero allí es de tal magnitud la cuestión que le proporcionaron un término: “tie reduction” (reducción de corbata). Esto proviene del ¿fenómeno? judicial por el cual los hombres que se presentan a la corte con buena apariencia, corbatas y trajes, reciben sentencias mínimas, o se le reducen sus penas de prisión, o quedan absueltos.

Con la misma arbitrariedad, se otorgan libertades condicionales a hombres acusados ​​de violencia doméstica y las autoridades no informan siquiera a las víctimas.

Ellos debaten, ellas mueren

Mientras los partidos políticos y los sectores ultraconservadores de Turquía debaten sus intenciones de avanzar o no sobre los derechos y libertades de las mujeres y niñas -hacerlo ahora o más tarde, con o sin apoyo popular-, ellas son asesinadas cada 20 horas. Cientos de mujeres, como Pinar, son arrancadas de sus familias, de sus grupos de amigxs, de sus ambientes de trabajo o estudio. Miles de hombres caminan libremente por las calles del país con la sangre de sus víctimas en las manos y con la complicidad de un sistema patriarcal y negligente. Las mujeres turcas seguirán dando batalla en las calles, en las plazas, en sus casas, en las instituciones, en todos los espacios que habitan, haciendo oír sus gritos de dolor y bronca contra una sociedad que las violenta y asesina.


Fuentes:
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2925/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-temmuz-2020-raporu
https://www.lavanguardia.com/politica/20200805/482686608841/un-tratado-contra-la-violencia-machista-divide-turquia.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/496818-desafio-fotos-blanco-y-negro-redes-feminismo-turquia.html
https://www.elespanol.com/mundo/20171127/265224547_0.html
https://www.laizquierdadiario.com/Ley-de-impunidad-en-Turquia-Casate-con-tu-violador

Delfina Venece
Delfina Venece

Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.

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