De la “política militar” a la “política de defensa”

De la “política militar” a la “política de defensa”

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

En 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se aprobó la Ley de Defensa Nacional. El proyecto fue redactado en conjunto por peronistas y radicales y obtuvo amplia mayoría en el Congreso. Sin embargo, durante los siguientes 18 años, la agenda de la defensa se vio dominada por la necesidad de subordinar y limitar el comportamiento político de las Fuerzas Armadas.

El capítulo de cierre de la agenda centrada exclusivamente en el control civil llegó finalmente en 2006. El gobierno de Néstor Kirchner impulsó la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional a través del Decreto N° 727/06, mediante el cual se aclaraban algunos puntos que habían sido objeto de interpretaciones diversas. En este sentido, se dejaba explícito que las FFAA iban a ser empleadas en agresiones de origen externo y estatal. Cabe destacar -y es importante prestar atención a este punto- que durante los 90 y a principios de los 2000, hubo presiones yanquis para incorporar a las FFAA de la región a la lucha contra “las nuevas amenazas”, identificadas en el terrorismo y el narcotráfico.

Contexto regional

A lo largo de la historia hemos visto que la política de Defensa Nacional ha ido cambiando de acuerdo a los intereses estratégicos en el contexto internacional y especialmente regional. En este sentido, las Fuerzas Armadas han desarrollado diversas tareas: en algunos casos enmarcadas en la promoción del desarrollo institucional, económico y social; y en otros, como parte de un instrumento de represión y disciplinamiento social.

La última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina no fue la única de la región. Por el contrario, hubo procesos militares en varios países del continente, y como afirma la periodista y escritora Telma Luzzani, “durante los 60 y 70, Estados Unidos hizo esfuerzos por comunicar las Fuerzas Armadas de la región con el Pentágono”.

Los objetivos quedaron claros un tiempo después. Había un fin político-económico, que implicaba la consolidación del neoliberalismo como sistema; y una meta militar (que encontró en la Escuela de las Américas su vehículo): ejercer un control sobre las fuerzas armadas de la región (así podrían saber qué iban a hacer nuestros militares, recolectar información, conocer con qué tecnología contaba cada ejército y por lo tanto, cuáles eran las capacidades militares de cada uno de ellos).

A comienzos del siglo XXI, Nuestra América vivió procesos transformadores, liderados por gobiernos progresistas en la región, que impulsaron organismos de cooperación económica y militar sin la participación de Estados Unidos, como Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), la UNASUR y la Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), entre otras.

Ante semejante “descaro” de los pueblos nuestroamericanos, Estados Unidos ha respondido, como analiza Luzzani, con una creciente militarización, el desconocimiento explícito de las leyes internacionales, y durante los últimos 10 años, apoyando el avance de derechas antidemocráticas (el caso más explícito es el del golpe a Evo Morales en Bolivia), y promoviendo el caos, principalmente, a través de nuevas técnicas (ataques informáticos, pulsos electromagnéticos dirigidos, terrorismo mediático, lawfare).

12 años de avances hacia una “política de defensa”

Durante la gestión de Nilda Garré como Ministra de Defensa de la Nación (2005-2010) se registraron los avances más significativos en materia de conducción efectiva de la política de defensa. A la profundización de la política de “revisión del pasado”, se sumó el avance en la materialización de los desafíos que afectan la conducción estratégica del sector.

En 2006, por primera vez, se convocó al Consejo de Defensa Nacional, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación estratégica nacional, y se firmó el Decreto 1691/2006, que aprobó la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que establecía las pautas para el diseño, empleo y selección de equipamiento para el Instrumento Militar. Esto, sumado a la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional (Decreto 727/06), que vino a saldar una deuda de 18 años, trazó un corte fundacional en la política de defensa.

Nilda Garré y Néstor Kirchner

Otra medida de relevancia fue la sanción del Decreto 1729/2007, que instauró un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) -basado en el método de capacidades militares en reemplazo del de hipótesis de conflicto-, conducido en su totalidad por el nivel político. La normativa establecía que cada Ciclo debía iniciarse con el dictado de una Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) concebida por el Ejecutivo.

Los Decretos 1714/09 y 2645/14 establecieron las DPDN de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en las que se asentaron las apreciaciones estratégicas de la Argentina en torno al escenario global y regional, e instruyeron al Ministerio de Defensa y a sus dependientes Fuerzas Armadas, a adecuar su estructura, funcionamiento y previsiones en virtud de las exigencias allí contempladas.

Las DPDN de 2009 y 2014 describían a Sudamérica como una “zona de paz”  atravesada por diferentes instancias de cooperación y confianza en materia de defensa, seguridad internacional y ayuda humanitaria. En efecto, mutaron las percepciones de amenaza y desconfianza entre los países de la región, lo que derivó en una modificación conceptual sobre el papel de las Fuerzas Armadas.

En síntesis, el escenario regional se caracterizaba por ser una región libre de armas de destrucción masiva, por la resolución de conflictos a través de canales diplomáticos u organismos regionales (con especial hincapié en la UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano), medidas de cooperación y transparencia en materia militar, y apoyo a los esquemas de seguridad colectiva, sin que ello implique la renuncia a la defensa autónoma.

2015-2019: Un gobierno PRO retrocesos

Durante el gobierno de Mauricio Macri se experimentaron una serie de retrocesos incrementales en el diseño del planeamiento estratégico de la defensa. A través del Decreto 683/2018 se modificó la Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional del 2006, alterando la voluntad de les legisladores en lo relativo a la misión principal del Instrumento Militar (repeler agresiones de origen externo).

Asimismo, a través del Decreto 703/3018 se dictó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que implicó un alineamiento irrestricto con la mirada que impulsa el Comando Sur de los Estados Unidos hacia los países nuestroamericanos (pero que obviamente Washington no comparte fronteras adentro).

¿Qué implicaba la nueva DPDN (que casualmente se dictó después del préstamo más grande que haya hecho el FMI en su historia)? Que nuestras FFAA hicieran exactamente lo que se proponía desde la Casa Blanca. Si une presta atención al documento que daba inicio al nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, el escenario regional caracterizado por el gobierno de Macri no hace ni una referencia a la UNASUR y se privilegia a la OEA en la resolución de controversias (tras la convocatoria del TIAR contra Venezuela y las elecciones de 2019 en Bolivia, no hay mucho más que agregar).

Durante su gestión, Oscar Aguad recibió al jefe del Pentágono

Como si todavía no quedaran muy explícitas las intenciones, el documento identifica a Venezuela como una amenaza a la consolidación de la paz sudamericana; asigna, pese a la claridad de la normativa vigente (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley de Inteligencia Nacional), un rol a las FFAA en misiones de seguridad; busca forzar una relación entre la región sudamericana y el “terrorismo” islámico, a partir de una caracterización de la Triple Frontera; y describe cuestiones de seguridad como el “tráfico de armas ligeras y pequeñas”, el “crimen organizado” y el “narcotráfico”.

Además de derogar las anteriores DPDN, el Decreto 703/18 también culminó la vigencia del Decreto 1691/2006, buscando herir el corazón de la integración regional en materia de defensa (quedarán para otro capítulo las implicancias de la direccionada destrucción de la UNASUR).

Desafíos

Con el retorno de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa, en junio de este año, se retomó la conducción política del planeamiento estratégico de la defensa, lo que supuso dejar atrás el “modelo delegativo” de Mauricio Macri.

A través del Decreto 571/2020 se derogaron los Decretos 683/18 y 703/18, con un decidido impacto sobre los lineamientos estratégicos que deben conducir la política de defensa nacional. La norma emitida implica el retorno de la Reglamentación original de la Ley de Defensa Nacional y el restablecimiento del Decreto 1691/06, lo que constituye una decisión fundamental con vistas a un nuevo Ciclo de Planeamiento.

Además de recuperar la voluntad original del legislador al sancionar el entramado normativo de la Defensa Nacional, la decisión instruye al ministro de Defensa a que eleve en el plazo de seis meses una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.

En este marco, es fundamental desarrollar una política de defensa autónoma, cooperativa y defensiva; una política propia que no esté anclada en los intereses de grandes potencias que dirimirán sus conflictos a través de territorios terceros. La construcción de una política de defensa debe tener en cuenta la consolidación de una zona de paz en la cual puedan desarrollarse plenamente los intereses nacionales.


Fuentes:
– Luciano ANZELINI, Iván POCZYNOK (2014). “El planeamiento estratégico militar en la Argentina (2003-2013): Reflexiones en torno al Gobierno Político de la Defensa” en Austral: Revista Brasileira de Estratégia & Relações Internacionais, v.3, n.6 (p. 143-167).
– Luciano ANZELINI (2017). “El gobierno de Macri y la (re)militarización de la seguridad pública (2015-2017): algunos apuntes para la discusión” en Colección Gobierno y Seguridad, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
– Jorge BATTAGLINO (2011), “Política de defensa y política militar durante el kirchnerismo” en De Luca, M. y A. Malamud, (comps.) La política en tiempos del kirchnerismo. Eudeba, Buenos Aires.
https://www.zona-militar.com/2020/07/03/politica-de-defensa-argentina-una-reflexion-acerca-del-decreto-no-571-2020/
https://www.pagina12.com.ar/275553-agustin-rossi-en-seis-meses-tendremos-que-elaborar-una-nueva
https://www.elcohetealaluna.com/volver-a-lo-propio/
https://www.pagina12.com.ar/276304-un-enorme-avance-en-defensa-nacional

Miranda Cerdá Campano
Miranda Cerdá Campano

Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo, lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta. 

Estrategias contra el asedio imperialista

Estrategias contra el asedio imperialista

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

De cara al proceso electoral que tendrá lugar el 6 de diciembre en Venezuela, en los últimos meses comenzaron a olfatearse algunas rupturas en el Gran Polo Patriótico como frente de unidad. Sin ir más lejos, hace algunas semanas, el presidente Nicolás Maduro, durante una videoconferencia ante el Congreso Bolivariano de los Pueblos, utilizó el concepto de bloque histórico (acuñado por Antonio Gramsci), como línea central de su discurso, para referirse a la encrucijada nacional entre las presiones internacionales, la lucha contra la pandemia del Covid-19 y el escenario electoral venidero.

La evocación de Maduro al concepto de Gramsci no es casual por el momento político que atraviesa el chavismo en relación a lo comentado con anterioridad. Y, a priori, la referencia no parece solamente indicar la necesidad de mantener el bloque político para ganar las elecciones, sino que también parece hacer referencia a la necesidad de relanzar, de alguna manera, los principios fundacionales del chavismo: ir a la disputa por el modelo, por la construcción de hegemonía.

El costado B del frente de unidad

Tanto el Partido Comunista de Venezuela como facciones de Patria Para Todos decidieron no participar del proceso electoral como aliados del Gran Polo Patriótico. En este sentido, observamos a un sector de la izquierda ofertando candidatos independientes e ignorando los llamados que el gobierno venezolano ha realizado para mantener la unidad y recuperar la Asamblea Nacional que perdió en 2015. 

Cabe resaltar que durante cinco años, ese lugar le ha servido al antichavismo para conjurar el bloqueo contra venezuela, deslegitimar el resto de los poderes del estado y conspirar a favor de operaciones golpistas. Todo, obviamente, bajo la expresa tutela de Estados Unidos.

De cualquier manera, las posturas divisionistas con respecto al chavismo no son inéditas. En 2017, cuando Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente -el mismo año en el que también se celebraban elecciones para elegir gobernadores y alcaldes- el PCV, PPT y el Movimiento Electoral del Pueblo apoyaron, en las elecciones para la alcaldía de Caracas, la candidatura del ex ministro de Comercio Eduardio Samán en oposición a la candidata que proponía el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Farías. Como en aquel entonces, un sector de la izquierda no supo estar a la altura y reconocer las complejidades del momento histórico.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inscribió sus candidaturas, entre las cuales figuran las de les dirigentes Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Iris Varela, entre otres. La lista incluyó a candidates de 9 partidos aliados, y en ese sentido, pese a las incertidumbres, el mapa interno ha quedado en gran parte aclarado. Esto no quiere decir que se calmen las aguas porque de seguro vendrán más sanciones y operaciones encubiertas. 

La llave maestra

Con miras a estas pequeñas fracturas, y pensando en otras estrategias de cara a las elecciones del 6 de diciembre, el presidente Maduro firmó la semana pasada un decreto de indulto presidencial a 110 polítiques de la oposición. De esta manera el gobierno venezolano busca la reconciliación nacional y que se reencaucen todas las acciones de todos los actores por las vías constitucionales. La idea es que la situación pueda aprovecharse como oportunidad para que el próximo 6 de diciembre Venezuela pueda demostrar la solidez de su democracia. 

La decisión no fue difícil de digerir para algunos sectores del chavismo, pero la jugada también es parte del cuadro de excepcionalidad política con el que lidia Venezuela. Y un dato no menor es que la Unión Europea aplaudió los indultos.

¿Y la oposición?

El decreto presidencial llegó en un momento donde se han multiplicado los desencuentros opositores respecto a qué hacer de cara al 6 de diciembre. Desde la casa blanca se estaba promoviendo una estrategia abstencionista, algo que a nivel nacional defendía y encarnaba Juan Guaidó, que cuelga de unos hilitos a punto de cortarse, pero que sigue siendo el hombre elegido por Washington.

Fuente: Agencia EFE

Esta estrategia tuvo un lindo revés cuando el dirigente opositor Henrique Capriles (quien peleó elecciones presidenciales frente a Chávez y a Maduro) anunció de manera pública que apostaría a las parlamentarias. Algunos se fueron sumando a sus intenciones, como Stalin Gonzalez, quien era parte del núcleo cercano a Guaidó y anunció su alejamiento del partido Un Nuevo Tiempo para apostar a la contienda electoral. Esos cambios de posición, insinuados con cierta anterioridad, vinieron a confirmar que una parte creciente de la oposición venezolana no solamente descree de la opción abstencionista, sino que ha tomado distancia de la estrategia diseñada desde Estados Unidos.

Esto no quiere decir que Estados Unidos ya no tenga estrategia. Hace algunos días, James Story, quien está a cargo de la embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela, realizó una transmisión en vivo con Guaidó para subrayar que lo van a seguir apoyando, aún después de las legislativas. En esta misma transmisión fue anunciado que Estados Unidos podría declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela como una organización terrorista y pactar un acuerdo entre la DEA y Guaidó.

Aunque pareciera que el camino del asedio se va agotando, la postura de Estados Unidos se mantiene: Washington no va a reconocer las elecciones del 6 de diciembre, llama a mantenerse detrás de Guaidó y amenaza con nuevas sanciones económicas. Y pese a que habrá elecciones en noviembre para ver quién ocupará el sillón presidencial del Despacho Oval, la política de agresión constante no sufrirá demasiadas modificaciones.

En este sentido, el diálogo que comenzó a entablarse con la Unión Europea, organismo invitado por el gobierno a observar las elecciones del 6D, también representa estrategia del chavismo en la lucha por el rescate de la institucionalidad y la estabilidad política. Europa quería alejarse de la visión yanqui, intenta recuperar peso y quizás pueda aportar algo en la estabilización del camino democrático, para dejar con menos espacio a cualquier factor golpista.

Miranda Cerdá Campano
Miranda Cerdá Campano

Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo. Lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta. 

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