Marcha por la “libertad inmediata” de los detenidos durante la represión por la Ley Bases

Marcha por la “libertad inmediata” de los detenidos durante la represión por la Ley Bases

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

La medida, dispuesta para este lunes por la tarde en la entrada del Servicio de Paz y Justicia, fue convocada por una multiplicidad de organizaciones democráticas. Allí, se exigió la liberación de los detenidos durante la brutal represión llevada a cabo en las afueras del Congreso, cuando se sesionó el Proyecto en Senadores.

Diferentes organizaciones sociales y por los Derechos Humanos (DDHH) como también familiares de las personas detenidas se manifestaron este lunes y exigieron la “libertad inmediata” de los detenidos durante la represión de la Ley Bases el miércoles pasado cerca del Congreso de la Nación. La instancia comenzó a las 11:30 y el punto de encuentro fue en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

Según constató Trinchera, las agrupaciones propusieron dicho punto de encuentro, ya que se trata de una organización social que forma parte del movimiento por la paz y los DDHH desde la No Violencia Activa (NOVA). Además, los organizadores informaron que la movilización buscó la liberación inmediata de todos los presos y su desprocesamiento, como así también impulsar una campaña unificada amplia a nivel nacional e internacional. También se mencionó una posible marcha a la Plaza de Mayo el martes 18 a las 17 hs.

Con respecto a los detenidos, en diálogo con Radio Trinchera, el referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Facundo Merlán Rey, sostuvo: “Que de forma bastante arbitraria y argumentos pocos claros, la jueza María Servini del Juzgado Federal Nro.1, definió brindar la excarcelación de 17 de los detenidos y dejar a 16 todavía detenidos, por lo que se sabe hasta mañana. La jueza no brindó más información de la continuidad de la investigación”.

“También hubo un pedido del fiscal Stornelli de revocar la excarcelación de 14 de los 17 que fueron liberados pero todavía la Cámara no resolvió sobre eso. Ahora los 16 detenidos están distribuidos en el penal de Ezeiza, de Devoto y de Marcos Paz”, sostuvo Merlán Rey y agregó: “El discurso que hay por parte del Gobierno es el de la criminzalizacion de la protesta e intentar crear un relato del terrorismo y golpe de estado”. Por último, el referente de la CORREPI señaló que con estas medidas “el Gobierno busca generar una sensación de amedrentamiento y de terror en el pueblo para que no se movilice.

Por su parte, La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) es una de las organizaciones que se suma a la autoconvocatoria, la cual expresó “el más profundo repudio al accionar que, en connivencia, están llevando a cabo las Fuerzas de Seguridad, la Justicia, y el Gobierno” del presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.

En un comunicado, UTE denunció que “trataron de inventar causas ilegítimas de los detenidos arbitrariamente en el ejercicio del derecho a la protesta, en la feroz caza llevada a cabo en la marcha convocada para defender la Patria contra quienes, a través de la ley bases, quieren entregarla”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la Ley Bases y la represión desplegada por el Gobierno. Además, señaló que la medida “agrede a la producción, el trabajo y los derechos” y consideró “inadmisible” que el Gobierno califique las manifestaciones como “golpe de Estado o terrorismo”.

En diálogo con la radio AM 750 recalcó: “No tiene un artículo a favor de los derechos de los sectores medios. Es una ley de entrega de los recursos naturales y el patrimonio natural; le da superpoderes al Presidente, que gobierna por decreto. Legaliza un modelo económico y un modo de gobierno”.

En paralelo, el mandatario bonaerense se refirió a la brutal represión desplegada en las inmediaciones del Congreso y dijo que “es inadmisible que el gobierno hable de golpe de Estado o terrorismo. Que haya presos por manifestarse en democracia es un espanto”. “Venimos de una etapa de marchas multitudinarias y todas fueron pacíficas y democráticas. Fue una manifestación a la que asistieron muchísimos sectores, mucha gente movilizada espontáneamente. No sé de qué están hablando. Es una aberración caracterizarlo de esa manera”, prosiguió Kicillof.

El gobernador aprovechó para pedir la “inmediata libertad” de los detenidos y aseveró: “Es muy evidente que están intentando convertir una posición democrática en una victimización que no ocurrió ni existió. Quieren plantear fantasmas, es muy feo y muy triste ver a un gobierno denunciar golpe de Estado y terrorismo en una marcha pacífica”.


Tu aporte es esencial para que el Multimedio Trinchera pueda continuar con la construcción de una comunicación por y para el pueblo. Agradecemos el apoyo de nuestra comunidad y te invitamos a suscribirte para afianzar día a día nuestra Trinchera.
¡Sumate a la Comunidad Trinchera y aportá a la Comunicación Popular!

https://revistatrinchera.com/comunidad/


Jujuy: liberaron a los detenidos por tuitear sobre Morales

Jujuy: liberaron a los detenidos por tuitear sobre Morales

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

El fiscal de la causa ordenó el cese de la prisión preventiva de Nahuel Morandini y Roque Villegas. Aseguró que antes del 20 de marzo estarían llegando a juicio. Ambos permanecieron, durante los últimos 54 días, en el Establecimiento Penitenciario Nº 1.

Tanto el docente de la Universidad de Salta, Nahuel Morandini y el trabajador independiente Roque Villegas, recuperaron su libertad en las primeras horas de la noche del lunes tras ser detenidos por replicar en redes sociales posteos de tono mordaz sobre el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y su esposa. Sucedió luego de que la campaña por su liberación llegara a todo el país. El fiscal jujeño, Walter Rondón, quién pidió su prisión preventiva hace dos meses, debió llamar a una audiencia pública donde finalmente se vio obligado a dar marcha atrás.

Morandini y Villegas fueron encarcelados arbitrariamente entre el 4 y 5 de enero pasado, y quedaron imputados en una causa escandalosa armada a pedido del exgobernador radical, por replicar versiones que durante los últimos días de diciembre circularon en redes sociales y en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del referente radical jujeño. Ahora, los imputados esperan en libertad el “juicio” plagado de ilegalidades. Sigue la campaña por su absolución definitiva.

Cabe señalar que durante la investigación, la justicia jujeña agravó la acusación por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal de la Nación que prevé de 2 a 6 años de prisión a quien “por cualquier acto alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años”, adjudicándole a los imputados publicaciones que también involucraron a la hija del matrimonio de Gerardo Morales y Tulia Snopek.

La causa, por atacar de forma directa a la libertad de expresión y por sus innumerables irregularidades procesales, cobró relevancia pública al punto de que medios nacionales, muchas veces afines a las políticas de Morales (que encuadró la justificación de las brutales represiones ejecutadas por el exgobernador), se vieron obligados a cuestionar la arbitrariedad del Poder Judicial provincial.

En la audiencia que se convocó para este lunes, el fiscal Rondón escuchó los argumentos a favor y en contra de la libertad de Morandini y Villegas. El funcionario pidió “el cese de la prisión preventiva”, ya que al haber sido elevada la causa a juicio “no hay razones” que justifiquen mantenerlos detenidos. Sin embargo, el fiscal nunca explicó cuáles fueron las razones para mantenerlos presos durante más de 50 días, ya que la prisión preventiva sólo es aplicable en casos de peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la “investigación”, lo cuál nunca existió.

Además de la audiencia participaron el organismo de la Niñez del Poder Ejecutivo y su homónimo del Poder Judicial. Según las fuentes oficiales, en todos esos casos se opusieron al fin de las prisiones preventivas, pero “con argumentos que no están vinculados a la finalidad que tienen” esas detenciones. En tanto, las querellas contra Morandini y Villegas, están integradas por la esposa de Morales, Tulia Snopek y por el Consejo de la Mujer de Jujuy (hoy bajo la conducción del gobernador y exministro de Hacienda de Morales, Carlos Sadir).

Por su parte el fiscal de la causa señaló que “el Ministerio Público de la Acusación solicitó el cese de detención de los imputados porque estamos próximos a realizar la audiencia de control de actuación, es decir la finalización de la investigación penal preparatoria”. La medida involucra normas de conducta como “prohibición de acercamiento a las víctimas; prohibición de contacto por redes sociales o cualquier otro medio de comunicación”.

En este sentido, Rondón sostuvo que la imputación “no es por un simple tuiteo, sino que surge de la exportación de las redes sociales más de lo que se extrajo de teléfonos de los acusados y tenemos pruebas suficientes para llevar esta causa a juicio”.

Sobre la investigación a una tercera acusada alegó que “se le atribuye el mismo delito por atentar contra el estado civil en la identidad de una persona menor de 10 años”, y en el marco de la investigación confirmó: “No habrá más detenciones”, no sin antes atribuirles a las tres personas como las que “subieron los posteos y de ahí se viralizó”. “Estamos próximos a culminar la causa y antes del 20 de marzo estaríamos llegando a juicio en este proceso, el cual como tiene una pena mínima a 15 años se realiza con juez unipersonal”, concluyó.

Tras el resultado de la audiencia, familiares de Morandini, difundieron un mensaje en el que afirmaron que “con Nahuel y Roque en libertad, seguimos por el sobreseimiento de ambos y de Lucía González”. En este último caso, se trata de una arquitecta jujeña sobre la que pesa una orden de captura en otra causa calcada a la que tramita el fiscal Rondón y que aún no fue apresada por encontrarse fuera del país.

Alrededor de las 20 horas de este lunes, Morandini y Villegas salieron de la unidad penal del Barrio Gorriti de la capital jujeña, allí fueron recibidos por sus familiares y por activistas de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas. Bajo un clima de emoción, y dando un duro golpe al autoritario régimen jujeño, se abrazaron con cada uno de sus allegados que llevaban más de ocho horas esperando a las afueras del establecimiento.

Al referirse a la causa judicial, Villegas sostuvo: “Quiero dar las gracias a cada uno de los compañeros que nos apoyaron en esta causa. Tenemos que tomar conciencia que hoy nos tocó a nosotros pero mañana le puede tocar a cualquiera”. “En Jujuy no hay democracia sino una dedocracia; hay una persona que desde afuera maneja los hilos para que los funcionarios judiciales cumplan las órdenes de un patrón y eso se tiene que terminar”, señaló el acusado.

“Soy el único sustento económico de mi familia y tanto para ellos como para mí esta detención nos afectó en general” prosiguió Villegas y afirmó que la detención es “irregular”. Además, consideró que si la causa no tomaba estado público en todo el país, “seguramente ya estaríamos condenados”, de esta manera, agradeció a un sector de la prensa que informó “sobre esta situación injusta”.

A su turno, Morandini declaró que “solo con nuestra voz vamos a frenar todos los atropellos que nos tiene acostumbrado el Gobierno de Jujuy hace más de ocho años”. “No vamos a permitir que la connivencia con el Poder Judicial nos siga persiguiendo como ha perseguido a todos los que se oponen a estas políticas represivas”, completó el profesor universitario. A su vez, rechazó el accionar de la justicia ordinaria local, la cual “les prohibió a nuestros familiares y le sigue prohibiendo hablar de lo que nos estaba sucediendo”. 

De esta manera, el cántico que se impuso en la noche del 26 de febrero por parte de los activistas que se acercaron hasta la unidad penal fue: “Olé olé, olá, Nahuel y Roque en libertad porque sabemos que no es delito tuitear”. “Agradecemos todo el apoyo y les pedimos sigan atentos para que no haya ningún retroceso y logremos justicia por todo lo que hicieron pasar a Nahuel, Roque y las familias”, concluyeron en su mensaje los familiares de Morandini.

Jujuy: organizaciones exigieron la libertad de los detenidos y repudiaron la escalada represiva

Jujuy: organizaciones exigieron la libertad de los detenidos y repudiaron la escalada represiva

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Diferentes organizaciones sociales y políticas repudiaron la escalada represiva que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. Varias de ellas participarán el jueves en la “Marcha del Apagón”. Además, este lunes la justicia jujeña resolvió liberar a nueve detenidos en los incidentes en la Legislatura.

Ante la escalada represiva que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, la ONG Amnistía Internacional, la Corriente Nuestra Patria, la CTA Autónoma, entre otras organizaciones decidieron repudiar y alertar por la situación que se vive en la provincia comandada por el precandidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC).

El viernes en San Salvador de Jujuy hubo audiencia para determinar la situación de los nueve detenidos, que desde el jueves se encontraban en el penal de Alto Comedero. Pese a que la fiscalía solicitó la prisión preventiva por 40 días, el juez Rodolfo Fernández resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el día de hoy para resolver. Finalmente, se decidió liberar a las personas arrestadas.

Ante el contexto actual, el viernes pasado se realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación con organismos de Derechos Humanos junto a legisladores, dirigentes sindicales y de movimientos sociales, quienes solicitaron a los tres poderes del Estado su intervención para frenar la escalada represiva del gobernador Morales.

En este sentido, la CTA Autónoma exigió, mediante un comunicado, que se libere a los detenidos, y que cese la cacería puerta a puerta y el revoleo de imputaciones sobre los militantes en Jujuy. Además, el documento asegura que “esta semana, una comitiva de la Central viajará a Jujuy para acompañar todas las actividades que se lleven adelante y participará de la “Marcha del Apagón”.

Por su parte, la Amnistía Internacional (AI) puso el foco en la detención del abogado de Derechos Humanos Alberto Nallar, detenido el 13 de julio y acusado del delito de sedición, el cual podría llevarlo a pasar varios años en la cárcel si se cumplen los deseos de Morales, que amenazó con penas de 25 años de prisión para toda persona que participe de las protestas.

La Amnistía también detalló en su carta pública: “En el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional”.

Además, la ONG de presencia mundial recalcó que “Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente Global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy”.

Cabe destacar que una Acción Urgente de Amnistía Internacional es una estrategia de solidaridad impulsada por esta ONG por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. “Cuando AI tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”, agregaron.

También se dio a conocer que la AI presentó junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy. El documento señala que su “presentación se realizó debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas”.

Por su parte, la organización política Corriente Nuestra Patria (CNP) en su comunicado sostuvo que “desde la llegada de Morales a la gobernación de Jujuy, la criminalización de la protesta social ha sido moneda corriente. Su aliado, el Poder Judicial de la provincia, la semana pasada solicitó la detención de 22 personas que participaron en una marcha celebrada el 30 de junio en Humahuaca y pidió el allanamiento de sus domicilios. Algunos de ellos fueron llevados a San Salvador de Jujuy y sus familias desconocen su paradero”.

El lunes de la semana pasada, con total impunidad, Morales había amenazado en una entrevista televisiva a los empleados de la Universidad por “incentivar el corte de ruta en Tilcara”, asegurando que los tenía identificados y advirtiendo que podría expropiar las instalaciones universitarias. Al respecto, la CNP habló sobre la denuncia de la Universidad Nacional de Jujuy por el ingreso de Policía de la provincia al predio universitario, y lo destacó como “un acto que violenta la autonomía y la autarquía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y recuerda las épocas más oscuras de la Argentina”.

Las comunidades originarias siguen firmes hace más de un mes con cortes en la puna y quebrada jujeña. Continúan con los reclamos en torno a la quita de derechos y denuncian que se permite el acceso a empresas privadas que avanzan sobre sus tierras ancestrales. En este sentido, la CNP exigió “el fin de la persecución política y la represión”, y se solidarizaron con “quienes continúan en las calles poniendo el cuerpo contra la reforma y por la dignidad de todo el pueblo jujeño”.

Con respecto a las personas detenidas, diferentes organizaciones denunciaron junto a sus abogados que la fiscalía usa fotos para imputar delitos pese a no sostenerlos ante los planteos contundentes en relación a la no existencia de pruebas. Lo que temen los abogados defensores es si se las situaciones se sostendrán atenuándose al derecho o si se seguirán manejando como hasta ahora. Dependerá de que el juez quiera hacer algo distinto de lo que pretende el gobernador Gerardo Morales.

Los detenidos liberados en San Salvador de Jujuy son : Martín Antonio Abad, José Darío Donaire (Corriente Clasista y Combativa); José Iván Blacut (Izquierda Socialista); Cruz Gabino (Consejo de Pueblos Originarios LLankaj Maki, CTA Autónoma), Gerónimo, Héctor Luis; Puca Walter Armando (Corriente Clasista y Combativa / Comunidad Wajcha Wawa); Mamani Mayuk Nasib; Santiago Zamora (CCC – PTP); Liborio Dan Leonel (de Padres Solidarios); y el Dr. Alberto Nallar (abogado FESPROSA, CTA Autónoma) a quien le dictaron 20 días de prisión domiciliaria.

Por otro lado, los detenidos que se encuentran bajo prisión preventiva por 30 días en la ciudad de Humahuaca, son: Franco Zamboni (trabajador municipal / SEOM); Ronaldo Tapia (estudiante del IES, CEDEMS); Renzo Laguna (trabajador municipal – ATE, CTA Autónoma).

Finalmente, se dio a conocer que este próximo jueves 20 de Julio, al cumplirse 47 años de la serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, conocida como “La noche del Apagón“, organizaciones sociales y políticas movilizaran junto al pueblo jujeño. Ese día muchos de los secuestros fueron realizados con vehículos del ingenio Ledesma que tuvieron lugar en los días sucesivos al 20 de julio de 1976, en el marco de cortes del suministro eléctrico que facilitaron la maniobra y accionar militar. Fueron secuestradas más de 400 personas, 33 aún continúan desaparecidas.

Impunidad en democracia en Uruguay: Las actas del tribunal de (des)honor

Impunidad en democracia en Uruguay: Las actas del tribunal de (des)honor

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

En vísperas del Día Internacional del Detenido Desaparecido, Uruguay vive días convulsos con respecto al pasado reciente, específicamente de la dictadura cívico-militar de 1973 al 1985, en un contexto donde se está discutiendo el presupuesto nacional del quinquenio que proyecta recortes y ajustes en varias áreas, entre ellas la educación y la salud.

Tuve que matar y maté, y no me arrepiento”, dijo el coronel (r) Gilberto  Vázquez ante un Tribunal de Honor en 2006 | la diaria | Uruguay

A pedido de Familiares de detenidos desaparecidos, el 27 de agosto salieron a la luz las actas del tribunal de honor del Ejército del año 2006, donde el coronel (retirado) Gilberto Vazquez confesaba haber participado del segundo vuelo de la muerte entre Uruguay y Argentina (para tirar cadáveres de militantes desaparecidos en el Río de la Plata) en medio del Plan Cóndor, y también de haber matado, torturado y planificado atentados; estos últimos incluso en democracia.

En 2011 fue instaurado el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido por Naciones Unidas en la Convención Internacional. “La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, señala la ONU.

De impunidad y otros silencios:

Vazquez integró el órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, 28 homicidios y condenado también a 30 años por haber secuestrado y desaparecido a María Claudia García, madre de Macarena Gelman.

En el presente cumple prisión domiciliaria en el norteño departamento de Rivera. Fue el último en entregarse cuando se ejecutó la orden de arresto para seis represores, entre los que estaban torturadores y responsables de desapariciones, como José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Ricardo Arab y Ricardo Medina.

Las confesiones en el tribunal de Honor sucedieron luego de que Vázquez se escapara del Hospital Militar, donde se hallaba internado. A raíz de su fuga compareci+o ante los tres generales de las tres armas. Las actas tienen pasajes contundentes y escalofriantes: “Yo era un soldado e hice lo mejor que pude; tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”.

Militar retirado admitió crímenes durante dictadura uruguaya

Refiriéndose a la Comisión para la Paz, creada en el 2000 durante el gobierno de Jorge Battlle del Partido Colorado, Vazquez se refirió a los militares que colaboraron con dicha comisión como “traidores”. En otro pasaje, confiesa haber tenido implicancia en la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, secuestrado en Buenos Aires en el año 1976.

Si ya las declaraciones eran abrumadoras y aberrantes, sobre todo con la liviandad de sus expresiones, otro episodio relatado por el propio Vazquez y la complicidad de los mandos es más que grave. En el año 1989, a cuatro años de la restauración democrática, le encomendaron “marcar cuatro objetivos” para ajusticiarlos: Eleuterio Fernandez Huidobro (Movimiento de Participación Popular, Hugo Cores (Partido por la Victoria del Pueblo), León Lev (Partido Comunista) y otro que al momento de declarar no recordó quién era.

“Si algo sale mal yo voy en cana (preso) por autor material y usted por autor intelectual porque el Comandante en Jefe esto no lo puede bancar.” sentenció Gilberto Vazquez ante el tribunal del Horror.

Sumado a esto, en los siguientes párrafos confesó que dentro de las órdenes que le encomendaron, en 2006 había planes para “ejecutar gente, para matar gente, entre ellos el Presidente de la República”, que en ese entonces era Tabaré Vazquez.

Madres y Familiares de desaparecidos denunciaron en una conferencia de prensa el viernes 28, que los integrantes de los Tribunales de Honor no informaron de estas declaraciones a la Justicia, cuando era su deber hacerlo, por ser funcionarios públicos.

El excoronel, cuando fue detenido

Vázquez también narró que en 1985 a Ricardo «Turco» Arab, otro represor detenido, «estuvo por ir preso por un asunto de cheques sin fondos» y concurrió al Servicio y dijo que «si no le daban la guita (dinero) para tapar el agujero iba a largar todo lo que él sabía y sabe todo».

El exministro de Defensa José Bayardi, que en 2006 era subsecretario de esa cartera bajo el mando de la ministra Azucena Berruti, declaró que la misma no tuvo conocimiento de estas actas en ese entonces. Bayardí expresó que aquel «era un Tribunal de Honor que no estaba vinculado al tema de derechos humanos, estaba vinculado a la fuga» de Vázquez

Las actas del tribunal de Honor desnudan la impunidad, el pacto de silencio que tienen entre ellos los represores, la complicidad con algunos actores de la política partidaria y un Estado omiso desde 1985 hasta la actualidad.

A este manto gris se suma el caso del exgeneral, líder y senador por Cabildo Abierto Guido Manini Rìos. Familiares de desaparecidos ha pedido su desafuero como parlamentario. Siendo general, Manini Rìos ocultò información sobre el asesinato de Roberto Gomensoro perpetrado por José “Nino” Gavazzo.

El senador cabildante expresó en campaña electoral, que no iba a ampararse en los fueros y que quería ser juzgado como cualquier ciudadano. Pero las recientes consultas han demostrado que el Partido Nacional y algunos parlamentarios del Partido Colorado no le darán los votos e incluso el propio Cabildo Abierto sí votará por el desafuero.

Esto, que parece contradictorio, sólo se entiende con lo que pasará la semana entrante: la aprobación del prespuesto nacional 2020-2025. Según trascendidos los votos ´para su aprobación ya están negociados: Cabildo Abierto aprueba el presupuesto del Partido Nacional y el Partido Nacional no da los votos para el desafuero del líder de Cabildo Abierto. El neoliberalismo y los defensores de la Doctrina de Seguridad Nacional se dan la mano nuevamente.

El lenguaje y el poder:

“En el diccionario de la máquina” escribía Eduardo Galeano “se llaman “contribuciones” los sobornos que los políticos reciben, y “pragmatismo” las traiciones que cometen. Las “buenas acciones” ya no son los nobles gestos del corazón, sino las acciones que cotizan bien en la Bolsa, y en la Bolsa ocurren las “crisis de valores”.

Donde dice: la comunidad internacional exige, debe decir: la dictadura financiera impone. “Comunidad internacional” es, también, el pseudónimo que ampara a las grandes potencias en sus operaciones militares de exterminio, o “misiones de pacificación”.

Gilberto Vázquez agrega nuevas palabras al diccionario de los eufemismos de la política de muerte. «Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice.»

Nuevamente Madres y Familiares de desaparecidos salieron a la calle, mientras  la impunidad extiende su manto,y nos hace cuestionar en qué democracia vivimos. Estos hechos se suman al archivo del excomisario Víctor Castiglioni donde se certifica hasta el 2008 se seguía espiando a militantes, dirigentes políticos, sindicalistas, por parte de militares y policías retirados.

¿Cuánta impunidad soporta la democracia?

Artículo publicado originalmente en estrategia.la

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

1