Una constitución, dos modelos de gobierno: Argentina del siglo XIX al siglo XX

Una constitución, dos modelos de gobierno: Argentina del siglo XIX al siglo XX

TIEMPO DE LECTURA: 9 min.

Entrevista a los historiadores Hernán Brienza y Felipe Pigna.  

¿Puede una sola constitución explicar una independencia y más de 30 años de guerras externas e internas? 

Definir al siglo 19 en la Argentina bajo el término de “modelos”, y a su vez afirmar un número de cuantos de estos existieron resulta por demás complejo. Este centenar de años, en efecto, fue el testigo de la formación de la nación como la conocemos, no sin antes tener varias revueltas.

Resulta tan contrafáctico dar respuestas que, incluso, no podemos comenzar el siglo hablando de “Argentina”. Lo que superando la mitad del siglo sería finalmente este país, previamente fue una organización de provincias con cierta cercanía y organización, sin llegar a ponerle el término de “unidas”. Anteriormente, estas lucharon por la independencia junto a otras zonas del continente que luego tomaron caminos distintos.

El primer proyecto de independencia (o uno de los rescatados por la historia) hecho por residentes de América del Sur, contempló la idea de todo el continente unificado, bajo el nombre de la “Patria Grande”. José de San Martín, Manuel Belgrano y Bernardo O’Higgins, entre otros patriotas, formaron parte de ese proyecto. No obstante, la dificultad por sí sola de lograr la independencia ante la corona española, peleando contra influencias extranjeras y divisiones internas, por lo pronto solo dio para lo importante: la huida de los españoles. 

Para el año 1824, desde Buenos Aires hacia el actual norte, las provincias existentes ya colaboraban bajo el nombre de “Provincias Unidas del Sur”. Ese mismo año asumió como gobernador de Buenos Aires (que tenía la centralidad) Bernardino Rivadavia, que ya tenía la voluntad de conformar una nación. 

La guerra con el Reino del Brasil le sirvió a Rivadavia para traccionar rápidamente la necesidad de tener un presidente (que sería el) y la necesidad, a su vez, de una constitución. En 1826 tendríamos el primer intento de carta magna. En sus primeros tres artículos, el texto definió contornos básicos: “La Nación Argentina es para siempre libre, e independiente de toda dominación extranjera”; “no será jamás el patrimonio de una persona, ó de una familia”;  y “su religión es la Católica Apostólica Romana, a la que prestará siempre la más eficaz y decidida protección, y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas”.

De resto, en términos de organización, la constitución fue similar a la que luego quedó fundada: un modelo de Estado Nación copiado del mundo occidental, republicano y con tres poderes. Esto fue rápidamente rechazado por las provincias, por su gruesa impronta centralista en Buenos Aires.

En paralelo a esto, la guerra con el Brasil tuvo el saldo negativo de la pérdida de la banda Oriental (Uruguay) para las provincias unidas. A nivel político, esta derrota le costó el puesto a Rivadavia, y el primer intento de organización se disolvió.

Tras nuevas internas, entre las que se encuentra el asesinato de Manuel Dorrego a manos de Juan Galo de Lavalle, la organización se estabilizó nuevamente con la llegada de Juan Manuel de Rosas, bajo la lógica federal, a través del Pacto Federal, y con él, un duradero esquema en donde las provincias unidas se asentaron hasta 1852. Si bien, en un principio, el Pacto Federal se firmó para concentrar el poder Federal ante el Unitario (que en 1830 se aglomeró bajo la Liga Unitaria o del interior), este terminó siendo el punto de partida de la confederación, y la predominancia de un modelo.

San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero firmaron el pacto que agrupó a los unitarios tras la derrota de Lavalle, quien luego de fusilar a Dorrego administró la provincia de Buenos Aires por un año. Tras la derrota de Lavalle y con la sucesión de Rosas en marcha, los unitarios ofrecieron esta oposición. Sin embargo, con el pasar de los meses todas las provincias fueron adhiriendo al Pacto Federal: Corrientes, por ley del 19 de agosto de 1831; Córdoba el 20 de agosto de 1831; Santiago del Estero, por ley del 20 de agosto de 1831; Mendoza, por ley del 1 de septiembre de 1831; La Rioja el 12 de octubre de 1831; San Luis el 13 de abril de 1832; San Juan el 3 de mayo de 1832; Salta el 4 de julio de 1832; Tucumán el 8 de julio de 1832 ; y Catamarca el 3 de septiembre de 1832.

Originalmente, el pacto fundante fue entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Contempló, a grandes rasgos, la protección recíproca entre ellas, la defensa irrestricta ante cualquier invasión extranjera tanto de estas como de las otras provincias, el uso pleno de sus ríos para la navegación y la expansión de la industria, y la posibilidad de relacionarse con otras provincias, siempre mediante previa discusión.

Se estableció así, un estilo de organización que, según el historiador Felipe Pigna “no se terminó de consolidar por estar en un estado permanente de guerra”. Pigna dialogó con Revista Trinchera y explicó que “Rosas tenía el manejo de las relaciones exteriores, hizo algunas alianzas con provincias, pero el modelo en sí solo se puede observar desde Buenos Aires”. Para Pigna el modelo rosista puede traducirse a “un modelo en donde empezaba a industrializarse a través del saladero de cuero tasajo y demás”, pero que “constitucionalmente” fue inexistente “porque no había organización nacional, que es una de las cosas que le reclama Facundo Quiroga”.

En ese sentido, es importante aclarar que el modelo como tal generó un nivel de autonomía muy alto a cada provincia, por lo cual las medidas y formas dependieron de cada distrito. Lo único que se unificó como lógica general fueron las relaciones con el exterior, única arista en donde podemos analizar a Rosas como constructor de una política nacional. En ese sentido, se destacó por la protección de las industrias textiles, pesqueras, entre otras, a través de leyes como la Ley de Aduanas de 1935, que regulaba exportaciones e importaciones. 

Según Pigna “Rosas se niega a expandir una construcción nacional porque defiende los intereses de Buenos Aires, y entiende que una organización constitucional hubiera llevado a la distribución de rentas del Puerto y la Aduana, cosa que no estaba dispuesto a hacer”.

No obstante, el historiador propone pensar al “régimen federal” cercano a “lo que intentó Urquiza”. “Lo más parecido fue en el breve período de la confederación nacional con las 13 provincias que la conformaron, entre 1852 y 1861 hasta la derrota de Pavón, donde Urquiza intenta un armado nacional con base en la constitución y promoción de la inmigración y de la educación pero sin recursos económicos”, explicó.

Al mismo tiempo, añadió: “El modelo de Urquiza estaba condenado al fracaso porque no tenía cómo financiarse, creo que hubiera sido más beneficioso, por supuesto, la consecución y el buen funcionamiento del modelo, pero no tuvo concreción”.

Como narra Pigna, Rosas fue derrotado a manos de Justo José de Urquiza (también federal) en el año 1852. Su proyecto evidentemente aspiraba a ser nacional, aunque la riña con Rosas era personal, y derivada del bloqueo a Montevideo, lugar central para el comercio de Entre Ríos (de donde era el primero).

Además, Urquiza había recibido ofertas de alianzas unitarias, por lo que contó con “los fierros” suficientes, además del Brasil, quien decidió salir en defensa de Montevideo. Fue victoria para la banda del entrerriano, y tan solo un año después, en el año 1853, se dictó la primera constitución nacional, que con vaivenes en la historia -intervalos donde otras constituciones estuvieron vigentes como la del año 1949 hasta 1955-, siguió vigente hasta hace tan solo 31 años.

Las primeras líneas de la carta magna  retomaron lo escrito por Rivadavia, para luego hacer énfasis en “las provincias de la confederación”, además de garantizarles una constitución interna propia. Sin embargo, las complejidades mayores afloraron cuando la década avanzó.

Así lo anticipa Hernán Brienza, también historiador que se comunicó con Revista Trinchera: “Argentina tuvo una constitución con reformas en el 60, 62 y en el 79 con la capitalización de Buenos Aires, lo que hace un complejo constitucional, no una sola constitución. Más allá de que lo central no se tocó, las relaciones políticas de Buenos Aires y de la República Argentina cambiaron con esta última reforma”. 

Urquiza creyó haber llegado a lograr su cometido: en el año 1852 firmaron entre las provincias el Acuerdo de San Nicolás, mediante el cual se comprometieron a sellar la constitución. Él, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras derrotar a Rosas, podría proveer una gran parte del financiamiento al Estado nacional.

Pero los unitarios tenían otros planes: Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado en la provincia, y lograron que, un año después la provincia más rica no firmara la constitución. Su plan era visible: mantener a la provincia con la Aduana y los puertos fuera para evitar descentralizar los ingresos. 

La constitución se escribió igual y la confederación intentó caminar. El letrado Juan Bautista Alberdi la había redactado con varias influencias en el sistema federal estadounidense, pero con diferencias en cuanto a “la necesidad que tenían los pueblos de América del sur” de “formarse más rápido”. Esto representaba una necesidad de inversión grande en educación y formas de vida digna.

Sin embargo, con el correr de los años de la década, la figura de Mitre se impuso mediante el poder, clave para asentar el centralismo de Buenos Aires en el país, o al revés: para hacer un país centralista. Este suceso marcó a fuego a un país que, a día de hoy, sufre las desigualdades de ese centralismo, y explica lo dicho por Pigna, sobre la falta de financiamiento que experimentó el proyecto de Urquiza al no poseer Buenos Aires.

Mediante el Congreso Constituyente del año 1860, en donde la mayoría eran unitarios, Buenos Aires logró ingresar a la confederación reteniendo los derechos de aduana, a cambio de dar una parte de esos ingresos a la nación.

Esa fue la primera modificación de la constitución e inauguró el proceso en el que Mitre tiño la historia argentina a su merced. Tras esta victoria, se midió directamente contra Urquiza y los federales en la Batalla de Pavón. El federalismo había cedido y el unitarismo había avanzado, por lo cual ambos tenían motivos para dar otra batalla. Mitre y los suyos se impusieron, y a partir de allí le dieron fin a la larga guerra civil, instalando definitivamente y mediante diversos poderes el unitarismo.

Mitre tomó la gobernación y se autoproclamó presidente, una necesidad que también entraba en sus planes para la nación. Al año siguiente, en 1862, consolidó su liderazgo a través de elecciones, convirtiéndose en el primer presidente de la Argentina.

Tras este suceso, se instaló una larga y duradera estabilidad que resistió, únicamente, hasta colapsar ante la presión de una población civil olvidada. El modelo liberal y centrista instaló una lógica de economía primaria basada en el modelo agroexportador, que proveía de gran cantidad de reservas al Banco Central, pero de ganancias solo a los pocos terratenientes, con un “derrame” laboral de escasas garantías para los trabajadores campesinos.

Se estima que estos permanecían más de 16 horas de lunes a lunes trabajando y viviendo en las mismas tierras de los dueños. Una neo-esclavitud que casi no se reservaba diferencias con la esclavitud lisa y llana. 

Por otro lado, se destacan de este período la necesidad de extender la educación (bajo una forma occidental y sin reconocer a los pueblos originarios), y la construcción de conectores a lo largo del país como las redes ferroviarias por Julio Argentino Roca, aunque mediante la inserción de los ingleses como proveedores de las maquinaria y otros insumos. 

Además, la imposición de una sola cultura fue a sangre, con la “campaña del desierto” llevada adelante por el mismo Roca, en donde asesinó a la mayoría de los pobladores originarios. Roca se excusaba de continuar el proyecto de Rosas, quien en realidad tuvo una táctica más persuasiva y menos violenta.

“Se terminó imponiendo un modelo muy dañino para la Argentina que fue el agroexportador, un modelo para pocos, excluyente, y basado en el fraude electoral y en la dependencia de Gran Bretaña, con escasas garantías para los ciudadanos”, sintetizó el historiador Pigna al respecto y sentenció: “El ciudadano de a pie no tenía derechos pero sí muchas obligaciones”. 


Fuentes: 

https://www.infobae.com/opinion/2024/05/25/30-anos-despues-errores-y-efectos-no-buscados-de-la-reforma-constitucional-de-1994/?gad_source=1&gad_campaignid=20993778607&gbraid=0AAAAADmqXxRNjohyYPxmj18jKR5XuS5Jh&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLiY6OZDNXnz5qcU9gjS6O65qfrqNc723sWdz_kwRDfIwX2wT7ilAagaAoLcEALw_wcB

https://www.saij.gob.ar/0-nacional-constitucion-republica-argentina-1826-lnn0029935-1826-12-24/123456789-0abc-defg-g53-99200ncanyel?&o=17&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema/Derecho%20constitucional/Constituci%F3n%20Nacional%7CEstado%20de%20Vigencia/Individual%2C%20Solo%20Modificatoria%20o%20Sin%20Eficacia%7CAutor%5B50%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n&t=19

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Federal_(Argentina)

https://www.infobae.com/opinion/2024/05/25/30-anos-despues-errores-y-efectos-no-buscados-de-la-reforma-constitucional-de-1994/?gad_source=1&gad_campaignid=20993778607&gbraid=0AAAAADmqXxRNjohyYPxmj18jKR5XuS5Jh&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLiY6OZDNXnz5qcU9gjS6O65qfrqNc723sWdz_kwRDfIwX2wT7ilAagaAoLcEALw_wcB

https://elhistoriador.com.ar/pacto-federal-del-4-de-enero-de-1831/


Joaquín Bellingeri

Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.

 

¡Mortales! Oíd: Una Patria, un Estado, una Nación  

¡Mortales! Oíd: Una Patria, un Estado, una Nación  

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Cuando discutimos el Estado, no estamos haciendo otra cosa que discutir qué nociones de igualdad o libertad hay debajo de las acciones y los discursos, qué relaciones de poder se tensan y se disputan, cómo se distribuyen regionalmente los poderes, cómo se planifica y hacia dónde camina esa Patria.¿Podemos pensar en un Estado sin los aparatos burocráticos heredados de la colonia? ¿Podemos pensar un Estado que sea posibilitador de la igualdad y la libertad bajo la promesa democrática? 

“Ya entregué mi corazón
y otros te dieron la vida entera,
las fogatas de ese amor
no encienden sólo en primavera.
No me pidas olvidar, no me pidas desarmar,
desde niño aprendí que “patria”
es memoria y sueño bajo la piel.
Mira mis manos, llenas de hermanos.
Que tu sangre cante en el viento
como bandera de libertad.”

Patria; 1998 – Víctor Heredia

Un breve repaso universal

Entre los siglos XV Y XVIII, se desarrollan los “Estados modernos” en occidente arraigados a la idea de Nación. Es decir, empieza a constituirse el mundo como lo conocemos actualmente. Parafraseando a Weber podríamos decir que el “progreso” hacia el Estado burocrático, no es otra cosa que el proceso de racionalización que administra e imparte justicia según reglamentos igualmente racionales paridos por la ilustración y de este modo, unido al desarrollo capitalista moderno. Para ponerlo en otras palabras; podríamos sostener que Estado –Moderno- y Capitalismo, no solo nacen de un mismo proceso sino que son difícilmente disociables, constituyendo lo que Oszlak definia en 1997 de la siguiente manera;

“El Estado nacional es el resultado de un proceso convergente, aunque no unívoco, de constitución de una nación y un sistema de dominación. La constitución de la nación supone -en un plano material- el surgimiento y desarrollo, dentro de un ámbito territorialmente delimitado, de intereses diferenciados generadores de relaciones sociales capitalistas; y en un plano ideal, la creación de símbolos y valores generadores de sentimiento de pertenencia.

¿Podemos entonces pensar en un Estado sin los aparatos burocráticos heredados de la colonia? ¿Podemos pensar un Estado que sea posibilitador de la igualdad y la libertad bajo la promesa democrática? 

Rebeldes, conservadores y revolucionarios

En tiempos de desencanto los grifos vestidos de inofensivos heraldos, esponsoreados por grandes marcas y mejores tecnologías, prometen un mundo despolitizado, intermediado por la tan neutral matemática y la economía de la objetivación institucional del Estado como una alternativa novedosa. Mientras, desde el banquillo las izquierdas y los grandes relatos progresistas parecen tiritar desorientados, con horizontes de posibilidad en color sepia y dificultades para pensar la Nación, el Estado y la Patria. En medio de esa trifulca, donde se dirime el curso próximo del siguiente cuarto de siglo, las viejas preguntas se desempolvan y desfilan sobre la mesa ante los comensales que deberán decidir qué camino tomar, de qué mensajero recoger las cartas y hacia dónde inclinar la balanza.

La modernidad, como buena partera de contradicciones, trajo consigo el mayor dilema del Estado moderno y la democracia; [Igualdad/libertad o Libertad/Igualdad], esa ha sido y ha de ser la discusión nodal de la política dentro del mundo occidental, democratico y en vías de “progreso” de su génesis hasta el dia de hoy. Progreso, otra gran palabra encerrada en el reverso democratico sujeta a la promesa racionalista e insignia de reconocidos lemas nacionales, donde el orden termina muchas veces por sobreponerse al progreso en la clásica fórmula del credo positivista.  

Cuando discutimos el Estado, entonces, no estamos haciendo otra cosa que discutir qué nociones de igualdad o libertad hay debajo de las acciones y los discursos, qué relaciones de poder se tensan y se disputan, cómo se distribuyen regionalmente los poderes, cómo se planifica y hacia dónde camina esa Patria.  ¿Existe una Patria sin Estado o un Estado sin Patria? ¿Es posible pensar en la Patria sin soberanía? 

Si siguiéramos la noción del péndulo hegeliano, nos encontraríamos con una oscilación de izquierda a derecha, que las más de las veces no ha encontrado un  punto medio. Aunque algunos dirán que la democracia moderada es la síntesis entre el gobierno conservador y los movimientos revolucionarios. Podríamos por lo tanto  reiterar la pregunta redirigiendo nuestras incógnitas no solo a la estructura y la historia del Estado, sino también y sobre todo a la democracia. ¿Es la democracia una síntesis, o como sostienen algunos eruditos clásicos y contemporáneos, la democracia no es otra cosa que la escenificación de una farsa para mantener las estructuras desiguales y la perpetuación de los poderes?

Creemos elemental construir una batería de preguntas, por más primarias que estas sean, para las cuales encontraremos múltiples respuestas en algunos casos y escuetos esbozos en otros, con la finalidad de encontrar en la amalgama colectiva un horizonte desde donde proyectar y construir el Estado, la nación y la patria que anhelamos. 

¿Entonces….?  ¿Qué es el Estado? ¿Cómo pensamos en la estructura del mismo, su alcance y su agencia? ¿Qué hay detrás de las proclamas contra la estatalidad? ¿Cómo pensar el Estado desde América Latina? ¿Se puede hacer extirpando de la historicidad regional la marca colonial? ¿Cuáles son los mitos fundacionales de la Argentina, cómo nos estructuran, bajo qué preceptos y en qué carril de la ancha avenida de la historia nos sitúa? ¿Qué significa defender la democracia? ¿La defendemos porque atrevernos a pensar fuera de sus guiones nos resulta aterrador, o porque estamos convencidos de que es el modelo más representativo de lo político?¿Seguimos en vigilia unitarios y federales? ¿Hay un ellos y nosotros originario, o podemos ser uno? ¿Todos somos hijos de la patria?  

Tiempo atrás, el filósofo Argentino Carlos Astrada, decía lo siguiente en el Mito Gaucho: “Sostenemos que somos algo o alguien – aunque más no sea, una brizna en el pampero- y que una fuerza ínsita en nuestros orígenes, un programa de vida implícito nos ha proyectado al horizonte histórico para realizar una tarea, para cumplir una misión. Podremos desertar de esta empresa, podremos traicionar aquella fuerza, articulada en mandato; pero el impulso inicial existe y la tarea estaba ya prebosquejada en nuestra historia, en la entraña misma del advenimiento del pueblo argentino a su soberanía política y vida propia”. (Astrada, 2006:22) 

Nosotros humildemente venimos a tomar la pregunta como punta de lanza para encontrar ese impulso inicial del que nos habla Astrada y bajo la pretensión de desandar o remontar el mito, en este dossier buscaremos dar lugar al encuentro colectivo y al debate entre pares y dispares, para entender qué hay en la trama de la división de poderes, el desarrollo técnico-estratégico y los procesos de industrialización del país. Pero también, para pensar y proponer formas de construir soberanía en un mundo que parece cada vez más desenraizado e hiperconectado en su fragmentación y donde la turbiedad mediática y la obsolescencia del tiempo parece oxidar viejos cimientos a la velocidad de la luz. Insistimos en hacernos el tiempo para utilizar la pregunta como esa catapulta desde donde preguntarnos cómo desarrollar políticas de estado, en un mundo donde las tecnologías parecen desdibujar las fronteras, porque creemos que ahí, en la pregunta incisiva y constante es donde se encuentra el brete desde donde construir esos tan necesarios horizontes de deseo.

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Jujeñazo: Trasfondos ilegales en la reforma constitucional

Jujeñazo: Trasfondos ilegales en la reforma constitucional

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La represión llevada a cabo en Jujuy tiene un solo fondo: callar las voces de protesta, objetivo primordial de la reforma constitucional de Gerardo Morales que transgrede no solo a la Constitución Nacional, sino a pactos de organismos internacionales de Derechos Humanos. Mientras Morales hecha culpas al oficialismo, el mundo lo señala.

En la provincia de Jujuy se lleva adelante un operativo represivo y extorsivo que plantea no ceder ante la protesta, y proclama acallar voces ante la negativa de una buena porción de su población que no está –para nada- de acuerdo con la reforma constitucional que llevó adelante su gobernador, Gerardo Morales. Lo que sucede es que, mediante métodos por lo menos polémicos, el gobernador cambiemita pretende instalar su autoridad en la provincia, con la prohibición del derecho a huelga, entre otras medidas que despertaron el malestar entre docentes (que ya están en plan de lucha hace meses por bajos salarios), movimientos sociales, sindicales y pueblos originarios.

La respuesta del ya casi feudo fue -y es- impedir las movilizaciones y protestas, con el armado de una represión que tan solo de casualidad, a estas horas no tiene muertos, pero sí una cantidad flagrante de heridos, y lo que es más preocupante, que son ni más ni menos que desaparecidos. Para analizar este hecho, por lo pronto desde la materia del derecho, contaremos con el posicionamiento y explicación de la Asociación Argentina de Juristas (AAJ), entre otros posicionamientos incluso internacionales.

“La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, expresa su preocupación por la vulneración del sistema democrático en la provincia de Jujuy, ante la ilegal reforma constitucional tanto en su conformación, en el procedimiento, como en su contenido violatorio de la Constitución Nacional; y manifestamos nuestro enérgico repudio a la brutal represión a las manifestaciones y protestas sociales contra la misma”. De esta manera comienza el pronunciamiento de la Agencia, y procede a revisar las irregularidades de la nueva Constitución.

Por empezar, se expone que la Convención Constituyente constituida el 22 de mayo fue promovida y presidida al mismo tiempo por el propio Morales, lo cual presenta una irregularidad en consonancia al artículo 100 de la Constitución Provincial que rige desde el 22 de octubre de 1986: “Los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”.

En segundo lugar, el artículo que prohíbe el derecho a la protesta fue tratado con la nula participación y palabra de los representantes de distintos organismos en la “Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías de la Convención”. Lo que marca un procedimiento antidemocrático, ya que una reforma constitucional implica un nuevo contrato social que requiere tiempo de debate con todas las voces y sectores. Para que lo explicitado salga prolijo, docentes que pretendían movilizarse hacia la capital jujeña en contra de los artículos 67 y 68 fueron contenidos mediante un operativo policial.

En tercer lugar, el gobernador modificó el artículo 113 del Código Contravencional de la ley 5860 de la provincia de Jujuy, y aumentó de cinco a mil el monto de penalización para quienes “permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, pudiéndose además encarcelar a la persona en caso de no pagarse la multa.

Es importante resaltar que la penalización a la huelga es insolente con conceptos básicos de organismos internacionales como el sistema interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, intimó al gobernador Morales y a todo su gabinete a cesar con la represión y abandonar su idea autoritaria de censura: “Finalmente, la Comisión reconoce a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa. En ese sentido, de cara a acontecimientos futuros, se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

El llamado de atención de organismos que, dicho sea de paso, Juntos por el Cambio suele acatar, es sin dudas para Morales una gran mojada de oreja que intentó inculpar al oficialismo de lo sucedido, pero luego debió borrar algunas de sus declaraciones fundamentadas con fake news vía Twitter. ¿Por qué el oficialismo tendría la culpa? La lógica del gobernador jujeño analiza que el oficialismo acostumbra a la sociedad a este tipo de conductas, para él y su grupo de secuaces, delictivas. El sometimiento como lógica común en estos sectores no es noticia, es cotidianeidad.

Por otro lado, será interesante seguir la conducta de Morales ante estos posicionamientos, ya que durante la jornada de este miércoles fue el organismo de las Naciones Unidas el que intimó al gobernador a cesar la represión. “Estimado señor Gobernador” nombra el manuscrito, e introduce que “el objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”.

“El derecho de reunión pacífica es un valioso instrumento que se puede utilizar y se ha utilizado históricamente para reconocer y concretizar muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo especialmente importante para las personas y los grupos más discriminados en la sociedad”, especifica el pronunciamiento internacional de Naciones Unidas.

Lo cierto es que, tanto la AAJ, con facultades de sobra para remarcar inconstitucionalidades, como los organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, sindicales, organismos internacionales, y cualquier símil colectivo o ente individual con un poco de humanidad, entiende el atropello que significa prohibir no solo la herramienta de huelga como muestra de inconformidad histórica, sino la acción represiva propia de un gobierno de facto. Mientras tanto, Morales intenta disparar hacia afuera las culpas, pero el paso de los días demuestra que son muchos los sectores nacionales e internacionales que intentan meterle más presión.


Joaquín Bellingeri

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¿Y si pensamos una nueva Constitución?

¿Y si pensamos una nueva Constitución?

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El Doctor en Filosofía, Fernando Buen Abad, dialogó con Radio Trinchera acerca de las Constituciones políticas y reflexionó en torno a lo dificultoso que es en algunos casos siquiera debatir la posibilidad de reformar los textos constitucionales, en tanto se constituyen como “leyes sacrosantas” para las burguesías.

Las últimas semanas han tenido en el centro del plano mediático a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el accionar de la justicia en su contra. La denominada “Causa Vialidad”, por la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión e inhabilitación para la expresidenta, consiste en la acusación por un supuesto desvío de fondos de la Obra Pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015.

El fiscal Luciani realizó el pedido de 12 años de cárcel acusando a Fernández de ser la “jefa de una asociación ilícilta” en un alegato en el que además incorporó pruebas que no se encontraban en el expediente, para luego negarle a Cristina el derecho a una defensa.

Sin dudas, uno de los grandes problemas yace en la falta de democracia dentro del mismo Poder Judicial, el único (a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo) en el que sus representantes no son elegidos mediante el voto, permitiendo así la perpetuación de jueces elegidos a dedo por autoridades políticas para conspirar en favor de los intereses de unos pocos.

Otro problema podría radicar en la falta de dinamismo que posee la actualización de las Constituciones en América Latina. En este sentido, Fernando Buen Abad Domínguez, Doctor en Filosofía, Máster en Filosofía Política, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, y director de cine, invitó a la reflexión a través de un texto titulado “¿Es pecado cuestionar las Constituciones Políticas? “, donde se permite observar detenidamente lo dificultosa que resulta la participación del pueblo en la construcción y actualización de las constituciones.

En diálogo con Radio Trinchera, Buen Abad explicó: “El texto tiene un anclaje sobre cómo se han venido desarrollando las constituciones en América latina, y cuestiona la poca intervención que tenemos como pueblo en la conformación de las mismas, ya que de movida el análisis sobre ellas es muy escaso”.

Para él, ha costado, incluso golpes de estado y erupciones desestabilizadoras, la sola idea de convocar a debatir, y rediseñar los cuerpos constitucionales de algunos países. Especialmente en aquellos Estados en los que las Constituciones Políticas “han sido deformadas para arrodillarlas a los caprichos más turbios del neoliberalismo”, apuntó.

“El texto pretende invitar a la reflexión sobre qué tan cerca estamos nosotros de la vida orgánica de nuestras Constituciones, también llamadas Cartas Magnas, porque mientras más lejos estamos de eso, mayores son los atropellos que sufrimos. Se pueden ver ahora con las maniobras judiciales hacia Cristina Kirchner en Argentina o Lula Da Silva en Brasil”, especificó y ejemplificó el especialista.

Para Buen Abad, no podemos ser tan ingenuos como para seguir confundiendo a la Justicia con las instituciones que se suponen salvaguarda y activadores de aquella, y que bajo el capitalismo sólo la degradan confunden y postergan.

“Nuestros pueblos han luchado mucho para lograr la conformación de Estados basados en un modelo constitucional que acompaña como columna vertebral a la economía, la historia y la cultura de los países. En ese sentido, no puede ser que las Constituciones se mantengan congeladas y de espaldas a las necesidades que el presente político va planteando”, argumentó.

En ese sentido, planteó la urgencia de democratizar el poder judicial para la participación de los pueblos, para que sucesos como los que ocurren ahora con en Argentina no prosperen. Sobre algunas experiencias ejemplificadoras en la región, aparece el modelo venezolano: “En Venezuela se decidió cambiar la estructura de tres poderes a cinco, y eso es llamativo porque abre la puerta a una forma de pensar la organización política del Estado, pero también la propia dinámica de la Constitución, que necesitó convocatorias de bases y asambleas populares para discutir los temas álgidos de una Constitución que pasa por los derechos individuales, pero también por los colectivos”.

Para finalizar, el Doctor en Filosofía hizo hincapié nuevamente en la deuda constitucional que tienen los pueblos latinoamericanos, y concluyó: “Evita decía que ‘donde hay una necesidad hay un derecho’. Bueno ahí hay un derecho. El pueblo tiene que tener el derecho de elegir al poder judicial, y castigar a quienes se están comportando de manera mercenaria”.

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