La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y cáñamo industrial. Fue aprobada con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial. La iniciativa, que promete convertir al cannabis en otro “commodity” de los que exporta la Argentina, fue aprobada con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones. La ley presentada en la Cámara de Diputados recibió el rechazo de parte de Juntos por el Cambio (JxC), la derecha liberal y miembros de otros interbloques.
La medida busca brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. Con respecto al cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
Asimismo, contempla la creación de una agencia reguladora, que mediará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis. También a su cargo estarán las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). La entidad, que tendrá autarquía técnica, funcional y financiera, orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.
En este sentido, al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, el nuevo ente establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al demandante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
Con respecto al debate, la diputada del Frente de Todos (FdT), Mara Brawer, resaltó la versatilidad de la planta: “Toda la planta se usa: la raíz, el tallo, las hojas, las flores y las semillas. Más de 25.000 productos se hacen con cáñamo y cannabis. Por eso es tan importante esta ley”. Al mismo tiempo destacó que “nuestro país tiene el conocimiento científico-tecnológico, las organizaciones, las tierras y los climas. Nace una nueva industria en Argentina. Estamos viviendo un momento histórico”.
Por otro lado, la diputada del PRO de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, criticó el proyecto y puntualizó que “las provincias argentinas son quienes autorizan el establecimiento de industrias lícitas en su territorio, no una agencia supranacional como la que determina esta ley”.
La realidad es que la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina.
Además, los datos presentados revelan el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial: para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), 500 millones de dólares en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de dólares de exportación anuales.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentó una iniciativa para financiar proyectos que busquen fortalecer e impulsar la integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico relacionados al cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, en conjunto con investigadores, referentes de asociaciones y funcionarios, presentó en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) una iniciativa que financiará proyectos que busquen fortalecer e impulsar la integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico relacionados al cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo.
El anuncio se da en vísperas de la promulgación de la Ley 27.350 que regulará su producción en el país. Por eso, el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología ratificó que “es un movimiento social el que puso este tema en agenda y es el Estado el que tiene que llevarlo al alcance de todas y todos” y agregó: “Lo que viene a dar la ciencia son los argumentos científicos para poder legitimar estas demandas. Sin ciencia, no hay más que un debate desde el sentido común”.
Cabe destacar que el programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis financiará con 250 millones de pesos a propuestas que contribuyan a la construcción y aplicación de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal y la industria del cáñamo. En este sentido, el titular de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, Pablo Núñez, destacó que “el Ministerio tiene entre sus objetivos dar respuesta a estas demandas, promoviendo el impacto local, provincial y nacional, de carácter federal, que permita, a su vez, generar nuevas oportunidades de empleo”.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi, aseguró que a lo largo de estos años “había prejuicios e ignorancia, no es que no había evidencia científica” para avanzar en la regulación del cannabis y celebró “la decisión política del Gobierno nacional de tomar el uso del cannabis en medicina como un derecho humano”.
En base al avance que está teniendo la sociedad, la fundadora de la organización Mamá Cultiva, Valeria Salech, destacó que se marcha a “una sociedad mejor, con más salud y mejor calidad de vida” y frente a los argumentos que apuntan a que no hay evidencia científica, aseguró que “nuestros cuerpos y los de nuestros hijos son la evidencia”.
En la presentación, también destacó que desde mucho tiempo antes de la ley, y aún bajo la prohibición del uso de cannabis, “muchos investigadores nos vienen acompañando desde la clandestinidad, poniendo en riesgo sus carreras en función de acompañar a la sociedad en esto que veníamos reclamando”. Y remarcó la importancia de la construcción de saberes conjuntos que se desarrollaron y que fueron “sosteniendo el uso de la planta” a lo largo de los años.
Asimismo la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard, explicó que es “una decisión política muy importante del presidente Alberto Fernández y el ministro de Ciencia y Tecnología de disponer recursos concretos para promover la investigación en cannabis” y de esa manera “mayor evidencia científica y conocer mejor los muchos beneficios medicinales y terapéuticos”. Al mismo tiempo mencionó que “siempre hubo trabas para investigar” y que “hoy hay una decisión de que el cannabis sea política de Estado”.
Con respecto a las oportunidades productivas que supone la industria del cáñamo, la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mara Brawer recalcó que se hacen 25 mil productos en el mundo y entre ellos hay varios muy importantes como lo son biocombustibles, solventes, pinturas, autopartes, materiales de construcción y juguetes. Y aseguró que “es una industria que está naciendo en Argentina y que terminará de hacerlo cuando aprobemos en el Congreso la ley de cannabis y cáñamo medicinal”.
Finalmente la diputada soslayó: “Necesitamos la ley, pero también el conocimiento y el desarrollo científico tecnológico para que esta nueva industria tenga las herramientas y no necesitae importar el conocimiento desde afuera. Eso es soberanía”. Cabe destacar que el Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis posee modalidad de ventanilla permanente y el monto máximo por proyecto no podrá superar los 10 millones de pesos.
El pasado miércoles 15 de julio, el Ministerio de Salud de la Nación presentó un proyecto de ley para la regulación del consumo y autocultivo de cannabis medicinal en el país. Esta iniciativa, propone modificar la ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, promulgada en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, que deja mucho que desear en términos del pleno acceso a la medicina para las personas que dependen de ellas.
En la nueva modificación, se habilitará el autocultivo con fines terapéuticos y este se regulará a la par de la creación de un registro de cultivadores y usuarios dentro del denominado Programa de Cannabis, al que deberán registrase. Uno de los cambios más importantes son los realizados sobre el artículo 8 de la antigua ley (todavía vigente) que incluye la autorización del “cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes”.
Además, se dará lugar a la investigación científica no solo del Conicet y el INTA, sino que se sumarán la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y las distintas universidades del país, con el objetivo de promover el desarrollo científico de este campo desde el sector público. Se busca que el acceso al cannabis medicinal quede en manos del Estado incluso con la posibilidad a futuro de poder conseguir aceites en farmacias con prescripción médica, intentando así superar las dificultades de los usuarios que hasta el día de hoy se ven obligados a comprar los aceites a precios muy altos en el exterior o de quienes simplemente no pueden costear las medicinas.
Aunque por el momento el proyecto solo es un borrador, la apertura del Ministerio para escuchar las demandas de usuarios de cannabis es un buen augurio para las muchas organizaciones no gubernamentales de cultivadores medicinales que participan en la formulación del proyecto a la par de organismos como el INTA, el Conicet, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), la subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, como también junto al mismo Ministro de Salud, Ginés Gonzáles García.
Tan solo dos días después de la reunión del Ministerio, en la localidad de San Antonio Oeste, Río Negro, se entregaron 41 permisos de cultivo a familias y usuarios de cannabis medicinal, que los habilita para tener entre 20 y 55 plantas dependiendo el tipo de uso. Aunque estos permisos son expedidos por la provincia de Río Negro, pionera en la habilitación para el cultivo cannábico, estas excepciones son solo a nivel local y no dependen del reciente proyecto de ley sino de regulaciones de las mismas municipalidades. Estas permisiones en pequeña escala se fomentan cada año más desde la lucha de las organizaciones cannábicas que reclaman frente a la imposibilidad de acceder a las medicinas. Pero las reglamentaciones municipales permiten reflexionar sobre la existencia de permisos para el autocultivo de cannabis previo a la misma ley nacional y es justamente la iniciativa de estos municipios, atentos a la salud pública de su zona y que contagian cada vez más a otras localidades, las que dan esperanzas para pensar en un despertar de las autoridades nacionales y un futuro donde se miren las demanda de usuarios, para quizás conseguir una ley nacional fuerte que permita el autocultivo medicinal de cannabis en los próximos meses del año.
El reconocimiento del autocultivo protege a cultivadores solidarixs, usuaries y las mujeres cuidadoras que encontramos en la planta la solución a mucho dolor, a costa de nuestra seguridad y de ser criminalizadas por un sistema que hasta hoy nos invisibilizó y nos persiguió.
En Argentina, desde 1989, el uso de drogas como el cannabis está penado por la ley 27.737, o la famosa Ley de Drogas. Esta sanciona con penas de 4 a 15 años de cárcel a aquellos que siembren, cultiven o simplemente guarden semillas de cannabis. Además, los millonarios gastos estatales en persecución a consumidores o los altos índices de encarcelamiento por tenencia de marihuana, como también el despilfarro de recursos públicos en programas de prevención basados en la “seguridad” contra una droga que cada día gana más prestigio por sus cualidades terapéuticas o las enteras campañas políticas asentadas contra el menudeo-narcotráfico, hacen difícil pensar en un futuro donde los gobiernos no cambien de parecer y regulen presentando atención al uso del cannabis, sobre todo teniendo en cuenta que independientemente de ellos y las leyes, el mercado se seguirá “regulando ilegalmente”.
En los 30 años que nos separan de la promulgación de la ley de drogas, los cambios jurídicos de una reglamentación que ya se ve obsoleta por la demonización al consumo de cannabis, han sido insignificantes en comparación al esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, como asociaciones de cultivadores medicinales, que buscan un uso legítimo de la droga en todo el territorio.
Hoy son muchas las agrupaciones de cultivadores cannábicos que se dedican a la lucha por la descriminalización de esta droga y a perfeccionar la producción de aceites medicinales como solución frente a una desigualdad en el acceso a tratamientos. Muchas de estas, como Mamá Cultiva, Ciencia Sativa, el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica o la Asociación de Usuarios y Profesionales para el abordaje del Cannabis (Aupac), focalizan sus proyectos desde la educación sobre la marihuana hacia sus usuarios, con talleres de autocultivo y producción de aceites. Pero las trabas legales imposibilitan la producción empujando a las familias que prefieren al cannabis como medicina, a una clandestinidad que poco o nada tiene que ver con el narcotráfico perseguido por los gobiernos, pero que igualmente son penados como criminales.
Marcha mundial por la marihuana en Plaza de Mayo. Fuente: Marcelo Somma
Además de la prohibición al consumo, las voluntades de investigación científica desde el Estado sobre las posibilidades del cannabis son pocas sino inexistente. La primera ley que permitió la investigación del uso de cannabis medicinal y su posterior producción, fue la 27.350 de Uso de Cannabis Medicinal, sancionada en 2017 -durante el gobierno de Cambiemos- pero que recibió fuertes críticas desde las agrupaciones y los usuarios ya que no permitió el autocultivo y sólo contempló el uso legal del cannabis medicinal para las personas que padecen epilepsia refractaria, dejando de lado a muchos otros que la utilizan para sus tratamientos. Esta ley pretendió crear un marco legal para la investigación científica del cannabis con fines terapéuticos para su posterior regulación, buscando garantizar el acceso gratuito a los aceites medicinales. Pero los progresos en materia de investigación científica durante los 3 años siguientes por parte de los organismos responsables nunca llegaron y la poca voluntad de las instituciones para escuchar y recibir los trabajos de investigación realizados por las asociaciones civiles, imposibilitó el avance hacia una mejora en el uso del cannabis en Argentina.
Fue recién cuando la sociedad civil Ciencia Sativa, organismo conformado por científicos argentinos con base en Bariloche, firmó un convenio con el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA) para la producción e investigación del cannabis medicinal durante 5 años, que se permitió cultivar 2 hectáreas de marihuana en Rio Negro, para explorar las posibilidades terapéuticas de la planta, siendo la primera vez en Argentina que se hacen estos tipos de investigaciones a través de organismos públicos.
“La idea es empezar escalonadamente”, aclaró Gabriela Calzolari, Bióloga y presidenta de Ciencia Sativa, en una entrevista del medio RESET el 18 de julio. Los objetivos de esta iniciativa son mejorar el conocimiento recíproco entre los organismos públicos y las agrupaciones civiles, ya que son esencialmente estas últimas las que cargan con el conocimiento desde el trabajo de los mismos cannabicultores. Hace años que los trabajos de investigación científica sobre los beneficios terapéuticos de esta planta están solo en manos de las asociaciones civiles sin fines de lucro, creadas por profesionales de gran nivel que trabajan ad honorem para enriquecer el conocimiento sobre una medicina históricamente utilizada por sus cualidades curativas.
Para poder pensar una ley completa y que no vuelva a suceder la desilusión de una cuasi-ley, se necesita del conocimiento de las organizaciones que buscan hace tiempo un proyecto estatal que garantice el pleno cumplimiento de los derechos a la salud de quienes necesitan el cannabis para mejorar su calidad de vida. “Estos tres años nos hicieron crecer acerca de cuál es la mejor forma de empezar a pensar otras dinámicas” agregó Calzolari. Es junto a los civiles que puede pensarse un horizonte más contemplativo, donde no solo se valorice el conocimiento legitimado por las instituciones, sino los saberes de las mismas familias que incursionan en el cultivo de cannabis.
Hoy, con el boceto de ley en mano, un horizonte legal que abarque y garantice soluciones a las problemáticas que las asociaciones reclaman hace años, ya puede al menos imaginarse. Pero es fundamental prestar atención a las intenciones por detrás de las leyes, sobre todo las de un industria tan rentable e innovadora en el mundo entero como es la del cannabis.
Muchos países del mundo han sacado provecho de las legalizaciones de la marihuana, no sin antes tener sus estudios de mercado. La industria cannábica genera alrededor de unos 150 mil millones de dólares al año dentro de la legalidad (Standard & Poor’s) y muchas empresas ya cotizan en bolsa. Sin irse demasiado lejos, el mismo Uruguay ya explota las ganancias netas del consumo recreativo y medicinal del cannabis con ganancias para el Estado de 889 mil dólares anuales (2019, IRCCA). En Argentina, en 2018, la provincia de Jujuy habilitó la producción medicinal de cannabis con fines comerciales permitiendo a una empresa estatal trabajar en conjunto con la empresa estadounidense Green Leaf Farm, dentro de un predio de 35 hectáreas, donde al día de hoy se encuentran casi 2000 plantas de marihuana destinadas a la producción de aceites para consumo local, como también en gran parte para exportación.
Pero el principal objetivo de las asociaciones de cultivadores es más bien la perspectiva popular y accesible a los medicamentos, sin tener que recurrir obligatoriamente a las empresas farmacéuticas que convierten al cannabis en una mera mercancía. “Promovemos la autonomía sanitaria, para que más mujeres y familias puedan empoderarse en sus decisiones y su relación con el sistema de salud, porque nuestra salud es un derecho”, dicta el lema de la agrupación Mamá Cultiva, una de las ONG autogestionada más populares sobre el tema cannabis en Argentina.
Dentro de los organismos autogestionados, las bases se asientan sobre la “cultura cannábica”, promoviendo proyectos de educación y ramificación del conocimiento sobre la producción y consumo responsable de esta droga. Para muchos, una simple ley no garantiza nada si no se piensan las razones por las cuales regular el uso y, sobre todo, quiénes las producirán y cómo se asegurará el acceso gratuito a las medicinas. Quienes militan el cannabis desde hace años están al tanto de los intereses económicos por detrás de la política y luchan por una legalización y regulación conscientes de cómo y por qué debería permitirse el cannabis con fines terapéuticos, para que en algún futuro cercano la salud se garantice y la criminalización de quienes eligen usar cannabis deje por fin de existir.
Solo queda esperar que el compromiso se haga junto a los organismos, escuchando a los usuarios, y no solo desde las lógicas del mercado. “No vendemos aceite de cannabis ni ningún derivado de la planta. No apoyamos ni trabajamos con ninguna tienda ni proveedores de ningún tipo. Nuestro objetivo es informar y promover el autocultivo y la legalización del cannabis medicinal como única forma de acceso a esta terapia”, finaliza la biografía de Mamá Cultiva.
Por el momento las agrupaciones esperan que el borrador llegue a manos del presidente Alberto Fernández y que la atención de los ministerios siga atentas a los usuarios. Los horizontes del autocultivo legal de cannabis en Argentina se muestran prometedores para una ley nacional en 2020 y, quién sabe, un paso más en la lucha para la regulación a futuro del cannabis para la población en general.
Criado en la llanura del grano de maíz y de soja. Transeúnte (des)esperado del mundo y militante de la mochila contra la valija. Estudiante de Comunicación Social y de Psicología en la UNLP. Incorregible devoto de las verdades relativas.
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