“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”, sentenció Arturo Jauretche -entre otras brillantes frases- hace más de 80 años, para describir y denunciar la situación que se vivía durante la década infame en la Argentina. Muchos analistas coinciden en que hace algunos años vivimos la nueva década infame. Y sí, varios sucesos se le asemejan.
Tras dos años del fallo de la jueza Loretta Preska en el tribunal de Nueva York, en el que condenó al Estado argentino a “resarcir” al fondo buitre Burford por 16 mil millones de dólares por la nacionalización de YPF, ahora resolvió, en un volantazo en el medio de la causa, que el Estado entregue la totalidad de las acciones que posee sobre la empresa (51%), ya que éste no realizó el pago y fue apelando en distintas instancias legales. ¿A qué se debe este giro? ¿Por qué la nueva administración estatal -que despotricó contra le empresa antes de asumir y amenazaba con privatizarla- ahora piensa defenderla?
Para comprender el tema en cuestión, es importante como primer punto destacar que la historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tiene más de 100 años, desde que un 13 de diciembre de 1907 se descubrió el primer yacimiento en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la cantidad de administraciones, revoluciones, golpes de Estado, entre otros, que pasaron por el Estado argentino a la hora de administrar YPF fueron muchas. No obstante, recién en 1993 un gobierno rompió con el consenso de que YPF esté al servicio nacional.
Desde allí entonces, a partir de la privatización realizada por el gobierno de Carlos Menem, YPF entró hasta la actualidad en un camino de idas y vueltas que tuvo la presencia de cinco gobiernos más (De la Rúa-Kirchner-Fernández de Kirchner dos veces-Macri-A.Fernández y ahora Milei). Entonces, es importante contextualizar en cada uno los sucesos que fueron ocurriendo.
Por empezar, la privatización llevada a cabo en 1993 se hizo en el marco de lo que hoy es modelo para varios gobiernos de índole neoliberal que ven a la venta indiscriminada de empresas del Estado como un hito. No obstante, las divisas recaudadas fueron quemadas para sostener el 1 a 1, y una vez que estas se terminaron, el Estado quedó totalmente quebrado, sin divisas ni maquinarias para producirlas.
La particularidad de esta privatización explica hoy la situación que vive YPF en tribunales extranjeros: entre las cláusulas de aquella venta a Repsol, figuraba que si el Estado nacional quería recuperar las acciones de la empresa debía abrir a concurso público con los acreedores (los cuales serían los que Repsol decidiese a partir de allí, probablemente en el plano internacional, cosa que sucedió). Esto llevó la discusión jurídica a esa cancha, en este caso a Nueva York, particularmente por fondos de inversión con oficinas allí que compraron acciones de la empresa.
Como sería de esperar, la gestión de Menem transcurrió entonces con la empresa fuera de Argentina, así como durante el breve paso de Fernando De la Rúa en sus dos años de gestión. No sería sino hasta la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, quien llegaba con una línea nacionalista y justicialista, que se barajaría nuevamente la posibilidad de su reestatización. Este hecho finalmente sucedió en 2012, cuando durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se llevó adelante la reestatización del 51% de las acciones tras ser aprobada en ambas cámaras legislativas la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley N° 26.741), el marco legal que permitió al gobierno recuperar YPF.
A partir de aquí entonces, al realizarse la maniobra sin abrir a concurso público, se desataría la puja en donde entra el fondo buitre Burford, que compró los derechos de litigio de accionistas minoritarios, para luego vender esas mismas acciones, especulando con qué posibilidad tendría de ganar dicho juicio. A esto se dedica un fondo buitre.
La postura entonces que tomaron las distintas administraciones que le sucedieron a CFK dependieron y dependen de su retórica, por un lado, y por el otro de su cohesión en la acción con esa retórica. En 2015 asumió la presidencia Mauricio Macri quien en su línea discursiva reivindicó varios de los movimientos menemistas de corte neoliberal, pero en la acción, YPF siguió su curso, mientras Burford ya operaba por detrás. Cabe destacar que Macri sumó a su mesa política a Javier Iguacel como ministro de Energía, quien es un empresario de esta área, y hace considerablemente poco tiempo compró, a través de su empresa Bentia Energy, cuatro pozos no convencionales de YPF. Este movimiento fue en agosto de 2024 y fue el primero de la empresa, fundada por Iguacel un mes antes. Podemos empezar a imaginar un panorama.
Lo que le siguió a Macri fue la gestión de Alberto Fernández, quien quizás aglutina su mayor obra en su pobre gestión en torno a YPF: gracias al financiamiento recibido a través del impuesto a las grandes fortunas ejecutado en pandemia se construyó el gasoducto Néstor Kirchner, que conecta lo producido en Vaca Muerta desde Neuquén a Buenos Aires.
Si bien Fernández se definió a sí mismo como un mero “administrador del Estado”, y es difícil conectar su retórica con los hechos, si algo se puede destacar en aquel momento sobre YPF es la labor del presidente designado, Pablo Gonzalez, quien finalizó una gestión que dejó a YPF con números en alza, sumado al descubrimiento de un nuevo pozo no convencional (Palermo Aike), la profundización de explotación sobre Vaca Muerta y la distribución tanto al interior del país como hacia Chile, Bolivia y Brasil, finalizando el gasoducto pero también dos oleoductos. También, durante la gestión de Gonzalez, se firmó la negociación que eximió de culpas a YPF sobre una denuncia de otro juzgado yankee (Nueva Jersey), que la hacía responsable por contaminación de ríos en 2005, cuando una empresa comprada por Maxus, a su vez comprada por Repsol cuando ésta tenía la firma, realizó maniobras con químicos altamente contaminantes. Finalmente tanto YPF como Repsol fueron absueltas.
En paralelo a esto, Burford siguió adelante con la causa principal hasta que en 2023 Preska absolvió la responsabilidad de YPF y condenó al Estado argentino a pagar la suma ya conocida por no abrir a concurso público a acreedores. El gobierno apeló, y así llegamos a la actualidad.
El 19 de noviembre de 2023, Javier Milei triunfó en el balotaje de las elecciones presidenciales. Por aquellos días, no solo la política en sí, o el estado en que se encontraban la salud y educación pública eran temas de debate en la opinión pública, sino también YPF ¿Por qué? Porque así como los dos ítems nombrados anteriormente, la petrolera era objeto de ataque a modo de desprestigio del por entonces flamante presidente, quien estaba seguro de que ésta era deficitaria, y que había que vender sus acciones.
Esto incluso fue reafirmado al otro día del balotaje, en un acto de regocijo, pero 20 días después el nuevo gobierno cambió de opinión ¿Será que finalmente vieron que la empresa era superavitaria? Sin que me conste, me arriesgo a decir que la respuesta es no.
Por empezar, no hay que dejar de lado que los Iguacels de la vida merodean también a este gobierno, por lo que en este caso, la elección del gobierno podría ser por “el criollo que nos vende” antes que “el gringo que nos compra”. No obstante, el análisis tiene un punto más fuerte que está en el cotidiano, más allá de las ventas que se puedan hacer a empresas como Bentia.
Bien es sabido que el modelo de dólar fijo, ficticio, controlado, tablita o como se le quiera llamar, demanda una cantidad de divisas gigante y que a su vez este modelo no permite desarrollarse en áreas industriales que le darían de manera natural estas divisas. Por ende, con el agro descartado por el tipo de cambio bajo, el gobierno debe apuntar a otra fuente de cosecha rápida; para esto se diagramó el obsceno blanqueo de dudosísimas procedencias y el RIGI, de entrega de concesiones y tazas también absolutamente obscenas. En esa ilogicidad de negocio se ve de lejos un solo factor: la necesidad del gobierno de juntar divisas rápidas y cortoplacistas para mantener el tipo de cambio y, a su vez, la nula rentabilidad de un país en recesión para las inversiones, ya que ni así “llueven” estas.
En esta lógica, el sector más rentable es el minero, por la cotización de sus diversas comodotties en mercados internacionales, y casualmente, por el desarrollo que tiene Argentina con los diversos pozos convencionales y no convencionales y la facilidad que le permite tener un brazo de trabajo y extracción estatal como lo es YPF. Entonces la pregunta que resta es ¿Milei se volvió nacionalista y quiere la empresa para tener combustible y energía barata en la Argentina?¿O la necesita para distribuirla en el mundo y que entren divisas rápidas al Banco Central? Pueden sacar sus conclusiones.
Joaquín Bellingeri
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