Desde la SECASFPI manifestaron que hubo más de 300 “despidos arbitrarios” y que “se echó gente más allá del último año anunciado” en el ente estatal. Además, ATE denunció que desde la asunción del actual presidente Javier Milei ya se produjeron más de 7.500 despidos en la administración pública al no renovarse contratos.
El Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) denunció el martes que el Ministerio de Capital Humano envió telegramas de despido a 320 trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de planta permanente que ingresaron al organismo entre 2020 y 2023.
Mediante un comunicado el titular del SECASFPI, Carlos Ortega, denunció que hubo más de 300 “despidos arbitrarios” y sostuvo que “se echó gente más allá del último año anunciado” en la Anses y notificó que se enteraron al asistir “a cumplir sus tareas y fueron impedidos de ingresar al organismo”.
El sindicalista y ex diputado nacional peronista afirmó que los trabajadores ingresaron entre 2020 y 2023, que en su mayoría eran jefes de oficina en el organismo y que la decisión fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano.
La decisión de los despidos estaría respaldada en una resolución del ente estatal que aún no fue publicada en el Boletín Oficial y que instruye a la Subdirección Ejecutiva de ANSES “a determinar el universo del personal de conducción superior, transitorio y sin estabilidad, cuya desvinculación, en función de los análisis respectivos que produzca dicha instancia, corresponde que opere en el marco de las Resoluciones D.E.-A. N° 002/2016, N° 56/2016, N° 76/2016, y N° RS-2019-110807285-ANSES-DGAYT#ANSES”. Además, en el artículo N°2 solicita “cursar las notificaciones correspondientes”, esto coincide textualmente con los telegramas de despido que recibieron los afectados.
Según el gremio, el Gobierno justificó en los telegramas de despido el hecho de que ese personal fue designado “sin previo proceso de selección” y se amparó en las Resoluciones 2/16, 56/16 y 76/16 de la gestión de Emilio Basavilbaso. Al respecto, Ortega declaró: “Los trabajadores no ingresaron a la planta permanente sin previo concurso. La resolución del ex funcionario macrista en la Anses no puede ser la variable para echar”. “Por ahora solo tenemos los telegramas de despido que están llegando, pero no tenemos ningún tipo de diálogo con Capital Humano”, agregó.
De esta manera, el sindicato del organismo previsional decidió estar en estado de alerta y movilización y reafirmó su “inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad del empleo”. En este sentido, le exigió a la Anses que “deje sin efecto de manera inmediata la decisión de producir esas cesantías, porque en el organismo no sobra nadie”. Hasta el momento, Ortega lleva adelante conversaciones con las nuevas autoridades del organismo y con el Ministerio de Capital Humano.
Tras la ola de despidos, el gremio adherido a la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a sus afiliados y a todos los trabajadores de la Anses a movilizarse en el marco del paro general y nacional convocado para el 24 de enero.
Por otra parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó, en diálogo con el diario Ámbito, que los más de 300 trabajadores recibieron el mismo telegrama y remarcó: “Desde ATE rechazamos los despidos. Se está violentando la estabilidad de los convenios colectivos de trabajo que tiene Anses”. También denunció que desde la asunción del Gobierno de Javier Milei ya se produjeron más de 7.500 despidos en la administración pública, al no renovarse tales contratos.
Además, el sindicato sostuvo que luego se sumaron 500 despidos en la Secretaría de Trabajo, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y los Ministerio de Justicia y Economía y el área de Cultura, por lo que el Frente Gremial que integran la ATE y ambas CTA se movilizaron “en rechazo del feroz ajuste en el Estado”.
En paralelo, los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, repudiaron mediante una asamblea, “la decisión de las autoridades del organismo de eliminar las horas extras a los empleados de ingresos más bajos”.
