El gesto del ex presidente en la ex ESMA, al ordenar bajar los cuadros de Videla y Bignone, consolidó una política de Estado basada en memoria, verdad y justicia. A medio siglo del golpe, la idea del actual mandatario, Javier Milei de firmar un indulto a los militares abre un debate opuesto: ¿Qué lugar ocupa la memoria en la Argentina actual?
El gesto del 2004: memoria como política de Estado
El 24 de marzo de 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner tomó una decisión que haría historia: ordenó que los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar fueran retirados.
Tras saludar a los estudiantes que aguardaban su llegada, Kirchner se trasladó hasta la denominada “galería de directores” del Colegio Militar, donde, luego de darle la escueta orden de “proceda”, Bendini, descolgó los cuadros con los rostros de los dictadores Videla y Bignone que nunca, desde el retorno de la democracia, habían dejado de estar exhibidos en el lugar.
En el discurso que pronunció tras el emblemático gesto, Kirchner insistió a las Fuerzas Armadas a “nunca más utilizar el terrorismo de Estado y las armas contra el pueblo argentino”
“Nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Es el pueblo argentino por el voto y decisión de él mismo, quien decide el destino de la Argentina. Definitivamente terminar con las mentes iluminadas y los salvadores mesiánicos, que solo traen dolor y sangre a los argentinos.”
En una breve alusión , Kirchner señaló que “no hubiera querido nunca tener que estar ante esta instancia, porque recordar el 24 de marzo de 1976 es uno de los instantes más dolorosos y más crueles que le ha tocado vivir a la historia argentina en su conjunto.”
Los cimientos de la justicia por delitos de lesa humanidad
La CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) fue una comisión asesora creada por el presidente Raul Alfonsin el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.
Tras recorrer todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centro de detención, realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas. La comisión produjo un informe final, nombrado Nunca Más, que registraba parcialmente la existencia de 22000 desaparecidos y 380 centros clandestinos.
En 1984, la Cámara Federal desplazó al tribunal militar ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas militares, por lo que se hizo cargo de la causa literalmente. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el juicio en el que declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. El juicio demostró la responsabilidad de los jerarcas de las juntas y la falsedad de cualquier hipótesis sobre “excesos propios de cualquier acción militar” como pretendían los comandantes.
Luego del juicio a las juntas militares y de los alzamientos “carapintada” se dictaron dos leyes, Ley de Punto Final y Obediencia Debida que detuvieron las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura. Estas normas, conocidas como “leyes de impunidad”, se dictaron por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel.
En 2003, el Senado de la Nación sancionó la anulación de las leyes de Obediencia Debida (23.521) y Punto Final (23.492), que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad. El 2 de septiembre de ese mismo año el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la Ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes.
Desde 2006, la justicia argentina condenó a 1.202 personas por el delito de lesa humanidad, mientras que 213 resultaron absueltas. Esta cifra refleja el esfuerzo sostenido de los tribunales y las fiscalias para juzgar los crimes de terrorismo de Estado y garantizar derechos a las victimas y sus familias.
50 años después: Milei y la propuesta de indultar a militares
En el entorno del presidente Javier Milei se estudia la viabilidad de otorgar un indulto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, una medida que de concretarse, podría anunciarse el 24 de marzo, fecha en la que se conmemoran cinco décadas del inicio de la última dictadura militar Argentina.
Foto extraída de Visión política
Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el análisis incluye evaluaciones jurídicas, políticas y comunicacionales, aunque en este momento no existe una decisión definitiva. La fecha considerada tiene un fuerte significado histórico. El 24 de marzo se recuerda en todo el país como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, jornada que reúne cada año actos oficiales y movilizaciones sociales en repudio al terrorismo de Estado.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente permanecen detenidas 539 personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado, de las cuales 454 cumplen arresto domiciliario.
La iniciativa, según trascendió, también se enmarca en la interna oficialista. La vicepresidenta Victoria Villarruel construyó su identidad política alrededor de la agenda de la “memoria completa” y la defensa de militares procesados por crímenes cometidos durante la dictadura. Un eventual indulto permitiría a Milei apropiarse de esa bandera y disputar el llamado “voto militar”, un segmento que la vicepresidenta considera propio.
Distintos juristas recuerdan el antecedente de los indultos firmados por Carlos S. Menem en los años ‘90, que beneficiaron a los militares y civiles condenados por crímenes de la dictadura, y advierten que una decisión similar hoy podría enfrentar fuertes cuestionamientos judiciales y eventualmente marcados como inconstitucionales.
Aunque la decisión final todavía no fue anunciada, el simple hecho de que el Ejecutivo está evaluando la medida anticipa momentos de suma tensión para un año particularmente sensible por el cincuenta aniversario del golpe de Estado.
Del consenso democratico al riesgo del retroceso
A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la Argentina se encuentra nuevamente en un dilema histórico: mantener la memoria como una política de estado o abrir la puerta a un retroceso en materia de derechos humanos. El gesto de Néstor Kirchner en 2004 simbolizó la decisión de enfrentar el pasado y consolidar un camino de justicia que se sostuvo durante dos décadas. La propuesta de indultar a los militares condenados, interpela directamente en ese consenso social y jurídico construido con enorme esfuerzo.
La memoria es una práctica que se vive en el presente y proyecta el futuro. En un país en donde las heridas de la dictadura laten en miles de familias, la discusión sobre los indultos no es solo legal o política, también es ética y cultural. La pregunta es si la Argentina seguirá siendo ejemplo en el mundo por su compromiso con la verdad y la justicia o si elegira relativizar el terrorismo de Estado.
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