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En una historica madrugada marcada por canticos, pañuelos verdes y una vigilia multitudinaria, el Senado aprobo la ley de aborto legal, seguro y gratuito, consagrando un derecho largamente reclamado por el movimiento feminista y transformando así para siempre el panorama de la salud y los derechos reproductivos en Argentina.

La lucha por la legalización del aborto viene tomando fuerza paulatinamente desde el proceso democratico iniciado en Argentina en 1983, y se vio amplificado en los Encuentros Nacionales de Mujeres (desde 2018 denominados Encuentros plurinacionales, de mujeres, lesbianas, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries). Sus demandas, junto con reinvindicaciones vinculadas a la violencia contra las mujeres y la demanda por trabajos dignos son los tres derechos fundamentales que demandan las mujeres populares.

En 2015 emergió el colectivo Ni Una Menos (NUM) lo que fue otro momento articulatorio producto de la movilización de miles de mujeres y varones. Las estrategias del NUM se dirigieron principalmente a visibilizar, denunciar y responsabilizar al Estado y la sociedad por la violencia contra las mujeres. A estos primeros reclamos les siguió una expansión de demandas corporizada en marchas multitudinarias, en especial de les adolescentes y jóvenes que abrazaron la lucha contra la violencia de género y los femicidios, por el aborto legal, contra la justicia machista, contra la desocupación y la pobreza.

Después de un intenso debate en el Congreso Nacional y movilizaciones en todo el país, en 2018 el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero no por el Senado.
El 17 de noviembre del 2020, el entonces presidente de Argentina, Alberto Fernandez, presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo y otro que constituye el “Programa de los mil días”, que busca fortalecer los cuidados de la mujer embarazada y de los primeros años de vida de los niños y niñas.

El debate por la legalización del aborto empezó el 10 de diciembre, cuando ambos proyectos se presentaron en sesión en la Cámara de Diputados y al día siguiente, tras veinte horas de discusión, se aprobaron para pasar al Senado. El 29 de diciembre, este último se reunió para discutir la ratificación de estos proyectos y, en un hecho histórico, tras más de un día de discusión y miles de pañuelos verdes esperando el resultado en las calles argentinas, ambos proyectos fueron aprobados la madrugada del 30 de diciembre.

La Ley 27.610 entro en vigencia el 24 de enero del 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derechoa pedir —sin dar explicaciones— la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud corre peligro, o el embarazo es producto de un abuso.

A las 4:12 de la madrugada, el Senado dio el paso histórico: el tablero del recinto indicó que la interrupción voluntaria del embarazo obtuvo 38 votos a favor para convertirse en ley, frente a 29 votos que se opusieron. El tablero registró también 1 abstención y 4 ausentes. “Resulta aprobado”, dijo entre aplausos la presidenta del recinto, Cristina Fernández de Kirchner, al cabo de una jornada de vértigo, durante la cual el correr de las horas acrecentó la brecha entre quienes apoyaron el derecho de las mujeres a acceder a la IVE y quienes procuraron mantener la práctica en la clandestinidad. Cómo había sucedido veinte días antes en Diputados, el aire en el Senado sopló abrumadoramente verde.

La mayoría de los votos positivos fue aportada por senadoras, en un apoyo transversal, de todo el espectro partidario, que cristalizó lo que sucedió con el proyecto que comenzó su trámite parlamentario ese año.

Hablemos del aborto

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año se hacen en todo el mundo unos 73 millones de abortos inducidos. Al mismo tiempo, entre el 4,7 % y el 13,2 % de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso, es decir, son realizados en lugares sin estandar medico minimo o son realizados con personas sin capacitación o con tecnicas incorrectas.

El 97 % de los abortos peligorosos se practican en paises en vías de desarrollo, más de la mitad en Asia (la mayor parte de ellos, en las regiones meridional y central del continente). También son peligrosos la mayoría de los abortos practicados en América Latina y África (aproximadamente tres de cada cuatro). Se calcula que, en las regiones desarrolladas, por cada 100 000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras que está proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100 000 abortos peligrosos en las regiones en desarrollo.

El aborto inducido es común en todo el mundo. La gran mayoría de los abortos ocurren como respuesta a embarazos no deseados, que generalmente resultan del uso ineficaz o la falta de uso de anticonceptivos. Otros factores también son importantes impulsores de un embarazo no deseado y de la decisión de abortar. Algunos embarazos no deseados son resultados de violación en incesto, otros se vuelven no deseados debido a cambios en las circunstancias de vida o porque llevar un embarazo a termino tendría consecuencias negativas para la salud y el bienestar de la mujer.

En Argentina, abortar era un delito penado con hasta cuatro años de cárcel, excepto en caso de violación o riesgo para la vida o la salud de la madre. Pese a esta legislación, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en Argentina se practican entre 460 mil y 600 mil abortos clandestinos cada año.

Desde la promulgación de la Ley, según el reciente reporte del Proyecto Mirar Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales (agosto 2024), se han logrado cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE. De acuerdo al informe, algunos de estos avances han sido:

  • La reducción de  50 % de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022, que marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57 % donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. 
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  • Los datos muestran que las muertes maternas de causa indirecta han tenido un comportamiento decreciente en la última década vía el acceso a los abortos permitidos por ley.
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  • La tasa promedio para el país es de 17 efectores públicos que proveen IVE-ILE por cada 100.000 mujeres en edad fértil, con un rango que varía entre provincias desde 2 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, a 53 a 57 cada 100.000 mujeres en La Pampa y Mendoza. 
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  • En 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100 %, y tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673. 

La ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo representó un gran avance no solo para Argentina, sino para todo Latinoamérica, una de las regiones más restrictivas en cuanto a los derechos reproductivos, en gran parte por la enorme influencia ideológica y política ejercida por la Iglesia Católica durante siglos. 

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