El orden hegemónico liderado por Occidente desde mediados del siglo XX se encuentra actualmente desafiado por las potencias emergentes, particularmente China y la Federación Rusa, y en un sentido más amplio por el bloque de los BRICS, cuyas visiones del mundo, sistemas de valores y objetivos geopolíticos difieren significativamente de los parámetros establecidos por Estados Unidos y Europa.
Nos encontramos ante un orden internacional “interpolar” (Grevi, 2010), “no polar” (Haas, 2008) o “multiplex” (Acharya, 2017), en el cual ya no hay un único polo de poder sino varios poderes estatales, organizaciones regionales e internacionales con influencia y numerosos actores no gubernamentales que desarrollan formas complejas de interdependencia, presentan múltiples capas de autoridad y liderazgo y actúan en dimensiones superpuestas de la gobernanza global.
En este marco de reconfiguración geopolítica, se ha intensificado la rivalidad estratégica por el dominio de los espacios marítimos. De acuerdo con Altieri (2018), “control del mar” implica el despliegue de una presencia efectiva en zonas de interés clave para la proyección de poder con el doble propósito de negar a un adversario la utilización del área e influir decisivamente en los acontecimientos continentales.
Principalmente, el foco de atención ha estado en el Indopacífico debido a sus características centrales. Por una parte, la región es el centro de gravedad de la economía mundial, aportando más del 35% de la riqueza global y el 70% de su crecimiento, a su alrededor se despliega la Rutas Marítimas de la Seda chinas y se transporta la mayor parte del petróleo y gas producidos en Medio Oriente. Por otra parte, es el escenario de puntos de tensión como el Mar de China, el Golfo Pérsico, el estrecho de Taiwán y la península de Corea (Abensour, 2024).
En tanto, la relevancia del Atlántico Sur para la paz y el crecimiento mundial ha sido durante mucho tiempo desestimada, a pesar de ser una ruta marítima indispensable, de ser abundante en recursos naturales y del rol que ocupa en la rivalidad geopolítica contemporánea (Leoni et. al., 2025). En parte, esto puede comprenderse porque este océano ha sido concebido como un “remanso estratégico” (Abdenur y De Souza Neto, 2013).
Dicho calificativo se basa en las dinámicas pacíficas de este orden marítimo -en especial en el Cono Sur, donde la probabilidad de conflictos militares inter-estatales es casi nula y existe un importante grado de cooperación- y en la vigencia de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS). La misma es un mecanismo de diálogo multilateral africano-sudamericano, instituido a instancia de Brasil en Naciones Unidas en 1986, con el propósito de coordinar la agenda de la gobernanza en materia de defensa y seguridad y promover el Atlántico Sur como un espacio opuesto al colonialismo, desmilitarizado y libre de armas de destrucción masiva. De este modo, el Atlántico Sur posee un grado relativamente alto de estabilidad –más allá de cuestiones puntuales vinculadas a la piratería o el tráfico ilícito en las costas africanas o problemáticas de la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada- que dista mucho de ser un espacio de amenazas para las grandes potencias navales
Sin embargo, es cada vez más evidente la importancia estratégica sudatlántica, tal como lo sugiere la presencia de actores regionales y extrarregionales que detentan “poder naval”. El mismo da cuenta del uso político y militar de las fuerzas navales, tanto en tiempos de guerra como de paz, ya que presenta dimensiones militares y no-militares, vinculadas con lo económico, lo ambiental, lo diplomático y lo normativo (Allahverdizadeh & Karimi, 2023).
Desde la perspectiva argentina, debemos prestar atención a la presencia de cuatro potencias hoy centrales en el Atlántico Sudoccidental -Brasil, China, Estados Unidos y el Reino Unido- que configuran un complejo entramado de intereses.
En relación a Brasil, cabe señalar que es el país con la costa atlántica más extensa del mundo y que en sus documentos de defensa y política exterior ha enfatizado la “importancia estratégica del Atlántico Sur”. En el mismo busca asegurar las líneas marítimas de comunicación y mantener la paz y la cooperación, procurando que “los conflictos y rivalidades ajenos al Atlántico Sur no sean proyectados aquí por estados situados en otras regiones”, en clara línea con las bases de la ZOPACAS (República Federativa de Brasil, 2012:39). Además, se reconoce que el entorno estratégico brasileño incluye el Atlántico Sur y a los países limítrofes con África, así como la Antártida.
La importancia del Atlántico Sur se cristalizó además en el concepto de “Amazonia Azul”, una noción político-estratégica que aborda el océano como patrimonio nacional, fuente de riqueza y ambición, que debe protegerse, preservarse y explorarse de forma sostenible. Más del 95% del comercio brasileño transita por el mar y del mismo se extrae aproximadamente el 95% del petróleo nacional, esto en particular desde los descubrimientos de los yacimientos del pre sal, y además alberga innumerables recursos vivos y minerales, así como sitios ambientales, puertos estratégicos y centros industriales (Mariha do Brasil, 2025).
Es decir, la idea de Amazonia Azul se corresponde con la categoría de “economía azul”, ampliamente utilizada en los últimos años y que refiere al desarrollo de una amplia variedad de actividades que dependen de los océanos, como la pesca, el transporte, el turismo o la generación de energía, entre otras, para fomentar el crecimiento económico y social y a la vez preservar los ecosistemas oceánicos.
Asimismo, debe considerarse que Brasil aumentó su gasto militar en más del 300% desde 2003 (Levaggi 2023) y en este marco implementó el programa de submarinos, en cooperación con Francia. En efecto, la defensa del Amazonia Azul se ha traducido en inversiones significativas en los sectores de defensa, como la adquisición y modernización de unidades como así también, en la aplicación de la ciencia y la tecnología para promover el desarrollo autónomo, con generación de empleo y capacidades para el crecimiento económico nacional en función de generar una mayor autonomía estratégica.
Lo anterior quedó plasmado en las palabras del presidente Lula Da Silva durante la botadura de uno de los submarinos de industria nacional: “El ProSub es el mayor y más importante proyecto de cooperación internacional de Brasil en materia de defensa. Este proyecto garantiza la soberanía brasileña en nuestras costas, fortalece la industria naval generando puestos de trabajo e ingresos, y promueve el desarrollo del sector con una gran dosis de innovación” (Da Silva, 2024).
El segundo actor a tener en cuenta es China, que si bien no tiene una presencia militar importante en el Atlántico Sur, su proyección escalonada desde el Mar de China y su status actual de potencia global, ameritan su examen.
Actualmente la presencia de la armada china es marginal. Si bien las primeras visitas oficiales a los países latinoamericanos se realizaron a mediados de la década pasada, cuando la Armada del Ejército Popular de China realizó sus primeros ejercicios en aguas del Atlántico Sur, aún el principal interés recae en la expansión de las inversiones y del comercio. Se trata de la búsqueda de provisión de energía, de recursos naturales y de nuevos mercados. En efecto, la actividad pesquera forma parte de sus objetivos de soberanía alimentaria y el gobierno subsidia e impulsa las flotas comerciales, una de las mayores en el Atlántico Sudoccidental.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el país tiene el objetivo de alcanzar una “armada de aguas azules”, es decir, una armada capaz de operar en cualquier parte de los océanos, para proteger a su diáspora, inversiones y empresas comerciales. Es por esto que en menos de una década puso en marcha cuatro portaaviones, dos de los cuales son de origen nacional (Ginés Soriano, 2025), y avanza a paso firme en la construcción de submarinos.
Considerando que la estrategia integral de desarrollo oceánico de China revela que el “poder marítimo” puede significar una amplia gama de acciones, desde el uso de la fuerza militar hasta la aplicación de fuerza económica y cultural (Chan, 2025) es una preocupación constante y creciente del hegemón regional americano, a pesar de su relativa superioridad naval.
En efecto, actualmente Estados Unidos continúa siendo la potencia naval global más poderosa, por la cantidad de personal, la capacidad de fuego de su equipamiento —más de 300 buques, 11 portaviones y 67 submarinos— y la red de acuerdos institucionales y bases alrededor del mundo que le permiten desplegarse en cualquier teatro de operaciones.
En el Atlántico Sur la presencia estadounidense se refleja en la reactivación IV flota de la armada en 2008 y en particular en su estrategia marítima de relaciones de cooperación con los países de la región, la cual se centra en el control del tráfico marítimo y la vigilancia con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), que atiende especialmente a la agenda de la pesca ilegal, no declarada o no regulada, con especial interés en las embarcaciones chinas.
Este interés renovado en las últimas décadas también se cristaliza en la creación de la “Asociación para la Cooperación Atlántica” en 2022, una iniciativa llevada adelante en marco de asambleas de la ONU que reúne a 32 países ribereños, tanto el norte como el sur, el este y el oeste, y cubre una amplia gama de temas, que van desde el desarrollo sostenible hasta la cooperación en ciencia y tecnología, aunque con la excepción de los asuntos relacionados con la defensa y la seguridad.
Pero sin duda, la puesta en marcha de la “Operación Lanza del Sur” en enero de este año y la incorporación en noviembre del buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, son claros exponentes de los intereses geopolíticos estadounidenses sobre el espacio que considera su patio trasero. De acuerdo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Operación Lanza del Sur, que contempla la utilización por parte de la marina norteamericana de drones, barcos y lanchas interceptoras no tripuladas, buques y submarinos para luchar contra el narcotráfico, “defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente” (La Nación, 13 de noviembre de 2025).
La política de “palos sin zanahorias” de la administración de Donald Trump en América Latina y en particular su presencia en el Atlántico Sudoccidental, es preciso enmarcarla en la alianza estratégica con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la cuarta potencia que debemos considerar especialmente en relación a los intereses argentinos.
De acuerdo con el gobierno británico, Estados Unidos es su socio preeminente en materia de seguridad, defensa y política exterior y en esa relación la contribución británica al vínculo incluye el alcance e influencia inglesa en Europa; la inteligencia británica; la capacidad del Reino Unido para librar guerras de forma independiente o como nación líder en una coalición; y la ubicación estratégica de nuestros Territorios de Ultramar (HM Government, 2015).
En este sentido, se observa que en el océano Índico, en el atolón Diego García, que es aún una colonia británica, se instaló en los años setenta una base militar estadounidense; y que en el Atlántico Sudoriental, cerca de la costa africana en la isla Ascensión, hay un aeropuerto utilizado tanto por la fuerza aérea estadounidense como por la aviación real. Y por supuesto, la base británica en Malvinas, que forma parte del “collar de perlas marítimo” de la alianza anglosajona.
En dicha clave es oportuno aludir al programa de renovación de la infraestructura de la base de Monte Agradable iniciado en 2015, el cual incluyó la modernización del sistema energético, el aumento de la capacidad de carga del puerto, la actualización del sistema de defensa aérea, el recambio del patrullero oceánico y del avión Hércules c130 de carga por un el ATLAS, entre otras acciones realizados hasta la fecha vinculadas al bienestar de los efectivos en las instalaciones.
La necesidad de mantener la capacidad de fuego británica en el archipiélago malvinense cumple con el objetivo inglés de apoyar a los territorios de ultramar y las dependencias de la corona en la disuasión y defensa contra amenazas estatales y no estatales y con la actual estrategia global, presentada en junio de este año en el documento denominado “Revisión Estratégica de Defensa: Haciendo a Gran Bretaña más segura: segura en casa, fuerte en el extranjero” (HM Government, 2025).
Dicho documento enfatiza la necesidad de incrementar las capacidades armamentísticas en función de los resultados de la guerra en Ucrania y, a la vez, propone fomentar la inversión en empresas nacionales del complejo de defensa industrial militar para generar puestos de trabajo y desarrollar la ciencia y la tecnología.
Es decir, se concibe que el Estado posee un rol clave para promover “asociaciones” con industrias tecnológicas y de armamentos, lo cual se resume en las palabras de los ministros británicos de Defensa, John Healey y de Economía, Rachel Reeves, respectivamente: “El Ejército solo tiene la fortaleza de la industria que lo respalda” y “Una economía fuerte necesita una defensa nacional sólida” (Infobae, 2 de junio de 2025).
En esta línea es posible también leer la propuesta de producción de hasta 12 submarinos de ataque con propulsión nuclear y con armamento convencional a través del programa AUKUS, la alianza entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido presentada en 2021 como respuesta a la presencia China en el Indopacífico.
Además, todo esto se plantea con el sentido de reforzar el rol en la OTAN, incrementando el compromiso de elevar el porcentaje del PBI destinado a la inversión en Defensa, en línea con las demandas del gobierno estadounidense en el contexto de la competencia global con China y Rusia.
En síntesis, el Atlántico Sudoccidental es un espacio marítimo de creciente relevancia estratégica, tanto para los estados ribereños como para las potencias extraregionales que proyectan su poder naval en función de sus intereses nacionales. Esto nos lleva a preguntarnos si el actual posicionamiento argentino en materia de Política Exterior y de Defensa, que ha sido caracterizado como “hiperoccidentalismo” (Tokatlián, 2024) y que lleva adelante un “imperialismo por invitación” con Estados Unidos (Anzelini, 2025) es acertado para un país bicontinental, con un litoral marítimo americano de 4.725 km., con 6.683.000 km.2 de espacios marítimos continentales, insulares y antárticos y que presenta un reclamo imprescriptible de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias ante la presencia colonial británica.
Referencias Bibliográficas
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Chan, E. (2025). China’s Discourse of Maritime Power: A Thematic Analysis. Journal of Contemporary China 2025, 34(153), 432–450 Disponible en: https://doi.org/10.1080/10670564.2024.2319064
Da Silva, L. (2024). Discurso durante la botadura al mar del submarino Tonelero, 27 de marzo. Disponible en https://www.gov.br/planalto/es/seguir-al-gobierno/discursos-y-pronunciamientos/2024/03/discurso-del-presidente-lula-durante-la-botadura-al-mar-del-submarino-tonelero
Ginés Soriano (2025), China ya tiene en servicio su tercer portaviones, el primero con catapultas, y construye el cuarto, el primero de propulsión nuclear. Infodenfensa, 7 de noviembre. Disponible en: https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5659024/china-tiene-servicio-tercer-portaaviones-primero-catapultas-construye-cuarto-primero-propulsion-nuclear
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Carla Morasso
Doctora en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Docente de grado y posgrado UNR. Coordinadora del Programa de Estudios América Latina-África (PEALA) – Programa de Estudios sobre Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR). Investigadora del Grupo de Estudios sobre Malvinas (UNR).
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