Silenciar los escenarios: la paradoja libertaria

Silenciar los escenarios: la paradoja libertaria

TIEMPO DE LECTURA: 9 min.

Autor: Martin Gainle*

El teatro independiente resiste al decreto 345/25, escrito por el gobierno de La Libertad Avanza para dar pie al vaciamiento del Instituto Nacional del Teatro, un organismo que lleva casi tres décadas ampliando el derecho a la cultura. 

Luego de casi un mes sin sesionar, el miércoles pasado la Cámara de Diputados abrió sus puertas para el tratamiento de una serie de proyectos legislativos de suma importancia para el pueblo argentino. Esa tarde, el libertario José Luis Espert se paseó entre las bancadas, mientras relucía como medallas a los seis presos políticos que él mismo mandó a detener en los últimos días. 

Se caldeó dentro del recinto una riña que acabaría por dar pie al levantamiento de la sesión. No sólo quedaron sin tratar el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la investigación de la criptoestafa del presidente, $LIBRA. También se encontraba dentro del temario la derogación del DNU 345/25.

El Decretazo

El 22 de mayo del corriente año, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó en conferencia de prensa las normativas que emanan del DNU 345/25.  Con recortes y despidos mediante, se dispuso la absorción de diversas instituciones a la órbita de la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Capital Humano. Entre ellas, el Instituto Nacional del Teatro.

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En el salón de la Escuela de Teatro de La Plata (ETLP), sobre una pantalla blanca como telón de fondo, un cañón proyecta una placa de enormes letras negras que reza: “Desmantelar el Instituto Nacional del Teatro es destruir lo que sí funciona”. Las luces están apuntadas sobre una larga mesa en la que se sientan Daniel Gismondi y Gisela Nomdedeu. Cuelga una whipala del lado del primero (presidente de la Asociación de Teatristas del Plata – ATEPLA) y una bandera del orgullo LGBT+, del lado de la segunda (actriz y gestora cultural).

Ambos conducen una charla de panel, la segunda de la jornada, en el marco del Festival Resiste organizado por la misma institución que le da sede. En las butacas, sentadas en la oscuridad, hay varias decenas de personas de todas las generaciones. El virtual cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) tiñe la conversación entre las dos partes de la sala. 

El INT surgió en el marco de la Ley Nacional del Teatro, sancionada en el año 1997. Rotulada bajo el número 24.800, marcó el punto de partida para el desarrollo de las artes escénicas en nuestro país. Dice el artículo 1º de la ley que “la actividad teatral, por su contribución al afianzamiento de la cultura, será objeto de la promoción y apoyo del Estado Nacional”. 

Con esa premisa, la propia ley resolvió la creación del INT como un ente autárquico responsable del cumplimiento de la normativa. Desde entonces, el organismo se dedicó a construir una enorme red a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, no sólo fomentando una actividad teatral plural, representativa y diversa, sino también garantizando el acceso al derecho a la cultura para los argentinos en cada rincón.

El vaciamiento del Instituto es político. El Decreto 345 (o decretazo, como lo llaman en la comunidad teatral) apunta a centralizar las decisiones en la figura del Director Ejecutivo, quien estará desde ahora bajo el alerón de la Secretaría de Cultura, dependiente de la cartera de Sandra Petovello. La misma que guardó toneladas de alimentos hasta la putrefacción. 

La maniobra está dirigida a terminar de consolidar el rumbo que el Gobierno Nacional le ha dado al Instituto desde que lo abordó en 2023: destruir el tejido federal y disminuir la asignación de subsidios tanto para obras, como giras y otro tipo de eventos. “Sin el Instituto, no vamos a poder pagar ni la nafta para ir de un pueblo a otro”,  exclama una mujer durante la charla, desde la primera fila de asientos.

¿Cuánto vale la cultura?

“No hay ninguna lógica en el cierre. Lo destinado al Instituto es la misma cifra que se destina a los gastos en combustible del Ministerio de Economía”, afirma Gisela Nomdedeu, que se dispuso a ser entrevistada en la incomodidad de una pequeñísima grada en el hall de entrada de la Escuela de Teatro. Además de actriz y gestora, es una trabajadora del INT y una asidua participante de la Asamblea Federal del Teatro, surgida al calor de los embates al sector durante el último año y medio.

Los principales afectados por este timonazo en los destinos del INT son los trabajadores del teatro independiente: actores y actrices, guionistas, dramaturgos, productores, directores y montones de técnicos que durante casi tres décadas retribuyeron airosamente cada centavo que se invirtió en su sector.

El oficialismo, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, se refirió a un Instituto “sobredimensionado”, donde “se gastaba un 65 por ciento del presupuesto en sueldos y funcionamiento” y “solo un 35 por ciento llegaba efectivamente al teatro”. En función de eso, el portavoz dijo que “la planta ya se redujo en un 20 por ciento”, lo que disminuiría la inversión en 150 millones de pesos anuales. 

Es decir: siguiendo las cuentas del propio Adorni, los sueldos y gastos de funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro suponían un gasto anual de 750 millones, previo a los despidos. Si esa cifra representaba el 65% del presupuesto del INT, el total rondaría los 1.150 millones de pesos. En relación al presupuesto 2025, que asciende a casi 116.000 millones de pesos, el INT equivaldría apenas al 0,01% de la inversión pública nacional. 

Además, su principal fuente de financiamiento ni siquiera emana del Tesoro, sino de gravámenes a Lotería Nacional, premios no cobrados y multas que se hacen a los grandes medios de comunicación. 

Con dichos recursos, entre 2022 y 2023 se generaron encuentros federales de formación que llegaron a más de diez mil teatristas; se impulsaron 160 obras dentro de contextos de vulnerabilidad, como unidades penitenciarias y hospitales, así como también junto a comunidades originarias; se subsidiaron más de 7400 producciones y se mejoraron las condiciones edilicias en 267 salas de teatro en todo el país, que en muchas localidades representan el único espacio para el desarrollo de la actividad.

Agrupaciones como Escena, que aglutinan a distintos trabajadores del teatro, estiman que por cada millón de pesos que se invierte en la actividad, se generan entre 12 y 20 puestos de trabajo. Además, según los datos del año 2021, con una inversión del 0,1% del presupuesto total el sector cultural aportó un 1,8% al Producto Interno Bruto nacional. Es decir: se obtuvo 18 veces más de lo financiado.

 “Si bien no es de las más estructuradas, el teatro es una industria cultural. No es solamente un ‘gasto’, sino que es un sector productivo que como cualquier otro sector, tiene sus subsidios y apoyos para que siga existiendo”, sentencia Nomdedeu.

Todos estos datos ponen en sospecha los argumentos economicistas propalados por los manipuladores de la motosierra a la hora de justificar el ajuste sobre la cultura. La entrevistada cree que responden, más bien, a “un desinterés y un discurso de envilecimiento del Estado, como algo que no tiene que existir”, dada la existencia de “un sector de la sociedad que cree que realmente es inútil e innecesario” y a quienes el gobierno libertario pretende seducir. 

También argumenta que existe un motivo “más profundo y relacionado al largo plazo”, referido a que “el arte, la cultura y el teatro son lugares de construcción colectiva; de pensamiento; de diversidad de miradas. Ellos están bastante lejos de todo lo que fomente esa potencia, como cualquiera que profese este pensamiento autoritario”.

  Así es como el Estado, que debería según distintas leyes y tratados a los que adhiere promover el acceso a la cultura, obra en dirección contraria. Más notorio es el atropello contra este derecho al saberse que el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares atraviesan o atravesaron procesos muy similares al INT en el último tiempo.

 Habla de nosotros

Alejo Marschoff, conciudadano platense y teatrista independiente, estima: “vos podés arrancar algo simple, como la obra que estamos haciendo ahora, y estás hablando de 1400 dólares de escenografía y vestuario”. Se refiere a la obra El Ministerio de la Imagen, con la que actualmente recorre los distintos salones de la ciudad y sus alrededores.

Marschoff se sienta en el octavo de mesa que quedaba disponible. El resto de ella (y de todos los muebles de una antiquísima casa en Barrio Hipódromo), está abarrotado de libros. Desde ese rincón, parapetado tras las pilas de textos,  convierte cada diálogo en una suerte de ponencia, citando a varios teóricos del teatro, su más grande afición.

 — ¿Cómo pensás el futuro del teatro con los cambios impuestos?

El teatro viene desde los griegos. Kantor cuenta que, en la Segunda Guerra Mundial, estaban armando una obra en un sótano, escondidos, mientras por la ventana se veía como fusilaban gente en la calle. Al teatro no lo mata nada, y esa es la gran excusa para pegarnos.Un mate lavado le dio el ímpetu para reformular de manera más llana: El teatro se ve como hobby, y la lucha es contra el famoso “¿Por qué lo hacen? Por amor al arte” … ¡Carajo, no es solo amor!

— Los recortes sobre el INT atentan, entre otros aspectos, contra su carácter federal. ¿Cuál es la importancia de que el teatro alcance todos los rincones?

— El teatro es un ritual muy particular, en el que pasan cosas mucho más potentes de lo que uno creería. Una de las obras más famosas del mundo del Siglo XX es Esperando a Godot, fundadora del teatro del Absurdo. Cuando Samuel Beckett la hace (las primeras veces, en Francia) las críticas son despiadadas. La primera crítica llegó desde San Quintin, una cárcel famosa de Estados Unidos, donde los presidiarios dijeron: “Está hablando de nosotros.” La obra trata sobre un tipo que espera, espera y espera, pero nunca llega nada de aquello que aguarda.

— ¿Por qué se serrucha sobre el INT, si representa un porcentaje ínfimo del gasto público fiscal?

Porque la cultura es peligrosa. Los fachos tratan de meterla en un Excel, para que responda de alguna manera a sus pequeñísimos intereses porque, si por algo triunfa el fascismo recurrentemente, es porque es fácil. 

Lo que menos quieren

Ornella es una estudiante del Profesorado de Teatro. Está sentada sola, en una mesa pequeña, de las típicas de escuela secundaria, al costado de la puerta de entrada de la Escuela de Teatro. “Creo que Milei gasta mucho más en viajes en Estados Unidos que lo que puede llegar a implicar la inversión en el INT”, afirma.

En efecto, según datos de la Secretaría General de la Presidencia, en un año y medio de gobierno Javier Milei destinó más de 3.200 millones de pesos a viajes internacionales, incluyendo vuelos privados, traslados, seguridad y logística. Osea, casi tres veces más que lo destinado anualmente al ente que por decreto pretende extinguir. Restaría, además, contabilizar los gastos de dietas y hospedaje. Y esos sí que salen del Tesoro y los contribuyentes.

 De ese total, se estima que alrededor del 30%, equivalente a más de $960 millones de pesos, fue destinado a viajes sin carácter oficial o de agenda institucional, como actos partidarios, premiaciones personales o foros ideológicos en el exterior. Osea digamos: el presidente puede gastar cientos de millones de pesos para dirigirse al Foro de Davos en Suecia y acusar a los homosexuales  de pedófilos, pero no en que el Hospital de Niños pueda ser escenario de una obra teatral. 

Unos metros por encima de Ornella, cuelga una bandera negra, sobre la que brilla una estampa de la intérprete de Se dice de Mí y una inscripción que dice: Centro de Estudiantes Tita Merello – ETLP. “Como joven, me preocupa muchísimo la situación” confirma Ornella, y finaliza diciendo que “atacan al teatro, sobre todo, porque es una manera de ser libres. Este gobierno, lo que menos quiere, es la libertad”.


*Martin Gainle

Platense de City Bell y egresado del Colegio Nacional. En eso y algo más, queriendome parecer a Fede Moura. Estudio Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata.

YPF: entre las garras de los buitres externos e internos

YPF: entre las garras de los buitres externos e internos

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”, sentenció Arturo Jauretche -entre otras brillantes frases- hace más de 80 años, para describir y denunciar la situación que se vivía durante la década infame en la Argentina. Muchos analistas coinciden en que hace algunos años vivimos la nueva década infame. Y sí, varios sucesos se le asemejan. 

Tras dos años del fallo de la jueza Loretta Preska en el tribunal de Nueva York, en el que condenó al Estado argentino a “resarcir” al fondo buitre Burford por 16 mil millones de dólares por la nacionalización de YPF, ahora resolvió, en un volantazo en el medio de la causa, que el Estado entregue la totalidad de las acciones que posee sobre la empresa (51%), ya que éste no realizó el pago y fue apelando en distintas instancias legales. ¿A qué se debe este giro? ¿Por qué la nueva administración estatal -que despotricó contra le empresa antes de asumir y amenazaba con privatizarla- ahora  piensa defenderla?

Para comprender el tema en cuestión, es importante como primer punto destacar que la historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tiene más de 100 años, desde que un 13 de diciembre de 1907 se descubrió el primer yacimiento en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la cantidad de administraciones, revoluciones, golpes de Estado, entre otros, que pasaron por el Estado argentino a la hora de administrar YPF fueron muchas. No obstante, recién en 1993 un gobierno rompió con el consenso de que YPF esté al servicio nacional. 

Desde allí entonces, a partir de la privatización realizada por el gobierno de Carlos Menem, YPF entró hasta la actualidad en un camino de idas y vueltas que tuvo la presencia de cinco gobiernos más (De la Rúa-Kirchner-Fernández de Kirchner dos veces-Macri-A.Fernández y ahora Milei). Entonces, es importante contextualizar en cada uno los sucesos que fueron ocurriendo.

Por empezar, la privatización llevada a cabo en 1993 se hizo en el marco de lo que hoy es modelo para varios gobiernos de índole neoliberal que ven a la venta indiscriminada de empresas del Estado como un hito. No obstante, las divisas recaudadas fueron quemadas para sostener el 1 a 1, y una vez que estas se terminaron, el Estado quedó totalmente quebrado, sin divisas ni maquinarias para producirlas. 

La particularidad de esta privatización explica hoy la situación que vive YPF en tribunales extranjeros: entre las cláusulas de aquella venta a Repsol, figuraba que si el Estado nacional quería recuperar las acciones de la empresa debía abrir a concurso público con los acreedores (los cuales serían los que Repsol decidiese a partir de allí, probablemente en el plano internacional, cosa que sucedió). Esto llevó la discusión jurídica a esa cancha, en este caso a Nueva York, particularmente por fondos de inversión con oficinas allí que compraron acciones de la empresa.

Como sería de esperar, la gestión de Menem transcurrió entonces con la empresa fuera de Argentina, así como durante el breve paso de Fernando De la Rúa en sus dos años de gestión. No sería sino hasta la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, quien llegaba con una línea nacionalista y justicialista, que se barajaría nuevamente la posibilidad de su reestatización. Este hecho finalmente sucedió en 2012, cuando durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se llevó adelante la reestatización del 51% de las acciones tras ser aprobada en ambas cámaras legislativas la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley N° 26.741), el marco legal que permitió al gobierno recuperar YPF.

A partir de aquí entonces, al realizarse la maniobra sin abrir a concurso público, se desataría la puja en donde entra el fondo buitre Burford, que compró los derechos de litigio de accionistas minoritarios, para luego vender esas mismas acciones, especulando con qué posibilidad tendría de ganar dicho juicio. A esto se dedica un fondo buitre.

La postura entonces que tomaron las distintas administraciones que le sucedieron a CFK dependieron y dependen de su retórica, por un lado, y por el otro de su cohesión en la acción con esa retórica. En 2015 asumió la presidencia Mauricio Macri quien en su línea discursiva reivindicó varios de los movimientos menemistas de corte neoliberal, pero en la acción, YPF siguió su curso, mientras Burford ya operaba por detrás. Cabe destacar que Macri sumó a su mesa política a Javier Iguacel como ministro de Energía, quien es un empresario de esta área, y hace considerablemente poco tiempo compró, a través de su empresa Bentia Energy, cuatro pozos no convencionales de YPF. Este movimiento fue en agosto de 2024 y fue el primero de la empresa, fundada por Iguacel un mes antes. Podemos empezar a imaginar un panorama.

Lo que le siguió a Macri fue la gestión de Alberto Fernández, quien quizás aglutina su mayor obra en su pobre gestión en torno a YPF: gracias al financiamiento recibido a través del impuesto a las grandes fortunas ejecutado en pandemia se construyó el gasoducto Néstor Kirchner, que conecta lo producido en Vaca Muerta desde Neuquén a Buenos Aires. 

Si bien Fernández se definió a sí mismo como un mero “administrador del Estado”, y es difícil conectar su retórica con los hechos, si algo se puede destacar en aquel momento sobre YPF es la labor del presidente designado, Pablo Gonzalez, quien finalizó una gestión que dejó a YPF con números en alza, sumado al descubrimiento de un nuevo pozo no convencional (Palermo Aike), la profundización de explotación sobre Vaca Muerta y la distribución tanto al interior del país como hacia Chile, Bolivia y Brasil, finalizando el gasoducto pero también dos oleoductos. También, durante la gestión de Gonzalez, se firmó la negociación que eximió de culpas a YPF sobre una denuncia de otro juzgado yankee (Nueva Jersey), que la hacía responsable por contaminación de ríos en 2005, cuando una empresa comprada por Maxus, a su vez comprada por Repsol cuando ésta tenía la firma, realizó maniobras con químicos altamente contaminantes. Finalmente tanto YPF como Repsol fueron absueltas.

En paralelo a esto, Burford siguió adelante con la causa principal hasta que en 2023 Preska absolvió la responsabilidad de YPF y condenó al Estado argentino a pagar la suma ya conocida por no abrir a concurso público a acreedores. El gobierno apeló, y así llegamos a la actualidad.

El 19 de noviembre de 2023, Javier Milei triunfó en el balotaje de las elecciones presidenciales. Por aquellos días, no solo la política en sí, o el estado en que se encontraban la salud y educación pública eran temas de debate en la opinión pública, sino también YPF ¿Por qué? Porque así como los dos ítems nombrados anteriormente, la petrolera era objeto de ataque a modo de desprestigio del por entonces flamante presidente, quien estaba seguro de que ésta era deficitaria, y que había que vender sus acciones. 

Esto incluso fue reafirmado al otro día del balotaje, en un acto de regocijo, pero 20 días después el nuevo gobierno cambió de opinión ¿Será que finalmente vieron que la empresa era superavitaria? Sin que me conste, me arriesgo a decir que la respuesta es no. 

Por empezar, no hay que dejar de lado que los Iguacels de la vida merodean también a este gobierno, por lo que en este caso, la elección del gobierno podría ser por el criollo que nos vende” antes que “el gringo que nos compra”. No obstante, el análisis tiene un punto más fuerte que está en el cotidiano, más allá de las ventas que se puedan hacer a empresas como Bentia. 

Bien es sabido que el modelo de dólar fijo, ficticio, controlado, tablita o como se le quiera llamar, demanda una cantidad de divisas gigante y que a su vez este modelo no permite desarrollarse en áreas industriales que le darían de manera natural estas divisas. Por ende, con el agro descartado por el tipo de cambio bajo, el gobierno debe apuntar a otra fuente de cosecha rápida; para esto se diagramó el obsceno blanqueo de dudosísimas procedencias y el RIGI, de entrega de concesiones y tazas también absolutamente obscenas. En esa ilogicidad de negocio se ve de lejos un solo factor: la necesidad del gobierno de juntar divisas rápidas y cortoplacistas para mantener el tipo de cambio y, a su vez, la nula rentabilidad de un país en recesión para las inversiones, ya que ni así “llueven” estas.

En esta lógica, el sector más rentable es el minero, por la cotización de sus diversas comodotties en mercados internacionales, y casualmente, por el desarrollo que tiene Argentina con los diversos pozos convencionales y no convencionales y la facilidad que le permite tener un brazo de trabajo y extracción estatal como lo es YPF. Entonces la pregunta que resta es ¿Milei se volvió nacionalista y quiere la empresa para tener combustible y energía barata en la Argentina?¿O la necesita para distribuirla en el mundo y que entren divisas rápidas al Banco Central? Pueden sacar sus conclusiones.


Joaquín Bellingeri

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