Ni un mísero veto resuelve el desastre financiero

Ni un mísero veto resuelve el desastre financiero

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En paralelo a la cruda imagen de represión a los jubilados, el Indec confirmó que la inflación de agosto fue del 4,2%. El objetivo de perforar los cuatro puntos se aleja para un Gobierno nacional que ha demostrado ser capaz de recortar cualquier área a fuerza de palos para conseguir un número al que no llega, mientras en el camino vende las divisas obtenidas.

En la misma jornada en la que el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la recomposición del 8% propuesta por Unión por la Patria y aprobada por ⅔ del Congreso, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que la inflación del mes de agosto fue del 4,2%. Mientras tanto, afuera del recinto, el protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirma una vez más que el oficialismo está dispuesto a recortar a cualquier sector vulnerable a fuerza de represión, en pos de un número que no logra conseguir.

Desde el inicio de la nueva gestión nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, centró su plan en generar dos números “fiables” para atraer inversiones extranjeras: el superávit fiscal y la reducción del dígito inflacionario. Si bien el primero lo logra desde enero, aún no llega la promesa de dinero extranjero, mientras que la segunda choca una y otra vez contra su propia inconsistencia.

Para lograr este superávit financiero, el titular de la cartera económica dispuso una mega devaluación al son de una liberación de precios y un congelamiento de los salarios que “enfríe” la economía, ya que el nivel de compra general se retrajo, lo cual, en sus planes, bajaría la inflación rápidamente. De manera penosa, lo único que bajó fue la propia inflación generada por estas medidas, pero la barrera de cuatro puntos, impuesta como meta por el propio Caputo hace ya dos meses, no logra ser superada.

El dato repartido por el Indec es incluso peor que el del mes pasado, no solo porque por segundo mes consecutivo se resiste al objetivo oficialista, sino porque además mostró un rebote de 0,2, todo esto aún con la contención del tipo de cambio oficial, atrasado tanto para el sector agroexportador como para el Fondo Monetario Internacional. Esta actualización podría ser lapidaria, ya que Caputo esperaba el ingreso de divisas por inversiones antes de tener que llegar a esta instancia.

Sin embargo, las inversiones no llegan ante la legible fragilidad de un plan sostenido a ajuste y represión, tal y como se vio nuevamente este miércoles cuando jubilados y jubiladas se expresaron ante la negativa de una mínima recomposición para el sector sobre el que más se sostiene el ajuste. A su vez, las divisas que el gobierno había logrado comprar durante el primer trimestre con este recorte presupuestario sobre el Producto Bruto Interno, fueron vendidas durante los meses posteriores para intervenir precisamente el tipo de cambio Blue, que se disparó ante el atraso del oficial. En este punto se vio cómo el gobierno realizó un “manotazo de ahogado” para que las benditas inversiones lleguen.

Si bien ahora un caudal de inversiones podrían llegar mediante las estrategias de liquidación del gobierno como lo son el blanqueo de capitales, el Régimen a las Grandes Inversiones o la misma venta de empresas públicas, la situación financiera del gobierno pende de de un hilo desde hace meses, cuando el blue se separó por su cuenta como señal de que el plan se había agotado. Solo un fuerte ingreso mediante una de las tres vertientes nombradas anteriormente pueden llegar a rescatar dicho plan antes de que alguna de las variables liquidadas haga estallar un nuevo proceso inflacionario o, lo que puede ser aún peor, una nueva intervención sobre las reservas de cajas de ahorro.

“Todo esto debe tener un costo político; las reservas cada vez bajan más, puede haber algún ingreso mediante el RIGI, o de las privatizaciones, pero tiene un lapso corto, a Cavallo en los 90 le duraron dos años”, explicó al respecto la economista y docente, Clara Razu, en comunicación con Radio Trinchera.

Este panorama mencionado demuestra lo en vano que son las imágenes vistas este miércoles en las calles de Buenos Aires, o el miércoles anterior, o en ocasiones anteriores como la represión ante la Ley Bases. La variable de ajuste del gobierno, es decir los trabajadores y jubilados, son reprimidos constantemente (como nunca debería suceder), pero a su vez, a costa de un plan financiero totalmente inconsistente.

“Parece que el piso de la inflación es cuatro, y mientras que en los primeros nueve meses de Milei la variación de precios fue del 144%, mientras que en la misma comparación con Alberto Fernandez y Massa te da 23% y 119% respectivamente”, aseguró por otro lado Razu, sobre el informe publicado el mismo miércoles por el economista Alfredo Serrano Mancilla, y reiteró: “Hay algo que no está funcionando porque los dólares no llegan, y evidentemente el déficit fiscal no es el problema, pero de eso se encargará el presidente el domingo cuando presente el presupuesto”.


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Petrolera inglesa investigada por extracciones ilegales en Malvinas adquirió concesiones en Vaca Muerta

Petrolera inglesa investigada por extracciones ilegales en Malvinas adquirió concesiones en Vaca Muerta

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Se trata de Harbour Energy quien compró los derechos de la firma alemana Wintershall Dea, que también posee activos en el mar frente a Tierra del Fuego. Durante 2021 el Gobierno nacional intentó sancionarla debido a explotaciones ilegales dentro de la PCA, pero ésta se retiró del proyecto antes del fallo, oficializado un año después.

La empresa de origen británica Harbour Energy finalizó la compra de los activos de su par alemana Wintershall Dea, por un monto final de 11 mil millones de dólares. La cartera obtenida por Harbor contiene una serie de concesiones en distintos pozos petroleros en el mundo, entre los que se encuentran Vaca Muerta y el mar frente a Tierra del Fuego.

La noticia dentro del mundo empresarial-extractivista llama la atención en particular en la Argentina debido al historial de la petrolera británica que ahora poseerá las concesiones de dos zonas estratégicas para el país. Resulta que la misma fue investigada y -casi- sancionada en 2021 junto a Chrysaor Holdings Limited, de la misma bandera, y Navitas Petroleum LP, de Israel, debido a la explotación de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion en las Islas Malvinas. Se estima que el mismo alberga una capacidad de 700 millones de barriles de petróleo, siendo el más rico de todo el archipiélago.

Por esto mismo, en el año nombrado anteriormente, quienes eran secretarios de Energía, Darío Martínez, y de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, iniciaron un proceso de sanciones enmarcados en la ley 26.659, debido a que sendo yacimiento se encuentra dentro de la Plataforma Continental Argentina (PCA), más precisamente ubicada en la Cuenca de Malvinas Norte.

Asimismo, dentro de las denuncias realizadas en aquel momento se informó que las explotaciones británicas e israelíes se llevaron adelante con “licencias ilegales de autoridades ilegítimas”, al mismo tiempo que la ley 26.659 encuadra que es punible “tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos”. 

Pese a todo esto, finalmente dicha sanción no prosperó, ya que para cuando se definió en 2022 Harbour se había retirado del proyecto, el cual quedó en manos de sus otras dos socias. Con este historial, Harbour Energy vuelve a la carga con la compra de estos activos dentro del territorio argentino, lo cual no parece que vaya a importarle al actual Gobierno nacional, en el marco de la política soberana y extractivista que ha desarrollado hasta ahora con la sanción del Régimen a las Grandes Inversiones, o en inacciones frente a situaciones como la avanzada del propio Reino Unido sobre el control marítimo en Malvinas, sucedido en marzo del año corriente. 

A esto además hay que sumarle la consulta popular del gobierno británico a los habitantes de Malvinas para realizar una explotación sobre el territorio que corresponde a casi la totalidad de recursos en hidrocarburos, realizada en el mes de julio. El proyecto fue estipulado con la misma empres israelí Navitas, por lo que, hilando diversos sucesos, es visible como dos o tres empresas que representan ni más ni menos que al imperio Inglés buscan no solo avanzar en su plan original de 1833, cuando fue tomado por primera vez el archipiélago, sino ampliar su base hacia el resto del Atlántico sur, Antártida, y, en este caso, la patagonia si se trata de Vaca Muerta.  

Debido a la sanción finalmente aplicada durante 2022 a las empresas que aún se mantenían en el proyecto en Sea Lion, Navitas recibió la sanción del Gobierno nacional. No obstante, Harbour concretó la compra mencionada anteriormente, lo cual sin dudas traerá nuevos dolores de cabeza para la soberanía nacional, aún sin que esta cuente con su mano derecha israelí.

 

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Otro retroceso en Soberanía: el Gobierno detuvo todos los proyectos espaciales argentinos 

Otro retroceso en Soberanía: el Gobierno detuvo todos los proyectos espaciales argentinos 

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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales está sin directorio nombrado desde hace más de ocho meses y su empresa asociada VENG, tiene prácticamente paralizado el lanzador. También se redujeron al máximo las tareas en los tres satélites que Invap tiene en desarrollo (el SABIA-Mar y el Saocom2, y SG-1 para ArSat).

Actualmente, el sistema científico y soberano de la Argentina se encuentra en ataque ya que desde que asumió la nueva gestión en el Gobierno nacional, no se nombró ningún reemplazo en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Es más, el organismo no se reúne desde el año pasado. En este sentido, uno de sus integrantes comentó (de manera confidencial) que “la situación presupuestaria es terrible”.

Según fuentes de la institución que mantendremos en anonimato, a pesar de que los cargos en el directorio de la Conae y de Veng (empresa subsidiaria encargada del desarrollo del Tronador II y de otras aplicaciones de tecnología aeroespacial), son ad honorem, estaría la intención de incorporar personas que carecen de las capacidades técnicas indispensables.

Si no se pueden pagar los sueldos en la Conae y en Veng, que es la que opera los satélites que están en órbita, peligra su sostenimiento en el espacio. Con una planta de 460 trabajadores, en el mes de agosto los fondos para la compañía tecnológica llegaron el día 31.

 

Cabe señalar que los miembros del directorio de la Conae se nombran por decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, varios mandatos se vencieron y aún no se nombró al presidente ni al vicepresidente y según el estatuto, en este caso, la persona a cargo debería ser es el ministro o secretario del área de ciencia y tecnología, y eso no se cumplió, por ende no hubo ninguna reunión de directorio en todo este 2024.

Por el momento quien se hace cargo de tomar decisiones sobre las colaboraciones internacionales para darles continuidad a las que ya están en marcha, es el director ejecutivo y técnico, Raúl Kulichevsky. Pero al no haber directorio, tal director no tiene la posibilidad de firmar acuerdos para otras iniciativas.

Con respecto al presupuesto, por lo que pudo saber Trinchera, ya fue ejecutado de manera completa todo lo que se había sido prorrogado el año pasado, y el refuerzo que les fue adjudicado es solo para gastos corrientes y sueldos. Es así, que sin recursos y con una gestión fuertemente severa, también se redujeron al máximo las tareas en los tres satélites que Invap tiene en desarrollo (el SABIA-Mar y el Saocom2, para Conae, y SG-1 para ArSat).

En la actualidad las autoridades del área estuvieron de acuerdo con un pedido de refuerzo para gastos de capital y pagar las deudas que tiene la Conae con algunas empresas, sin embargo el Ministerio de Economía todavía no autorizó nada. Fuentes de Invap comentan que parece haber una disociación entre los funcionarios del área de ciencia y las “altas jerarquías”.

La forma en que se está manejando el gobierno de Milei, lejos está de ser la más óptima para Argentina, que ha liderado la actividad espacial en Sudamérica en las últimas décadas. El país supo implementar un programa de desarrollo de satélites de observación terrena y de comunicaciones, tiene radares y un lanzador en fase de elaboración. Incluso así lo reconocen otros países de la región y lo atestiguan sus colaboraciones con la Agencia Espacial Europea y la NASA, entre otras.

Estos laureles fueron paleados por políticas de Estado que se mantuvieron en el tiempo, y además, permitieron formar recursos humanos altamente especializados sobre la base de un Plan Espacial Nacional diseñado y coordinado por la Conae, creada en el año 1991.

Según sostuvieron, integrantes de la agencia responsable del Plan Nacional Espacial, lo que “más me preocupa es que quieren nombrar a los responsables a espaldas de las propias instituciones, sin que importe el prestigio que tiene, ni que esté en riesgo la colaboración con agencias internacionales e incluso el manejo de los satélites que están en órbita”.

En paralelo, el físico y cofundador de Invap en 1976, y alma mater de la Conae entre 1994 y 2018, Conrado Varotto, explicó: “El presupuesto nunca dejó de ser un problema. Pero el tema pasa por cuál es el umbral. En el área espacial, espero que no peligre el manejo de los satélites. Por lo que tengo entendido, de alguna forma le están buscando la vuelta. La tienen difícil”.

Para el físico argentino lo más alarmante es que no se contemple la gravedad de interrumpir estos programas sin dar al mismo tiempo un mensaje esperanzador. “La sensación que tengo es que el déficit fiscal está por encima de todo, no importa qué. Y si para evitar el déficit fiscal hay que hacer lo que sea, se hace. Cuando usted traza una política general de ese tipo (como si fuera un país en guerra que tiene que dedicar el 50 o 60% del presupuesto al esfuerzo bélico), es difícil atender cuestiones más profundas”, comentó.

“Para mí, mucho más serio que el problema de presupuesto es el de la perspectiva, ya que desde mi punto de vista, si aunque uno no tenga plata, da el mensaje desde el máximo nivel de la conducción del país de que la ciencia y tecnología son fundamentales, que son las que nos van a permitir el avance, que esto es un sacrificio momentáneo, pero que entendemos que, por ejemplo, el espacio es ultra importante, que no podemos quedarnos atrás, tenemos un nivel muy alto, y en dos o tres años vamos a tratar de que todo se recomponga. Pero están con la cabeza en la parte económica”, prosiguió Varotto.

“En lugar de decir ‘No hay plata y vamos a dejar de hacer todo’, habría que decir ‘Aguanten, en poco tiempo nos ordenamos y ustedes son los que nos van a hacer volar’”, advirtió. “Si realmente se resolvieran los problemas actuales y el país empezara a crecer, dejaría de hacerlo justamente por eso. Es como si usted tuviera que cultivar un terreno y para eso tuviera que remover e incendiar todo. En el camino tiene que cuidar las semillas, sino después no va a poder sembrar”, concluyó Varotto.

De esta manera, se puede observar que ni la Conae ni Veng están a salvo de los ataques al sistema científico que se renuevan a diario y configuran un proceso de destrucción sin precedente por parte del mandato libertario que desfinancia el Conicet, apaga una obra pública energética de reconocimiento mundial como el Carem 25 (un reactor nacional), y busca privatizar IMPSA, o destruir Y-TEC.

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Tarifas de luz sin freno: Edenor y Edesur aumentaron facturas hasta un 200%

Tarifas de luz sin freno: Edenor y Edesur aumentaron facturas hasta un 200%

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El Gobierno nacional autorizó una suba del 4% para la temporada de invierno en el servicio de electricidad. Sin embargo, una combinación de factores hizo que los valores llegaran hasta a triplicarse, de acuerdo a lo que revelaron diversos especialistas y asociaciones de consumidores.

Los usuarios de Edenor y Edesur, que no fueron pocos, recibieron facturas en junio, julio y agosto cuyos montos se multiplicaban de 100% en 100% cada mes. Además, en todos los casos se confirmó afirman no haber realizado consumos que justificaran semejantes saltos y tampoco subió la tarifa en julio, y sí apenas un 4% el mes pasado.

El miércoles de la corriente semana, se conoció la inflación de agosto, y pese a todo pronóstico no solo no logró perforar el piso del 4% sino que se aceleró respecto al mes anterior, ya que se ubicó en el 4,2%. El aumento en las tarifas de servicios públicos fue el componente impulsor del índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto sucede por el hecho de que se acumularon subterfugios contables por la combinación de tres factores: las recategorizaciones en los ingresos de los clientes del servicio, el hecho de que el cobro sea mensual pero las lecturas de medidor bimestrales, lo cual siempre ocasiona el consumo de un mes de arrastre, y los cambios en el tope del subsidio.

El periodista Javier Slucki, en colaboración con el integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, y la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores Argentina, Sandra González, realizaron un análisis de la situación y el porqué de estos incrementos

La recategorización de los consumos según las seis categorías fue implantado durante el gobierno de Mauricio Macri (que el de Alberto Fernández dejó correr), se hace cada dos meses y no contempla estacionalidad, de modo que cuando cambia la estación, como al invierno o al verano, la diferencia en el medidor cotiza a una escala más alta en el valor de Kwh/mes, tanto en el cargo fijo como en el variable.

La fórmula que aplican las compañías es tan confusa que nadie se explica cómo es que el Gobierno hace anuncios de aumentos y lo que llega de las distribuidoras metropolitanas de electricidad, en este caso, no tenga nada que ver. El ejemplo que ponen los autores del informe es que un consumo R1 abarca hasta 150 kwh/mes y R2 entre 151 y 400 kWh/mes y así hasta R6.

Además de que los usuarios fueron segmentados por ingresos en N1, N2 y N3, de acuerdo con las declaraciones para mantener subsidios, y ahí es donde se producen saltos exponenciales: un R1 paga 833 pesos de cargo fijo y un R6  30.333 pesos, o sea 4 veces más.

En estos pases estacionales, una sola recategorización suele hacer saltar varias categorías y así un usuario puede ser que pase en un solo viaje de R2 a R5. Los cargos variables se aplican por cada kWh/mes y se encarecen al pasar de una escala a la siguiente. Por caso, para un R1 corren 34 pesos por kWh/mes, mientras que para un R6, 55 pesos. Si bien no parece mucho, pero en el momento en que se junta hace la diferencia.

Informe de Asociación de Defensa de los Consumidores Argentina

A los organismos que bregan por los derechos de los consumidores, les llamó la atención de que en junio se tuvo que consumir mucho más que en mayo por el frío, de modo que en julio, cuando las compañías tomaron estado del medidor, procedieron a recategorizar ese movimiento estacional. Y así, al mes siguiente se paga mucho más por estar en una nueva categoría R, aunque el consumo no haya sido muy distinto al de julio.

Asimismo, se constató que los call center de las empresas están preparados para responder con tecnicismos y desestimar la infinidad de reclamos que fueron llegando. En consecuencia, el camino sería las denuncias en las asociaciones de consumidores o el ENRE.

Sin embargo, la metodología de aumentar las facturas por fuera de los anuncios tarifarios no termina ahí, ya que al ser mensual el envío a domicilios de la cuenta, pero la toma de medidores cada dos meses, el monto se abulta con el acumulado del consumo no contemplado en el desdoblamiento.

En las facturas que se pagaron a inicios de julio, el cliente canceló parte de sus consumos de junio y parte de los de mayo, con lo cual los mayores kw/h que aplicó a afrontar el invierno le vendrán cargados en la factura que recibirán en septiembre, que abarca julio y agosto en parte.

En la boleta aparecerá que consumió casi lo mismo en julio y agosto, por lo que en esos meses la factura tampoco debería haber variado mucho. La cuestión es que el parangón eran consumos anteriores, estacionalmente más bajos, con lo cual automáticamente subieron una o varias categorías, y por ende, los aumentos son mayores. La otra gran ensalada viene del lado de las declaraciones que justifican los subsidios.

Otro factor clave de las subas

La otra gran ensalada viene del lado de las declaraciones que justifican los subsidios. Los usuarios de ingresos medios (N3) tienen subsidiado solo hasta 250 kWh/mes y los de ingresos bajos (N2) solo hasta 350 kWh/mes, mientras los que tienen ingresos altos o N1 pagan tarifa plena.

De esta manera, cuando se superan esos topes, se duplica el cargo variable, es decir, que si un usuario N3 promedio paga 53 pesos hasta el kWh número 250, a partir del kWh número 251, solo por ese excedente, se le va a 97 pesos, o sea, 83%.

Hasta los usuarios de ingresos medios y bajos puedan permanecer dentro de los topes subsidiados cuando las temperaturas son agradables, pero en invierno el medidor se les dispara y castigan el exceso. Los que hayan consumido en julio y agosto un poco más que en junio, pero por arriba del tope, tendrán reservada una sorpresa, porque la factura no contendrá incrementos proporcionales, sino que pegará un salto.


El gobierno de EEUU le pidió a Preska pausar el embargo de Burford a YPF

El gobierno de EEUU le pidió a Preska pausar el embargo de Burford a YPF

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La fecha para reanudar las acciones fue estipulada para un día después de las elecciones presidenciales de ese país, por lo que se pueden hilar diversos intereses que se encuentren por detrás. Hasta el momento, quien acercó la información aseguró que se trata de simples “gentilezas” del gobierno norteamericano hacia el argentino.

El gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden le pidió a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que demore su decisión final para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) le transfiera al fondo buitre Burford acciones de la empresa a modo de resarcimiento por el litigio que ganó la entidad “carroñera”. La fecha de espera fue pedida para el 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en ese país.

Pese a que la información brindada por el CEO de Latín Advisor, Sebastián Maril, hacia el medio Infobae, destaca que dicho pedido sería una acción de “amicius curiae” (conocida en el lenguaje del derecho como una intervención de una persona ajena a un litigio) en favor de la Argentina, al mismo tiempo, la fecha que da inicio a una nueva gestión en el país norteamericano como límite para dicha decisión no puede ser pasada por alto ante la posibilidad de que se tome una nueva decisión estratégica en favor de ese país. Según Maril, uno de los argumentos del gobierno de Biden es que “se trata de naciones amigas, soberanas y que mantienen buenas relaciones”.

Para entender el tema en cuestión, es importante repasar que el fallo de la jueza Preska a favor de Burford y en contra del Gobierno nacional nace a partir de la privatización de YPF, cuando la resolución de la venta a la empresa Repsol estipuló que si el el gobierno argentino quisiese en un futuro recuperar las acciones debería abrir un concurso público a todos sus acreedores antes de tomar cualquier decisión. Dicha recuperación finalmente sucedió en 2012, cuando Argentina le compró nuevamente el 51% de las acciones a la empresa Repsol. A su vez le había cedido porcentajes minúsculos a Eton Park y Petersen, a través de las cuales el fondo Buitre ingresó al litigio, comprándoles los derechos de esa acción a estas empresas. Finalmente, la jueza Preska falló en 2023 en favor del fondo buitre, obligando al gobierno argentino a pagarle la suma de 16 mil millones de dólares.

Ahora, cuando Preska aún debe ordenar que ese monto se le embargue a YPF a modo de acciones, el gobierno estadounidense pidió que la resolución no se afirme hasta el 6 de noviembre, a lo que Preska se puede negar en caso de que así lo considere. “Estados Unidos sabe muy bien que nuestro país (Argentina) violó las leyes de los mercados de capitales locales y por eso no descarto que la juez nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”, aseguró Maril.

Mientras tanto, Burford apunta a todos los recovecos posibles por los cuales pueda cobrar el dinero del juicio, ya que su única función es la de intervenir en juicios y chupar la sangre de las empresas que presentaron alguna irregularidad legal para luego vender las acciones del mismo juicio en el mercado de valores. Por un lado, apunta a incluir nuevamente a YPF en el juicio (Preska dió como único culpable al Estado argentino) y por otro, a cobrar el monto en bienes internacionales del propio Estado. 

Para acceder a estos lugares, Burford intenta comprobar ante la justicia que YPF funciona de manera orgánica al Estado nacional, y no de manera autárquica e independiente como lo es en su estructura legal. En esa línea, el fondo buitre intenta cobrarse la cuajada por donde sea, e incluso ve con buenos ojos entidades estatales como el propio Banco Central, el Banco de la Nación Argentina (BNA),  y empresas como Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas.

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