A los números en picada de la actividad económica, industrial y capacidad instalada en las empresas, se le suma la decisión política del gobierno de entregar enteras distintas ramas de producción. En este caso, recientes desfinanciamientos e intentos de venta de IMPSA, PIAP y Nucleoeléctrica atentan contra la soberanía atómica, un legado que se formó con la CNEA y que construyó, entre otras, Atucha I y II.
Como en casi todas las líneas, el gobierno nacional avanza en el desfinanciamiento de empresas relacionadas al sector de la energía nuclear, con el objetivo de resquebrajarlas de manera económica y estructural. Así ocurre con Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), que se encarga de la generación de energía hidroeléctrica, nuclear y renovable; y con la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), que se encarga de producir agua pesada, fundamental para el funcionamiento de la energía nuclear, y que se encontraba en proceso de refacción para volver a ser puesta en funcionamiento. Ante el cambio de gobierno, tales obras fueron paralizadas. Todo esto se da, a su vez, en un marco donde la empresa argentina Nucleoeléctrica, clave para la creación de la centrales nucleares Atucha I y Atucha II, fue incluida en la lista de privatizaciones en la Ley Bases aprobada durante junio, en uno de los grandes logros recientes del gobierno libertario.
Para contextualizar en términos industriales, es de público conocimiento que la destrucción de distintos nodos productivos a través del desfinanciamiento, sumado a la caída estrepitosa del poder de compra producto de la destrucción del poder adquisitivo (todos resultados de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei), las ventas para la mayoría de las empresas, públicas o privadas, cayeron estrepitosamente junto a otros índices como el de la actividad industrial y la capacidad instalada. Esta última, por ejemplo, fue del 57% en su última medición, un nivel que indica la baja total de la economía Argentina en sí.
Por el lado de las empresas públicas, el gobierno aplica la misma técnica ya conocida para hacer “rentable” la venta de las mismas: ahogarla en términos presupuestarios, parar su motor industrial para finalmente declarla en bancarrota, y poder justificar su venta. Estos parecen ser los procesos que lleva adelante La libertad Avanza con IMPSA y la PIAP, en un marco donde los cañones apuntan a Nucleoeléctrica desde que salió el primer borrador de la Ley Bases.
Ahora, mientras que el oficialismo ya se aseguró tener la potestad de vender a la que fue el motor de construcción de Atucha I y Atucha II, desde IMPSA y PIAP denunciaron el atraso de pagos, congelamiento de actividades e inversiones y otras maniobras que se pueden hilar en esta mecánica de venta ya conocida. En el caso de IMPSA, recuperada por el Estado argentino al declararse en bancarrota en 2021, sus más de 700 trabajadores denunciaron retrasos en el pago de sueldos, mientras que el gobierno nacional, en conjunto con el de la provincia de Mendoza, comenzaron un plan para deshacerse de la mayoría de las acciones de la misma a través de una capitalización que busca inversores privados. Por el momento, el Estado Nacional posee el 63% de dichas acciones, mientras que otro 21% corresponde al Estado de Mendoza, y el 15% restante a privados.
Al mismo tiempo, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Mendoza, Luis Marquez, presentó ante la Secretaría de Trabajo una denuncia en la cual se asegura que los trabajadores de la firma no percibieron el 18% de aumento previsto para junio, sumado a la falta de aguinaldos: “Hay un problema con los aguinaldos y lo sabemos. Hemos tenido una serie de reuniones con los delegados y con la empresa, que manifiesta que tiene problemas con el cobro de algunas obras, pero no nos han respondido cuándo pagarán. Hemos hecho un pedido en la Subsecretaría de Trabajo y estamos esperando fecha para la audiencia. Estamos muy preocupados por la situación”, aseguró.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona fue fundada por Enrique Pescarmona en 1907, y se ubica como una de las más importantes en Latinoamérica en la producción de energía hidroeléctrica. Tiene presencia en 30 países en los que ha instalado un total de 45.000 MW y opera directamente en 10, además de ser la empresa latinoamericana que ha instalado más centrales de energía eólica, y está considerada como la empresa con mayor experiencia en generación de energía hidroeléctrica.
Por otro lado, otro de los motores para la producciones de átomos para la actividad nuclear, que es la PIAP, experimenta un cese en sus actividades para volver a la actividad. La productora de Agua Pesada fue desfinanciada en 2017, ante lo cual el país comenzó a importar el producto desde Rumania. Con el gobierno de Alberto Fernández se realizaron preparativos para poner de nuevo en funcionamiento dicha producción, pero el cambio de gobierno y de rumbo industrial irrumpió en la mitad del proceso.
Actualmente, los más de 120 trabajadores del complejo industrial se muestran preocupados ante el incumplimiento del contrato de refacción, ya que se había acordado la contratación de personal calificado para realizar los trabajos que, según se había estipulado, pondrían en funcionamiento a la PIAP en 25 meses. Sin embargo, nada de esto ocurre actualmente.
“El freno que se le ha puesto a esto no solo complica a los laburantes, sino también complica a la economía tanto de la región como también del país”, aseguró para AM550 La Primera Matías Marchant, delegado de los trabajadores de la PIAP.
El escenario de la PIAP, en conjunto con las intenciones del gobierno nacional con IMPSA y Nucleoeléctrica Argentina, suponen un sólo denominador común: una línea oficialista que desestima las necesidades de producciones estratégicas y no le importa en lo más mínimo el funcionamiento de ningún tejido económico.
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