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Mes: abril 2024

Tras los 330 despidos en Andis alertaron que hay más de 60 mil pensiones por discapacidad frenadas

Tras los 330 despidos en Andis alertaron que hay más de 60 mil pensiones por discapacidad frenadas

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Mientras la Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra paralizada por el despido del 25% del personal y la falta de gestión de las nuevas autoridades, sus trabajadores advirtieron que tal situación provoca que haya “entre 60 mil y 80 mil pensiones paradas porque no hay nadie que las firme”, además, de provocar diferentes complicaciones en servicios fundamentales del área.

En el marco de desfinanciamiento y recorte presupuestario que lleva el Gobierno liderado por Milei, trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) advirtieron que el ente estatal “se encuentra paralizado” por el despido del 25% del personal y la falta de gestión de las nuevas autoridades. Tal situación, generó el parate en la asignación de más de 60 mil pensiones, en la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y en otros servicios fundamentales que debe brindar la Andis para la inclusión de todas las personas.

Actualmente, el país se encuentra a merced de las políticas libertarias de Milei, que genera un contexto de recorte presupuestario, de despidos masivos en todo el territorio nacional, de entidades públicas al borde del cierre, y ANDIS no es la excepción, ya que fue uno de los primeros organismos del Estado que comenzó con la ola de despidos a fines de febrero. Hasta el momento se despidió al 25% de la planta laboral de la agencia, que estaba compuesta por unos 1300 trabajadores en toda Argentina.

Al respecto, el secretario adjunto de la delegación Andis de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Ramiro Unamuno, en diálogo con Somos Télam sostuvo que “en total hubo 330 compañeros despedidos en dos tandas”. Algo no casual, es que más de la mitad de los despedidos se encuentran en el interior del país, por lo que “las personas ya no tienen dónde tramitar las pensiones, llegan a las oficinas y se encuentran con la cortina cerrada”, criticó Unamuno.

Cabe destacar que de los 330 trabajadores despedidos se encuentran personas con discapacidad; mujeres embarazadas; personas trans; delegados sindicales y hasta trabajadores con más de 20 años de antigüedad. “Nosotros somos el organismo que promueve que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad en todas las dependencias del Estado y ahora tenemos la contradicción de que estamos despidiendo a gente con certificado de discapacidad”, declaró Unamuno.

Actualmente, Argentina cuenta con un estimado de cinco millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, según los datos correspondientes al 2023 de Andis, solo 1.594.888 cuentan con el CUD. A tal situación, se le suma la desarticulación de la presencia estatal federal que va de la mano del cierre de 59 Centros de Referencia (CDR), dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, en distintos puntos del país en los que funcionaban delegaciones de Andis y otros organismos. De esa manera, la asignación de pensiones no contributivas a personas con discapacidad está “frenada hasta en tanto no se audite”, alegó el delegado de UPCN.

En este sentido, Unamuno señaló que “hay entre 60 mil y 80 mil pensiones paradas porque no hay nadie que las firme en el área. No hay un director nombrado”, y detalló que Natalia Basil, quien se hizo conocida por ser la directora de medios de La Derecha Diario, está a cargo de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, aunque todavía no fue designada oficialmente.

En consonancia, el delegado confirmó: “El organismo está paralizado en el sentido político, no hay una política en discapacidad ni ningún tipo de gestión. El director ejecutivo es Diego Spagnuolo, que es el único funcionario que fue nombrado, pero no entiende nada de discapacidad”. En paralelo, el delegado de ANDIS señaló que con el despido de muchos profesionales se “está muriendo” el predio de Andis dedicado a actividades deportivas, recreativas y de rehabilitación gratuitas que se ubica en la calle Ramsay 2250, en el barrio porteño de Núñez.

Por otro lado, la situación crítica que atraviesa el área se hizo viral en las redes, ya que durante un móvil de La Nación +, una maestra integradora que trabaja con personas con discapacidad enfrentó al gobierno libertario y aseguró que las medidas del Gobierno de ultraderecha están “vaciando” el área. Además, criticó a los medios masivos al señalar que “nadie habla” sobre el tema.

Asimismo, la entrevistada también desnudo las consecuencias del feroz recorte en discapacidad que acciona el gobierno libertario y sostuvo:“Yo trabajo en discapacidad, soy maestra integradora y siempre pensando en que hay otro que te necesita y vos le pones la mejor”, introdujo la profesional y agregó con mucho dolor: “A discapacidad la están vaciando, tampoco nadie habla de eso”.

Asimismo, la maestra integradora hizo alusión al conflicto salarial entre el gobierno y los gremios de trabajadores de transporte público e invitó al presidente a despegarse de las redes sociales, además, declaró: “Mientras el señor presidente viaja tranquilo, con custodia, seguridad… vos volvete a tu casa como puedas”, y agregó: “Hay que aguantar, dicen. Sí, yo te aguanto pero dame un respiro. No podemos seguir así. Mientras me dicen “aguantá, vos tenés la comida segura en tu mesa”.

Finalmente, esta semana el nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, envió al director de Recursos Humanos de la agencia una nota con la indicación de renovar algunos contratos, ya que “por un error material se consignó personal cuya actividad resulta indispensable”. En este sentido, Unamuno advirtió que “hubo 16 reincorporaciones, pero no estamos conformes con nada porque son solo migajas”.

Milei y Marín activan el plan de vaciamiento de YPF y venderán 55 áreas petroleras

Milei y Marín activan el plan de vaciamiento de YPF y venderán 55 áreas petroleras

Eduard Paz
TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

Esta iniciativa de desinversión de la empresa estatal será a través del Banco Santander, que estará a cargo de la operación y que ya se encargó de enviar la documentación necesaria a las empresas interesadas en adquirir los campos. Esta decisión pone en riesgo más de cinco mil empleos directos y la retirada de la petrolera estatal de Chubut y Santa Cruz.

A principios de este mes se confirmó que la empresa estatal YPF decidió, con el impulso del gobierno de Milei y del presidente de YPF (y CEO de Tecpetrol de la familia Rocca), Horacio Marín, poner a la venta bloques convencionales. Esto fue aprobado en la asamblea de febrero pasado para un paquete que contempla un total de 55 bloques a vender, ceder bajo algún tipo de asociación o también revertir a las provincias.

En este sentido, el banco Santander difundió a las empresas interesadas, el pasado 5 de abril, un plan de oportunidades de inversión que desde YPF se bautizó como “Proyecto Andes”, que alcanzará a seis provincias. Allí se revelaron los nombres de distintos bloques por los que ahora otras empresas podrán presentar ofertas buscando adquirir los campos. En caso de ratificar el interés inicial deberán firmar un acuerdo de confidencialidad para poder acceder al data room con los datos técnicos y económicos de las áreas, así como también a las condiciones de venta que definió YPF.

Tras la aprobación del directorio de YPF para desprenderse de las áreas, la entidad bancaria se encargó de la transacción y detalló cómo quedaron integrados los clúster (grupos) de bloques en cada una de las empresas. Según lo especificado en el documento citado por el medio especializado en energía y minería Econo-Journal, YPF determinó que en un mismo clúster convivan áreas de mayor interés con otras que tienen menor potencial, para desprenderse no sólo de los yacimientos productivos sino también de áreas menos atractivas.

Esta decisión de la petrolera de bandera tiene el objetivo de bajar los costos de producción, así como también de impulsar un aumento de las exportaciones de hidrocarburos, generando ingresos que permitan pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, se trata de aumentar la extracción de hidrocarburos, pero no para el abastecimiento interno sino para las exportaciones.

Sin dudas, este plan que contempla el abandono, cierre o venta de áreas petroleras maduras en distintas provincias del país acarrea grandes consecuencias, ya que para llevar adelante este vaciamiento, Milei y Marín ponen en jaque la estabilidad laboral de más de 5300 trabajadores. Al respecto la empresa estatal en manos liberales ya contrató a la consultora McKinsey, conocida por reestructurar grandes empresas con despidos y precarización laboral. 

Según lo trascendido, el acuerdo entre YPF y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado (y diputado nacional del Pro), Loma Ávila, confirma la continuidad para el 90% de los trabajadores, es decir, que va a haber despidos. En consonancia, el directorio de la petrolera ejecutará un plan de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y suspensiones por un lapso de entre 90 y 120 días, y el pago de un 80% del salario a los trabajadores, hasta que otra empresa tome el área abandonada, manteniendo la antigüedad tras el traspaso.

De esta manera, este acuerdo nuevamente lleva a que pierdan las y los trabajadores que se encuentran en los yacimientos maduros. Según fuentes consultadas por Revista Trinchera, este pasaje de personal “se va a mover desde las áreas convencionales a la no convencional y en ese tránsito, va a haber trabajadores que no se podrán designar a tareas dentro de lo no convencional”. Todas esas personas van a ser “tratadas de reubicar en las empresas que adquieran esas licitaciones y demás cuestiones, despidos básicamente disfrazados de algún tipo de arreglo”.

“A nivel producción hay otro problema, ya que el año pasado se tuvo un desabastecimiento de gasoil, algo que se produce fundamentalmente a partir de la destilación de petróleo pesado; y los yacimientos no convencionales no dan petróleo pesado, entonces vos vas a tener una convivencia de yacimientos maduros que producen petróleo pesado para destilar gasoil en declive, haciendo que YPF deje de tener en manos la producción de petróleo pesado y debamos volver a importar gasoil”, aseguró la fuente consultada.

A nivel social, esta decisión también genera conflictos, ya que pueblos que viven o subsisten exclusivamente de la producción convencional van a entrar en crisis, algo que ya pasó en los años 90. “Tenés un pueblo que tiene una economía regional que se basa en la explotación de un yacimiento maduro y eso te mueve gran parte de la economía, que sea poca o mucha es el sustento que tienen algunos pueblos del sur de Mendoza, norte de Neuquén, o más al sur en lugares como Comodoro y Caleta Caleta Olivia. Son muchos los pueblos que se fundaron con el petróleo y si hoy esa actividad merma o baja son pueblos que quedan totalmente en el abandono”.

Pero los problemas no terminan ahí. Hay uno más que es el pasivo ambiental: las necesarias remediaciones de pozos en la mayoría de los contratos de licitación o de entrega de este tipo de pasajes de administración de yacimientos, nunca se tocan. Al respecto, la fuente consultada sostuvo: “Los principales afectados en esto son los municipios, porque las provincias y Nación en su mayoría no le prestan atención. Pasan las empresas y se van tirando la pelota y son instalaciones muy viejas, de pozos muy antiguos que nadie hace la remediación, ni nadie se hace cargo”.

Si tomamos Comodoro Rivadavia, capital del petróleo, vemos una ciudad con más de cuatro mil pozos mal sellados, generando una contaminación y daños ecológicos que acarrean toda la cadena de explotación, ya que contaminan cielo, tierra y agua, y afectan tanto la biodiversidad como la salud humana. El petróleo caló hondo en la comunidad en todas las dimensiones imaginables, basta recorrer la ciudad para observar su urbanización, esculpida caprichosamente a partir de los intereses de la industria petrolera. Por el cerro Chenque, Comodoro Rivadavia se encuentra separada (en sentido literal) en dos ciudades: de un lado, el centro comercial de la ciudad, y del otro, la “Zona Norte” de la ciudad, relacionada con la explotación petrolera.

Los impactos ambientales deben medirse también en la cantidad de piletas secas tapadas de forma precaria, en cumplimiento de normativas laxas que existían hasta la década de los 90. A esto se suma los ductos abandonados, tanques en desuso y el necesario rastreo de material radiactivo que se manejó por la zona.

Un golpe a la historia

Hace 105 años el bautizado “Equipo patria”, germen de lo que luego sería YPF, logró que el pozo descubriera no sólo petróleo, sino lo que hoy es la principal cuenca productiva del país. El denominado Pozo 1 se ubica en el área Octógono, uno de los 55 bloques que un siglo después el directorio de YPF acaba de poner en venta como parte de un plan de desinversión de campos maduros.

En Neuquén son siete las áreas que YPF puso a la venta, divididas en dos bloques: norte y sur. Se trata del paquete con la mayor producción de petróleo de todo el grupo neuquino, ya que en conjunto representan 2.665 barriles diarios. La decisión de vender estas áreas marca dos puntos centrales para YPF. El primero, es que la venta incluye a la cuna misma de la presencia de YPF en Neuquén, y el lugar donde se descubrió por primera vez petróleo -una década después del hallazgo histórico de Comodoro Rivadavia- y se trata del área Octógono.

El segundo punto es que la petrolera estatal dejará de tener presencia como operadora en la zona de Cutral Co – Plaza Huincul, la cuna de los hidrocarburos de la provincia y de toda la Cuenca Neuquina, que es hoy la principal productora de gas y petróleo del país.

Los Clúster y Áreas en venta

En Chubut (serán cinco campos) tiene el clúster El Trébol con el área El Trébol – Escalante, con 7.112 bbl/d de petróleo y 38 km3/d de gas, y el clúster Campamento Central – Cañadón Perdido con el área homónima, que alcanza los 1.546 bbl/d de crudo y 5 km3/d de gas. Además, Chubut cuenta con el clúster que agrupa a las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga con 416 bbl/d de petróleo y 15 km3/d de gas.

Por su parte, en Mendoza, YPF aspira a retirarse de 14 áreas convencionales, que fueron divididas en tres clústers: Mendoza Norte, agrupa a los bloques maduros Barrancas, Río Tunuyan, Ceferino, Mesa Verde, La Ventana y Vizcacheras. La producción total de Mendoza Norte, ubicado sobre la cuenca Cuyana, es de 11.725 barriles diarios de petróleo (bbl/d), mientras que suma 99 km3/d de gas.

Luego en Mendoza Sur, que está también en la cuenca Neuquina, contiene El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chuhuido de la Salina S y Concluencia Sur. Produce 2.090 bbl/d de crudo y 844 km3/d de gas. El clúster Llancanelo cuenta con las áreas Llancanelo y Llancanelo R y produce 1.818 bbl/d de petróleo y 2 km3/d de gas.

La provincia de Neuquén (siete áreas) tiene Neuquén Norte que agrupa los campos maduros Señal Cerro Bayo, Volcán Auca Mahuida, Don Ruiz y Las Manadas y produce 2.665 bbl/d de crudo y 121 km3/d de gas. El clúster Neuquén Sur con Al Norte del Dorsal, Octágono y Dadin y tiene una producción de petróleo de 1.266 bbl/d y 419 km3/d de gas.

En tanto, Río Negro (dos campos) tiene el clúster SP-PB con el área Señal Picada – Punta Barda, que produce 4.022 bbl/d de petróleo y 86 km3/d de gas y el clúster EFO, donde está el campo Estación Fernández Oro, con una producción de 1.389 bbl/d de crudo y 890 km3/d de gas. Por último, Tierra del Fuego (dos bloques) tiene las áreas en un mismo cluster (TDF) con los campos Poseidón y Magallanes, con una producción de 1.693 bbl/d de crudo y 1.131 km3/d de gas.

Eduard Paz

Proveniente del sur, me instalé en la ciudad de las diagonales. Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano. Siempre me vas a tener al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.

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Brutal represión del gobierno a trabajadores

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Redaccion Trinchera
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El pedido de condiciones dignas de vida ante la inminente crisis alimentaria, pobreza ascendente y la desarticulación a adrede hacia las cooperativas de trabajo finalizó con golpes y detenciones ilegales hacia los manifestantes. El protocolo de represión de la ministra Bullrich hizo su aparición una vez mas.

Ante la inminente crisis alimentaria profundizada con el recorte nacional en alimentos para los comedores sociales a lo largo y ancho del país, en un marco de licuación del poder adquisitivo que llevó a la pobreza al 60%, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otras organizaciones sociales por fuera del sindicato, realizaron este miércoles una nueva instancia del plan de lucha y emergencia social que se lleva a cabo desde hace meses.

La desestabilización del programa de contraprestación Potenciar Trabajo y la desarticulación de varias cooperativas a través de la baja de las potestades legales fueron un cimbronazo para millones de trabajadores cooperarios que vieron como, en una elección azarosa, su construcción burocrática que visibiliza su trabajo fue dada de baja de un momento para el otro. “Ellos piensan que sacándonos los alimentos o salarios y cortando la posibilidad de coordinar, organizar o ser parte de un colectivo nos van a dejar fuera de juego, y eso es un error”, aseguró en diálogo con Radio Trinchera la Coordinadora Nacional de la CTD Aníbal Verón y referenta de la Corriente NuestraPatria, Fernanda Pereyra.

Pereyra, de larga trayectoria en la construcción de las organizaciones sociales y el trabajo cooperativo como salida a los altos niveles de desempleo y pobreza percibidos en la década del 90 y a principios de los 2000, explicó que justamente estos sectores de la economía nacieron en la lucha por los programas que hoy el gobierno de La Libertad Avanza pretende desarticular. “Las organizaciones nacimos todas sin esos beneficios que justamente logramos en lucha, y no, no vamos a dejar de existir porque ellos decidan sacarnos la potestad de las unidades de gestión y certificación”, rememoró, y además afirmó: “Enfrentamos a un gobierno que tiene como objetivo la eliminación y la desarticulación de los movimientos populares y organizaciones sociales, con medidas despiadadas como faltantes de mercadería desde que asumieron el 10 de diciembre”.

Para variar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el operativo nacional dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrentó la movilización mediante una brutal represión de efectivos policiales, con golpes y detenciones ilegales, además de la utilización de gas pimienta y chorros de agua de camiones hidrantes, hecho celebrado por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien a esta altura de las circunstancias ya se convirtió en un digno represor de procederes dictatoriales.

Mientras el plan del Gobierno nacional de miseria planificada funciona a la perfección, con la desregulación de precios a las grandes empresas de cada rubro de este país (en las últimas dos semanas se dieron de baja la yerba mate, harinas y ahora los de cable, internet y celular) la inflación no cesa y los salarios cada vez se pulverizan más, acrecentando una brecha de pobreza cada vez mayor. Como si esto fuese poco, el paso siguiente de este malévolo proceder son situaciones como las narradas previamente, con un aparato represivo que promete golpear y detener a quienes reclaman condiciones dignas de vida.

Más allá de ello, las organizaciones sociales nacieron de este barro, y bien saben lo que significan este tipo de situaciones. “Nosotros vamos a seguir organizando, vamos a seguir laburando el territorio, porque somos los que lo caminamos, y cada compañero decidirá cuál será su destino, pero ante más complejidad se necesita más organización, no funciona como el gobierno cree”, concluyó Pereyra.

Otro desguace de Nación: desmantelaron el Comité de Lucha contra la Trata

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Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Cerca de 40 integrantes del organismo de todo el país fueron desvinculados luego de confirmarse que el área quedaría a cargo del Ministerio de Seguridad, encabezado por Bullrich. Al respecto, la organización La Alameda sostuvo que esta decisión implica una ruptura de la estructura federal y la paralización de la asistencia a las víctimas.

Esta semana el Gobierno nacional confirmó que el Comité de Lucha contra la Trata no estará más bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y pasará al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. En consonancia con tal decisión, desde la cartera de seguridad decidieron desguazar el organismo, de esta manera, desvincularon cerca de 40 delegados y delegadas de todo el país. La decisión fue comunicada por la directora designada del área, Verónica Toller.

Con respecto al comunicado, se hizo de manera informal, improvisada y carente de toda sensibilidad hacia las personas que cumplieron su función, algo característico en el gobierno liberal de Milei. La resolución implica un desmantelamiento de todo el sistema en Argentina y la paralización de la asistencia a víctimas, denunció en un comunicado la organización La Alameda, la cual lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico.

Al desguace del Comité, se le suman los despidos en Senaf, el Programa de Rescate y el Ministerio de Trabajo, todos estos organismo comparten algo en común, y es que estaban vinculados directamente a la lucha contra la trata.

Al mismo tiempo que más de 150 víctimas rescatadas desde diciembre a la fecha son privadas de toda asistencia, lo que genera una exposición a situaciones revictimizantes, contrariando la legislación nacional e internacional. En ese sentido, La Alameda expuso que de esas víctimas “ninguna recibió la más mínima asistencia económica pese a la obligación que tiene el Estado Nacional por su legislación y adhesión a convenios internacionales”. 

En este contexto, la doctora Roxana Contreras, integrante del Comité sostuvo: “Es una situación muy triste porque no es únicamente el comité sino que son muchísimos organismos que prestan un servicio a la comunidad y entre esos, es el desguace del comité. La noticia ha sido tomada con mucha tristeza y desazón, en razón de que nosotros no somos un organismo que signifique un gran gasto para el Estado, sino que somos un delegado por cada una de las provincias”.

Contreras explicó la importancia del ente, ya que se encarga no solo “del campo académico” sino también de un “plan bienal de cuatro ejes”, donde cumplían funciones como “persecución del delito y protección y asistencia a las víctimas”, el cual llegó a alcanzar la creación de políticas públicas como módulos alimentarios, cupo de inclusión laboral y un aumento considerable en el número de sentencias, ya que se trabajaba con la “articulación de todos los organismos que tienen que ver con la trata”.

Cabe señalar que esta decisión desmantela la estructura federal que fue elogiada, incluso por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en la última presentación de la evaluación mundial en la que participaron 188 países sobre el combate a la trata. Además, el trabajo federal que hicieron los integrantes del Comité, junto a su ex director, Gustavo Vera, hizo que por primera vez Argentina estuviera calificada internacionalmente entre los países que más efectivamente luchan contra la trata y explotación durante la última gestión.

En tanto a los despidos, La Alameda señaló en el que escrito que “esos mismos delegados construyeron 36 mesas interinstitucionales, colaboraron en la sanción de cuatro leyes de inclusión laboral y más de 180 ordenanzas, y en cumplimiento de su principal función participaron activamente en el seguimiento de la restitución de derechos de las más de cinco mil víctimas rescatadas entre 2020 y 2023”.

Contreras indicó que desde los empleados surge preocupación no solo por la pérdida de la fuente de trabajo sino también por la situación de las personas “que son damnificadas por el delito de trata”, ya que no se realizará ni generará “ningún tipo de política pública para ayudarlas”.

En consonancia, Gustavo Vera en diálogo con Somos Télam resaltó que “había un delegado por provincia y esos delegados tenían la función de articular las mesas entre organismos de provincia, Nación, judiciales, sindicales y de la sociedad civil. Gestionaban ordenanzas y proyectos de ley y participaban como veedores en inspecciones o allanamientos”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, luego de reiterados reclamos institucionales ante el Ministerio de Capital Humano, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata fue apartado de su cargo, luego de que el mismo gobierno le prorrogara su designación el 8 de febrero pasado. Frente a la persistencia del hecho, Vera radicó una denuncia penal, ante el juez federal Sebastián Ramos, contra la ministra Sandra Pettovello por abandono de personas.

Desde el Vaticano, el Papa Francisco, el mismo día del despido de Vera, sostuvo: “Querido hermano: me apena la noticia de que te cesaron como Director del Comité de Lucha contra la Trata. Hiciste mucho bien allí”. Incluso, desde muchos países vecinos, diferentes directores de Comités Antitrata enviaron su solidaridad y se preocuparon por lo que está ocurriendo en la Argentina que supo liderar en la región el combate contra la esclavitud.

Un dato no menor es que en el periodo del 2020 al 2023, se rescataron más de 5200 víctimas de trata de personas de las cuales 3200 cobraron el programa Acompañar, 1300 la prestación por explotación laboral de Renatre y 400 el Potenciar Trabajo. Además, se creó el Programa de Capacitación e Inclusión Laboral (Reparar) donde cientos de víctimas aprendieron oficios y cobraron un salario para promover su reinserción en el trabajo.

En paralelo se creó una línea de acompañamiento terapéutico en todo el país desde la Dirección de Salud Mental, se garantizó el patrocinio jurídico desde el Ministerio Público de la Defensa y se generó un programa efectivo de acceso a soluciones habitacionales mediante el cual los Institutos de la Vivienda comenzaron a dar casas en Catamarca, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, una política única en el mundo.

También se comenzó a instrumentar la reparación desde el Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata que administra el Consejo Federal y se reparó a 75 víctimas según sentencia judicial. Se sancionaron más de 180 ordenanzas en Concejos Deliberantes para promover la difusión masiva de la línea 145 o garantizar un cupo laboral. Se sancionaron cuatro leyes de inclusión laboral en Catamarca, Chaco, Salta y Tierra del Fuego y hay nueve más en estado parlamentario.

Sin dudas, la lucha contra la trata no tiene partido político. Es una política de Estado que tiene que ver con la defensa de la vida, la libertad y la dignidad y que debe continuar y profundizar más allá del gobierno de turno. Durante los primeros meses de Milei y su gobierno, la preocupación y asistencia a las víctimas ha sido nula, y algo que nos retrotrae al 2007 cuando ni siquiera existía la ley para combatir la trata de personas. Quizás esta decisión tenga “un sentido ideológico totalmente apartado de lo que tiene que ver con el ser humano y las políticas públicas sociales”, enfatizó Contreras.

“Colaboración” de Estados Unidos en el Polo Logístico fueguino ¿Qué representa?

“Colaboración” de Estados Unidos en el Polo Logístico fueguino ¿Qué representa?

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El presidente de la Nación se alinea fuertemente al núcleo mas duro de la OTAN, enemigos internacionales de esta patria saqueada. Nada bueno parece avecinarse con la participación de los norteamericanos en uno de los nodos mas estratégicos del planeta. 

La visita de la jefa del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos a Tierra del Fuego, donde se reunió con el presidente de la Nación, Javier Milei -sin que este avisara si quiera al gobernador de esa jurisprudencia- desplegó varios interrogantes y teorías en torno a qué representa este encuentro en términos territoriales y soberanos. La confirmación posterior del presidente de pretender continuar un viejo proyecto soberano con la cooperación del país norteamericano, confirma las peores sospechas y pone en alarma a la defensa nacional.

Se trata de un proyecto gestado a principios de la presidencia de Néstor Kirchner, en coordinación con las fuerzas armadas, que proponía transformar la base militar de Tierra de fuego en un polo logístico que apoye todas las expediciones que se realizan a la Antártida, y que a su vez funcione como un núcleo geopolítico y estratégico, ya que la ubicación es un nodo de conexión entre el océano pacífico y atlántico, a través del estrecho de Magallanes del canal de Beagle. Durante la presidencia de Alberto Fernández se comenzó a gestionar el financiamiento, y se planificó avanzar en conjunto con las tres fuerzas que componen a las Fuerzas Armadas, es decir, la marina, la fuerza área y el ejército. Sin embargo, ante la asunción de Javier Milei, el proyecto fue paralizado.

En esa línea, el presidente de la Nación pretende volver a poner en marcha el proyecto, pero en colaboración con Estados Unidos. ¿Qué significa esto entonces? Según la historiadora Elsa Bruzzone, quien además es secretaria del Centro de Militares para la Defensa de la Democracia Argentina (CEMIDA), este interés por parte del país del norte persiste en el tiempo. “Este ofrecimiento al gobierno estadounidense con respecto a Ushuaia no es nuevo: en 2016 el departamento de Defensa y Estado de EEUU propuso, a funcionarios de Mauricio Macri, una base compartida, en el marco de una visita de funcionarios a ese país”, señaló en diálogo con Radio Trinchera.

Según la historiadora, el interés de EEUU sobre el nodo estratégico no vela por otra cosa que no sea sus propios beneficios sobre un triángulo que tiene ingresos a Malvinas, Antártida, y el propio mar argentino, donde sobra agua dulce, crudo y otros recursos que son y serán imprescindibles en el futuro cercano. “El presidente piensa que regalando el estrecho del Beagle y  Magallanes al comando sur, así como entregó el Río Paraná, nos van a devolver las Malvinas”, refirió en torno a una declaración del propio Milei, donde asegura que el acuerdo posiciona a la Argentina más cerca de la recuperación de la soberanía sobre el archipiélago. Una afirmación ridícula y hasta cínica, ya que Estados Unidos, Inglaterra e Israel se mantienen como un bloque internacional que se defiende espalda con espalda, siendo casualmente los únicos que no reconocen la soberanía de Argentina sobre las islas.

“Milei geopolíticamente vive en un mundo unipolar post final de la segunda guerra mundial, no se da cuenta que el mundo cambió y piensa que Estados Unidos es la máxima potencia, pero está superada económicamente por China, militarmente por Rusia e incluso por Irán”, aseguró Bruzzone, que vela más que nunca por los intereses nacionales a través del CEMIDA, una organización no gubernamental que nació el 15 de noviembre de 1984, conformada por integrantes de las fuerzas armadas que no participaron en  el terrorismo de Estado. La misma surgió, en palabras de la propia secretaria, para “poder defender e institucionalizar la democracia que estaba siendo asediada, con el compromiso de memoria verdad y justicia y el nunca más como bandera”. 

Varios de los integrantes del CEMIDA han sido peritos en los juicios militares contra genocidas que participaron en el plan de exterminio de la última dictadura cívico eclesiástica militar. “Incluso mi esposo específicamente, el coronel retirado José Luis García, fue perito militar en el juicio a las juntas, Campo de Mayo, Operación Cóndor, Esma e incluso en juicios hechos en Europa”, añadió la historiadora, quien además recordó que, a los pocos días de la creación del CEMIDA, volaron sus instalaciones.

Pese al carácter oficial que Milei le dio a la construcción de la base en conjunto con EEUU, el proyecto debe ser aprobado en el congreso. De todas maneras, la desautorización y reducción a las fuerzas nacionales es un daño que ya rige con este tipo de idealizaciones, sumado al “brutal recorte al sector, siendo de 300 mil pesos el salario básico”, según especificó Bruzzone,y una alineación brutal con un bloque por occidentalista radical que cada vez pierde más peso en el mundo, pero que aún así fue partícipe de diversos saqueos al territorio nacional. En esa línea, el presidente posee una vocación de sumisión tan grande que incluso pretende enviar a las ya insultadas fuerzas armadas a sostener el chivo expiatorio que representa Ucrania para este bloque, en su caprichoso conflicto bélico con Rusia.

Destrucción del pensamiento crítico: marca registrada de las dictaduras

Destrucción del pensamiento crítico: marca registrada de las dictaduras

Joaquín Bellingeri
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El oficialismo realizó un fuertísimo avasallamiento sobre el sector educativo en los últimos días. A la ley que busca perseguir y penar el pensamiento y la reflexión dentro de la educación pública se le suman los dichos del referente libertario Benegas Lynch.

Uno de los tantos pilares sobre los que La Libertad Avanza capitalizó la representatividad de su voto fue la existencia de la pandemia del COVID19: las restricciones sanitarias, que fueron un denominador común en el mundo entero, dieron tela para cortar todo tipo de teorías conspirativas, algunas con menos sustento que otras. Por otra parte, el Gobierno de Alberto Fernández condecoró este caldo de cultivo para el hartazgo social con errores que terminarían inclinando la balanza hacia una opinión sustancialmente negativa.

En este sentido, cuando todavía no habíamos llegado hasta esa fase, el gobierno de Alberto Fernández tenía la suficiente imagen positiva como para controlar que las normas sanitarias se cumplieran con el lanzamiento de una red de denuncia y vigilancia, lo cual fue tergiversado por algunos cuadros de LLA en aquel momento como una medida de persecución dictatorial. Hoy, esta facción tradujo todos esos discursos representativos a un inminente triunfo electoral, pero ahora en la práctica, no hace más que aplicar estas metodologías que se demonizaron en el camino a la presidencia de Javier Milei, incluso hasta con una cuota de venganza.

De “bajar la inflación de un plumazo” a tener casi 100% en poco más de cien días; de criticar los acuerdos de precios a utilizarlos para controlar el mercado interno, el gobierno oficialista no para de contradecirse en su práctica. En esa línea, en los últimos días se oficializó la presentación de un proyecto de ley que sigue la misma lógica contradictoria, aunque puede ser un poco más peligroso que un simple acuerdo de precios. Puntualmente, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que intentarán penar el “adoctrinamiento” en los sectores educativos, y que abrirán una línea de denuncias telefónicas para que alumnos y padres puedan denunciar los hechos. 

El conflicto aquí es entender qué significa “adoctrinamiento” para un gobierno en el que su presidente, Javier Milei, acude a una escuela y plantea una batalla ideológica contra “la izquierda marxista”, al mismo tiempo que gestiona un ejército de trolls en redes sociales que acosan, violentan y amenazan a todo el que produzca un comentario negativo sobre su gestión o su proceder.

En esa línea, esta propuesta parece traducirse a que las apreciaciones sobre el autoritarismo de Javier Milei son ciertas, y que ahora pretende impulsar un mecanismo de persecución a cualquier docente que promueva el pensamiento crítico, y/o cuestione cualquier mecanismo que no tenga que ver con su ideología anarco capitalista y anti colectivista.

En paralelo, no sorprenden las declaraciones del “sostén filosófico” del propio Milei, Alberto Benegas Lynch. El libertario aseguró este domingo que la educación secundaria no debe ser obligatoria ya que “libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”. Quedó muy claro cual es su concepto de “libertad”: libertad para que un propio sistema educativo cada vez tenga más expulsados, menos sujetos formados y más trabajo infantil. No es necesario aclarar que, en campaña, estos mismos criticaron la “decadencia” del sistema educativo y acusaron a sus oponentes electorales de querer sembrar ignorancia.

Al fiel estilo del que parece ser su modelo económico, filosófico y social, medidas como estas recuerdan a espantosas frases como las del presidente de facto de la última dictadura cívico eclesiástica y militar , Rafael Videla, que aseguraba que el “exceso de pensamiento” genera “conductas subversivas”. Mediante el desfinanciamiento que presenciamos actualmente a universidades, leyes como la que se explica aquí y un presidente que impone su propia doctrina, La Libertad Avanza va en un horizonte de imposición de una única verdad y pretende utilizar el aparato estatal para disciplinar.

“A todas las medidas de ajuste, desfinanciamiento educativo, precarización laboral y vulneración de derechos sociales ya ejecutadas por el gobierno nacional, ahora se suma la amenaza hacia las y los docentes por adoctrinamiento”, comunicó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). A través del mismo, aseguraron que ven con preocupación “la represión, censura y persecución ideológica que el gobierno está llevando a cabo en contra de la docencia en nuestro país”.

Desde la Secretaría de Educación aseguraron que se buscarán dar carácter legal al proyecto en el marco de la nueva “Ley Bases” que prepara el oficialismo, “con modificaciones para los artículos 11 y 26 de la ley N° 26.206 que refieren a las garantías de los derechos a la educación de los niños en el aula”.

Joaquín Bellingeri

Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.

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Histórico brote de dengue: se cuadruplicaron los casos en comparación a la temporada pasada

Histórico brote de dengue: se cuadruplicaron los casos en comparación a la temporada pasada

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

A través del Boletín Epidemiológico, el Ministerio de Salud informó que se registraron más de 230 mil casos y 161 muertes. En tanto, el mayor número de contagios se presentó en personas de entre 30 y 39 años. Investigadores e infectólogos del Conicet, le exigieron al ministro Mario Russo que declare la emergencia sanitaria.

El fin de semana, el Ministerio de Salud de la Nación proporcionó las cifras con respecto al brote de dengue de la temporada 2023/2024. Ya registró 232.996 casos y más de 160 muertos, producto del virus transmitido por el mosquito Aedes Aegypti. Se registraron casos de dengue en todos los grupos de edad, sin embargo, la mayor tasa de mortalidad se observó en los mayores de 80 años. En tanto el mayor número de contagios se presentó en personas de entre 30 y 39 años.

A través del Boletín Epidemiológico, emitido el pasado domingo, el Ministerio de Salud sostuvo que los casos de dengue contabilizados en lo que va de este temporada (desde la semana 31 de 2023 hasta la semana 13 de 2024) ascendió a los 232.996 casos de dengue de los cuales 90% fueron autóctonos, 7% en investigación y 3% importados. Esto implica un aumento en 52.457 casos respecto al reporte de la semana previa y sólo en lo que va de este 2024, los casos de dengue suman 215.885, de los cuales 512 fueron clasificados como graves.

Tambien se informó que no hay diferencias en la distribución por sexo de los casos fallecidos y la mediana de edad fue de 49 años. Un dato no menor que marcó el reporte oficial se relaciona con los 1056 contagios que se registraron en personas gestantes, con una mediana de edad de 28 años. En ese sentido, el escrito detalla que 10 casos se notificaron como dengue grave y 3 fallecieron.

Cabe señalar que en la actualidad, 19 de las 24 jurisdicciones de Argentina registran circulación viral autóctona de dengue y el mayor número de contagios fue aportado por la región Centro, seguido por el NEA y el NOA. El Boletín Epidemiológico señala que “la incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 495 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período 512 casos fueron clasificados como dengue grave (0,2%) y se registraron 161 casos fallecidos (letalidad 0,069%15)”.

Para elaborar el informe se tiene en cuenta el período comprendido entre la semana 31 de 2023, es decir, a finales de julio y principios de agosto; hasta la semana 13 de 2024, que corresponde al cierre de marzo. En este sentido, según fuentes oficiales, los casos casi se cuadruplicaron en lo que va de esta temporada en el país con respecto al mismo período del 2022-2023.

En diálogo con Radio Trinchera, la infectóloga y especialista en salud pública, la doctora Alejandra Gaiano, sostuvo: “Un dato muy alarmante es que un 50% de las personas fallecidas y más del 60% de las personas que tienen dengue son previamente sanas, eso es bastante grave, ya que podemos fallecer igual hayamos o no tenido otra enfermedad antes. Lo que demuestra que es una enfermedad mortal”.

Cabe destacar que los cuatro serotipos del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) circulan por toda América Latina y en algunos países simultáneamente. La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir. En toda la región el Aedes Aegypti es el mosquito vector para el dengue, y está ampliamente distribuido en todo el territorio.

Al respecto, Gaiano señaló: “Al contagiarnos con un serotipo y luego, al tiempo con otro, tenemos una respuesta inmune descontrolada lo que hace que haya más riesgo de hospitalización y mortalidad. Por eso, sabemos que ahora muchos casos son los primeros, pero en los próximos años se deberá hacer un buen saneamiento ambiental y un buen control del mosquito, e implementar la vacunación”. “Además de comunicar, la Nación tiene la obligación de proveer los insumos y los larvicidas, como hacer producción”, concluyó la infectóloga. 

Sin dudas, la crisis del dengue expuso las fisuras en el modelo de gestión que propone el Gobierno nacional ya que para Milei, el Estado es un enemigo a vencer, y ese Estado no debe tener ningún tipo de intervención en la salud pública. Dicha utopía del mandatario liberal choca contra la realidad actual, ya que nos encontramos en la peor epidemia de dengue de la que se tenga registro en el país, cuando todavía restan contabilizar 17 semanas de esta temporada.

Desde el Ministerio encabezado por Mario Antonio Russo sostienen: “No queremos sacarnos el tema de encima. No es nuestro enfoque. La labor se tiene que hacer en el municipio”. También hablan de cambio cultural y aseguran que no va a haber recortes ni en vacunas ni en medicamentos oncológicos. Se habla de “redefiniciones de competencias del ministerio”.

Frente a estos dichos y el posicionamiento del Gobierno nacional, un grupo de prestigiosos investigadores e infectólogos del Conicet objetaron varios argumentos del comunicado oficial. Allí participaron Daniela Hozbor, Rosa Bologna, Elisa Estenssoro, Tomás Orduna, Rodrigo Quiroga, Andrea Gamarnik, Víctor Romanowski, Juan Carlos Daniel Morales, Guillermo Durán, María Susana Ortale, Soledad Santini, Verónica Arce, Jorge Geffner y Lorena Regairaz.

En principio, los integrantes del Conicet señalaron que “el comunicado emitido por el Ministerio de Salud de la Nación lejos de ello, utiliza un lenguaje poco profesional, sin rigurosidad y poco claro”. Asimismo, los especialistas advirtieron que “una epidemia de esta magnitud requiere acciones coordinadas en tiempo real, sin embargo, el Ministerio aún no ha declarado la emergencia sanitaria”.

Con respecto, al desabastecimiento de repelentes y los excesivos precios en las góndolas, los investigadores sostuvieron: “El Estado Nacional no ha adoptado oportunamente medidas para aumentar la producción o fabricar o regular el mercado o gestionar la importación del producto, y ha disuelto por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que hubiera permitido articular respuestas e inversión en repelentes y otros productos necesarios”.

Finalmente, sobre la vacuna contra el dengue y el posicionamiento de la cartera sanitaria, los expertos del Conicet aconsejaron “reconsiderar la repercusión de sus dichos sobre los ciudadanos que han accedido a ella a través de sus estados provinciales o de forma privada” y advirtieron que resulta “de suma gravedad poner en duda la seguridad y eficacia de una vacuna aprobada por la única autoridad nacional con competencia en esa materia”, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

10 recomendaciones para prevenir el dengue

  1. Eliminar o vaciar recipientes que puedan acumular agua, como cubetas, macetas y neumáticos viejos, para prevenir la cría de mosquitos;
  2. Aplicar repelentes de insectos aprobados en la piel expuesta, siguiendo las indicaciones del fabricante, especialmente durante el día que es cuando los mosquitos son más activos;
  3. Instalar mosquiteros en ventanas y puertas para evitar que los mosquitos entren en las casas;
  4. Vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, como mangas largas y pantalones, especialmente si se está al aire libre en áreas de riesgo;
  5. Reducir la actividad al aire libre durante las primeras horas de la mañana y antes del atardecer, que son los momentos de mayor actividad del mosquito;
  6. Cortar el pasto y podar las plantas regularmente para reducir los lugares donde los mosquitos pueden refugiarse;
  7. Mantener los contenedores de basura cerrados y la basura bien tapada para no atraer mosquitos;
  8. Aplicar insecticidas en el hogar y alrededores si se detecta una alta presencia de mosquitos, siempre cumpliendo con las recomendaciones de seguridad;
  9. Cambiar frecuentemente el agua de floreros, bebederos de animales y cualquier otro recipiente similar;
  10. Mantenerse informado sobre las campañas de prevención del dengue y los brotes activos en la región.
Télam y Malvinas, un testimonio invaluable

Télam y Malvinas, un testimonio invaluable

Carolina Fernández
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

*Por Carolina Fernández

Excombatientes le demostraron su apoyo a los trabajadores de Télam que hace un mes acampan fuera de las sedes de la agencia, valladas injustificadamente por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante el acto homenaje del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en La Plata, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) le concedió un reconocimiento a trabajadores de la agencia de noticias Télam por su compromiso con la causa Malvinas. Ernesto Alonso, excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro, destacó el trabajo de los compañeros y compañeras de prensa “que hace años vienen informando a nuestro pueblo desde Ushuaia a la Quiaca y hasta las Islas Malvinas”.

La agencia nacional de noticias Télam funciona hace 78 años difundiendo imágenes, notas, cables, videos y audios. A lo largo de la guerra de Malvinas se trató de una fuente de información clave, siendo en conjunto con ATC (Argentina Televisora Color, actual TV Pública), los únicos medios de comunicación que el gobierno militar permitió cubrir el hecho, enviando fotógrafos que favorecieron posteriormente a la creación de un archivo histórico.

Las agencias de noticias estatales actúan como distribuidoras de información, garantizando la calidad de las imágenes, reportes, videos y cables que son utilizados tanto por medios de comunicación públicos como privados para la realización de su trabajo de prensa. Los medios públicos son, como lo indica su nombre, un servicio público, que, en común con las agencias de noticias estatales, generan una red de cobertura nacional que involucra y beneficia a diferentes y distantes sectores del país, contribuyendo a una cadena de información más democrática y amplia, con diversidad y pluralidad de voces, avalando una comunicación que afirme la importancia del derecho a la información.

En el período de la dictadura y la guerra, la Junta Militar se encargó de tergiversar la información que recibían por parte de los trabajadores de prensa. Omitieron datos específicos, como la cantidad de soldados fallecidos, y difundieron en todo el país, a través de la intervención en medios estatales y privados, el relato de que la guerra se encontraba a su favor.

Si bien los contenidos de la agencia se encontraban ocultos y censurados por el gobierno militar, con la vuelta de la democracia, el compromiso de los trabajadores de prensa de la agencia con el esclarecimiento de los hechos a través de archivos se mantiene hasta hoy. Silvina Oranges, editora de Télam, explicó: “Por eso decimos que sin medios públicos la democracia se debilita y se silencian voces, en este caso como la de los veteranos”. Además, comparó ambas luchas y resignificó dos puntos en común con los trabajadores y veteranos: defender la soberanía y la identidad nacional.

Al cumplirse 40 años del conflicto en 2022, la agencia y Radio y Televisión Argentina presentaron el documental “Malvinas: Los medios de la guerra”, con el fin de mantener viva la historia. Con archivos de la época, el documental cuenta con imágenes, videos y entrevistas que evidencian como la dictadura militar utilizó los medios públicos para construir una narrativa que omitía, censuraba y manipulaba la información sobre el hecho. También, Télam abrió sus archivos al público y creó “Las fotos recuperadas de Malvinas”, un conjunto de 2.500 imágenes que retoman diferentes momentos del conflicto: El desembarco, Operación prensa, Menéndez gobernador, El primer bombardeo, Vida cotidiana, Los soldados, Las trincheras, El Irizar, Las más conocidas y Los corresponsales. En El Irizar se demostró que el ARA Irizar funcionó como hospital, donde se desempeñaron las mujeres de Malvinas, enfermeras e instrumentadoras, omitidas de la historia.

Al respecto, Oranges, manifestó en el acto que la agencia “se ha convertido en un invaluable testimonio de la cuestión Malvinas” y en un pilar de la memoria del país. Con los archivos de la agencia ha sido posible reconstruir la historia y mantener la consigna Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz.  

El pasado 1 de marzo, el presidente Javier Milei, mediante su discurso en la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Congreso, expresó su idea de “reducir el tamaño del Estado a su mínimo indispensable” y anunció el cierre de la agencia Télam, acusándola de ser utilizada durante las últimas décadas como una agencia de “propaganda kirchnerista”. Días después de las declaraciones, en la medianoche del 3 de marzo, la policía de la Ciudad de Buenos Aires valló los dos edificios pertenecientes a la agencia, impidiéndole el acceso a sus trabajadores. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional cerró la página web de Télam, que se encuentra “en reconstrucción”.

Actualmente los trabajadores de prensa acampan fuera de las instituciones, defendiendo el derecho a la libertad de expresión y manifestándose en contra del intento de clausura, debido a que la agencia solo puede cerrarse a través de una ley presentada en el Congreso. Como una alternativa para informar y mantener su compromiso con la comunidad y la comunicación, se creó la página “Somos Télam”. Alonso, en representación del CECIM, le agradeció a los trabajadores por su acompañamiento y le entregó su apoyo a la causa. “Estamos con ustedes y Télam no se cierra”, finalizó el excombatiente. 

Carolina Fernández

Del sur en la ciudad de las diagonales. Estudiante de periodismo.

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¿Se contrae la inflación o se contrae Caputo?

¿Se contrae la inflación o se contrae Caputo?

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Mientras los economistas prevén una inflación similar a febrero para el mes de marzo, Caputo acuerda el congelamientos de precios. Lo que para la doctrina libertaria era un pecado capital, hoy es la herramienta de un ministro que mira preocupado como la recaudación cae y el superávit fiscal pende un hilo.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, recibió por parte de economistas una advertencia  puntual sobre el plan que aplica hace tres meses para esa cartera: si la actividad económica baja, la recaudación impositiva también bajará y ese ansiado superávit fiscal correrá serio peligro. Hoy, este suceso es un hecho, y si bien el superávit fue conseguido durante enero y febrero, el mismo podría caerse por sí solo, debido a la inconsistencia de sus bases.

La primera debilidad de la máxima económica libertaria es que el objetivo se consiguió sin consultar ningún índice paralelo. Es decir, que la balanza dé un resultado por encima del negativo es el resultado de no haber cumplido con obligaciones como lo son las transferencia de distintos recursos federales a las provincias, y a sectores como pueden ser el educativo o incluso salud, como los medicamentos oncológicos que fueron cortados. Todos estos hechos -sobre todo el último-, incluso le podrían significar un juicio político al presidente Javier Milei, en carácter de abandono del Estado hacia los ciudadanos.

A esta ecuación hay que sumarle la caída en la recaudación, otro problema que se preveía, sería otra pata corta de la mesa. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la recaudación fue un 17% menor en comparación al mismo período del 2023. “Este derrumbe no reviste precedentes en los últimos dos años y se explica por la fuerte caída de la actividad económica”, aseguraron desde la entidad. En la sumatoria de estos dos conflictos se podría argumentar entonces que el plan económico que antepuso el superávit fiscal a como dé lugar se desplomaría por sí solo, ante el amplio despliegue sin una base sólida.

¿Cuánto tiempo pueden durar bajo la alfombra el corte de transferencias que figuran en la Constitución para sostener un número? La estrategia de Caputo consiste en que el número fiscal inspire una rápida confianza al mercado, pero esto debe ser instantáneo, ya que como se mencionó anteriormente, sostenerlo en un lapso de cuatro meses es altamente complejo, ya que no está respaldado por números de producción, si no por recortes anti constitucionales. En paralelo, en la medida en que la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se desploma, los aportes al balance positivo se desploman.

Al mismo tiempo, al ministro de Economía lo apura la situación de que la propia inflación continúe a la baja, ya que el “sacrificio” es fundamentalmente en pos de este dígito que tanto preocupa a los argentinos. Si se retienen las subas salariales para que no exista un rebote inflacionario, y aún así la inflación no cesa, el fracaso es total. En ese sentido, las acciones de Caputo en los últimos dos meses confirman que esto sucede: primero reprogramó la suba en las tarifas de luz y gas (esta última fue confirmada esta semana), y luego se lo vio “negociando” con distintos formadores de precios. Esta semana, por ejemplo, celebró el acuerdo firmado con la cadena de supermercados Cencosud por 60 días.

Lo que para los principales dirigentes de La Libertad Avanza era el principal problema inflacionario, hoy es la solución del director del palacio de la hacienda. Según estos, los acuerdos de precios “reprimían la inflación”. Esto denota dos hechos: por un lado, que la coordinación entre Milei y Caputo es débil, y por el otro, que el libertarianismo nunca tuvo un plan concreto y designó a este último como manotazo de ahogado. De cualquier modo, los movimientos ejecutivos dan señales de que el plan entra en su etapa más apretujada: coexisten una inflación que no termina de descender, una caída de la actividad económica que no logra recaudar, salarios ultra devaluados en un país que se hizo caro en dólares, y una paciencia social que se agota como un reloj de arena.

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