¿Van por la destrucción de la industria naval?

¿Van por la destrucción de la industria naval?

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El astillero Tandanor despide a 47 empleados de la noche a la mañana. La empresa fue señalada desde primera hora por el Gobierno nacional como una de las que pretende privatizar.

De la noche a la mañana, sin mayores sobresaltos, el astillero nacional Tandanor, ubicado en la Costanera sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despidió a 47 de sus empleados en estado de planta permanente. La situación se desprende de un marco en donde el Gobierno nacional aseguró sus intenciones de privatizar este complejo productor.

Desde el primer borrador escrito y enviado al Congreso de la Nación de la Ley Bases, el oficialismo incluyó en su lista de empresas a privatizar al astillero Tandanor. Su trabajo es fundamental para el desarrollo de barcos, lanchas y plataformas acuáticas y antárticas.

Como ya se ha visibilizado, La Libertad Avanza realiza muchos de sus movimientos políticos en una especie de lista “copiada y pegada” del gobierno de Carlos Saúl Menem. Durante aquel periodo gubernamental, para sorpresa de nadie, Tandanor fue privatizado -con una previa reducción del personal- para luego ser recuperado por sus propios trabajadores en 2007.

La intención del gobierno de Javier Milei de privatizarlo responde una vez más a una lógica en la cual se atacan sectores estratégicos nacionales, que no solo funcionan en perfectas condiciones, sino que además le aportan una enorme cuota al desarrollo productivo. En este caso, el Astillero Tandanor se ubica como uno de los tres talleres navales con mayor capacidad productiva en el mundo, tiene 144 años de historia, y actualmente es propiedad de sus trabajadores y del Estado nacional. 

En la misma línea, Tandanor es considerado el taller naval más grande de Latinoamérica, tanto en su dimensión como en su capacidad logística, y se destaca por reparar todo tipo de buques. Entre ellos se destaca la modernización del rompehielos ARA Almirante Irizar -con insumos y manos de obra nacional-, que realiza las tareas de expediciones antárticas de Argentina. Además aporta a la defensa nacional con la construcción de remolcadores para la Armada, lanchas para la naval, y otros proyectos en desarrollo como la base permanente de la Argentina en la Antártida. 

“Del momento cero en que asumió Javier Milei nosotros éramos una de las 40 empresas nombradas para privatizar”, aseguró en diálogo con Revista Trinchera Moises Sanabria, despedido del Astillero Tandanor, y director de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Avellaneda.

Y adelantó: “Vienen por el vaciamiento de la industria naval, sabemos que incluso ya está el postor y todo, que es nuestro vecino, el grupo IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), que tiene entre manos la planificación de un mega obra”. Cabe destacar que el dueño de dicha sociedad es Eduardo Elsztain, también titular del Hotel Libertador, donde se hospedó el presidente Javier Milei durante toda su campaña y hasta el momento de trasladarse a la Quinta de Olivos.

Asimismo, Sanabria relató que la empresa decidió prescindir de los 47 trabajadores mediante una “lista” que circuló en el instante, sin previo aviso. “Se me comunicó el jueves, antes de ingresar a las seis de la mañana. Nos encontramos con los portones del Almirante Storni (la parte de construcción del Astillero), fichamos de igual manera el ingreso, y a los 40 minutos llegó una nota con una lista de nombres del personal a los cuales se les impidió el ingreso”.

En consecuencia, el grupo afectado se dirigió hacia afuera de las instalaciones en su situación de despido para organizar acciones de protesta: “Durante el mismo jueves y los días posteriores llevamos adelante medidas para pedir nuestra reincorporación en las puertas de la empresa, acompañados por nuestros compañeros que están adentro”, detalló.


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Llao Llao, Lacalle, Milei: nueva generación de la internacional capitalista

Llao Llao, Lacalle, Milei: nueva generación de la internacional capitalista

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El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou participó del encuentro de empresarios en Argentina “Llao LLao”. El evento lleva el nombre de un lujoso hotel de San Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro. El edificio es propiedad de los empresarios Eduardo Elsztain (Grupo IRSA) y David Sutton (Grupo Alvear).

El Foro, que se inició en 2011 impulsado por el empresario Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA -empresa dueña de la mayoría de los shoppings, diversas propiedades emblemáticas de Argentina y miles de hectáreas-, tiene el objetivo de reunir a propietarios de la empresas «unicornios» (que están valoradas en más de mil millones de dólares), junto con científicos, miembros de organizaciones sociales, líderes sindicales y diversos economistas.

Además, tiene reglas estrictas de confidencialidad y un riguroso protocolo.

Milei, Lacalle Pou y Peña, las estrellas políticas en el foro empresarial de Bariloche.

El evento pretende la coordinación de grandes empresarios, políticos e intelectuales de la derecha regional. Los políticos destacados de dicho foro este año, son los presidentes de Paraguay, Argentina y Uruguay, Santiago Peña, Javier Milei y Luis Lacalle, respectivamente.

Lacalle llegó a Argentina en un vuelo privado con los empresarios argentinos radicados en Uruguay, todo un gesto. El avión privado es de Carlos Miguens, accionista de las empresas San Miguel, Central Puerto y Patagonia Gold. También formaban parte de la tripulación Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Matías Woloski (Auth0), Gastón Taratuta (Grupo Aleph), Juan Manuel Collado (Grupo Tapebicuá) y Sebastián Serrano (Ripio).

Que los grupos empresariales coordinan con la política no es ninguna novedad. Que se reúnen mandatarios, intelectuales y más, con afinidad ideológica, tampoco es novedad. El punto es que con estos encuentros y coordinaciones, más las políticas que llevan adelante estos gobiernos, se desmonta el relato de que “el mercado se regula solo”. Ni que hablar cuando se sirven del Estado para apalancarse en él y aumentar sus ganancias.

El mandatario uruguayo volverá al país la semana próxima para participar de la cena de Fundación Libertad, junto con el presidente Javier Milei, su ministra de Seguridad  Patricia Bullrich, el exmandatario Mauricio Macri, el expresidente español José María Aznar y el exministro de Economía de Brasil en el gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.

Mario Vargas Llosa, Mauricio Macri y Julio María Sanguinetti compartieron este lunes el panel de la 5º Cena Anual de Fundación Libertad, que se realizó en el Complejo Goldencenter.

Según su página web, la “Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro, que desde hace 30 años trabaja en la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho”.

Señala que, creada en Rosario en 1988 por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales, Fundación Libertad desarrolla su actividad con el apoyo de más de 400 empresas privadas. Además, integra reconocidas organizaciones mundiales como la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el Nóbel Mario Vargas Llosa, y la Red Liberal de América Latina.

Su red de influencia alcanza a Atlántico Instituto de Estudios, Red Liberal de América Latina y  Fundación Internacional para la LIbertad (FIL)

La Fundación Libertad, que era, años atrás, un espacio del liberalismo mainstream de centro-derecha, está admitiendo, ahora, a dirigentes e intelectuales de extrema derecha argentina como Javier Milei, Diana Mondino y Alberto Benegas Lynch (hijo).

La presencia de Lacalle Pou en estos tipos de foros y encuentros dan cuenta del verdadero talante ideológico que profesa y practica, a contrapelo de la imagen que intenta y se le intenta dar, de un liberal moderado de derechas. La internacional capitalista sigue coordinando. Vive y lucha y parece que va ganando la partida.

Artículo publicado originalmente en Estrategia.la

Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Un abogado de la asociación ACVI fue detenido al finalizar la marcha universitaria

Un abogado de la asociación ACVI fue detenido al finalizar la marcha universitaria

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Matias Darabos, abogado, perteneciente a la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y abogado de la organización AMMAR, fue detenido anoche mientras finalizaba la multitudinaria y pacífica movilización en defensa de la Universidad Pública.

Un oficial masculino no identificado, y la agente Lara Coria fueron los responsables de su detención. Matías se retiraba solo de la movilización, y sin motivo alguno, lo increparon, lo golpearon salvajemente al grito de “Asique te gusta marchar” y luego lo detuvieron. En horas de esta mañana, Darabos fue liberado, gracias al trabajo de sus compañeros de ACVI, quienes ya se encuentran realizando las denuncias correspondientes.

ACVI es una asociación que acompaña en cada una de las movilizaciones que se despliegan en la ciudad y distintos puntos del país para intervenir y denunciar cualquier tipo de situación donde se evidencie violencia institucional, y vienen acompañando a quienes son detenidos al finalizar cada marcha, exigiendo su liberación.

Cabe recordar que, como se pudo ver, la movilización de ayer fue protagonizada por cientos de miles de personas y no hubo ningún tipo de incidente registrado, más allá de la exagerada presencia policial.

Noticia en desarrollo

Fuerte golpe a la Cultura Argentina: El Gobierno ordenó el cierre del INCAA

Fuerte golpe a la Cultura Argentina: El Gobierno ordenó el cierre del INCAA

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Luego de un fuerte desfinanciamiento al sector cultural, el jefe de Estado, Javier Milei, finalmente ordenó el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con el objetivo de reestructurar sus operaciones internas. De esta manera, unas 700 personas quedarán con licencia obligatoria hasta que se complete la reorganización interna. El próximo 26 se convocó a reclamar en “las puertas del INCAA por el funcionamiento del instituto y la reincorporación de los trabajadores despedidos”.

En el marco del fuerte ajuste que lleva a cabo el Gobierno Nacional, este lunes 22 de abril, bajo la directiva de Javier Milei, se oficializó el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y sus alas. De esta manera, al igual que lo hecho con Télam, el Gobierno estatal definió su cese temporal e indefinido del ente cultural y dieron licencia obligatoria a los trabajadores para luego reubicarlos y reasignar sus respectivas tareas. Según fuentes oficiales, la decisión se adjudica al “contexto de la crisis económica general e importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas”.

La medida fue confirmada en el Boletín Oficial de este lunes, a través de la Resolución 62/2024, la cual sostiene que es necesaria “la supresión de Unidades Operativas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel operativo, y con ello de las Funciones Ejecutivas y de Jefatura correspondientes a los cargos oportunamente creados, una readecuación general de acciones y una posterior revisión de la dotación del personal afectado al Instituto”.

La Resolución, que lleva la firma del flamante titular del ente, Carlos Luis Pirovano, detalla cómo quedó conformado el organigrama de la entidad. Las gerencias que se mantendrán serán la General, la de Asuntos Legales, la de Administración y Finanzas y la de Políticas Públicas. De esta manera, las gerencias de Fomento, de Asuntos Institucionales, de Exhibición y Audiencias y de Fiscalización de la Actividad Audiovisual quedan eliminadas.

En relación al ajuste coordinado por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y como parte de la iniciativa de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo había hecho hincapié en la alteración del respaldo financiero del INCAA, mientras que también detuvo las nuevas contrataciones, subsidios, aportes y contribuciones institucionales, así como el desembolso por horas extraordinarias.

Este avance libertario del Estado Nacional apuntó a “suprimir toda Unidad Organizativa creada en el ámbito del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que no se corresponda con las aprobadas por la presente Resolución”. En paralelo, la medida tiene el objetivo de: “Cumplir de una forma eficaz y eficiente con la responsabilidad primaria que por Ley corresponde al Instituto, resulta necesario modificar la estructura organizativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)”. 

Al respecto, Revista Trinchera diálogo con el docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del INCAA, Francisco Rizzi, quien sostuvo: “Este avance del gobierno no me toma por sorpresa, porque es otro escalón en una serie de ataques que venimos sufriendo en la industria audiovisual y en el INCAA en particular”. “El gobierno y este presidente designado para el instituto en particular, Carlos Pirovano, vienen cerrando áreas y procediendo con despidos desde que comenzaron sus funciones. Por lo tanto, esta nueva medida no nos sorprende en absoluto” agregó el profesor.

“El cierre de todos los departamentos y las áreas que se están anunciando augura nuevos despidos, por lo tanto la suspensión que anuncian como transitoria del INCAA, en la medida en que no haya una respuesta y una reacción frente a este ataque del gobierno, augura un achicamiento del instituto y por supuesto de todas las funciones que dependen, como los festivales internacionales”, alegó Rizzi. 

En tanto los trabajadores y trabajadoras (alrededor de 700 personas) recibirán una licencia obligatoria, hasta que finalice la reorganización interna de la entidad, que se llevará a cabo en los próximos días. En este sentido, el docente del ENERC señaló: “Queda realmente todo en un limbo porque este proceso de vaciamiento y despidos se suma a las vinculaciones contractuales que existen entre trabajadores y el instituto, que son muy irregulares. Hay una gran cantidad de trabajadores que están con contratos precarios o en planta transitoria, también conocido como Artículo 9, y los primeros despidos como sucedió ya en el gobierno de Macri fueron por la no renovación de estos”.

“Luego siguieron estas cesantías, pases a disponibilidad de trabajadores que incluso están en planta permanente. Tanto los trabajadores que están con modalidades contractuales más precarias como los que están en planta permanente, son trabajadores que tienen por ahí decenas de años trabajando en el instituto, y de un día para otro los cesantean, por supuesto con el impacto que esto conlleva en las áreas en las que trabajan y la imposibilidad de seguir funcionando en muchos ámbitos del instituto”, prosiguió Rizzi.

Representantes sindicales afirmaron que tampoco funcionarán las salas que dependen del organismo, en cuanto a la exhibición comercial y de estrenos, pero sí están aseguradas las funciones correspondientes al Festival Bafici 2024 previstas para este lunes en el cine Gaumont, uno de los principales lugares del evento.

En lo que respecta a los eventos y funciones, Rizzi describió: “Ya se anunció que el festival de Mar del Plata, el más importante del país y de Latinoamérica, está en peligro de que siga su funcionamiento y su fomento en particular, ya que la resolución 27 lo que hace es frizar la posibilidad de que haya nuevas películas, por lo tanto no solamente el problema es con las fuentes de trabajo directas del instituto, sino con todas las fuentes de trabajo que el fomento a la industria audiovisual genera en esa propia industria”.

Finalmente, el docente del ENERC confirmó en Trinchera que en principio estarán el 23, en la marcha educativa y para el próximo 26 se está convocando a los distintos sectores vinculados a la actividad cinematográfica, a las puertas del INCAA para garantizar el funcionamiento del instituto y que los trabajadores despedidos sean reincorporados. “Además de que vuelvan a poner en funcionamiento el fomento para que todos esos despidos (que no se cuentan pero que están sucediendo) de quienes trabajamos en la industria audiovisual también volvamos a tener garantizados nuestros puestos de trabajo”, concluyó Rizzi.


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El plan “motosierra” no aplica en la casta: ascendieron a Karina Milei y Eduardo Serenellini

El plan “motosierra” no aplica en la casta: ascendieron a Karina Milei y Eduardo Serenellini

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El Gobierno nacional determinó que sí hay plata, y ahora, aquellos que encabezan las Secretarías General, la Legal y Técnica, y de Prensa, tendrán el rango de ministros. Casualmente esta semana se conoció el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como secretario de Estado, lo que representa una suma exponencial a sus sueldos.

Este viernes, el Gobierno nacional oficializó el ascenso de rango y jerarquía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, y del secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quienes ahora serán considerados ministros. La medida fue confirmada a través del DNU 337/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el cual modifica nuevamente la Ley de Ministerios considerando que “la medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno”.

Casualmente, esta semana se conoció que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue ascendido a secretario de Estado, cuestión que le representará un mayor ingreso en su bolsillo. Además, el jueves de la corriente semana, se desató una fuerte polémica luego de que los senadores votaran un importante aumento de sus ingresos. Estas decisiones demuestran que la “licuadora” y la “motosierra” del ajuste de las que tanto habló Milei no alcanza a sus funcionarios y fortuitamente su hermana, una de las personas de mayor confianza del Jefe de Estado y principal armadora política de La Libertad Avanza a nivel nacional.

La norma que lleva la firma del presidente Javier Milei y así como también de los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Sandra Pettovello, presenta una modificación a la Ley N° 22.520, específicamente en el artículo 10°, el cual queda redactado de la siguiente manera: “El Presidente de la Nación determinará las funciones específicas de cada Secretaría y organismo presidencial. Las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, tendrán rango y jerarquía de Ministro”.

Es decir, que pese a este nuevo nombramiento, las tres áreas nombradas en el Decreto seguirán siendo secretarías y trabajarán bajo la órbita del jefe de Estado y si bien no formarán parte de la Jefatura de Gabinete, sí se les reconocerá el rango equivalente al de los ministros.

Entre sus argumentos, el documento oficial señala que “resulta necesario adecuar el rango y la jerarquía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación”, por lo que ahora el periodista de televisión y radio, Serenellini, se suma a la lista de funcionarios que ven una mejora de sus salarios en medio del fuerte proceso de recorte de ingresos que sufre gran parte de la población.

Cabe recordar que el secretario asumió el cargo durante los primeros días de enero en reemplazo de Belén Stettler, quien abandonó antes de que se cumpla el mes de gestión de Milei. Poco antes de dar el salto a la función, el ahora integrante de la Administración Nacional, fue protagonista de una gran polémica al sostener en el noticiero que conducía que ante la necesidad del ajuste algunos argentinos debían aceptar comer solo una vez al día.

“Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá ‘no lo uso más’, y otro, y ese es el que está grave, dirá ‘no hay desayuno o no hay almuerzo’, obviamente, una comida por día. O sea, en distintos niveles todos estamos recortando”, expresó Serenelli al aire.

Por otra parte, el Decreto resuelve un incremento de 35 mil URS (Unidades Retributivas) Adicionales, equivalentes a una suma de $22.214.500 por mes. De esta manera Karina Milei, se adjudicó de un solo revés una parte del presupuesto que correspondía a la jefatura de Gabinete, y además, duplicó los recursos para su cartera. 

Finalmente con este ascenso al rango de ministros, tanto Serenellini, como Herrara Bravo y Karina Milei cobran un sueldo bruto de poco más de $3.5 millones de pesos, que también cobraron en enero y que no pudieron actualizar porque Milei determinó que los sueldos tenían que quedar “congelados” como parte de una política de contención a los gastos en el Estado.


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La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

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Sin entrometerse en la discusión política, la Corte Suprema aseguró que no tiene motivos para declarar como inconstitucional al mega DNU 70/23, y guiñó al poder legislativo para que finalice la tratativa en Diputados. Por su parte, los órganos externos competentes siguen limándole las patas al paquete de leyes.

La presentación de un paquete de leyes tan extenso como es el DNU 70/23, que rige desde diciembre de 2023, abrió las puertas a una batalla judicial (y parlamentaria) que se desarrolla casi todos los días en distintos escenarios. Ante tremendo atropello en términos de extensión y reformulación, distintos dirigentes coincidieron en un término para describirlo, pero también para invitar a determinado sector a resolverlo: “anticonstitucional”. Ese mismo fue el adjetivo que buscó citar a la Corte Suprema -técnicamente más que competente para tomar tal decisión- la cual finalmente se expresó públicamente, y aseguró que no intervendrá. Sin embargo, en el mientras tanto, la micro disputa se desarrolló y se desarrolla en otros nichos de la justicia y la política. 

“La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales”, aseguraron desde el máximo tribunal de Justicia, y pasaron la pelota automáticamente. Es lógico si se analiza desde el punto en el que el Poder Legislativo ya se hizo cargo de dicha discusión, y actualmente transita la mitad del proceso, sin una fecha estimada para su finalización, que sería la tratativa en Diputados.

Por otra parte, al Gobierno nacional no parece importarle que el DNU siga en vigencia, en primer lugar  porque sus esfuerzos se ven aplicados a la nueva Ley Bases, en segundo lugar porque ellos mismos lo aseguraron: “que hagan lo que quieran” había dicho el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de ser rechazado en el Senado de la Nación. En tercer lugar, porque el daño al salario y la licuación de pesos ya está realizado, pese que a última hora el ministro de Economía, Luis Caputo, fuese poseído por algún espíritu proteccionista y estatista que de repente pretenda controlar los precios de las prepagas.

Fue el gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, junto al abogado Jorge Rizzo quienes, con presentaciones por separado, intentaron entrometer a la Corte Suprema para que se calce los pantalones, y derribe por completo un paquete que, en la discusión de ‘una por una’ conlleva un esfuerzo superlativo de distintos organismos. Un ejemplo puede ser el caso del artículo 154, su anulación fue lograda, pero luego de que durante meses, organizaciones como el CECIM se dispusieron a trabajar por la causa. Todo esto para la anulación de uno (de los más importantes) de los más de 600 que originalmente se habían redactado. 

En tanto y en cuanto la discusión en la Cámara de Diputados se dilate, la pelea seguirá siendo trinchera por trinchera, como es en el caso del capítulo laboral, en donde la sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo reafirmó la inconstitucionalidad del mismo, con la aceptación de un recurso de amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Si bien el artículo no rige desde que la misma cámara falló en favor de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) , el recurso suma nuevos argumentos y garantías.

“Detrás de esta pretensión se escuda la de desangrar el poder del sindicato y del activismo sindical, y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, entre otros”, aseguró la Cámara del Trabajo a través de un comunicado que detalla la incorporación de dicho recurso de amparo. “Este decreto puede provocar en la práctica, una vuelta de campana muy difícil de reconducir (y de lograrse, con muchos que no puedan recuperarse), llevándonos de regreso al periodo de mayor sumisión histórica, como si no hubiera habido una evolución, conculcando el propio decreto los derechos que dice defender”, advirtieron además desde el organismo


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Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

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El Gobierno nacional envió al Congreso, con entrada por Diputados, el proyecto de paquete fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales. El objetivo principal es dejar sin efecto la reforma aprobada a finales del año 2023.

A mitad de esta semana, el Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió un paquete de reforma fiscal al Congreso y confía en que esta vez será aprobado. El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de 1.8 millones de pesos para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.2 millones de pesos, con una primera escala del 5% en ambos casos.

En principio, el escrito oficial con entrada por Diputados, rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el Impuesto a las Ganancias, por lo cual pasará a llamarse Ingresos Personales. “Se establece que no resultan aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo”, expresa el documento.

Para tales cambios el informe argumenta que “el sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal”. “Eso derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal”, sostiene el proyecto.

De esta manera, la reforma fiscal propuesta por el Gobierno nacional incluye también la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

En consonancia, el proyecto impulsa la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El objetivo del oficialismo es gestionar el proyecto la próxima semana en un plenario de comisiones, además de que sea discutido en paralelo con la Ley Ómnibus, ya que esta última será reflotada mediante un nuevo dictamen en base al texto que cayó en febrero. Este tiene más de 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También está compuesta por la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y la delegación de facultades al Ejecutivo.

Para lograr los votos en el Congreso (tanto en Diputados como en el Senado), el ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores dialoguistas, en principio estuvo con Claudio Vidal (Santa Cruz). Luego viajó a la capital santafesina para participar de la asunción del presidente de la región centro. Allí participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego tuvieron un encuentro con el integrante del Gabinete.

Además, el ministro de Interior hizo acto de presencia en la provincia de Santiago del Estero y se reunió con Gerardo Zamora para afianzar un acuerdo legislativo para el Senado. El miércoles de la corriente semana, Francos recibió en su despacho a los diputados del bloque de Innovación Federal, que se compone de cuatro legisladores de la provincia de Misiones, tres de Salta y uno de Río Negro.

Los puntos más importantes del Paquete fiscal esbozado por Nación

En principio algunas de las modificaciones que plantea el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes son: Impuesto a las Ganancias, allí, se elimina la eximición de la cuarta categoría y se establecen escalas, contemplando la ganancia neta imponible mensual acumulada. Asimismo se contempla que “los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”.

Con respecto al “Blanqueo de capitales” quieren establecer un Régimen de Regularización de Activos para personas residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025. Los individuos que pueden ser sociedades, “quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones”, detalla el Proyecto.

Sin embargo, no pueden participar funcionarios (ni sus familiares) del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial en órdenes nacionales, provinciales o municipales; tampoco personal diplomático, autoridades universitarias

En tanto a los “Impuestos de Bienes Personales” el proyecto propone la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que apunta a reducir la tasa máxima de 2,25% hasta el 0,45%. Asimismo, el primer pago no podrá ser de menos del 75% del total del impuesto y los contribuyentes que opten por adherirse al régimen “gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional”.

Por otra lado, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, el informe plantea la derogación del Título VII de la Ley N° 23.905 que establecía “en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país”.

Por último, el documento propone dos regímenes, el primer de ellos es el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que tienen el objetivo de “garantizar a los contribuyentes y consumidores transparencia total sobre la carga tributaria efectiva que recae sobre los productos y/o servicios” se establecen una serie de consideraciones a discriminar en las documentaciones de las operaciones y se solicita que, en caso de ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios, se debe “indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado”.

Luego, está el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que buscará constituir un esquema “más eficiente para los contribuyentes y para el erario público”. En este sentido, unas de las consideraciones es establecer como primera categoría un tope para los ingresos brutos anuales de hasta $6.450.000, un patrimonio de superficie física de hasta 30 metros cuadrados, un consumo de energía eléctrica anual de hasta 3.300 KW y un piso de monto de los alquileres devengados de hasta $1.050.000. 


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La “campaña del miedo” se hizo realidad: la UBA ya redujo su actividad

La “campaña del miedo” se hizo realidad: la UBA ya redujo su actividad

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Las advertencias finalmente se hicieron realidad y la Universidad de Buenos Aires comenzó a funcionar con recortes en electricidad debido a la suba en las tarifas de luz y el ahogo presupuestario. De no resolverse la situación, a nivel nacional las universidades no podrán continuar por más de dos meses.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció oficialmente el efecto de la era Milei en la educación superior pública: a través de una resolución firmada el 10 de abril se anunció que se restringirá el uso de la energía en distintos sectores de los establecimientos que componen a la institución, lo cual por decantación obligará al cese de diversas actividades. Hacia el futuro a corto plazo preocupa que de persistir el presupuesto actual, la actividad total durante el segundo período del año sea imposible de ejecutar.

Debido a “una reducción del presupuesto del 26% en términos nominales, pero del 80% en términos reales”, las máximas autoridades de la UBA anunciaron que por lo pronto deberán limitar el uso de luz y ascensores, desistir totalmente de aire acondicionados y calderas, frenar las actividades de extensión y no entregar más becas. Pero esto podría ser solo el principio para una de las tantas universidades del país que ven como el presupuesto otorgado apenas alcanza para cubrir los gastos de dos o tres meses. Mientras el presupuesto se congeló en 2023, las facturas de luz aumentaron en un 577% , lo cual ejemplifica la poca lógica de un Gobierno nacional que no se ha manifestado al respecto, y por si fuese poco, desestima la situación.

“Las facultades no van a cerrar por las tarifas de luz”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, con ese ya tradicional tono que mezcla ignorancia con soberbia. Sin embargo, las cuentas de la facultad de exactas de UBA no dicen lo mismo, ya que según los cálculos realizados, si no se resuelve la problemática, el establecimiento deberá cerrar en 43 días. En general, esta situación se extiende a todo el país, y el plazo estimado para las más optimistas es el mes de junio o julio. 

En la misma línea se expresó Mauricio Erben, decano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en su paso por el estudio de Radio Emilia Uscamayta Curi del multimedio Trinchera. “No tiene mucho sentido darle mucha vuelta a la discusión, es obvio lo que va a pasar si tenemos el mismo presupuesto de 2023 con la inflación que hubo y con el tarifazo que se está planteando”, aseguró.

Al mismo tiempo, la Red Argentina de Carreras de Sociología (RedSocio), y el presidente del Conicet, Daniel Salamone, aseguraron que el  “ataque” del Gobierno nacional es mayor aún en las carreras de Ciencias Sociales, y que el recorte también podría ser aún mayor. A través de una publicación en sus redes sociales, Red Socio aseguró que las dos columnas de producción científica del país (Conicet y la Agencia I + D + i) sufren un desmantelamiento en sus actividades, en línea con el desfinanciamiento brutal hacia las carreras de ésa índole. Esto no sólo ejemplifica que la destrucción llevada a cabo por La Libertad Avanza destroza la educación, sino también al trabajo.

El panorama para la educación pública de nivel superior en la Argentina llegó a una complejidad límite debido a un Gobierno nacional que, si bien prometió recortes en muchísimos sectores, mintió en la campaña electoral, y aseguró que no malograría la educación pública, de la misma manera que aseguró que liberaría las tarifas del transporte sólo cuando “la economía lo pueda pagar”, pero lo hizo tras pulverizar los ingresos promedio. Debido a esta situación límite, este 23 de abril se realizará una megamarcha federal para exigir una readecuación del presupuesto nacional a las universidades que asegure su continuidad, nucleadas por distintas instituciones a lo largo del país.

 

Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

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Un informe publicado por la Federación Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023, firmado por Milei, en el mercado de alquileres en el país, que en su mayoría están atados a la inflación. Además, señaló que el impacto a los ingresos de una familia tipo es brutal, sumada a la situación habitacional crítica.

La Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2024, realizada en conjunto por Inquilinos Agrupados y el colectivo Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023 (que deroga la Ley de Alquileres, y permite, a los dueños de departamentos y las inmobiliarias, especular sobre los costos) en el mercado de alquileres en la Argentina. En este sentido, el informe sostuvo que el valor promedio de los alquileres, en los principales centros urbanos del país, en marzo fue entre un 25% y hasta 43% más caro que el de enero pasado.

El estudio consultó a más de cuatro mil personas que alquilan en todo el país, y los resultados esbozados pusieron de manifiesto la creciente tensión económica y habitacional que enfrentan los inquilinos desde la implementación del decreto. También indaga en los distintos aspectos de los hogares inquilinos: desde los ingresos, el monto del alquiler y las expensas, el acuerdo por mes sobre la cantidad de ambientes y por provincia.

En este sentido, el informe sostiene que “el 91,5% de los contratos se actualizan en seis meses o menos”, con aumentos trimestrales (acordes a la inflación y que no contemplan los aumentos de salario). Además, la Federación resaltó que el 41% de los contratos firmados post DNU tienen una duración menor a un año.

Asimismo, el escrito destaca que para pagar el alquiler y las expensas, los inquilinos debieron destinar en promedio el 34,6% de sus ingresos, y esto, sin incluir los impuestos y las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, esta cifra sube al 42,1% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigor del Decreto 70/2023. Estos cambios generaron una situación de endeudamiento para muchas familias que luchan por costear sus viviendas.

Con respecto a los plazos, en el caso de los contratos de tres años, en los más nuevos, se presenta solamente en el 16% del total analizado en el mes de marzo, mientras que en enero, era del 24,8%. En paralelo, los contratos de menos de un año representan el 33% de los casos, mientras que los que superan los dos años son los más frecuentes, alcanzando el 42,2%.

Según se corroboró en la Encuesta Nacional Inquilina el 60,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo, siendo los bancos emisores de tarjetas de crédito la entidad acreedora predominante en un 42,2% de los casos ya que la gente recurre a préstamos. Estas deudas son para cubrir gastos básicos como el alquiler, alimentos o urgencias médicas.

Por otra parte, Inquilinos Agrupados informó que los precios de los alquileres, subieron considerablemente desde la entrada en vigor del Mega-DNU impuesto por el gobierno libertario, sufriendo las actualizaciones de precios con más frecuencia y atados principalmente a la inflación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un departamento familiar de tres ambientes pasó de costar $245.467 a $344.291. En la provincia de Buenos Aires, el precio subió de $156.637 a $254.270, y en Santa Fe, de $140.461 a $191.742.

Sin dudas, los resultados del relevamiento reflejan un empeoramiento continuo de la situación habitacional que sufre todo el pueblo argentino desde la derogación del marco regulatorio en noviembre de 2023 llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei, exacerbando la vulnerabilidad financiera y habitacional de miles de familias en todo el país, pese a que los casos más severos según la encuesta se encuentran en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Santa Fe.

También demuestra que la eliminación del marco regulatorio para los alquileres generó que los inquilinos vuelvan a negociar sus condiciones con los propietarios, firmando contratos insostenibles e incluso en moneda extranjera. Además, al desamparo creado por el Gobierno nacional, se le suma el creciente estrés financiero y una fuerte precarización en cuanto al derecho a la vivienda, todo esto hace las condiciones de vida que tiene la población argentina, en lo que respecta a vivienda, cada vez sea peor.


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