Tras el dictamen de comisiones en Diputados, el oficialismo impuso un apartado dentro del capítulo laboral con menos artículos y diversas modificaciones que la normativa presentada y vetada en febrero pasado. Entre los puntos claves y más controversiales, el proyecto ampliará el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones.
Luego del fuerte desplome que sufrió la Ley Bases del Gobierno nacional el pasado 5 de febrero, Milei y sus secuaces volvieron a presentar el proyecto el pasado jueves (del cual solo quedaron en pie 240 artículos de los 600 originales) y logró dictamen en las comisiones de Diputados gracias al respaldo de la oposición dialoguista. Uno de los puntos más controversiales que entraron en el escrito final fue, justamente, el de la reforma laboral que tiene entre sus artículos más discutidos el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones. Tanto Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) criticaron la iniciativa que se discutirá el lunes en el recinto de la Cámara Baja.
En principio, en el apartado denominado “Modernización laboral”, la nueva Ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo de 17 artículos con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013. Ahora, el proyecto cuenta con puntos de contacto con el documento que presentó el radicalismo, ya que constan con transformaciones que diputados del partido de la Unión Cívica Radical (UCR) defendían como necesarias y que incluso conversaron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada.
En este sentido, la iniciativa del radicalismo modifica únicamente dos apartados del ámbito laboral, las 20.744 y 24.013, mientras que deroga el artículo 1 de la ley 25.323, una propuesta muy distante al capítulo IV del DNU 70/2023 que permanece en la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el oficialismo logró sellar un acuerdo a contrarreloj con las bancadas aliadas y pactó su incorporación al proyecto del Gobierno libertario a cambio de sus votos a favor.
Las modificaciones de la ley laboral propuestas por la Ley Bases
Extensión del período de prueba: actualmente es de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de ocho meses para pymes de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. Asimismo, la empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez, y la utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
El fondo de cese laboral optativo: se podrá determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones).
La derogación de multas por no registración laboral: este apartado fue borrado del texto original, el artículo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquean empresas en el marco de pujas salariales o laborales.
Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): otro aspecto fundamental de la Ley, según destaca el oficialismo, ya que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.
Aunque el oficialismo evitó avanzar (como proponía la UCR) contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales, la oposición dura al gobierno libertario tuvo fuertes críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores. En este sentido, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, señaló: “Para garantizar el quórum en el recinto y las firmas (dictamen) accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral: entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto”.
Martínez también pidió “hacer memoria” y repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000, ya que en aquel momento el gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que desencadenó el escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla, con la posterior renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
A su turno, la diputada e integrante del FIT y PTS, Myriam Bregman, detalló que lo que está haciendo el oficialismo y su bancada “es ilegal y es anticonstitucional, ya que no pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país”.
En paralelo, la diputada del FIT-PO, Romina del Plá, ató los cabos que el oficialismo venía soltando con la reforma laboral y la Ley Bases, y mencionó: “Para los trabajadores hay impuesto sobre los salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes personales. Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos hacen pagar la fiesta de los fugadores, de los narcos y de los empresarios”.
Tras la confirmación del avance de la Ley el camionero e integrante de la CGT, Pablo Moyano, en diálogo con AM750 aseguró que esta reforma representa “una condena para los trabajadores”, y agregó: “La rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”.
Por último, Moyano alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga, ya que “plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante una medida de fuerza”. De esta manera, el intento de Milei de concretar una reforma laboral en una sesión que se extendería entre el lunes 29 y el martes 30, fortalecerá la movilización por el Día del Trabajador y el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.
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