El plan “motosierra” no aplica en la casta: ascendieron a Karina Milei y Eduardo Serenellini

El plan “motosierra” no aplica en la casta: ascendieron a Karina Milei y Eduardo Serenellini

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El Gobierno nacional determinó que sí hay plata, y ahora, aquellos que encabezan las Secretarías General, la Legal y Técnica, y de Prensa, tendrán el rango de ministros. Casualmente esta semana se conoció el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como secretario de Estado, lo que representa una suma exponencial a sus sueldos.

Este viernes, el Gobierno nacional oficializó el ascenso de rango y jerarquía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, y del secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quienes ahora serán considerados ministros. La medida fue confirmada a través del DNU 337/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el cual modifica nuevamente la Ley de Ministerios considerando que “la medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno”.

Casualmente, esta semana se conoció que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue ascendido a secretario de Estado, cuestión que le representará un mayor ingreso en su bolsillo. Además, el jueves de la corriente semana, se desató una fuerte polémica luego de que los senadores votaran un importante aumento de sus ingresos. Estas decisiones demuestran que la “licuadora” y la “motosierra” del ajuste de las que tanto habló Milei no alcanza a sus funcionarios y fortuitamente su hermana, una de las personas de mayor confianza del Jefe de Estado y principal armadora política de La Libertad Avanza a nivel nacional.

La norma que lleva la firma del presidente Javier Milei y así como también de los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Sandra Pettovello, presenta una modificación a la Ley N° 22.520, específicamente en el artículo 10°, el cual queda redactado de la siguiente manera: “El Presidente de la Nación determinará las funciones específicas de cada Secretaría y organismo presidencial. Las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, tendrán rango y jerarquía de Ministro”.

Es decir, que pese a este nuevo nombramiento, las tres áreas nombradas en el Decreto seguirán siendo secretarías y trabajarán bajo la órbita del jefe de Estado y si bien no formarán parte de la Jefatura de Gabinete, sí se les reconocerá el rango equivalente al de los ministros.

Entre sus argumentos, el documento oficial señala que “resulta necesario adecuar el rango y la jerarquía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación”, por lo que ahora el periodista de televisión y radio, Serenellini, se suma a la lista de funcionarios que ven una mejora de sus salarios en medio del fuerte proceso de recorte de ingresos que sufre gran parte de la población.

Cabe recordar que el secretario asumió el cargo durante los primeros días de enero en reemplazo de Belén Stettler, quien abandonó antes de que se cumpla el mes de gestión de Milei. Poco antes de dar el salto a la función, el ahora integrante de la Administración Nacional, fue protagonista de una gran polémica al sostener en el noticiero que conducía que ante la necesidad del ajuste algunos argentinos debían aceptar comer solo una vez al día.

“Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá ‘no lo uso más’, y otro, y ese es el que está grave, dirá ‘no hay desayuno o no hay almuerzo’, obviamente, una comida por día. O sea, en distintos niveles todos estamos recortando”, expresó Serenelli al aire.

Por otra parte, el Decreto resuelve un incremento de 35 mil URS (Unidades Retributivas) Adicionales, equivalentes a una suma de $22.214.500 por mes. De esta manera Karina Milei, se adjudicó de un solo revés una parte del presupuesto que correspondía a la jefatura de Gabinete, y además, duplicó los recursos para su cartera. 

Finalmente con este ascenso al rango de ministros, tanto Serenellini, como Herrara Bravo y Karina Milei cobran un sueldo bruto de poco más de $3.5 millones de pesos, que también cobraron en enero y que no pudieron actualizar porque Milei determinó que los sueldos tenían que quedar “congelados” como parte de una política de contención a los gastos en el Estado.


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La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

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Sin entrometerse en la discusión política, la Corte Suprema aseguró que no tiene motivos para declarar como inconstitucional al mega DNU 70/23, y guiñó al poder legislativo para que finalice la tratativa en Diputados. Por su parte, los órganos externos competentes siguen limándole las patas al paquete de leyes.

La presentación de un paquete de leyes tan extenso como es el DNU 70/23, que rige desde diciembre de 2023, abrió las puertas a una batalla judicial (y parlamentaria) que se desarrolla casi todos los días en distintos escenarios. Ante tremendo atropello en términos de extensión y reformulación, distintos dirigentes coincidieron en un término para describirlo, pero también para invitar a determinado sector a resolverlo: “anticonstitucional”. Ese mismo fue el adjetivo que buscó citar a la Corte Suprema -técnicamente más que competente para tomar tal decisión- la cual finalmente se expresó públicamente, y aseguró que no intervendrá. Sin embargo, en el mientras tanto, la micro disputa se desarrolló y se desarrolla en otros nichos de la justicia y la política. 

“La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales”, aseguraron desde el máximo tribunal de Justicia, y pasaron la pelota automáticamente. Es lógico si se analiza desde el punto en el que el Poder Legislativo ya se hizo cargo de dicha discusión, y actualmente transita la mitad del proceso, sin una fecha estimada para su finalización, que sería la tratativa en Diputados.

Por otra parte, al Gobierno nacional no parece importarle que el DNU siga en vigencia, en primer lugar  porque sus esfuerzos se ven aplicados a la nueva Ley Bases, en segundo lugar porque ellos mismos lo aseguraron: “que hagan lo que quieran” había dicho el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de ser rechazado en el Senado de la Nación. En tercer lugar, porque el daño al salario y la licuación de pesos ya está realizado, pese que a última hora el ministro de Economía, Luis Caputo, fuese poseído por algún espíritu proteccionista y estatista que de repente pretenda controlar los precios de las prepagas.

Fue el gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, junto al abogado Jorge Rizzo quienes, con presentaciones por separado, intentaron entrometer a la Corte Suprema para que se calce los pantalones, y derribe por completo un paquete que, en la discusión de ‘una por una’ conlleva un esfuerzo superlativo de distintos organismos. Un ejemplo puede ser el caso del artículo 154, su anulación fue lograda, pero luego de que durante meses, organizaciones como el CECIM se dispusieron a trabajar por la causa. Todo esto para la anulación de uno (de los más importantes) de los más de 600 que originalmente se habían redactado. 

En tanto y en cuanto la discusión en la Cámara de Diputados se dilate, la pelea seguirá siendo trinchera por trinchera, como es en el caso del capítulo laboral, en donde la sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo reafirmó la inconstitucionalidad del mismo, con la aceptación de un recurso de amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Si bien el artículo no rige desde que la misma cámara falló en favor de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) , el recurso suma nuevos argumentos y garantías.

“Detrás de esta pretensión se escuda la de desangrar el poder del sindicato y del activismo sindical, y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, entre otros”, aseguró la Cámara del Trabajo a través de un comunicado que detalla la incorporación de dicho recurso de amparo. “Este decreto puede provocar en la práctica, una vuelta de campana muy difícil de reconducir (y de lograrse, con muchos que no puedan recuperarse), llevándonos de regreso al periodo de mayor sumisión histórica, como si no hubiera habido una evolución, conculcando el propio decreto los derechos que dice defender”, advirtieron además desde el organismo


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Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

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El Gobierno nacional envió al Congreso, con entrada por Diputados, el proyecto de paquete fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales. El objetivo principal es dejar sin efecto la reforma aprobada a finales del año 2023.

A mitad de esta semana, el Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió un paquete de reforma fiscal al Congreso y confía en que esta vez será aprobado. El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de 1.8 millones de pesos para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.2 millones de pesos, con una primera escala del 5% en ambos casos.

En principio, el escrito oficial con entrada por Diputados, rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el Impuesto a las Ganancias, por lo cual pasará a llamarse Ingresos Personales. “Se establece que no resultan aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo”, expresa el documento.

Para tales cambios el informe argumenta que “el sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal”. “Eso derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal”, sostiene el proyecto.

De esta manera, la reforma fiscal propuesta por el Gobierno nacional incluye también la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

En consonancia, el proyecto impulsa la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El objetivo del oficialismo es gestionar el proyecto la próxima semana en un plenario de comisiones, además de que sea discutido en paralelo con la Ley Ómnibus, ya que esta última será reflotada mediante un nuevo dictamen en base al texto que cayó en febrero. Este tiene más de 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También está compuesta por la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y la delegación de facultades al Ejecutivo.

Para lograr los votos en el Congreso (tanto en Diputados como en el Senado), el ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores dialoguistas, en principio estuvo con Claudio Vidal (Santa Cruz). Luego viajó a la capital santafesina para participar de la asunción del presidente de la región centro. Allí participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego tuvieron un encuentro con el integrante del Gabinete.

Además, el ministro de Interior hizo acto de presencia en la provincia de Santiago del Estero y se reunió con Gerardo Zamora para afianzar un acuerdo legislativo para el Senado. El miércoles de la corriente semana, Francos recibió en su despacho a los diputados del bloque de Innovación Federal, que se compone de cuatro legisladores de la provincia de Misiones, tres de Salta y uno de Río Negro.

Los puntos más importantes del Paquete fiscal esbozado por Nación

En principio algunas de las modificaciones que plantea el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes son: Impuesto a las Ganancias, allí, se elimina la eximición de la cuarta categoría y se establecen escalas, contemplando la ganancia neta imponible mensual acumulada. Asimismo se contempla que “los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”.

Con respecto al “Blanqueo de capitales” quieren establecer un Régimen de Regularización de Activos para personas residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025. Los individuos que pueden ser sociedades, “quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones”, detalla el Proyecto.

Sin embargo, no pueden participar funcionarios (ni sus familiares) del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial en órdenes nacionales, provinciales o municipales; tampoco personal diplomático, autoridades universitarias

En tanto a los “Impuestos de Bienes Personales” el proyecto propone la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que apunta a reducir la tasa máxima de 2,25% hasta el 0,45%. Asimismo, el primer pago no podrá ser de menos del 75% del total del impuesto y los contribuyentes que opten por adherirse al régimen “gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional”.

Por otra lado, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, el informe plantea la derogación del Título VII de la Ley N° 23.905 que establecía “en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país”.

Por último, el documento propone dos regímenes, el primer de ellos es el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que tienen el objetivo de “garantizar a los contribuyentes y consumidores transparencia total sobre la carga tributaria efectiva que recae sobre los productos y/o servicios” se establecen una serie de consideraciones a discriminar en las documentaciones de las operaciones y se solicita que, en caso de ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios, se debe “indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado”.

Luego, está el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que buscará constituir un esquema “más eficiente para los contribuyentes y para el erario público”. En este sentido, unas de las consideraciones es establecer como primera categoría un tope para los ingresos brutos anuales de hasta $6.450.000, un patrimonio de superficie física de hasta 30 metros cuadrados, un consumo de energía eléctrica anual de hasta 3.300 KW y un piso de monto de los alquileres devengados de hasta $1.050.000. 


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