La “campaña del miedo” se hizo realidad: la UBA ya redujo su actividad

La “campaña del miedo” se hizo realidad: la UBA ya redujo su actividad

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Las advertencias finalmente se hicieron realidad y la Universidad de Buenos Aires comenzó a funcionar con recortes en electricidad debido a la suba en las tarifas de luz y el ahogo presupuestario. De no resolverse la situación, a nivel nacional las universidades no podrán continuar por más de dos meses.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció oficialmente el efecto de la era Milei en la educación superior pública: a través de una resolución firmada el 10 de abril se anunció que se restringirá el uso de la energía en distintos sectores de los establecimientos que componen a la institución, lo cual por decantación obligará al cese de diversas actividades. Hacia el futuro a corto plazo preocupa que de persistir el presupuesto actual, la actividad total durante el segundo período del año sea imposible de ejecutar.

Debido a “una reducción del presupuesto del 26% en términos nominales, pero del 80% en términos reales”, las máximas autoridades de la UBA anunciaron que por lo pronto deberán limitar el uso de luz y ascensores, desistir totalmente de aire acondicionados y calderas, frenar las actividades de extensión y no entregar más becas. Pero esto podría ser solo el principio para una de las tantas universidades del país que ven como el presupuesto otorgado apenas alcanza para cubrir los gastos de dos o tres meses. Mientras el presupuesto se congeló en 2023, las facturas de luz aumentaron en un 577% , lo cual ejemplifica la poca lógica de un Gobierno nacional que no se ha manifestado al respecto, y por si fuese poco, desestima la situación.

“Las facultades no van a cerrar por las tarifas de luz”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, con ese ya tradicional tono que mezcla ignorancia con soberbia. Sin embargo, las cuentas de la facultad de exactas de UBA no dicen lo mismo, ya que según los cálculos realizados, si no se resuelve la problemática, el establecimiento deberá cerrar en 43 días. En general, esta situación se extiende a todo el país, y el plazo estimado para las más optimistas es el mes de junio o julio. 

En la misma línea se expresó Mauricio Erben, decano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en su paso por el estudio de Radio Emilia Uscamayta Curi del multimedio Trinchera. “No tiene mucho sentido darle mucha vuelta a la discusión, es obvio lo que va a pasar si tenemos el mismo presupuesto de 2023 con la inflación que hubo y con el tarifazo que se está planteando”, aseguró.

Al mismo tiempo, la Red Argentina de Carreras de Sociología (RedSocio), y el presidente del Conicet, Daniel Salamone, aseguraron que el  “ataque” del Gobierno nacional es mayor aún en las carreras de Ciencias Sociales, y que el recorte también podría ser aún mayor. A través de una publicación en sus redes sociales, Red Socio aseguró que las dos columnas de producción científica del país (Conicet y la Agencia I + D + i) sufren un desmantelamiento en sus actividades, en línea con el desfinanciamiento brutal hacia las carreras de ésa índole. Esto no sólo ejemplifica que la destrucción llevada a cabo por La Libertad Avanza destroza la educación, sino también al trabajo.

El panorama para la educación pública de nivel superior en la Argentina llegó a una complejidad límite debido a un Gobierno nacional que, si bien prometió recortes en muchísimos sectores, mintió en la campaña electoral, y aseguró que no malograría la educación pública, de la misma manera que aseguró que liberaría las tarifas del transporte sólo cuando “la economía lo pueda pagar”, pero lo hizo tras pulverizar los ingresos promedio. Debido a esta situación límite, este 23 de abril se realizará una megamarcha federal para exigir una readecuación del presupuesto nacional a las universidades que asegure su continuidad, nucleadas por distintas instituciones a lo largo del país.

 

Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

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Un informe publicado por la Federación Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023, firmado por Milei, en el mercado de alquileres en el país, que en su mayoría están atados a la inflación. Además, señaló que el impacto a los ingresos de una familia tipo es brutal, sumada a la situación habitacional crítica.

La Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2024, realizada en conjunto por Inquilinos Agrupados y el colectivo Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023 (que deroga la Ley de Alquileres, y permite, a los dueños de departamentos y las inmobiliarias, especular sobre los costos) en el mercado de alquileres en la Argentina. En este sentido, el informe sostuvo que el valor promedio de los alquileres, en los principales centros urbanos del país, en marzo fue entre un 25% y hasta 43% más caro que el de enero pasado.

El estudio consultó a más de cuatro mil personas que alquilan en todo el país, y los resultados esbozados pusieron de manifiesto la creciente tensión económica y habitacional que enfrentan los inquilinos desde la implementación del decreto. También indaga en los distintos aspectos de los hogares inquilinos: desde los ingresos, el monto del alquiler y las expensas, el acuerdo por mes sobre la cantidad de ambientes y por provincia.

En este sentido, el informe sostiene que “el 91,5% de los contratos se actualizan en seis meses o menos”, con aumentos trimestrales (acordes a la inflación y que no contemplan los aumentos de salario). Además, la Federación resaltó que el 41% de los contratos firmados post DNU tienen una duración menor a un año.

Asimismo, el escrito destaca que para pagar el alquiler y las expensas, los inquilinos debieron destinar en promedio el 34,6% de sus ingresos, y esto, sin incluir los impuestos y las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, esta cifra sube al 42,1% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigor del Decreto 70/2023. Estos cambios generaron una situación de endeudamiento para muchas familias que luchan por costear sus viviendas.

Con respecto a los plazos, en el caso de los contratos de tres años, en los más nuevos, se presenta solamente en el 16% del total analizado en el mes de marzo, mientras que en enero, era del 24,8%. En paralelo, los contratos de menos de un año representan el 33% de los casos, mientras que los que superan los dos años son los más frecuentes, alcanzando el 42,2%.

Según se corroboró en la Encuesta Nacional Inquilina el 60,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo, siendo los bancos emisores de tarjetas de crédito la entidad acreedora predominante en un 42,2% de los casos ya que la gente recurre a préstamos. Estas deudas son para cubrir gastos básicos como el alquiler, alimentos o urgencias médicas.

Por otra parte, Inquilinos Agrupados informó que los precios de los alquileres, subieron considerablemente desde la entrada en vigor del Mega-DNU impuesto por el gobierno libertario, sufriendo las actualizaciones de precios con más frecuencia y atados principalmente a la inflación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un departamento familiar de tres ambientes pasó de costar $245.467 a $344.291. En la provincia de Buenos Aires, el precio subió de $156.637 a $254.270, y en Santa Fe, de $140.461 a $191.742.

Sin dudas, los resultados del relevamiento reflejan un empeoramiento continuo de la situación habitacional que sufre todo el pueblo argentino desde la derogación del marco regulatorio en noviembre de 2023 llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei, exacerbando la vulnerabilidad financiera y habitacional de miles de familias en todo el país, pese a que los casos más severos según la encuesta se encuentran en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Santa Fe.

También demuestra que la eliminación del marco regulatorio para los alquileres generó que los inquilinos vuelvan a negociar sus condiciones con los propietarios, firmando contratos insostenibles e incluso en moneda extranjera. Además, al desamparo creado por el Gobierno nacional, se le suma el creciente estrés financiero y una fuerte precarización en cuanto al derecho a la vivienda, todo esto hace las condiciones de vida que tiene la población argentina, en lo que respecta a vivienda, cada vez sea peor.


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