Una vez mas, el vocero presidencial manifestó una serie de exageraciones y mentiras para demonizar a los sectores populares. En este caso le tocó a las cooperativas, sector trabajador fundamental ante la crisis en el trabajo registrado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional suspenderá más de 11 mil cooperativas de trabajo bajo el argumento de que encontraron “irregularidades”. La medida supuestamente suspendía todas las entidades creadas entre 2020 y 2022, sin embargo, el listado de bajas no alcanzó a todas las cooperativas creadas en este período, por lo que no queda claro ni el objetivo y ni la forma de selección de la misma.
La falta de claridad y la arbitrariedad -a priori- provoca llegar a la conclusión que la vocación del ejecutivo nacional no es otra que la destrucción de todo tejido productivo y social, ya que, en principio, la detección de irregularidades no se condice con la suspensión de toda las cooperativas que fueron registradas durante los años demarcados. Además, lo sucedido tampoco tiene relación con lo anunciado, ya que varias de las entidades registradas entre estos años no figuran en la lista de 149 páginas en las que el gobierno comunicó las suspensiones.
Mariana Gómez, presidenta de la asociación misionera de Artes Visuales y Cooperativa Cultural Juana Azurduy, señaló a Radio Trinchera que “el presidente está atacando lo construido”. La responsable de esta cooperativa indicó que se enteró de la medida a través de los medios de comunicación, no hubo ninguna comunicación directa con ella ni con la entidad. Una situación que, lamentables, ya se hicieron costumbre en el ejercicio del gobierno de Javier Milei, dado que ha acostumbrado al pueblo argentino a enterarse -casi a diario y por la prensa- de despidos masivos, tanto en empleo público como privado.
La destrucción de cobertura legal es un duro golpe para el sector, que se da en un contexto de no respuesta por parte del gobierno. “Estuvimos intentando comunicarnos pero no recibimos ningún correo ni respuesta, hay una lista donde aparecemos como suspendidos y es todo lo que sabemos, pareciera que el gobierno toma las decisiones y las comunica sin tener nada armado ni ninguna comunicación oficial”, aseguró Gómez, al tiempo que indicó que “el trabajo de por si lo podemos seguir haciendo, pero hay mucha frustración e incertidumbre; son cosas que las hacen a propósito para que uno se angustie”.
En un contexto de incertidumbre y angustia creciente, las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, a La Nación Más, lo convierten en uno de los actores más macabros del ejecutivo. El ministro, señaló que está disgustado con la “estabilidad laboral” en el empleo estatal, dado que ello lo imposibilita de ejercer con total libertad su plan motosierra: “Esto se tiene que terminar y vamos hacia eso”, aseguró.
Si bien en el caso de las cooperativas de trabajo no existe una relación de dependencia, dado que trabajan tanto con sectores públicos como privados, la obsesión por destruir todo lo que medianamente funciona y garantiza bienestar social parece ser su real finalidad. “La legalidad de una cooperativa conlleva estar justificando constantemente la actividad económica de la misma, y al suspenderse uno no sabe en qué situación pasa a estar, si es una situación legal pasiva o de que”, argumentó Gómez, a lo cual agregó: “Lo concreto es que se suspende todo el marco legal y eso a nosotros nos implica una gran angustia porque nos costó y cuesta muchísimo trabajo sostener todo esto”.
La Cooperativa Cultural “Juana Azurduy” realiza eventos y festivales con multiplicidad de artistas, por lo cual sus integrantes han realizado un trabajo de formación en el rubro, además del trabajo que conlleva organizar y poner en práctica las actividades. “Lo legal nos permite organizarnos en la formalidad, insertarnos en el sistema y pensar en un concepto industrial”, concluyó la cooperativista.
