Plan Motosierra: el Gobierno suspendió la asistencia a pacientes con cáncer

Plan Motosierra: el Gobierno suspendió la asistencia a pacientes con cáncer

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Bajo la premisa de “revisar los circuitos administrativos” la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales quedó suspendida y no brindará más atención al público. La medida deja en la incertidumbre a muchísimas personas que incluso tienen patologías terminales y en caso de interrumpirse sus tratamientos puede traerles consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión de suspender la actividad de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), con la excusa de “revisar los circuitos administrativos”. La resolución del gobierno libertario deja en la incertidumbre y a su merced a centenares de personas, ya que el programa se encargaba de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos (de alto y bajo costo) e insumos médicos a gente que carecen de cobertura médica y están en condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria.

Mediante una resolución, firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, el Gobierno cerró el programa DADSE con el objetivo de llevar a cabo ajustes en “los sistemas readecuación en los sistemas y procedimientos”. Este parate del organismo, aparte de ser imprevisto, no brinda más información ni da contactos para aquellas personas que acudían a dichos servicios, lo cual demuestra la frialdad y lo poco humano del gobierno de turno.

La suspensión de DADSE no es casualidad, dado que se produce en un contexto de reajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei para cumplir con los términos del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto coincide con el accionar de Pettovello al paralizar la entrega de alimentos a los comedores populares. Además se suma a la escalada en los precios, que se ha intensificado desde finales de noviembre, cuando finalizaron los acuerdos de precios con las empresas del sector.

Cabe recordar, que la DADSE, establecida en 2016 mediante una regulación de 2004, se encargó de brindar ayuda a aquellos que carecen de cobertura de salud, proporcionando medicamentos oncológicos, para enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Asimismo el organismo habilitó la entrega de subsidios a personas físicas, a efectos de financiar la adquisición de medicamentos, insumos y productos médicos para la realización de prácticas médicas y se focalizó en la población de mayor vulnerabilidad.

Es por ello que adultos, adolescentes, embarazadas y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes necesitan del funcionamiento de este organismo y al interrumpirse los tratamientos puede traerles consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

Asimismo, en caso de persistir esta decisión política, miles de personas en situación de pobreza se quedarían sin sus medicamentos. Además, no podrían costearlos en un cuadro de alza de los precios producto de la política de desregulación y en beneficio de las farmacéuticas de Milei.

La decisión del libertario “funcionario del PRO” se toma sin tener en cuenta el impacto negativo que puede tener en las personas más necesitadas, y se anuncia junto con la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales si fuera necesario. Es por ello que el gobierno debe abrir de manera urgente la DADSE y girar los fondos necesarios para cubrir la demanda de todos los pacientes. Están en juego sus vidas.

Preocupante “lista negra” de Milei al no conseguir los votos para la Ley Ómnibus

Preocupante “lista negra” de Milei al no conseguir los votos para la Ley Ómnibus

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El presidente de la Nación realizó su descargo ante la frustrada derrota de su espacio político a través de un preocupante mecanismo en donde denigra a quienes votaron en contra de diversos artículos de la Ley Ómnibus. Sin capacidad de diálogo ni tolerancia a las disidencias, el oficialismo sufrió un duro revés. 

Una vez más, la inexperiencia política del gobierno oficialista de La Libertad Avanza (LLA) quedó expuesta ante toda la Argentina. En una jornada histórica para la historia del país, el grupo violeta descarriló su ómnibus debido a una falta flagrante de practicidad, negociación, discusión y pragmatismo. Ahora el  proyecto de ley que intentaba ser aprobado por atropello deberá volver a boxes y rehacerse desde cero. El conductor del proyecto, ni más ni menos que el presidente de la Nación, Javier Milei, no parece haber entendido las leyes de tránsito, y resolvió publicar en una “lista negra” los nombres de los diputados que le dieron luz roja en el semáforo.

El proyecto de ley llamado “Bases y Puntos para la libertad de los argentinos” comenzó su trayecto y continuó todo su recorrido parlamentario con irregularidades. Desde su tratamiento en comisiones, el texto fue modificado en reiteradas ocasiones, con la quita de casi la mitad de los artículos totales, que se redujo desde más de 600 hacia 383. Una vez que el texto obtenía los votos necesarios para girar a la Cámara de Diputados, los oficialistas volvían a colocar artículos quitados debido a las negociaciones con opositores dialoguistas. También, llegado el primer día oficial de discusión en la Honorable Cámara, el texto del dictamen oficial no existía, hecho que se estiró hasta la tercera jornada del día viernes, cuando el proyecto se aprobó en su generalidad. Todo esto sin mencionar que en cada aprobación, LLA consiguió el quórum de la misma manera que los votos para gobernar: en disidencia. De hecho, de los 55 votos obtenidos en comisiones, 34 fueron en este sentido, en búsqueda de discutir “artículo por artículo”.

El hecho es que la abstracción del contexto sociopolítico con la que los oficialistas llevan adelante su mecánica de gestión hizo que lo sucedido ayer en el parlamento sea una sorpresa; y es que pareciera que los violetas contaban con que la votación positiva en general se traduciría a una votación total en particular. “Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo”, había anticipado durante la sesión Miguel Ángel Pichetto, presidente de Hacemos Coalición Federal, de los opositores mas “dialoguistas” y dispuestos a darle gobernabilidad a LLA.

Sin embargo, los libertarios tenían otros idealismos proyectados, y luego de ver que no era posible aprobar todo tal cual estaba escrito, los ánimos comenzaron a caer en picada. Cerca de las 18:30 horas fue el propio Pichetto quien visualizó que ni siquiera sus compañeros de banca acompañarían en el capítulo de privatizaciones, por lo que solicitó un cuarto intermedio de “15 minutos” para afinar algunas cuestiones entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y los jefes de los bloques dialoguistas. Finalmente, el debate a espaldas de Unión Por la Patria -que se mostró rotundamente en contra de la ley-, se extendió durante más de una hora, en donde las negociaciones se empantanaron aún más. De regreso al recinto, en una inminente derrota política, el jefe del bloque de LLA, Oscar Zago, solicitó levantar la sesión, lo cual anula por completo el documento y desciende la discusión a la foja cero en comisiones.

El broche de oro a esta escandalosa situación, que comenzó el primer día de discusión con la polémica autoproclamación del diputado José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, fue ni más ni menos que al buen estilo libertario, sellado, por supuesto, por Javier Milei. A través de su red social de X, luego de visitar “el muro de los lamentos” en Israel, el presidente publicó a modo de “lista negra” los nombres de los diputados que no acompañaron distintos artículos, pero que si le habían dado el visto bueno para la discusión.

“AQUÍ LA LISTA DE LOS LEALES Y LOS TRAIDORES QUE USARON EL DISCURSO DEL CAMBIO PARA PODER RAPIÑAR UNA BANCA… PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA…”, expresó Milei, acompañado de una foto donde enaltece a quienes votaron en positivo y demoniza a quienes lo hicieron en negativo. Si bien este mecanismo suele usarse en sectores militantes, que el funcionario de máxima autoridad del país se comporte de la misma manera no solo alarma y preocupa, si no que refleja la falta de madurez política y hasta incluso emocional de los oficialistas.

Evangélicos y la estrategia del gobierno para debilitar las organizaciones sociales

Evangélicos y la estrategia del gobierno para debilitar las organizaciones sociales

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Por Diego Mendieta (*)

El Gobierno, en el marco de su programa de ajuste y saqueo, congela el salario social complementario de miles de trabajadores/as de la economía popular y no entrega mercadería a los comedores y merenderos, porque su estrategia es demonizar y debilitar a las organizaciones sociales -que tienen poder de movilización-, quitándoles los recursos, tensionando con la Iglesia Católica por el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, y empujando una grieta entre las organizaciones populares y el campo evangélico (en la que no deberíamos “engancharnos”).

Mientras las organizaciones nucleadas en la UTEP realizaban la “Fila del Hambre” -desde Constitución hasta Retiro y en todas las dependencias del país- la titular del Ministerio de Capital Humano Sandra Pettovello firmaba en José C Paz un convenio millonario con Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), una corporación que nuclea a iglesias evangélicas. Esta expresión no es hegemónica del sector, y aunque existen otras asociaciones y federaciones como FAIE, que nuclean a las iglesias evangélicas en la Argentina, tampoco son representativas del campo evangélico, el cual ha crecido notoriamente en las últimas décadas (según el Conicet, en 2008 representaba el 9% y en 2019 el 15,3% de la población). 

ACIERA se caracteriza por el lobby político de un directorio -conformado por los Pastores de las megas iglesias y sus aparatos-, que siempre coquetea con los gobiernos de derecha y con los sectores conservadores de nuestro país, fieles al espíritu que los hizo nacer en 1982: el diálogo con la última dictadura militar. 

Con la excusa de defender de la vida y la familia, ACIERA hace décadas usa a las iglesias en una “cruzada” para legitimar modelos económicos de hambre, saqueo y represión; mientras se regodea con el poder y se beneficia de millonarios convenios, contratos y propiedades. Pero también se expresa en términos políticos, obteniendo algún cargo como es el caso de la diputada Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez, integrante del Consejo Directivo de la institución, uno de los operadores en el campo evangélico que busca el respaldo político al Gobierno de LLA, o como la Confederación Bautista Argentina que le envió una carta al presidente Milei apoyando las medidas económicas, el DNU y la Ley Ómnibus mientras se reprimía al pueblo en la calle. 

Desde 2021, ACIERA tiene como presidente al Pastor Crhistian Hofft con quien compartimos muchas miradas e inquietudes y trabaja para que la institución que preside tenga credibilidad y construya un testimonio más evangélico. En esta oportunidad, lo grave no es el convenio ni el monto millonario sino prestarse al juego macabro de este gobierno para tensionar con la iglesia católica y confrontar con los movimientos populares.

Más allá de esto, es necesario evitar generalizaciones que responsabilicen de estas maniobras a todos/as los/as pastores/as e iglesias de los barrios populares, que muchas veces son víctimas arrastradas por la falta de formación, el analfabetismo teológico y su vínculo literal con la Biblia; o que ni siquiera son parte de ACIERA. El trabajo y la diaconía comunitaria que realizan aportan significativamente al cuidado comunitario, y a la organización de la vida en el territorio.

Durante años nos escucharon insistir en la necesaria articulación de las organizaciones populares, los sindicatos y las iglesias en los territorios: en darle importancia al fenómeno evangélico, como a las expresiones de fe en toda su diversidad, la espiritualidad y la religiosidad popular. Las organizaciones están compuestas por miles de hermanos/as en la fe y las iglesias por un sin fin de hermanos/as que militan en los movimientos sociales: la fe no está divorciada de la lucha ni de la vida, estas formas organizativas (iglesias – movimientos) por diversas razones no han podido profundizar en dicha articulación para fortalecer los vasos comunicantes entre las prácticas de la fe y las de organizarse para vivir con dignidad. La mayoría de quienes profesamos la fe evangélica somos parte de los sectores populares, nos atraviesan las mismas necesidades y padecimientos. 

El reverendo Gabriel Osvaldo Vaccaro, pionero del pentecostalismo en nuestro país, en los años 90 señalaba una de las debilidades del campo evangélico, diciendo: “Las iglesias evangélicas de América Latina están integradas por los sectores más pobres y humildes del continente. La única manera de impedir que sigan siendo cooptadas por las corporaciones religiosas es ofrecer formación y capacidad de discernimiento a Pastores y Pastores; y entonces sí, cuando vengan los “pastores electrónicos” (…) y les digan que sufriremos más si no pagamos la deuda externa, sabrán cómo responder.”

Cuando el Estado decide estar ausente dejando a la deriva a los sectores populares, pero haciéndose presente en el empobrecimiento, la criminalización y la violencia institucional; quienes quedan en los territorios, organizando la vida y animando en la esperanza, son precisamente los movimientos populares y las Iglesias (evangélicas y católicas) que luchan contra el hambre, el desempleo, el narcotráfico y la violencia social e institucional. Esas son las trincheras donde profundizar esa articulación, reconociendo a las iglesias como un actor importante y su capacidad en la organización comunitaria, construyendo diálogo institucional, haciéndolas participes de las discusiones elementales que dan los territorios en la búsqueda de la dignidad, sumándolas a las redes de abordajes comunitarios, intercambios de experiencias, espacios de formación, etc. 

¡Tal vez, sea el tiempo de cumplir la petición de Jesús cuando oraba para “que sean uno”!

Es tiempo de ser artesanos de la unidad a la que invita el Papa Francisco. Es tiempo de la organización material y espiritual de la que hablaba Juan D. Perón, o del amor eficaz que enseñó el Cura Camilo Torres.

Podríamos pensarlo, para actuar, si es tiempo de la unidad de todos los sectores para ser hermanos/as y no lobos, como profetizaba Agustín Tosco; o del ecumenismo popular que predicaba el Pastor José De Luca. Tal vez sea urgente repensar en profundidad esta imprescindible unidad, para sobrevivir a la rapiña organizada. 

(*) Pastor de la Comunidad Evangélica Fe y Vida, referente de la Pastoral Social Evangélica e integrante de la Secretaría de Culto de la UTEP.

Largas filas frente a Capital Humano ante la falta de alimentos en comedores

Largas filas frente a Capital Humano ante la falta de alimentos en comedores

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El jueves pasado la ministra Pettovello aseguró que atendería “uno por uno” a quienes necesiten alimentos. Instantáneamente, este lunes se formó una estrecha cola de más de 20 cuadras en busca de lo prometido por el ministerio encargado de la asistencia social, pero la ministra no los recibió, desdiciéndose: “Yo no cité a la gente, los convocaron los dirigentes”. Al son de ello, la iglesia advierte una catástrofe alimentaria debido a la no ejecución del presupuesto.

Se terminó el posible plazo de espera: el jueves pasado distintas organizaciones sociales que nuclean comedores en barrios populares, junto a familias que encuentran una esperanza al ajuste y al hambre en estos espacios sociales, se acercaron al ministerio de Capital Humano en busca de respuestas de la encargada, Sandra Pettovello, ante la falta de ejecución del presupuesto para brindar alimentos. En primera instancia, la ministra respondió que “atendería uno por uno” a quien “tenga hambre”, pero que no recibiría referentes sociales. De esta manera, quienes pretendían respuestas asistieron nuevamente este lunes para formar una fila, a fin de ser escuchados por la ministra, la cual se extendió por más de 20 cuadras. Sin embargo, ahora la ministra confirmó que “no los atenderá” ya que ella “no los convocó”, si no que fueron “los dirigentes sociales” quienes convocaron al pedido. 

“Los comedores dejaron de recibir alimentos del Estado en diciembre y, en medio de la escalada de precios, cada día que pase hasta que opere el nuevo sistema agravará la situación de miles de familias que dependen de los comedores”, aseguró en un escrito del 31 de enero pasado el reconocido medio La Nación que pese a explicar que el gobierno ha suspendido dicho pago debido a una “remodelación del sistema”, desnudó la problemática crítica que actualmente viven un sinfín de familias carenciadas que salvan su día a día en comedores populares. La Nación, a través de su canal La Nación + y su diario en papel y virtual, fue uno de los medios, por no decir el mejor, que perfiló al gobierno nacional actual para ganar las elecciones, por lo tanto, que hoy alarmen sobre dicha problemática, indica sin dudas una gravedad profunda en el asunto.

Si bien esta extrema emergencia alimentaria transcurre hace ya algunos años, con números que reflejan una tasa de pobreza infantil superior al 50%, la misma se agravó aún más luego del brutal ajuste de shock tras las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo. Si a ese contexto se le añade el cierre de suministros en materia de asistencia social a los sectores más vulnerables, se produce por lógica una flagrante crisis alimentaria, ya advertida incluso por la iglesia: “Cientos de miles de familias en el país tienen problemas para alimentarse bien; la comida no puede ser una variable de ajuste” asentaron desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). “Un plato de comida no se le niega a nadie”, sentenciaron.

Esta metodología pareciera responder a simple vista a la búsqueda del nuevo gobierno oficialista de “acortar los caminos” entre quienes necesitan los alimentos y la cartera de Capital Humano. O al menos eso es lo que se comunica mediante una constante estigmatización y desprecio para con las organizaciones sociales, que tejen puentes para asegurar contenciones políticas en situaciones de crisis como esta. Tanto desde momentos previos a la campaña presidencial, como en el gobierno, La Libertad Avanza acusó y acusa constantemente a las organizaciones de “quedarse” con fondos que se giran para realizar las actividades sociales, cayendo en una generalidad mezquina, sin pruebas y con el objetivo de denigrar, pero sin argumentos y datos fehacientes.

De esta manera, senda cartera dejó sin ejecución el presupuesto destinado durante el mes de enero para los comedores, sin mostrar demasiadas preocupaciones por lo que pueda llegar a pasar hasta que se regularice el nuevo sistema de entrega. Al respecto se manifestó Dina Sanchez, secretaria adjunta de UTEP: “Ministra Sandra Pettovello, ¿Usted quería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano; la fila llega a la Av Belgrano”, expresó a través de sus redes sociales. “70 % de los niños son pobres, ¡exigimos respuestas!”, remató.

Los sectores más vulnerables de la Argentina resisten al ajuste y a la pérdida del poder adquisitivo desde hace años con la asistencia de distintos comedores a lo largo del país. El freno a la ejecución del presupuesto que mantienen dichos comedores representa un golpe masivo a una cantidad de familias, que este lunes se visibilizaron frente al ministerio que debe dar una respuesta.

Protocolo Antipiquetes: la Justicia dio 72 horas a Bullrich para que presente ”fundamentos jurídicos”

Protocolo Antipiquetes: la Justicia dio 72 horas a Bullrich para que presente ”fundamentos jurídicos”

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La ministra de Seguridad deberá argumentar de manera jurídica en que se basó a la hora de elaborar el controversial protocolo represivo. También tendrá que confirmar cuál fue su respuesta a las observaciones de la ONU sobre los avances contra la “libertad de reunión pacífica y de expresión”.

A comienzos de semana, el juez federal y titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, Sebastián Casanello, se declaró competente en la causa en la que se pide la inconstitucionalidad del “Protocolo Antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e instó a su cartera a presentar “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación. 

En este sentido, el documento firmado por Casanello detalla: “Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)”. Además deberán informar “si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”.

Otras de las peticiones del juez federal fue “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’”, además de relevar “si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.

De esta manera, la ex candidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que “lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el documento de la causa.

Por otro lado, el magistrado solicitó al ministerio que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete se han recibidos denuncias “en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.

Según lo trascendido, la decisión del juez federal se da en respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” que presentó la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el 18 de diciembre de 2023. En aquel momento aseguró que la iniciativa, que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas, “amenaza derechos políticos”.

Al conocerse la petición del magistrado, y mediante un comunicado, la legisladora sostuvo: “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad'”. En este sentido, Fierro calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” el juez federal a cargo, “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.

A su turno, el dirigente del MST, Alejandro Bodart consideró al protocolo como “una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei” y dijo que forma parte de “un estado de sitio de hecho”.

Cabe destacar que a fines de enero pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró como “ilegal” el protocolo antipiquete presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, y expresó su preocupación por tal medida.

Además, el organismos internacional le pidió al Gobierno argentino que revise la ley, ya que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”.

Finalmente, el informe presentado por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 explicó que la disposición del mismo abarcó a todo lo que ocurrió en las últimas manifestaciones sociales y los antecedentes del protocolo.

Fuerte rechazo social a la Ley Ómnibus: protesta frente al Congreso

Fuerte rechazo social a la Ley Ómnibus: protesta frente al Congreso

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Tras dos días de movilizaciones y represión en rechazo a la Ley Bases que se trata en la Cámara Baja diferentes organizaciones políticas y sociales, vecinos de CABA nucleados en asambleas barriales, organizaciones de derechos humanos y ambientales, entre otras, seguirán este viernes con la jornada de protesta en los alrededores del Congreso.

Por tercer día consecutivo, y pese a la fuerte represión policial, diferentes espacios sociales, de la cultura, de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicatos y asambleas barriales estarán movilizándose al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley Bases. Su tratamiento extraordinario pasó nuevamente a cuarto intermedio y se retomó este viernes en la Cámara Baja.

Pese al despliegue de un operativo desmedido que terminó con decenas de heridos y varios detenidos, la protesta social contra el proyecto insignia de Milei continuará sobre la zona del Congreso desde el mediodía del 2 de febrero. En los dos días que lleva tratándose la ley gendarmes y policías federales no se limitaron a despejar las calles, sino que arremetieron sobre los manifestantes que se replegaron sobre las veredas y la Plaza. La cacería no discriminó a diputados, jubilados, periodistas ni fotógrafos.

En este sentido, en medio de los disturbios que se dieron a las afueras del Congreso, el referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, sufrió nuevamente una descompensación. Entre gases lacrimógenos y balas de goma, se descompensó en el piso y algunas personas se acercaron a socorrerlo. “Me golpearon, no me caí”, explicó el dirigente ante los medios de comunicación. “Me pegaron y empujaron”, agregó el dirigente social tras descompensarse.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se hizo presente en las dos últimas jornadas al Congreso junto a sus delegados y centro de jubilados. “Esta ley no admite otra posibilidad más que su rechazo”, sostuvieron mediante un comunicado. “Le dejamos en claro a las y los diputados que este pueblo no va a ser cómplice del desguace de nuestra nación, a pesar de la represión y los palos de la policía de Bullrich”, sostuvieron en una publicación de Instagram.

En este sentido, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó: “Todo el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que deben ser investigadas”, y además, destacó el reclamo del gremio “en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)” de la Anses. Cabe destacar, que entre los principales reclamos del sector está el rechazo tajante “a cualquier intento de reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP); anulación de los bonos; suspensión de la Ley de Movilidad; derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos”.

En tanto, distintas organizaciones barriales e independientes convocadas por la Multisectorial Federal de la República Argentina y las dos CTA, estuvieron presentes frente al Congreso Nacional. Al respecto, la CTA Autónoma sostuvo que la movilización será “en defensa de la patria, la soberanía, la democracia y la clase trabajadora”. “NO al proyecto de Ley Ómnibus; NO al mega DNU 70/23; NO a las facultades delegadas”, prosigue el posteo.

Antes los fuertes incidentes que hubo en las afueras del Congreso por el avance de las fuerzas policiales sobre los manifestantes, con gases lacrimógenos y balas de gomas, que protestaban contra la Ley Ómnibus, la Confederación General del Trabajo (CGT) apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, como responsable de la violencia de esta tarde en las calles.

“El despliegue de fuerzas federales amedrentando la libertad de protesta de Pato Bullrich sólo pretende ocultar lo verdaderamente importante que es la discusión legislativa. Mientras tanto los argentinos/as están inseguros en los barrios de Argentina”, cuestionó la central obrera en su cuenta de X.

Por su parte, la referenta de la Corriente Nuestra Patria, Secretaría de Relaciones Internacionales y Soberanía de la UTEP, Fernanda “Colo” Pereyra, en diálogo con Trinchera sostuvo: “Este gobierno no cierra sin represión, ni heridos. La pelea no es solo por la comida. Se está entregando la Patria, está en peligro”.

Tras ser reprimida ayer por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano en la jornada de “Olla vacías” de la UTEP, Pereyra declaró: “No son los mismos gases lacrimógenos que se han utilizado en otras manifestaciones. Sentía el gas todavía quemando, como si te estuviera prendiendo fuego”. “Hay un ensañamiento importante de las fuerzas de seguridad con las organizaciones. Hay una orden y quieren mostrar que aquellos que quieran salir a defender la Patria o los derechos, van a sufrir represión”, prosiguió la referenta y sentenció: “Se olvidan de quién es el pueblo argentino. Nuestra querida Norma Plá decía que somos mucho más pueblo que milicos“.

En consonancia, varios legisladores de Unión por la Patria (UxP) y el FIT reaccionaron ante la represión e impulsaron dos pedidos para suspender la sesión y pasar a un cuarto intermedio, pero ambos fueron rechazados. Desde la calle, la diputada nacional de UXP Cecilia Moreau sostuvo: “No se puede sesionar así. Hay que seguir debatiendo pero en un marco de paz y tranquilidad, no con este operativo desmedido que pone en riesgo la vida de la gente. Le pido a Milei que levante la sesión”.

Además recordó la represión de diciembre de 2017 contra la movilización que se dio en repudio a la reforma previsional de Mauricio Macri. “A (Emilio) Monzó ya le pasó en 2017, que no pudo seguir sesionando por la represión. Nada bueno puede pasar cuando en la calle hay este nivel de deshumanización”, declaró Moreau.

Finalmente, en el ámbito cultural se realizará el Festival de Unidxs por la Cultura, bajo el lema: “Contra la Ley Ómnibus y el DNU, porque la cultura es necesaria y está en emergencia!”. Será en la Plaza Congreso a partir de las 16.30 horas y contarán con la presencia de: Peteco Carabajal, Arbolito, Saga, Las manos de Filippi, Invisibl3s, Juli Laso, Barbarita Palacios y Javi Casalla, Alto Guiso y Alta Gama.

Insólito: tras dos jornadas de la Ley Ómnibus en Diputados no hay un dictamen firme

Insólito: tras dos jornadas de la Ley Ómnibus en Diputados no hay un dictamen firme

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Luego de una polémica primera jornada en el Congreso de la Nación en donde distintos diputados denunciaron que no existía un texto oficial para el dictamen de la ley Ómnibus , la segunda jornada transitó en la misma línea. Hoy viernes continúan los debates luego del segundo cuarto intermedio.

La primera jornada desarrollada en el recinto parlamentario se topó con una irregularidad escazas veces vista. Diputados y diputadas de Unión Por La Patria, en conjunto con colegas de otros espacios opositores, denunciaron la falta del texto oficial que enumera los puntos acordados a debatir dentro del Congreso. El dictamen de mayoría contaba con 55 firmas positivas, de las cuales 34 fueron en “disidencia” con el objetivo de discutir la ley punto por punto. Sin embargo, horas después de dicho resultado, fueron los propios votantes en disidencia quienes denunciaron que el dictamen publicado había sido modificado, a lo que ahora se le suma a este episodio que despierta aún más preocupación.

“El oficialismo pasó de querer aprobar la Ley Ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas”, denunció el presidente del bloque de Unión Por la Patria, Germán Martínez y argumentó: “El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones”. Del mismo modo se expresó el diputado del mismo bloque, Leandro Santoro, quien redactó desde su usuario de X (Twitter): “Después de 11 horas de sesión no aparece el dictamen de mayoría, y como no sabemos qué ley estamos discutiendo se suspende la sesión hasta mañana (jueves)”. “¡Nunca visto!”, remató.

Una vez sucedida la sesión, tanto en las horas siguientes del miércoles, como en las primeras del jueves, distintos medios de comunicación aseguraron que las negociaciones aún continúan entre el oficialismo (La Libertad Avanza) y los bloques que decidieron acompañar la ley para “darle gobernabilidad” y debatir en el Congreso punto por punto. Este sería el motivo que aún traba la oficialización del dictamen, y es que los aliados con mas pretensiones desde la salida del dictamen, que son la Unión Cívica Radical (UCR), y Hacemos Coalición Federal (HCF), muestran aún disidencias en el capítulo de privatizaciones. “En HCF confiaron que la expectativa está puesta en dividir todo el artículo y sumar garantías para ampliar el control parlamentario entre el proceso que comienza cuando sean declaradas sujetas a privatización”, le confirmaron a Tiempo Argentino dos dirigentes de ese bloque.

Por su parte, José Luis Espert, quien asumió como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el debate para obtener dicho dictamen, aseguró en la jornada parlamentaria que el dictamen se encuentra a disposición “desde el viernes 26”, que durante el debate estuvo “impreso en cada banca”.
A esta serie de polémicas además se le suman la presencia de un “emprendedor” –así se define en sus redes sociales- llamado Tomas Agote, quien insultó desde las gradas distintos legisladores, y la aún más perturbadora presencia de integrantes del grupo Revolución Federal, en investigación por el intento de magnicidio a la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre los que se encontraba el conocido líder Leonardo Sosa.

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