Así lo anunció la titular de la cartera de Seguridad el día de ayer a través de una conferencia de prensa. Ahora, el Gobierno lo confirmó mediante una resolución en el Boletín Oficial. Este será “el primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvo la ministra.
En el marco del regreso de la “Doctrina Chocobar”, este viernes el Gobierno de la Nación oficializó la utilización de “todo tipo de armas” largas a bordo de las embarcaciones de vigilancia por parte de la Prefectura Naval. El día de ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado la medida en una conferencia de prensa y argumentó que era para dejar de estar en una “situación desventajosa en el patrullaje de ríos”.
En este sentido, la titular de la cartera de Seguridad agregó a sus dichos que este sería “el primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad”. “Mañana (por el viernes) en el Boletín Oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas”, sostuvo.
De esta manera, Bullrich retoma oficialmente el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, lanzado por la propia ministra cuando formaba parte del gobierno de Mauricio Macri. La medida amplía las situaciones en las que pueden emplearse armas letales, incluso en casos de detención de personas desarmadas o en caso de fuga.
Como fue en el Caso Chocobar donde el ex efectivo de la Policía Bonaerense baleó mortalmente por la espalda a Pablo Kukoc en diciembre de 2017 en La Boca, para impedir la huida del joven de 18 años. Bullrich, también ministra en aquel entonces, lo respaldó y homenajeó públicamente, e incluso emitió la resolución en cuestión.
Luego sucedió el crimen a Rafael Nahuel por parte, justamente, de la Prefectura en Villa Mascardi, Bariloche, y de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería en Chubut. El gatillo fácil como política de Estado.
En respaldo a la medida, la titular de la cartera de Seguridad agregó: “Hemos trabajado este protocolo para que la Prefectura pueda proteger su gente, las fronteras, la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones en la que están los criminales”. Además, detalló que en la actualidad los agentes de esta fuerza se encuentran “en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación a los delincuentes”.
Con respecto a lo que establece la iniciativa oficial, el Poder Ejecutivo suprime la Resolución 1.231 del 20 de diciembre de 2019, una acción con la que el ex presidente Alberto Fernández derogó reglamentos referidos al uso de armas letales y no letales por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
En este sentido, el informe 53/2024 sostiene que “la consecuencia de esa derogación ha resultado en una limitación significativa de la capacidad de defensa de los efectivos de esas fuerzas, especialmente en confrontaciones que en ciertas oportunidades se han cobrado la vida de algunos de esos efectivos a causa de agresiones que no han podido ser repelidas adecuadamente”.
Entre otras cosas, el gobierno de Milei señala: “Especialmente, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ha sido colocada en una situación desventajosa en el patrullaje de los ríos de frontera, en relación con la criminalidad organizada, debido a la restricción del uso de armamento de largo alcance”.
Por otra parte, el Reglamento presentado instituye en su artículo N°3 que “ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita”. Sin embargo, acto seguido expresa: “Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.
Luego en el inciso C.3 del artículo N°4 protege el accionar policial al habilitar la respuesta efectiva con arma de fuego inclusive en caso en que la contraparte “efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. En paralelo, el protocolo habilita el uso de armas letales “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, para “impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, o en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.
Esta avanzada de impunidad del gobierno libertario no es casual, ya que el anuncio se da luego de la feroz represión de varios días a jubilados, periodistas, asambleístas, piqueteros, artistas y trabajadores en general frente al Congreso, tras el frustrado intento de hacerse de facultades extraordinarias en materia de seguridad y fijar penas de cárcel efectiva a manifestantes.
Finalmente, con este camino que conduce a las puertas de la Doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad no va a combatir el delito ni llevar seguridad a los barrios, sino que daría vía libre a las fuerzas que son socias del narcotráfico y el crimen organizado.
