Justicia Por Emilia: fuerte movilización en la primera audiencia en Casación 

Justicia Por Emilia: fuerte movilización en la primera audiencia en Casación 

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Tras atravesar un juicio que culminó con una condena insatisfactoria, este jueves hubo una nueva instancia y pedido de justicia pero esta vez, en el Tribunal de Casación Penal de La Plata. Entre sus solicitudes, la defensa de la familia de la víctima pidió que se adecúe la calificación legal al hecho que se comprobó en el debate.

Este 14 de diciembre se desarrolló una audiencia en Sala IV del Tribunal de Casación Penal, ubicado en calle 14 entre 12 y 13 de ciudad de La Plata. La audiencia de carácter oral tuvo como objetivo ampliar aspectos que no fueron expresados en el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (TOC N°3). “Fue una audiencia corta donde se explayaron varias cuestiones que consideramos muy importantes. Ahora estamos a la espera de que haya una decisión favorable a nuestras pretensiones que no son otras de que haya justicia”, sostuvo el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez Antinao.

El 8 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3, compuesto por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, encontró culpables a Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena, Carlos Bellone y Gastón Haramboure por el delito de homicidio culposo y no por la carátula que se pidió por la parte damnificada, de delito de homicidio simple con dolo eventual. Además -y en consecuencia- las condenas sólo fueron de tres y cuatro años para los responsables. 

Ante tal decisión, los representantes legales recurrieron al Tribunal de Casación Penal con el objetivo de que falle de forma justa con la condena correspondiente al delito que cometieron los responsables. Además, la instancia fue fuertemente acompañada por diferentes organizaciones sociales y asambleas que pedían Justicia Por Emilia.

En esta primera instancia en Casación se buscó ampliar otras ideas y elementos que no pudieron incorporarse al escrito presentado en Casación. En este sentido, entre las peticiones más contundentes se solicitó que la calificación legal se adecue al hecho que se comprobó en el debate.

En diálogo con Trinchera, el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez Antinao, recalcó que se buscó en esta instancia oral agregar nuevos argumentos. “Como saben, hay plazos, hay que cumplirlos, y a veces surgen nuevas ideas respecto a una situación compleja. Entre ellos, la presunción de legalidad de la fiesta. Fue promovida como una fiesta autorizada, y eso es importante, porque no era, si voy a correr el riesgo de ir a una juntada ilegal, sino todo lo contrario”, aseguró el abogado.

“La otra cuestión, es la expertise de esta gente, que tres de ellos son empresarios de la noche, saben lo que es una habilitación, saben lo que es una ordenanza, lo que es una inspección. El otro, ingeniero civil, una profesión que vive todos los días lidiando con el municipio, con la provincia. A partir de esa experticia pudieron correr a las personas, a los trabajadores estatales que cumplieron su cometido de llevar fajas, rompieron esas fajas, y corromper a funcionarios policiales para generar una zona liberada. Eso lo hicieron porque son expertos, no son gente común”, prosiguió Antinao.

Por su parte, el hermano de Emilia, Brian Uscamayta Curi, en comunicación con este medio sostuvo: “Estamos otra vez más pidiendo justicia, apelando junto con los abogados por varios puntos que creemos que deben revisarse, ya que no estamos conformes con la sentencia, dado que hoy los acusados siguen en libertad. Solo pedimos justicia y que no nos sigan pateando para más adelante, haciéndonos pasar estos calores climáticos, pero también calores en el alma”.

“Agradecemos a los amigos de mi hermana por acompañarnos y a los vecinos que nos brindan mensajes positivos. Vamos a seguir apelando por justicia porque los responsables incluso trataron a mi hermana de varias cosas y la quisieron ensuciar, pero luego tuvieron que pedir disculpas a mis padres y a nosotros como familia en pleno juicio”, concluyó.

Finalmente el Tribunal tendrá, a partir de este momento, un plazo de seis meses para revisar el caso y las cuestiones planteadas por los abogados de la familia. Luego dará un fallo, en caso de no tener clara la resolución, Casación podrá acceder a una prórroga de seis meses más. De esta manera, se estima que la notificación final llegará durante el 2024 y en caso de que el fallo no sea el indicado, desde la defensa de la familia aseguraron que irán a la Corte Suprema de La Nación.

San Luis: el gobernador asumió e intervino una universidad con un grupo comando

San Luis: el gobernador asumió e intervino una universidad con un grupo comando

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Por la mañana juró la Constitución y a la tarde Claudio Poggi, de Juntos por el Cambio, envió a la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo a tomar por la fuerza la Universidad de La Punta, pese a no contar con la estructura legal para hacerlo. De esta manera, dejó sin efecto el nombramiento de María Eugenia Catalfamo, que afirmó: “Denunciamos abuso de autoridad y abuso de poder”. 

El nuevo gobernador de San Luis de Juntos por el Cambio (JxC), Claudio Poggi, juró durante la mañana del lunes y horas más tarde hizo lo propio con su nueva gestión, ya que mandó a un grupo comando de la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) a tomar por la fuerza, y de manera antirreglamentaria, la Universidad de La Punta (ULP). De esta manera, el COAR impidió a cualquier persona entrar o salir del predio (docentes y no docentes), ocupó el edificio del rectorado y sus inmediaciones y prohibió la libre circulación.

La medida se activó mediante un decreto firmado por Poggi y que acompaña con su firma el ministro de Educación local, Guillermo Araujo, por el cual intervino la Universidad de La Punta, y dejó sin efecto el nombramiento de María Eugenia Catalfamo de parte de la gestión que acaba de dejar el poder.

Al respecto, María Eugenia Catalfamo que hace días era rectora de la Universidad de La Punta explicó que, tras consultar, la única información que les dieron sobre el operativo fue una “orden del gobernador y la ministra de Seguridad” y dijo que se trata de “una cuestión política”. Lo que decanta en que hubo un movimiento rápido para sacarla del cargo para el que fue nombrada el 20 de noviembre de este año con el visto bueno del Ejecutivo provincial y el senado.

“Mi designación no es una cualquiera. Cumple una ley provincial, que es la ley de creación de la Universidad, donde dice que el rector debe ser elegido con acuerdo del Senado. Y la duración del mandato es de cuatro años”, agregó la rectora intervenida.

Por otra parte, Catalfamo afirmó: “Denunciamos abuso de autoridad y abuso de poder. En el día de ayer presentamos un amparo solicitando a la Justicia que nos restituya nuestro derecho de autoridades para poder seguir gestionando”.

Mientras tanto en su lugar, ingresó Luis Guillermo Quintas como interventor, acompañado por María Eugenia Vergés como Secretaria General y Marcelo Neme como Secretario Legal y Técnico. Como Quintas afronta algunos problemas personales, por ahora Vergés quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación. Los tres fueron puestos en funciones por el Escribano General de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.

“Fue el primer acto del gobernador y nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia. Es como la noche de los bastones largos”, sostuvo la ex senadora en referencia al violento desalojo que hizo la Policía Federal Argentina en cinco facultades de la UBA ocupadas por estudiantes, profesores y graduados el 29 de julio de 1966.

Al respecto, varias organizaciones repudiaron lo hecho por el gobernador puntano, tal fue el caso del Movimiento Estudiantil Liberación de la Corriente Nuestra Patria: “Como estudiantes y militantes de la Universidad Pública y Gratuita entendemos que los hechos sucedidos en la provincia de San Luis son inaceptables”.

“Exigimos que el gobernador de San Luis de marcha atrás con las medidas de intervención en una Universidad Pública y que retire a las fuerzas policiales del predio, quienes impiden la libre circulación de estudiantes, docentes y no docentes. A la derecha antidemocrática le oponemos la fuerza de un pueblo organizado. No permitiremos que avancen sobre nuestros derechos y que continúen desplegando la persecución política”, concluyó el comunicado.

Por otra parte, el decreto firmado por Poggi sostiene que “la designación de Catalfamo fue irregular desde el momento que ocupa una banca en el Senado de la Nación, cuando el estatuto de la Universidad exige dedicación exclusiva al cargo”, y además afirma: “La senadora nacional no cumple con tres requisitos indispensables, ya que no fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto”.

El actual gobierno de San Luis justificó la intervención de la ULP: “Solo de ese modo puede garantizarse el normal y legal funcionamiento de casa de altos estudios y la validez de sus actos en el orden académico, administrativo, de extensión universitaria y demás actos institucionales, a los efectos de salvaguardar derechos fundamentales de estudiantes, docentes, personal administrativo y terceros. Como está en receso la Legislatura, el plazo de la intervención será de seis meses y ad referendum de lo que decida ese cuerpo luego de cumplido el plazo”.

“Ellos mencionan que no cumplo con los requisitos de la ley de educación superior, pero se aplica para las universidades nacionales. Nosotros hemos consultado a diferentes abogados y ellos, a nivel nacional, han consultado a abogados en el extranjero, y todos coinciden en que no tiene derecho a intervenir ni mencionar los requisitos que menciona”, añadió Catalfamo en diálogo con AM750.

Sin dudas esta primera avanzada marca un antecedente que corre el eje y permite que esto se repita en otras universidades del país. En este sentido, la ex senadora recalcó: “Todas las provincias empiezan a ver que esto sienta un precedente. Incluso en la propia Nación. Hablábamos ayer y verdaderamente nos pone en una situación pésima para la política y la división de poderes. No puede decir que como el legislativo está ‘en receso’ puede hacerlo. Él puede llamar a sesiones extraordinarias. Si ingresé por ley, me tienen que sacar por ley. Esto marca un precedente. Es terrible”.

“Claudio Poggi ya venía mencionando a la Universidad de La Punta como una guarida, que me iba a sacar cagando”, dijo Catalfamo en diálogo con El Destape y concluyó: “Todo esto lo cumplió de la peor manera”. “La policía no tiene nada que ver, sino que son las órdenes que reciben del gobernador y la ministra de seguridad”. Y cerró: “Lo que nosotros le hemos pedido al gobernador a través de conferencia de prensa es que retire las fuerzas policiales de la Universidad”.

La casta está en orden: estatizan deuda privada a los “planeros vip”

La casta está en orden: estatizan deuda privada a los “planeros vip”

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Mientras que de un día al otro la población se empobreció un 118% porque “no queda otra alternativa”, el Estado nacional decidió hacerse cargo de lo adeudado por las grandes empresas importadoras a través de un sistema de bonos emitidos por el Banco Central. La cifra total de pasivos de empresas privadas escala a 55 mil millones de dólares.

Ya no quedan dudas, el ajuste cayó sobre el trabajador: la clase media alta, media baja, media media, baja e indigente. Resta preguntarle al único que hoy contestaría, el vocero Manuel Adorni, si la sociedad traccionó erróneamente el concepto de “casta” o si se trata de una estafa más. Lo cierto es que por el momento la receta es calcada y la línea sucesora a los ministros José Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y algunos de quienes estuvieron al mando cambiemita es digna para el economista de turno. Tan parecida es que no hay plata para nada, menos para las grandes empresas privadas importadoras que adeudan en sus negocios. Para ellas hay un generoso bono que se hará cargo de sus deudas a través del Estado (es decir, la población argentina).

Luego de devaluar en un 118% el tipo de cambio oficial, entre otras medidas que desangran los precios de los alimentos, combustible y próximamente tarifas de transporte público, luz, gas y agua, el equipo económico de la Libertad Avanza, a cargo de Luis Caputo, se tomó la atribución de emitir bonos para empresas que adeudan dinero en importaciones, a fin de que estas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. De esta manera, las empresas pagarán pesos al BCRA y obtendrán bonos canjeables en dólares hasta el 2027. Se estima que el total de los pasivos de empresas importadoras escala a 55 mil millones de dólares.

“Están licuando la deuda porque los importadores que accedan a esto van a pagar en pesos a un tipo de cambio oficial unos bonos que después van a cobrar en dólares”, aseguró para el multimedio Trinchera Clara Razu, economista y columnista de Doblan Las Campanas. “Estiran la entrega de dólares oficiales hacia el futuro, lo cual les licua la deuda porque pagan ahora en pesos y reciben dólares en el futuro”, agregó.

El nombre adjudicado a esta maniobra es “Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre”, y pretende una narrativa de “salvataje” estatal hacia las empresas que probablemente luego sean catalogadas como “los argentinos de bien que trabajan”, mientras que se instala una nueva deuda futura en dólares para toda la población argentina. “Dibújenlo como quieran, pero es estatización de deuda privada, como en 1982, es un fraude financiero en contra del pueblo”, aseguró a través de X el abogado liberal Carlos Maslatón, quien ya anticipaba la traición que se avecinaba desde el gobierno de Javier Milei hacia la doctrina liberal. “Tantos discursos del liberalismo en contra del estatismo pero la verdad es que en nuestro país el estatismo fue siempre promovido y aplicado por el sector privado cuando tiene dificultades o se funde para sacarse sus problemas de encima”, remató.

Por otro lado, el también traider de cripto monedas aseguró que “casi toda la deuda nacional deriva de enjuagues de esta clase, desde principios de los 80”, y calificó los primeros días del gobierno de Milei como un “debut súper corrupto”. “El bono circulará y existirá por años, después no se pregunten cómo es que Argentina debe tanta plata siempre”, advirtió.

La violencia con la que el gobierno electo comenzó su gestión, a la carga de los sectores pobres y medios parece anticipar una catástrofe inminente si no se implementan medidas de recuperación salarial. “La mega devaluación licuó los ingresos que no alcanzan para comprar y los precios bajarían ante la falta de demanda según la teoría de económica del gobierno, pero no tienen en cuenta que al mismo tiempo baja el empleo y la producción, y ahí está la cuestión”, vaticinó Razu. “Si baja la producción y el empleo también baja la recaudación impositiva, por lo tanto el déficit fiscal que tanto preocupa seguirá existiendo, sumándole la caída de la actividad económica”, agregó. “En esa trampa cayó el gobierno de la alianza” (1999-2001).

Licuado de salario, el trago del verano

Licuado de salario, el trago del verano

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La era Milei inicia oficialmente con un desguace al poder adquisitivo de la clase media y baja mediante el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que confirmó una devaluación del 120% en el tipo de cambio oficial, acompañada de la quita del esquema de movilidad en jubilaciones, congelamiento del salario social complementario y nulas señales de paritarias. 

Apenas hubo guiño para quienes perciben la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, complementaria a esa política social. El aumento será del 100% para la primera y del 50% para la segunda. Sin embargo, las actualizaciones que pretenden alcanzar a los aumentos de octubre y noviembre no ven ni a lo lejos de la curva los aumentos de 30% en combustible o 40% en alimentos sucedidos la semana anterior, todo esto sin contemplar los que inminentemente se avecinan en estos días en base a lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con la misma desventaja corre el programa Potenciar Trabajo que a partir de ahora directamente dejará de participar en la maratón. Congelamiento total de este ingreso para quienes subsisten con una política que hace años demandaba ser institucionalizada, pero que lejos de ello, de mantenerse la postura planteada actualmente, desaparecerá sin mayores sobresaltos. Y es que, si se contempla que ya se devaluaron los alimentos en un 40% y estos ingresos no se actualizarán en los meses venideros (en los que el propio presidente, Javier Milei, espera un inflación aún más alta) entonces el poder adquisitivo de quienes lo perciben se reducirá casi al total.

Lo de Luis Caputo fue un asesinato a sangre fría de los salarios de las clases medias y bajas, en la exacerbación de una herencia que fue ultra profundizada por él mismo en 2018, cuando liquidó las divisas obtenidas a través del crédito del Fondo Monetario Internacional a precios menores. Las divisas se fugaron y Caputo regresó para dar el golpe final: el ajuste necesario para pagar la deuda que se fue mediante el mecanismo de la bicicleta financiera finalmente lo pagan los trabajadores, que ya venían aportando pequeñas cuotas mediante las políticas económicas de una gestión que maniobró para que el ajuste sea lo más leve posible, a la llama de unas condiciones negativas y extraordinarias para ordenar las cuentas macroeconómicas. Por incapacidad de estar al momento histórico y porque la coyuntura para generar superávit gemelos nunca llegó al gobierno de Alberto Fernández (pandemia, guerra y sequía que desordenó las cuentas y obligó a la emisión), piloteado por Sergio Massa en los últimos tramos, se le terminó el tiempo y el desenlace alguna vez planeado por Mauricio Macri -cuando aseveró que había que avanzar en la misma dirección pero a fondo- llegó.

La justificación al ajuste utilizada por el equipo económico libertario se narra para extraños mediante un recurso ya utilizado por Macri en 2015: sinceramiento. Para propios no es una novedad. Se está en el entendimiento de que existe una “masa” de emisión que hay que ajustar. Se está al tanto porque nunca fue una política de elección, sino lo que la coyuntura fue obligando a la espera de un respiro. Parecía que llegaría este 2024 con los frutos de lo invertido en energía y la normalización del sector agro una vez finalizada la mayor sequía e 13 años. Sergio Massa planificaba de esta manera y con estos saldos regularizar la situación fiscal, sin que la guillotina caiga en la nuca de les trabajadores, y en la proyección de poder liberar restricciones cambiarias en 12 meses. Sin embargo, esta metodología es más fácil, sobre todo para quienes no tienen tacto social. Así es como Luis Caputo pretende ajustar las cuentas con los deudores. El término “casta” se reversiona.

“Vienen a hacer una formidable baja de salarios”, había anticipado el lunes Rubén López, Secretario de Acción Política de ATE Capital, en comunicación con Radio Trinchera. Lo que tal vez no era esperable era la dimensión del golpe único que ayer se dio desde el ministerio de Economía, que incluso sorprendió a los mas fatalistas.

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